Indígenas brasileños exigen que se dejen de financiar proyectos dañinos para el ambiente

De acuerdo con los líderes del grupo Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica –COICA–, los megaproyectos como las presas hidroeléctricas y carreteras en la Amazonia, han afectado casi al 100 por ciento las tierras selváticas.

Imagen: http://www.ecoticias.com/

El desarrollo energético de Brasil ha comenzado no sólo a atentar contra el medio ambiente al ir destruyendo los ecosistemas y contaminando las aguas y tierras de este país, también la existencia de las comunidades indígenas de todas las regiones brasileñas. Uno de los megaproyectos que más han impactado negativamente en la naturaleza es la presa Belo Monte, la cual fue construida para la producción de 11 mil megavoltios en el estado de Pará, y terminó perjudicando los derechos de los indígenas y sus pueblos ancestrales. 

De acuerdo con los líderes del grupo Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica –COICA–, los megaproyectos como las presas hidroeléctricas y carreteras en la Amazonia, han afectado casi al 100 por ciento las tierras selváticas. Por ello, la organización exigen tener voz y voto en las decisiones que involucren megaproyectos que destruyen los ecosistemas más frágiles del planeta: bosques húmedos tropicales, desiertos, páramos, montañas e islas. 

Actualmente los indígenas no sólo deben enfrentarse a los resultados negativos en el medio ambiente en relación con las construcciones de los megaproyectos, también a los efectos que genera el cambio climático. Frente a esto, la COICA observa con preocupación la vulnerabilidad tanto de la Madre Tierra como de la cultura, medio ambiente y sustento de los pueblos indígenas: “Estos cambios son el resultado de un modelo de desarrollo occidental, basado en un capitalismo voraz que, no contempla el respeto por la Madre Tierra. En este siglo se estima que la temperatura media se elevará de 1.8⁰C a 4.0⁰C, acelerando los impactos del cambio climático sobre los pueblos indígenas.”

 

Cambio climático y pueblos indígenas de la Amazonía from GDI BID on Vimeo.

A pesar de haber intentado llamar la atención de las autoridades, tanto el planeta como los pueblos indígenas y sus comunidades están sufriendo. La COICA reitera tomar en cuenta “la sabiduría y los conocimientos milenarios que los pueblos indígenas han adquirido en sus relaciones con el manejo integrado de ecosistemas, caracterizadas por formas asociativas ancestrales, armónicas y sensibles con la naturaleza y de relación espiritual con la tierra y el territorio comunitario.”

Por esta razón, la COICA exige estar presente en la mayoría de las agendas de los gobiernos y organizaciones de la sociedad, como medida de crear una vinculación entre los derechos de los indígenas, el cuidado hacia el medio ambiente y el desarrollo de proyectos de infraestructura que en Sudamérica está afectando cada vez más: “[C]arreteras, gasoductos, oleoductos, hidrovías, puertos marítimos y fluviales así como tendidos eléctricos y de fibra óptica en las zonas mas delicadas del planeta, como son las selvas amazónicas. Y la gran mayoría de estas cruzan el Amazonas afectando la biodiversidad, tierras comunales y recursos de los pueblos indígenas que habitan la Cuenca Amazónica.”

http://ocahostel.com.br/
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[CBD]



¿Agrocombustibles y megaproyectos: cultivos para el hambre?

Los peligros del uso de transgénicos y agroquímicos en la pérdida de la diversidad biológica y agrícola.

Hoy sabemos que el hambre y la desnutrición en el mundo no se deben a la escasez de alimentos. Existe producción agropecuaria suficiente para cubrir la ingesta calórica de la población mundial. En el fondo, lo que tenemos es una inequitativa distribución y acceso a recursos para la producción o adquisición de alimentos. Nuestro continente no es la excepción a la regla. Como afirma la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación: América Latina dispone de provisiones suficientes para alimentar a toda su población; sin embargo, el hambre afecta todavía a más de 34 millones de personas. (FAO, 2015). En este escenario cabe preguntarse ¿Cuáles son las causas del hambre en el mundo? ¿Cuál es el destino final de la producción de granos básicos y cereales?

Una posible respuesta la encontramos en el hecho de que la producción de alimentos para consumo humano ha sido desplazada para responder a las necesidades de empresas y mercados internacionales, en pocas palabras –lastimosamente- los alimentos son una mercancía más para la acumulación capitalista y la producción de energéticos. Actualmente, un sector del modelo agroindustrial avanza ocupando tierras con vocación agrícola tradicional o cubierta forestal para la plantación de monocultivos destinados a la generación de electricidad y energía motriz a través de lo que se ha dado en llamar biocombustibles.

Estos <<cultivos energéticos>> -como los denomina la FAO- se nos presentan como una alternativa para la generación de energía limpia ante el agotamiento de las reservas de combustibles fósiles y la emisiones de gases efecto invernadero (GEI) por el uso de energías convencionales. Como se argumentará, este discurso no es del todo cierto y encubre los verdaderos fines de su producción y comercialización.

El presente ensayo explora la relación entre la producción de agrocombustibles y los megaproyectos. Comienza con una introducción conceptual sobre agrocombustibles versus biocombustibles, posteriormente argumenta el porqué podemos considerarlos como <<megaproyectos agrícolas>>. Finalmente, se ejemplifica la relación entre Tratados de Libre Comercio y Proyectos de Integración e Infraestructura como mecanismos que profundizan el modelo neoextractivista en América Latina.

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Agrocombustibles versus Biocombustibles

De manera genérica se habla de biocombustibles para referirse a cualquier combustible (sólido, líquido o gaseoso) que se obtiene a partir de biomasa, es decir, materia orgánica viva o muerta resultado de un proceso biológico. Siguiendo la Terminología Unificada sobre Bioenergía de la FAO (2004), los biocombustibles se clasifican en tres tipos con base en la materia prima para su elaboración: combustibles derivados de madera, combustibles derivados de subproductos de origen municipal y los agrocombustibles. Respecto a últimos explica que comprende aquellos cultivos energéticos destinados directamente a la producción de combustibles procedentes de biomasa agrícola, así como subproductos de origen agrícola, animal y agroindustrial.

Cuando hablamos de biomasa agrícola nos referimos a semillas oleaginosas como son la soya, la canola, el maíz y la palma africana o cultivos de caña de azúcar, por mencionar algunos. Actualmente, estos biocombustibles se utilizan para generar calor y electricidad e incluso combustibles líquidos como el biogaseóleo y el biodiesel. Estos últimos han adquirido especial impulso por su potencial aplicación en el sector transporte.

A nuestro juicio, esta clasificación se desdibuja dejando paso al término genérico de biocombustibles, eludiendo de esta forma hablar de combustibles producidos a partir de insumos alimenticios cuyo destino final son las industrias automotriz, petrolera y agroindustrial, no el consumo humano. En este escenario, desde los movimientos sociales y las ONG se ha venido posicionado el término de agrocombustibles dejando claro que el origen de estos combustibles no es otro que cultivos alimenticios.
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Agrocombustibles y megaproyectos

Algunas de las particularidades de la agricultura industrial destinada a la generación de agrocombustibles son su carácter intensivo y la amplia escala de producción para mantener altos rendimientos; su dependencia a insumos externos como son paquetes tecnológicos que incluyen maquinaria, plaguicidas, fertilizantes y desde luego, semillas mejoradas. Esta práctica implica, además, una sobreexplotación de tierra y fuentes agua, pérdida de la diversidad de cultivos agrícolas ahora consignados a un solo producto agrario (monocultivos).

Por sus características, la agroindustria extensiva de monocultivos pueden considerarse un <<megaproyecto agrícola>> equiparable con otros Proyectos de Desarrollo e Infraestructura. Éstos pueden definirse como “aquellos emprendimientos impulsados por empresas y/o el Estado, en zonas rurales o urbanas, que tengan fines comerciales o se lleven a cabo bajo el argumento del bien común”. (SCJN, 2014, p.11). Por esta razón, dichos proyectos también suelen llamarse <<megaproyectos de inversión por despojo>> pues suponen “la adquisición, disposición, arriendo u ocupación de espacios territoriales, generando un impacto sobre la vida de las personas o comunidades que en ellos habitan, o de las que ellos dependen, y una posible afectación sobre sus derechos humanos.” (Ídem).

Para la socióloga argentina Maricela Svampa, los megaproyectos en materia de transporte, energía, agua así como la explotación de recursos minerales, forestales, agrícolas y genéticos forman parte del modelo neoextractivista que impera en la región latinoamericana, basado en la intensificación y extensión de actividades extractivas de bienes primarios o commodities para el mercado mundial. (Svampa, 2013).

En este mismo orden de ideas, para asegurar la libre circulación de estos commodities se han perfeccionado mecanismos que garantizan el control de dichos recursos por parte de los países desarrollados y las corporaciones transnacionales. Ese es el papel que cumplen hoy los Tratados de Libre Comercio (TLC). Como advierte la CEPAL (2005) en un estudio sobre el tema: la instrumentación de un creciente número de TLC constituye un medio uniforme que facilita el comercio y, en el ámbito de los recursos naturales, busca evitar todo tipo de restricciones al acceso, distribución o suministro. (Ruiz-Caro, 2005, p.16).

A la par de esto tratados comerciales encontramos los proyectos de integración energética e infraestructura desplegándose por todo el continente, trazando las nuevas rutas que permitirán el transporte y la exportación de estos recursos estratégicos. En este contexto, iniciativas como el Plan Puebla Panamá (PPP), ahora Proyecto Mesoamérica, y el Proyecto de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) adquieren relevancia.

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Tanto el PPP-PM como el IIRSA incluyen dentro de su cartera de proyectos el fomento a la producción de agrocombustibles. El Programa Mesoamericano de Biocombustibles, por ejemplo, se plantea la instalación de plantas de biocombustibles así como una red de investigación e intercambio de tecnología sobre el tema entre los países miembro. (Proyecto Mesoamericano, 2016). Por su parte, uno de los ejes económicos estratégicos del IIRSA que contempla este sector es el Eje Interoceánico Central donde participan Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Perú, en conjunto constituyen “una gran superficie de cultivos de soja y caña de azúcar lo que lo perfila como uno de los asientos para la producción de biocombustibles (Ceceña, Aguilar y Motto, 2007, p.41) Ambas iniciativas cuentan con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.

En conclusión, todo este entramado de intereses nos deja ver que los agrocombustibles, más que una alternativa de energía limpia o una opción para que los países con escazas reservas de hidrocarburos accedan a su soberanía energética, representan una nueva rama de inversión para las compañías automotrices, petroleras, de biotecnología y agronegocios así como instituciones financieras y gobiernos.

Como contraparte, no son pocos los esfuerzos desde la sociedad civil para advertir sobre los potenciales impactos del cultivo de agrocombustibles en la disponibilidad de recursos como tierra, semillas, agua; los peligros del uso de transgénicos y agroquímicos en la pérdida de la diversidad biológica y agrícola o la relación entre alza de los precios de granos con la demanda mundial de biocombustibles. Lo anterior nos obliga a estar atentos y sumarnos a las iniciativas. Campañas como ¡No te comas el mundo!, la Marcha Mundial contra Monsanto o la Campaña Nacional “Sin Maíz, No Hay país”, son un buen ejemplo de estos esfuerzos.

Autora: Perla Rodriguez Ferreira

Referencias Bibliográficas

Campaña Nacional “Sin Maíz, No Hay país”. Recuperado de http://sinmaiznohaypais.org/

Ceceña, A. E., Aguilar, P., & Motto, C. (2007). Territorialidad de la dominación. Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Buenos Aires: Observatorio Latinoamericano de Geopolítica.

FAO (2004). Terminología unificada sobre bioenergía (TUB). Departamento Forestal de la FAO, Roma: FAO.

FAO (2015) Panorama de la Inseguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe. Roma: FAO, Recuperado de http://www.fao.org/3/a-i4636s.pdf

Marcha Mundial contra Monsanto. Recuperado de http://www.march-against-monsanto.com/may20//

¡No te comas el mundo!. Recuperado de http://www.noetmengiselmon.org/spip.php?lang=es

Proyecto Mesoamérica (2016) Programa Mesoamericano de Biocombustibles. Recuperado de http://www.proyectomesoamerica.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=174&Itemid=103

Ruiz-Caro, A. (2005). Los recursos naturales en los tratados de libre comercio con Estados Unidos. Santiago de Chile: CEPAL. Recuperado de http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6288/S055371_es.pdf?sequence=1

Suprema Corte de Justicia de la Nación (2014). Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de Desarrollo e Infraestructura. México. 256.

Svampa, M. (2013). Consenso de los Commodities y lenguajes de valoración en América Latina. Nueva sociedad, 244, 30-46. Recuperado de http://nuso.org/media/articles/downloads/3926_1.pdf



¿Qué necesitas saber de los megaproyectos que amenazan a los pueblos indígenas?

Los estados con mayor número de agresiones a comunidades indígenas o pueblos originarios por parte de megaproyectos de construcción, son el Estado de México, Colima y Puebla.

Desde hace cinco años, numerosos megaproyectos han afectado tanto a las comunidades indígenas como a su biodiversidad. Estados de la República Mexicana como Puebla, Chiapas, Oaxaca e incluso Sonora, han sido víctimas de las agresiones asociadas con los megaproyectos que van invadiendo cada vez más al país.

Un ejemplo de ello es el abuso denunciado en el informe Una sentencia fallida, elaborado por la Misión Civil de Observación a la Tribu Yaqui. En él se destacó que la comunidad indígena no tiene agua potable ni drenaje, por lo que se abastecen de los canales del río; sin embargo, en las últimas tres décadas, gran parte del agua de la zona es usada para surtir a otras ciudades, la agroindustria y actividades mineras de Sonora. El responsable de esto, un megraproyecto por parte del gobierno de Sonora y la Comisión Nacional del Agua –Conagua–, ha violado un decreto de 1940, en la cual la tribu es la única que puede “disponer cada año agrícola, hasta la mitad del caudal que se almacenará en la presa La Angostura para fines de riego de sus propias tierras.”

Pese a realizar procesos legales coordinados por los yaquis y varias organizaciones, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación –SCJN– sentenció en 2013 un amparo a la comunidad indígena y ordenó que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales –Semarnat– deje sin efecto la Autorización de Impacto Ambiental del Acueducto Independencia –ya que no se consultó a la población sobre su construcción–, el acueducto continuó funcionando. De hecho, sólo podrán suspender la extracción de agua si advierten “un riesgo irreparable para los yaquis”, el cual existe en el momento en que les quitan el derecho a un recurso natural a una comunidad indígena. En palabras de Edmundo del Pozo, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, “En el caso de las comunidades indígenas y pueblos originarios, un principio fundamental es el de la consulta previa, y eso se viola sistemáticamente en la realización de megaproyectos. De entrada no puedes decir que una consulta va a ser de buena fe cuando realmente las autoridades ya aprobaron los permisos.”

Y no sólo se queda ahí, según los registros del Centro Nacional de Comunicación Social AC –Cencos– y la Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas –Periodismo CIDE–, existen alrededor de 80 agresiones físicas –comprobadas– entre 2014 y 2016 que se relacionan con megaproyectos en contra de las comunidades indígenas, pueblos originarios y sus defensores: hay secuestros, amenazas, entre otras más. Esta base de datos se realizó con los registros de las agresiones a las comunidades indígenas que iniciaron un proceso penal contra los megraproyectos.

De hecho, esta base de datos documentó ataques en contra de 30 comunidades y 50 defensores; en las cuales se presentaron violación al derecho a un medio ambiente sano –21–, consulta previa, libre e informada –8–, detenciones arbitrarias –30–, entre otros. Además que de los 30 casos de detención arbitraria, sólo once pisaron la cárcel y estuvieron presos entre seis y 15 meses –pero al final fueron liberados porque no se comprobaron los delitos que se les imputaban–.

Los estados con mayor número de agresiones a comunidades indígenas o pueblos originarios por parte de megaproyectos de construcción, son el Estado de México –28–, Colima –12– y Puebla –9–. Mientras que las 77 agresiones registradas, de las 80, fueron cometidas por funcionarios públicos; principalmente de la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México y la Secretaría de Energía.

Es importante mencionar que el mayor número de ataques hacia las poblaciones indígenas ocurren en los proyectos mineros, hidroeléctricos y eólicos. En ellos, regularmente, son los proyectos hidroeléctricos que violan el derecho a un ambiente sano de las comunidades; y los mineros, intimidan a los habitantes y desprestigian a los defensores.

 

Otro ejemplo importante es el Chiapas, en donde habitantes de once municipios han organizado una movilización en Defensa de la Vida y del Territorio –Modevite– con el fin de denunciar abiertamente los proyectos de muerte que están poniendo en riesgo a sus comunidades y pueblos originarios.

Desde el 16 de noviembre hasta el 25 del mismo mes, Modevite ha buscado animar y fortalecer su lucha con una megaperegrinación por la paz, la defensa de la Madre Tierra y la vida digna de los pueblos originarios. Esto pretende generar una toma de consciencia a las comunidades de Salto de Agua, Tumbalá, Yajalón, Chilón, Ocosingo, Altamirano, Oxchuc, Cancuc, Tenejapa, Huixtán y San Cristóbal de Las Casas.

Para conocer más sobre esta discriminación a los pueblos indígenas, dale click aquí.



Crónica de un conversatorio sobre megaproyectos en México hacia la sostenibilidad 2030

Un México Sostenible en donde de la suma de visiones, la integración de objetivos y metas comunes, trascienden lo inmediato, permitiéndonos decidir el país que queremos para las próximas décadas

Todo parece indicar que no habrá un alto al “progreso” hasta que toquemos pared como civilización, en ese sentido llega a la mente el comentario de Noam Chomsky* donde explica cómo, a diferencia de la extinción de los dinosaurios producida por un meteorito, nosotros somos nuestro propio meteorito y la extinción ha comenzado desde hace tiempo.

¿Qué puede hacer la sociedad civil frente a los megaproyectos?, ¿qué rol juegan las poblaciones y dónde está el poder de decisión?, ¿es posible lograr alguna convención mínima entre esquemas de desarrollo?, ¿cuál es la diferencia entre megaproyecto y proyecto?, ¿seguimos apostando y subsidiando modelos de desarrollo caducos?, ¿qué tanto sabemos del tema?

Este breve registro es un intento por plasmar el crisol de opiniones escuchadas el pasado jueves 4 de febrero en las instalaciones de la Escuela Bancaria Comercial en el Conversatorio Sostenibiladad 2030 visiones y retos de los Megaproyectos en México, organizado por la plataforma SostenibilidadMx (http://www.sostenibilidadmx.org/), apoyado por la Red Ambiental Mexicana, que da inicio a sus acciones que tienen como objetivo fortalcer las agendas públicas desde la sociedad civil. Durante el evento estuvieron presentes, ponentes de organizaciones, think tanks y un organismo gubernamental: Centro Mexicana de Derecho Ambiental, Centro de Colaboración Cívica, Unidad Nacional de Asociaciones de Ingenieros (UNAI) Fundar, World Wild Fund, Centro Prodh, Bo.Vo. Asesores Integrales y CONABIO.

Desde nuestras miradas, el tema de los megaproyectos como fenómenos que transforman por completo un territorio ya sea urbano o rural, resulta un reflejo de la atrocidad de nuestros tiempos y creo que no faltan razones para creer en ello. Basta poner la lupa en cualquier punto del territorio mexicano para encontrar desastres ecológicos causa del esquizofrénico contraste entre las leyes y la realidad.

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De acuerdo con los especialistas nos enfrentamos a un escenario donde los megaproyectos emergen bajo marcos legales de hace veinte años para satisfacer necesidades que ya no existen, mientras son presentados como necesidades cuando en realidad fomentan la desigualdad. De ahí el llamado a que las luchas no estén aisladas frente a la legalización de lo ilegal de la Reforma Energética que nos condena a la servidumbre legal.

Al respecto, el Centro Mexicano de Derechos Ambiental, A.C. (CEMDA), habló del caso de la carretera Huejuquilla-Bolaños en la sierra huichola, que atravesó territorios sagrados y fue dejada a medias después de un amparo agrario por violar leyes ambientales interpuesto por la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán o Tuapurie.2 Por otra parte, el Centro Pro Derechos Humanos, A.C; fue una muestra de acciones desde las comunidades y sociedad civil que apuestan por las decisiones tomadas desde la información y el consenso, el Buen Vivir y la defensa de los derechos humanos, sobre el mero crecimiento económico para hacer frente a la imposición de los megaproyectos, tal es el caso de Magdalena, Teitipac, pueblo oaxaqueño en lucha contra la minería.3

O bien, en la urgente defensa de líderes comunitarios como Idelfonso Zamora a quién defender el medio ambiente le ha costado su libertad y la vida de uno de sus hijos. Ildefonso Zamora, es un líder indígena tlahuica y protector de los bosques mexicanos, encarcelado injustamente acusado de un delito que no cometió, en venganza por su combate a la tala clandestina en el Estado de México. 4

Sin embargo, también dentro del conversatorio encontramos enfoques de personas con experiencia directa en el trabajo de mediación entre empresas y comunidades. Y hablaban de una mirada a los megaproyectos como una oportunidad para que los pueblos tomen sus propias decisiones (sean buenas o malas), a la vez de ser una alternativa al desarrollo que permita mitigar las condiciones de pobreza y desigualdad que detonan la migración de los jóvenes o su inserción en el narcotráfico, ¿estamos hablando de una oportunidad hacia agendas de convivencia entre visiones de desarrollo?

La problemática es sumamente compleja y nos deja, vale decirlo nuevamente, con más preguntas que respuestas: ¿es posible crear otros modelos de desarrollo social y territorial?, ¿es el emprendimiento social una vía de solución?, ¿existen megaproyectos sustentables?, ¿podemos actuar desde esquemas de gobernanza que integren las diferentes visiones de desarrollo? Sin duda necesitamos más espacios de encuentro y diálogo como este conversatorio para conectar nuestras acciones.

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SostenibilidadMx, impulsada por Telar Social México y Reforestamos México, integrantes de la Red Ambiental Mexicana #RAM, nos facilitan una alternativa que pone en práctica nuevas vías de colaboración, gestión de conocimientos, co-creación y trabajo en red entre las y los ciudadanos. a fin de robustecer la participación y representación ciudadana en la integración de la sostenibilidad en el Plan Nacional de Desarrollo 2024, como estrategia la 2050.

Esta nueva plataforma híbrida 3.0 de inteligencia colaborativa, nos invita vislumbrar un México Sostenible, donde de la suma de visiones, la integración de objetivos y metas comunes, trascienden lo inmediato, permitiéndonos decidir el país que queremos para las próximas décadas, ante los desafíos sociales, políticos, económicos y ambientales regionales y globales del Siglo XXI.

Ser conscientes del gran desafío y su problematización hoy en día ya no es suficiente. El desarrollo de sociedades sostenibles, no puede pensarse, sin la gestión de un modelo sistémico, un pensamiento holístico y un sentido de cooperación.

Te invitamos a dialogar,colaborar e incidir a través de www.sostenibilidadmx.org o través de sus redes sociales y el hashtag #SostenibilidadMx.

Monserrat Salazar Gamboa y David Ordaz Bulos



¡Atención! Peligran Áreas Naturales Protegidas de Veracruz: ONG’s

La ampliación del puerto de Veracruz y el permiso para la explotación de una mina en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas ponen en entredicho la salud de dos ecosistemas protegidos

Al menos 11 organizaciones de la sociedad civil, representantes de la comunidad científica, y buzos deportivos, han escrito una carta al secretariado del Convenio sobre Diversidad Biológica, un acuerdo del cual México forma parte. Lo anterior con la finalidad de que se exhiba internacionalmente al gobierno mexicano por aprobar dos proyectos que afectarán la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas y el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV).

En el PNSAV, ubicado en el estado de Veracruz, viven al menos 23 arrecifes de distintos tamaños, forma y profundidad; ahí confluyen ecosistemas de arrecifes de coral, lechos marinos submareales, aguas marinas someras, playas de arena y manglares. El lugar está registrado desde 2004 como un humedal de importancia prioritario según la Convención de Ramsar y en México, en 1992, fue declarado Área Natural Protegida. Por su parte, la reserva de la región de Los Tuxtlas tiene un valor biogeográfico y ecológico importante. Es uno de los últimos reductos de selvas húmedas en el país y alberga especies endémicas, algunas en peligro de extinción, y 223 de las 565 aves migratorias de Norteamérica.

Los proyectos, que podrían dañar los dos maravillosos ecosistemas descritos, son la ampliación del proyecto del puerto de Veracruz, que impactaría a ambos e implicaría la explotación de una mina de piedra basáltica en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas para la construcción de las escolleras del nuevo puerto, aun cuando el programa de manejo de la reserva prohíbe expresamente el uso de explosivos en el área.

En el caso de la Biosfera Los Tuxtlas el programa mencionado veta expresamente la utilización de explosivos en la zona, y en el caso del PNSAV, la ampliación del puerto fue autorizada dentro del arrecife.

“La modificación del PNSAV, así como las autorizaciones de impacto ambiental para la ampliación portuaria y la extracción de roca basáltica en la RBLT violan la obligación del Estado mexicano de proteger la biodiversidad de su territorio. (…) de ejecutarse los proyectos de la ampliación del puerto de Veracruz y la extracción de roca basáltica en Los Tuxtlas, se impactará de manera irreparable la diversidad biológica y ecosistemas donde se asienta”.

Aquí puedes leer la carta completa.



¿Te acuerdas de Cabo Pulmo? Está en riesgo otra vez

Apenas hace unos meses los inversionistas que buscan construir en esta zona arrecifal habían desistido, pero un tribunal mexicano ha dado un amparo que podría favorecer su plan

Hace apenas 2 años el gobierno del expresidente Felipe Calderón anunció la cancelación del proyecto Cabo Dorado, ubicado en Cabo Pulmo, en Baja California Sur, México. Lo anterior sucedió gracias a la presión de ambientalistas y sociedad civil que pugnaron férreamente porque este plan no se construyera, por las afectaciones ambientales que implicaría. 

En el área se encuentra un arrecife coralino de 71km2, una de las pocas áreas arrecifales en el Pacífico Este y la única en el Golfo de California o Mar de Cortés. El complejo pretende edificar hasta 22 mil cuartos en nueve hoteles turísticos en una superficie de 3 mil 770 hectáreas, lo que inexorablemente afectaría el arrecife. En su momento el gobierno local se negó a otorgar los permisos de construcción, y en mayo pasado los inversionistas anunciaron que desistían del proyecto, pero ahora, diversas organizaciones como Defensa Ambiental del Noroeste (DAN), Niparajá, Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo (ACCP), Costa Salvaje, Greenpeace México y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) anunciaron su preocupación por una nueva medida jurídica.

Recientemente, el Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, en la Ciudad de México, otorgó un amparo con el cual se obliga a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a emitir una nueva resolución sobre el caso, lo que podría beneficiar a la empresa Hansa Urbana, inversora de Cabo Dorado. 

Antes del proyecto Cabo Dorado, ya se había hecho un intento por construir otro proyecto en la zona llamado Cabo Cortés, que también fue frustrado por la preocupación y esfuerzo de ambientalistas. Hoy Cabo Pulmo presenta su tercera amenaza de gran envergadura. Las organizaciones antes mencionadas estarán al pendiente de la nueva resolución de la SEMARNAT, pero sobre todo, requieren de una sociedad civil activa que esté presionando a la dependencia para que, una vez más, se nieguen rotundamente a este proyecto que significa un gran negocio para unos pocos y una pérdida para todos, arriesgando este precioso arrecifal.

Si te suena, puedes presionar a la SEMARNAT aquí.

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Seguimiento a los asuntos ambientales y de ecología más urgentes de México.

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