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Los ecologistas en América Latina y Asia pueden ser asesinados con impunidad

Deadly Environment, boletín informativo de la organización no-gubernamental Global Witness, reveló que entre 2002 y 2013 el mundo sufrió la muerte de 908 activistas ambientales. Ahora, con tres años de diferencia, la tasa de asesinatos se duplicó; principalmente en América Latina y Asia, en donde la corrupción y las tensiones sobre la demanda de recursos naturales ha ido en aumento.

En el último mes, las violentas muertes de los activistas Berta Cáceres, en Honduras el pasado 3 de marzo, y Walter Campos,  en México el pasado 18 de marzo, han provocado una ola de temor frente al incumplimiento de los derechos a la libertad de pensamiento, opinión y expresión, a participar en la participar en la vida pública y política, y por último –aunque no por eso menos importante– al acceso a la justicia y a la retribución y la indemnización.

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Estas dos muertes son sólo la punta del iceberg de otras, abrumadoramente silenciadas, que han intensificado la competencia por los recursos primarios. Chut Wutty, uno de los pocos activistas en Camboya; Nisio Gomes, jefe de una tribu brasileña que lucha por proteger su tierra de los ganaderos; Ismael Solorio Urrutia y su esposa Manuela Solís Contreras, dirigentes del Barzón Chihuahua en México, son sólo algunos ejemplos de los riesgos que implica el defender al planeta, el rebelarse en contra de un sistema egoísta que busca beneficiarse a costa de cualquier sacrificio –aún si eso es una vida humana, una especie animal o la vegetación del planeta–.

Dar la cara por el planeta es un acto mortal, y es una tendencia que va en aumento. Expertos en el tema consideran que esto se debe a la mayor accesibilidad de mejores métodos de búsqueda de información, como el internet, y la intensificación de la lucha por los disminuidos suministros de recursos naturales en América Latina y Asia.

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Imaginemos una comunidad local, sin recursos de información sobre sus derechos a la tierra, se encuentra luchando contra poderosas industrias de negocios mineros y explotación forestal. El sustento diario de las comunidades rurales que dependen de la tierra, está en riesgo por empresas poderosas y reconocidas mundialmente. Y frente a esta injusticia, los defensores tanto de las comunidades rurales como del medio ambiente ahora son amenazados, “quitados del blanco”, borrados del tiempo; y no hay quien logre defenderlos a ellos para cumplir sus derechos humanos.

Will Potter escribió en Foreing Policy, “Sólo 34 personas en el mundo enfrentan actualmente cargos de violencia contra luchadores medio-ambientales, y sólo 10 asesinos fueron condenados entre 2002 y 2013 […] La ausencia de enjuiciamiento envía el mensaje de que los ecologistas pueden ser asesinados con impunidad”.

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