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Mujeres mineras de Latinoamérica: activas defensoras de la vida de sus comunidades

La actividad minera tiene una larga historia en la región, sin embargo a partir de la última década del siglo XX se realizaron una serie de ajustes estructurales para promover la inversión extranjera, siendo hoy día el proceso extractivo con mayor crecimiento.[1] El modelo de desarrollo extractivista, desde una lógica patriarcal capitalista y colonizadora, se contrapone con los derechos humanos que los Estados se han comprometido a respetar, sobre todo los que se refieren a un medio ambiente sano y al agua. Esta lógica destruye la Naturaleza, contribuye al cambio climático y se ensaña con las personas que enfrentan realidades de mayor vulnerabilidad. Tal es el caso de las mujeres en contextos de minería en América Latina, que viven una triple discriminación por cuestiones de género, raza y clase social, sumándose en ocasiones al de defensoras.

El objetivo de este artículo es exponer los impactos medioambientales de la minería, así como brindar algunos ejemplos de las consecuencias específicas que han vivido mujeres latinoamericanas en estos contextos, siendo tanto víctimas del “desarrollo” de la minería, como activas defensoras de la vida y sus comunidades.

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Para comenzar está el caso de la comunidad Carrizalillo[2] en Guerrero, México, el cual expone muy bien los impactos que tuvo la minería en la Naturaleza y salud de las mujeres. La empresa canadiense GoldCorp, obtuvo concesiones en 2005[3] y el principal daño ambiental que ha ocasionado ha sido la pérdida de suelo y biodiversidad, con repercusiones en la flora y fauna.[4] Además, alteró la cuenca hidrológica, desviando corrientes y contaminando fuentes superficiales y subterráneas con tóxicos peligrosos como cianuro y metales pesados.

Los impactos diferenciados entre hombres y mujeres están asociados con la división sexual del trabajo. Mientras los hombres presentan más padecimientos ligados a riesgos y enfermedades profesionales, las mujeres, niñas, niños y personas mayores tienen padecimientos asociados a la exposición prolongada al aire y agua contaminada.[5]

Los problemas relacionados con la disponibilidad y calidad del agua impactan específicamente a las mujeres, ya que son ellas las principales responsables de este recurso para consumo personal y doméstico. El uso de agua pública ha afectado a las personas de la comunidad en la piel con síntomas como comezón, salpullido, manchas y problemas en el cuero cabelludo.[6]

La población también se encuentra expuesta al polvo que contiene metales pesados, metaloides y sales minerales que se liberan de las rocas al ser dinamitadas y desintegradas todos los días, ocasionando enfermedades en las vías respiratorias, ojos y piel. Esto también afecta a otros seres vivos como plantas que son consumidas por animales y, que a la vez, son alimento de la población.[7]

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Los metales pesados del polvo impactan en la salud reproductiva de las mujeres, durante el embarazo y puerperio ya que a partir de la actividad minera aumentaron los abortos, nacimientos prematuros y malformaciones en los bebés. La contaminación de agua y aire con metales pesados afecta el sistema inmunológico de las mujeres embarazadas, por lo que los bebés nacidos durante la mayor explotación minera pueden presentar secuelas visibles o invisibles en sus propios organismos.[8]

En Guatemala la empresa Goldcorp también inició un proyecto minero en 2005 para explotación de oro y plata a cielo abierto en la comunidad San Miguel Ixtahuacán, sin realizar una consulta previa e informada. La participación y resistencia activa de las mujeres ha sido crucial para el movimiento anti-minería en la comunidad. Fueron ellas las que comenzaron el movimiento porque muchos hombres estaban trabajando para la minera y no tomaban una postura clara, a pesar de que en ocasiones también estuvieran en desacuerdo.[9]

Doña Crisanta es una de las mujeres maya-Mam que desde 2005 ha estado activa en la lucha anti-minería por los problemas que tuvo directamente con la empresa. Los problemas comenzaron con la instalación de postes y tendido de cables de energía eléctrica muy cerca de las casas e incluso dentro de las parcelas. Sin embargo, Doña Crisanta ha denunciado que en su caso, ella sólo dio autorización para que pasaran el cableado eléctrico pero no para la colocación de los postes y anclas que ponían en riesgo a la salud por el nivel de radiación, alto voltaje y los deslaves en tiempos de lluvia. Como no obtuvo respuesta ante sus reclamos, ella y otras siete mujeres se organizaron para resistir y actuaron arrancando las anclas y cortando la luz a la empresa.[10]

En 2008 Doña Crisanta y las otras siete mujeres son demandadas y reciben órdenes de captura.[11] La discriminación e intimidación por parte de la empresa y el gobierno guatemalteco a las mujeres en resistencia ha sido constante. Para 2015, Doña Crisanta ya tenía 14 órdenes de captura y criminalizaciones por su trabajo en defensa de su territorio y sus derechos.[12] Sin embargo esto no las ha detenido y siguieron denunciado los impactos de la minera, como las explosiones subterráneas con dinamita que provocaron rajaduras en las casas, además de la escasez y contaminación de agua. Se encontraron altas concentraciones de cobre, aluminio, manganeso y sobre todo arsénico en los ríos Quivichil y Tzalá ubicados en la parte baja de las aguas residuales de la mina. La contaminación microbiológica está en todas las fuentes de agua tanto superficiales como subterráneas, siendo no aptas para consumo humano.[13]

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Cabe mencionar también el caso de Colombia sobre la minera Cerrejón en el departamento de La Guajira, donde se explota carbón a cielo abierto desde hace más de tres décadas. Aquí confluyen diversos tipos de violencia hacia mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes, ya que la actividad minera no solo ha afectado su salud y alimentación a causa de la contaminación y cambio de uso de suelo, sino que también incrementó la mortalidad materna de las mujeres wayúu y de la infancia por enfermedades respiratorias. A esto se suman los casos de violencia sexual y física en las zonas de explotación, sobre todo a través de redes de trata de personas, identificándose específicamente 40 casos de prostitución infantil relacionados con la minería.[14]

Antes de las actividades mineras, en La Guajira se podían detectar con facilidad los eventos climáticos, pero ahora se dan drásticamente, acompañados de otros problemas como el desplazamiento, abandono de tierras y pérdida de cosecha.

Si bien no se piensa en minería y cambio climático, este tipo de megaproyectos producen impactos que tienen como consecuencia la producción de gases de efecto invernadero. La contaminación, deforestación, cambio de suelo y eliminación de flora y fauna contribuye a que un cambio climático local, aporte al global.[15]

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A partir de los principios de prevención, sustentabilidad y participación social, el derecho ambiental tiene pruebas para justificar que la actividad extractivista de la minería contamina y destruye el ambiente alterando el equilibrio ecológico. Además, este tipo de proyectos generalmente se hacen con la oposición de las comunidades lo que trae problemas de violencia específica cuando se trata de mujeres, sobre todo en zonas militarizadas como el caso de Colombia. La participación de las mujeres en la toma de decisiones en materia ambiental es clave, ya que por los roles sociales, la mayoría de las veces son ellas las que están más en contacto con la Naturaleza y tienen conocimientos imprescindibles de sustentabilidad pero por su posición social no se les toma en cuenta.

En este sentido, es fundamental que el derecho ambiental, como el conjunto de normas jurídicas que protegen los sistemas naturales mediante la regulación de conductas humanas para la protección y preservación de la naturaleza, se comprometa a implementar la perspectiva de género como transversal para lograr el desarrollo sustentable.

 

Bibliografía

Barón Romero, Diana, Impactos de la minería en los derechos de las mujeres rurales en Colombia, CINEP, 2013.

Bermúdez Rico, Rosa Emilia (coord.), Mujer y Minería. Ámbitos de análisis e impactos de la minería en la vida de las mujeres, enfoque de derechos y perspectiva de género, Encuentro Latinoamericano Mujer y Minería, Colombia, 2012.

Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE), Los problemas creados por la mina Marlín-Goldcorp, en San Marcos, Guatemala, 2012.

Delgado-Ramos, Gian Carlo (Coord), Ecología Política de la minería en América Latina, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México, 2010.

Macleod Morna; Pérez Bámaca Crisanta, La lucha de Doña Crisanta contra Goldcorp. En defensa de la Madre Tierra, Sentir lo que siente el otro y el buen vivir, México, 2013.

Mijangos, Miguel Ángel, La nueva fiebre del oro. Comunidades afectadas por la empresa minera Goldcorp. Tribunal Popular Internacional de la Salud, 2013.

Sabas, Nancy, La mina Marlín y la resistencia de las mujeres, Revista Rebelión, Guatemala, 2015.

Salazar Hilda; Rodríguez Maritza, Miradas en el territorio. Cómo hombres y mujeres enfrentan la minería, Heinrich Böll Stiftung México, Centroamérica y El Caribe, 2015

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