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Estas son las consecuencias del abuso de argoquímicos en regiones de Argentina

Imagen: naturalezadederechos.org

En este trabajo expondré acerca de la evolución de un caso ambiental, que tiene también por sus características conexiones con otras cuestiones de derechos humanos, e incluso con el concepto mismo de democracia. En Argentina ha sido conocido recientemente, en febrero de 2016, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que impide la prosecución de una explotación por parte de una papelera de controvertida historia y presente llamada Papel Prensa SA (PPSA) (www.papelprensa.com ) de un bosque de salicáceas implantado, desde 1980, en un predio de 1.800 hectáreas en zona agro-ganadera de la llanura pampeana argentina.

En la plantación forestal se usaban agroquímicos, no existió plan de gestión de los envases de esos productos y la administración provincial tampoco adoptó ninguna medida tendiente a controlar el uso de esos elementos ni la disposición final de los residuos tóxicos. Todo ello reflejaba una situación de amenaza ambiental según determinó el fallo de la máxima instancia provincial, y se ordenó el cese de la actividad forestal que desarrolla PPSA hasta tanto obtenga la Declaración de Impacto Ambiental, acto administrativo consecuencia de la previa aprobación del EIA a presentar por la empresa por estar desarrollando tal actividad.

En Argentina, por alguna extraña razón, no se ha considerado a la forestación como una forma de agricultura. Se puede pensar que las implicancias ambientales de la actividad foresto-celulósica vio la luz como consecuencia del conflicto con Uruguay por el caso Botnia. Una interesante nota periodística del año 2006 invitaba a reflexionar por casa cómo andábamos (1), haciendo referencia a si lo que se le criticaba a Uruguay no se estaba padeciendo en el mismo territorio argentino. Lo cierto es que escasa gente cuestionaba consideraciones elementales y básicas a plantearse ante la presencia de un monocultivo forestal. En tal sentido, siguiendo los lineamientos expuestos en Reboratti Carlos (2013) pp9-32, vemos que se pueden plantear dos dimensiones que determinan la sustentabilidad de un megaproyecto forestal: por un lado la dimensión ecológica-ambiental, en la cual se plantea la relación con deforestaciones de otras especies, efectos sobre la biodiversidad, efectos sobre los recursos hídricos, efectos por la utilización de agroquímicos y sus consecuencias sobre personas, animales y plantas. Por otro, la dimensión socioeconómica obliga a evaluar la distribución de la riqueza generada, la concentración de la propiedad, la expulsión de colonos, como es tratada la mano de obra, la relación entre el proyecto y la desocupación, la relación con la sanidad regional, entre otros aspectos.

Quiero introducir algunas consideraciones respecto a la parte demandada y condenada en este caso, es decir, a la empresa PPSA. Su mera existencia ya es un asunto delicado, dado que esta empresa tiene el alarmante monopolio exclusivo para la fabricación del papel para periódicos, y además, como agravante de la situación, cabe citar que la propiedad de la misma pertenece a los dos diarios de mayor tirada del país (Clarín y La Nación) junto a una participación minoritaria del propio Estado argentino. Esta situación ha sido considerada siempre como una amenaza a la libertad de prensa. Además, la historia de PPSA ha ofrecido controversias respecto a posibles violaciones a derechos humanos al momento de conformar la participación accionaria en su arranque productivo en 1978 (2).

La cuestión ambiental en torno al accionar productivo de PPSA toma estado público en 2008, en los comienzos del segundo gobierno kirchnerista, cuando el gobierno nacional choca políticamente con estos grupos de prensa socios en la propiedad de PPSA, especialmente con el grupo Clarín, desatándose, entre otras consecuencias, el ataque del gobierno nacional a la participación accionaria misma de Clarín dentro de PP SA. En este sentido hay que entender los primeros cuestionamientos de distintos órganos de contralor del Estado argentino a la posición monopólica que curiosamente antes, desde 2003, no les había molestado, como tampoco a ningún gobierno anterior desde el retorno de la democracia en 1983 (3). Y fue desde 2008 cuando comienza el señalamiento de posibles violaciones a la legislación medioambiental vigente por parte de PPSA en ocasión de sus procesos productivos. El mismo Estado nacional argentino, aun siendo socio de PPSA, a través del Instituto Nacional del Agua denunció posible contaminación por el vertido de líquidos al río Baradero, sobre el cual se encuentra la planta de producción de papel. Esta embestida fue resistida en los tribunales con todo éxito por parte de PPSA, y al presente aún no está resuelta la causa (4).

Fotonatura.org
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La difusión pública de estas denuncias ambientales contra PPSA, en el marco del conflicto gobierno nacional versus principales medios de prensa, parece entonces haber animado al señor Fernando Cabaleiro, vinculado a una ONG llamada “Derechos de Naturaleza”, quien en 2010 presentó el amparo ambiental del caso que nos ocupa, ante la justicia ordinaria de la provincia de Buenos Aires, por posibles violaciones a la normativa medioambiental en dicha jurisdicción en el proceso de plantación, manejo y aprovechamiento de los recursos forestales que PPSA explota en el partido de Alberti de la mencionada provincia, como se señalara al inicio. Dicho recurso de amparo ambiental fue desestimado por la justicia provincial tanto en primera como en segunda instancia. En septiembre de 2012 la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, concedió el recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Finalmente, en febrero de 2016, la Corte Suprema bonaerense falló haciendo lugar parcialmente al recurso extraordinario articulado por la parte actora y ordenando en consecuencia “el cese (art. 23, ley 11.723) de la actividad forestal que desarrolla la demandada ‘Papel Prensa S.A. en el predio denominado ‘María Dolores, ubicado en el paraje de Palentelén del Partido de Alberti, hasta tanto acredite en autos haber obtenido la pertinente Declaración de Impacto Ambiental por parte de la autoridad competente (arts. 10 a 24, ley 11.723)”, y de esta manera dando vigencia efectiva al principio de precautoriedad, esto es el principio consagrado internacionalmente y recogido por la Ley General del Ambiente N° 25.675 que exige que en caso de amenaza para el medio ambiente o la salud y en una situación de incertidumbre científica se tomen las medidas apropiadas para prevenir el daño, que se había desconocido en las instancias anteriores (5).

La gran importancia de este fallo es que trasciende e involucraría también al modelo de agronegocios típico de Argentina, en especial el que se practica en suelo bonaerense, caracterizado por uso masivo de paquetes tecnológicos de transgénicos y agroquímicos, cuya aplicación ahora debería estar alcanzada por la obligación de presentar EIA. A pesar de este desenlace feliz, al menos en el aspecto señalado de la sentencia final, a manera de conclusión quedan interrogantes más que respuestas:

-A pesar de los innegables efectos positivos respecto al Cambio Climático, ¿se tienen en cuenta debidamente los demás aspectos que hacen a la sostenibilidad de proyectos de biomasa forestal de envergadura?

-Recursos de amparo ambiental que tardan seis años en resolverse. Aún cuando sea a favor, ¿la justicia lenta es justicia? Cuándo interviene el poder político y económico en una causa judicial, ¿la justicia es imparcial o se trata de un mero arbitrio hacia el poderoso? En estos casos de exigencia de aplicación del principio de precautoriedad por parte de la autoridad, ¿cómo podría evitarse efectivamente un daño ambiental si la amenaza denunciada resultara real, y esto se constatara luego de nada menos que seis años después de la interposición de la denuncia?

– Tratándose de empresas con grandes vinculaciones con los poderes políticos y económicos ¿podemos estar seguros que no contaminan en sus procesos, o simplemente estas corporaciones no contaminan porque están blindados sus procesos respecto de los órganos de contralor, y en consecuencia las denuncias no se hacen, o no se conocen, o no prosperan administrativa o judicialmente?

 

Autor: Renato Berrino, colaborador del Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales

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