Por estos motivos la Nueva Ley sobre hidrocarburos podría ser contraproducente en México

Sabemos que en el tema de los negocios con los energéticos la información es fundamental y esta ley podría obstaculizar esta transparencia.

Luego de la Reforma Energética en México la apuesta, ahora evidente de gobierno, es la explotación de hidrocarburos a largo plazo. Esto es una mala noticia y una paradoja para un país que se ha comprometido a disminuir las emisiones de CO2.

En este escenario de hidrocarburos, en este país estos son robados en una mafia que muchos apuntan a numerosos niveles de corrupción. Por esta sistemática ordeña de gasolina, sobre todo, una nueva ley busca que las penas para este delito sean mucho más severas.

Sin embargo, organizaciones como el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, la Alianza Mexicana Contra el Fracking, el Colectivo por la Transparencia en México, México Infórmate y el Laboratorio de Investigación en Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad, están advirtiendo que esta podría tener un efecto contraproducente para la sociedad, como el hecho de que no nos enteremos de información relativa a asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores.

El artículo 23 de la Ley aprobada prevé que “la información o datos sobre el funcionamiento de las operaciones, instalaciones, actividades, movimientos del personal o vehículos de asignatarios, contratistas o permisionarios que se vinculen con las actividades previstas en el párrafo séptimo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, será considerada información de Seguridad Nacional en términos de la Ley en la materia. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la legislación aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública.

 



Sofía Gatica, la mujer que desterró a Monsanto de Maldivas argentinas

Sofía Gatica, la mujer que luchó pública y ampliamente contra los transgénicos de la transnacional agroquímica en tierras argentinas.

Desde hace más de un siglo, Monsanto se ha relacionado con la destrucción de hábitats naturales y la creciente presencia de enfermedades y mutaciones en habitantes cercanos a estas regiones, principalmente cáncer, desórdenes cutáneos, supresión inmune, anemia, diabetes, problemas de hígado, entre otros. 

Pese a los esfuerzos de varias organizaciones no gubernamentales de detener tanto los productos de Monsanto, tales como Dioxin, Glifosato y PCB, como sus consecuencias devastadoras, las fábricas continúan expandiéndose a lo largo del mundo.

Un ejemplo actualmente, en México, las instituciones gubernamentales Sagarpa y Semarnat se han encargado de promover la siembra de soya transgénica de Monsanto en 253 mil 500 hectáreas en varios estados del país. Tan sólo en la zona maya de este país, Monsanto importa “10 millones de toneladas de grano al año, todo biotecnológico de EE.UU.”, ya que es “necesario darle la oportunidad a agricultores mexicanos de usarlas, en lugar de estarle pagando 50 000 millones de pesos al año a productores norteamericanos.” Esto provoca, en consecuencia, no sólo una pérdida de diversidad nacional de sus productos, también la afectación en la salud de los habitantes que consumen sus alimentos genéticamente modificados. Y si bien en México se ha buscado maneras para prohibir la siembra de productos genéticamente modificados, como la soya, la lucha continúa. 

Son estas luchas las que han marcado una diferencia en la biodiversidad, el cuidado del medio ambiente y la salud pública de la población. Como lo es el caso de Sofía Gatica, la mujer que luchó pública y ampliamente contra los transgénicos de la transnacional agroquímica en tierras argentinas. Ella, al relatar su historia para la revista feminista Pikara Magazine, ha dado plasmado su oposición al glifosato y la ruptura de las mayores construcciones logrando el destierro de Monsanto en Maldivas Argentinas.

Te compartimos su historia que compartió con Pikara Magazine

[…] Aquel atlas de las desgracias cercanas, una especie de orografía arrugada con ira por el paso del tiempo, se transformó en un informe archivado en el Ministerio de Salud del país suramericano. Entre sus páginas, la constatación ciudadana de que las fumigaciones con glifosato (el herbicida más vendido del mundo) provocaban cáncer y leucemia: “Encontramos 300 casos de cáncer y casi 80 fallecidos, sin contar con las malformaciones. Registramos ratios muy superiores a los normales”.

No había marcha atrás, apenas futuros posibles que construir. Así que las mujeres, bautizadas en 2003 como ‘las Madres de Ituzaingó’, se inmiscuyeron en una carrera de obstáculos en la que no se trataba de ganar o perder sino de aguantar. Lo siguen haciendo 16 años después. Más de 180 meses después han ocurrido muchas cosas, a veces demasiadas, como cuando se contabilizan las muertes, otras históricas, como cuando las crónicas resaltan que una de las transnacionales más poderosas del sector agroquímico inclinó la rodilla.

Fue hace apenas unas semanas, el pasado diciembre, cuando las calles de Malvinas Argentinas, una pequeña localidad de Córdoba, celebraron la salida de Monsanto. La multinacional salía por la puerta de atrás, echando el cerrojo al que estaba llamado a convertirse en uno de sus proyectos más emblemáticos, por tamaño e inversión: “Una de las mayores plantas de acondicionamiento de semillas de maíz no destinadas al consumo del mundo”, tal y como reflejaron en el momento del lanzamiento (junio de 2012, bajo el mandato de Cristina Kirchner) los informes técnicos de la propia compañía, que preveía destinar unos 1.500 millones de dólares (más de 1.400 millones de euros) al proyecto, desembolsos en concepto de investigación y desarrollo aparte.

De los golpes y amenazas

El relato de lo sucedido está sazonado de ambiciones, bloqueos, ganancias, cortes, asambleas, presiones y declaraciones, amenazas verbales y físicas, ilegalidades, alegalidades e incluso leyes redundantemente ilegales. Avances y retrocesos, los de la empresa frente a un amalgama de colectivos de toda Córdoba, entre los que destacan la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida, la Asamblea del Bloqueo a Monsanto y las Madres de Ituzaingó. La vida, dejó escrito Shakespeare, es un cuento narrado por un idiota, que las llena de sus ruidos y furias. Tres siglos más tarde, Walter Benjamin matizó que está en todo caso contada por los vencedores.

[…] Un año más tarde, activistas y personas concienciadas organizaron un festival (Primavera sin Monsanto, que continúa celebrándose) en la misma entrada a las instalaciones que ya comenzaban a asomarse. Recibieron el apoyo de parte de la comunidad científica (entre ellos, el médico fallecido Andrés Carrasco) y académica (las universidades de Córdoba, Católica y Río Cuarto rechazaron la instalación de la planta), la artística (músicos como Manu Chao y René Pérez, de Calle 13) e incluso activistas internacionales como el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel o la india Vandana Shiva, se han sumado en algún momento a la causa.

Antes, durante y después, recuerda Gatica, un bloqueo de más de tres años, hasta la expulsión de Monsanto. “Ha sido muy difícil porque eran 37 hectáreas y, aunque cerrábamos sucesivas entradas con diez personas en cada puesto, ellos trataban de entrar por cualquier sitio”. Los problemas con los trabajadores de la empresa no tardaron en aparecer: “Al principio impedíamos únicamente la entrada a los camiones, por ejemplo metiéndonos bajo las ruedas, hasta que descubrimos que introducían herramientas incluso escondidas en sus maletines, cuando venían vestidos de traje”, añade esta líder argentina, que en 2012 recibió el Premio Goldman, conocido como el Nobel del Medio Ambiente.

Al mes de bloqueo llegó el primer desalojo, “cuando más de 300 policías nos sacaron a la fuerza a un centenar de personas”. Dos compañeras terminaron presas y Sofía, hospitalizada con un traumatismo craneoencefálico. “Pero nos dimos cuenta de que el pueblo es el que manda”, añade Gatica nada más terminar de extenderse con su parte médico: “Pedí el alta voluntaria y regresé con mis compañeros para quedarme. Poco a poco se sumó mucha gente y se empezaron a construir casas. Jamás pudieron ingresar como hubieran querido, pero soportamos casi cuatro años de frío, sin luz, sin agua, de hambre. Mujeres y hombres de todas las edades, con mucha gente joven”.

[…] “Pronto llegaron las amenazas. Me esperaban a la salida del trabajo, me perseguían y me golpeaban. Me amenazaron de muerte junto a mis hijos. Me han llamado de todo: ‘gringa sucia’, ‘zurda’…”. Las presiones, denuncia, se reforzaban con “los palos de la policía”, con “los grupos de choque de la empresa” y con “órdenes de represión” contra los vecinos. “Hubo una vez que los camiones lograron entrar y entonces decidimos impedir también la salida, salvo que se llevaran todo el material. Los obreros nos acusaron de haberles secuestrado”, añade Gatica entre su dilatada retahíla de reconstrucción de los hechos, presentados sin tapujos como “una guerra, en la que Monsanto contrataba matones y nosotros, para sobrevivir, tuvimos que armarnos: maderas con clavos, zanjas gigantes en la tierra, pinchazos a las ruedas de los camiones…”.

A los extremistas violentos

[…] Y es que, allí donde (en los transgénicos) hay quien ve enfermedades y muerte, otros contemplan “oportunidades de progreso y crecimiento para la comunidad y la provincia, sin riesgo ninguno”, afirma la empresa, que vaticinó 400 puestos de trabajo directos. En otra de sus notificaciones, identifica a Sofía Gatica (y a otras personas) como responsable de “agresiones verbales y físicas” que ponen en riesgo la integridad física y vulneran el derecho de expresión”, en referencia a una charla que empleados de Monsanto impartían en la Universidad Nacional del Litoral. Acciones que fueron calificadas de “vandalismo” y posteriormente denunciadas ante las Fiscalía

1.140 días de bloqueo (el número exacto lo tiene clavado en la memoria Gatica), hasta el 1 de noviembre de 2016, en los que la estrategia de Monsanto ha sido la de denunciar las “violaciones al derecho a trabajar” de sus empleados, recordando en sucesivos avisos que cumplían “con todos los requerimientos legales para la construcción de la planta”, citando, entre otras, diferentes ordenanzas, al Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas, al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, el Estudio de Impacto Ambiental (elaborado por ellos mismos) y autoridades gubernamentales varias. Su defensa de que “no hay evidencia científica de que el glifosato sea cancerígeno” es radicalmente diferente al que presentan instituciones como la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, en sus siglas en inglés) que, perteneciente la Organización Mundial de la Salud (OMS) de Naciones Unidas, lo consideró en 2015 como “probablemente cancerígeno para los humanos”. Las conclusiones siguen abiertas y recientemente la OMS, en este caso en una publicación conjunta con la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación), concluyó que era “improbable” que el glifosato presente riesgos carcinogénicos.

Sentencias firmes

Los entresijos jurídicos, que acompañaron a la lucha activista, dieron un primer vuelco radical en enero de 2014, cuando la Sala II dela Cámara de Trabajo detuvo la construcción, declarando inconstitucionales los permisos emitidos tanto por la Municipalidad como por la Provincia. Un mes más tarde, la Secretaría de Ambiente provincial también rechazó el estudio de impacto ambiental presentado por la compañía.

Paradójicamente (o no), la empresa guarda un celoso silencio de estos reveses. Tampoco ha querido manifestarse antes las repetidas apelaciones en las que Pikara Magazine le ha brindado su micrófono. Ha preferido mantenerse al margen también de su salida de Malvinas Argentinas, de la que no existe postura oficial alguna por parte de la compañía, si bien una “alta fuente” de la multinacional admitió a un portal argentino de actualidad y análisis económico que “no se pudo avanzar con la planta y esto también influyó. Pero lo más trascendente fue que el negocio cambió y dejó de ser conveniente para Monsanto”.

Los cambios que anónimamente denuncia Monsanto se refieren a modificaciones legales introducidas por las nuevas políticas agropecuarias, que han disminuido la expansión máxima de la superficie del maíz: “La pauta de procesamiento de la planta estaba en el orden de 3,5 millones de hectáreas pero, en los últimos años, apenas se pasó de los 2,5 millones. Una inversión así no tiene sentido desde el punto de vista del negocio”.

Jamás van a admitir que el pueblo los venció. No se fueron por la Justicia”, subraya Gatica, convencida de que fue Cristina Kirchner, la anterior presidenta del país, quien “negoció con la salud del pueblo. Seguramente bajo su mandato no hubiera sido posible nuestra victoria, si bien es cierto el actual Gobierno [de Mauricio Macri] también responde a las corporaciones y no a la gente”.

Una victoria, pero ¿de quién?

Malvinas Argentinas aún está resacosa de celebraciones. Forzosa o voluntariamente, Monsanto se ha ido de la localidad, pero no del país. Falta por escribir qué sucederá a partir de ahora, cuando el municipio adquiera la verdadera dimensión de lo logrado. La transnacional no solamente sigue operando en Argentina, sino que los insumos destinados al fracasado proyecto han sido trasladados a la próxima localidad de Rojas, unos 500 kilómetros al oeste y próxima a Buenos Aires.

Los reveses sufridos por Monsanto en Malvinas Argentinas y el hecho de que siga sin poder modificar la Ley de Semillas (por la que pretenden garantizarse ganancias por los derechos de uso de casi toda la soja, el maíz y el algodón que siembran en el país americana) les sepa seguramente mejor con el balance comercial cosechado en 2016, que la sitúan como dominadora absoluta en el negocio del maíz y en la venta de glifosato. Según los datos de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), sus ingresos en este sentido aumentaron con respecto al ejercicio anterior.

Además de las instalaciones de Rojas, Monsanto mantiene otras 36 plantas en el país. La transnacional “desarrolla los planes a largo plazo, por lo que mover su inversión a otro lado tiene su lógica. Seguirá proveyendo a semillas al área de Córdoba. Que no tenga una planta levantada no significa que dejará de tener presencia”, según analizaron expertos en la materia a  un medio uruguayo.

“Es una batalla que vamos a ganar, nos va a costar, pero se la vamos a ganar”, vaticinó Sofía Gatica en octubre de 2012, al poco de saberse las intenciones de Monsanto en Malvinas Argentinas. Muchas “sangres” después (“América se ha escrito con sangre y seguirá escribiéndose con sangre. Vamos a luchar dejando nuestras vidas”, respondía la protagonista en una entrevista posterior, publicada por el autor en formato e-book), Sofía Gática, parte de esa Argentina que desterró a Monsanto, lo tiene claro: “Hemos ganado una pequeña batalla porque Monsanto está aislado en distintas partes del país. Vamos a seguir ahí, dándoles batalla y resistiendo”.

La dueña de las semillas

Monsanto ya no es sólo una empresa. Atrás quedaron sus inicios, allá por el arranque del siglo XX, en los que producía sacarina para Coca-Cola. Ahora es una transnacional con pies, dedos, garras, manos y tentáculos en casi cada esquina del globo, aunque sus principales mercados son Estados Unidos, Brasil, Argentina y Canadá. La producción de semillas transgénicas y el herbicida glisofato comercializado bajo la marca Roundup son dos de sus principales negocios, que la convierten prácticamente en dueña de la agricultura mundial.

Sobre todo tras su reciente fusión con Bayern, otra de las agroquímicas más grandes del mundo. “Con la transacción se fusionan dos negocios diferentes pero altamente complementarios. El negocio conjunto sacará partido del liderazgo de Monsanto en el ámbito de semillas y (…) por una parte, y del amplio abanico de productos de protección de cultivos de Bayern (…)  por la otra”, decía la compañía.

La sospecha siempre está detrás de cualquier acción de Monsanto, tanto por los temores hacia los organismos modificados genéticamente (OMG), como por las investigaciones que han sufrido varios de sus productos (la controversia sobre el glisofato es muy alta y ha sido prohibido su uso en varios territorios), las condenas por soborno en Indonesia, la venta de productos tóxicos o por el oligopolio que ejerce sobre la alimentación.

Y las resistencias también se multiplican. El pasado mes de octubre La Haya acogió en el Tribunal Internacional Monsanto, una “iniciativa de la sociedad civil para que Monsanto se responsabilice por violaciones a derechos humanos, crímenes contra la humanidad y ecocidio”, a la que la transnacional respondió. La sentencia estará en abril de 2017.

 
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Descubren dragón rubí en las aguas de Australia (VIDEO)

El dragón marino rubí es una especie que sólo se conocía en bosquejos de museos y libros escolares.

El dragón marino rubí es una especie que sólo se conocía en bosquejos de museos y libros escolares; sin embargo recientemente se descubrieron dos ejemplares nadando en las profundidades de las aguas de Australia. Mediante un vehículo operado por control remoto, los investigadores de Scripps Institution of Oceanography en la Universidad de California San Diego y la Western Australian Museum lograron grabar durante media hora y a más de 50 metros de profundidad en el Archipiélago Recherche. 

Gracias a esto, los investigadores lograron recolectar mayor información sobre su anatomía, hábitat y patrones de comportamiento. Por ejemplo, a diferencia de otros subespecies similares, los dragones rubí no cuentan con apéndices para camuflajearse; poseen una cola enroscada como los caballos de mar y su color hace referencia a un cambio evolutivo. 

Para los investigadores se trata de tan sólo un descubrimiento de los varios que se planean realizar en la zona sureste de Australia, en especial en lo que se refiere en la diversidad de hábitats, especies animales y vegetales. 

Te compartimos el video del dragón rubí: 

 

 

 



¿Por qué el medio ambiente sólo importa cuándo no estorba? (La comisión de energía posterga la aprobación de Ley de Transición Energética en México)

Esta Ley es el medio más importante para que la Reforma energética asegure y promueva diversos beneficios ambientales

El pasado mes de abril terminó el periodo de sesiones de la LVXII Legislatura. La comisión de energía del Senado de la república, se despide con una gran deuda al medio ambiente y a la sociedad mexicana. 

Mientras que el primer paquete de leyes secundarias que se deprenden de la Reforma Energética, fueron aprobadas por unanimidad por el legislativo, el paquete verde y la Ley de transición energética (LTE) no vislumbraron en la agenda de los partidos políticos, pese al constante llamado de sociedad civil

¿Por qué es importante esta ley?. 

Esta Ley es el medio más importante para que la Reforma energética asegure y promueva diversos beneficios ambientales, ante los cuales está la promoción de energías renovables, la reducción de contaminantes locales y de gases de efectos invernadero; los incentivos económicos y la promoción de tecnologías limpias para transitar hacía una economía de bajo carbono. Elementos primordiales que establecen y promueven la Constitución Política, la Reforma energética, el actual Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los programas sectoriales de medio ambiente y energía.

México tiene un amplio potencial de generación de energía a través de fuentes renovables, que no está siendo aprovechado, debido a que el desarrollo económico de México depende en gran medida de la explotación de los combustibles fósiles, por los precios competitivos que presentaban en los últimos años en los mercados internacionales y que fueron la bonanza del gobierno para seguir invirtiendo en éstos. Hoy la volatilidad de los precios del mercado, como se ha observado recientemente con la baja de los precios del petróleo, nos demuestra que el gobierno debe pensar en una estrategia de largo plazo y seguridad energética basada en la diversificación de la matriz energética del país. 

Mientras el resto del mundo se mueve hacía una transición energética basada en las energías renovables. Nuestro país se queda estancado en el viejo discurso de que el desarrollo de México se logrará a través de la explotación de más hidrocarburos, entonces nos preguntamos: cómo vamos a lograr cumplir los compromisos internacionales de reducción de emisiones de GEI a nivel nacional, qué ejemplo damos a nivel global sobre los compromisos que suscribimos para reducir emisiones en un 25% al 2030?. Es deber preguntar a los senadores, a los grupos parlamentarios y especialmente al Presidente y los integrantes de la Comisión de Energía, David Penchyna Grub,  Salvador Vega Casillas y Jose Luis Lavalle Maury, ¿por qué no aprobaron la ley en abril? ¿A qué se debe el retraso de esta ley frente al récord de aprobación de las otras leyes secundarias? ¿Por qué continuar cuestionando la viabilidad de la ley frente a las pruebas de sus beneficios que repetidamente les hemos compartido desde sociedad civil? 

De ahí que el objetivo general de la LTE sea regular el aprovechamiento de las energías limpias para la generación de electricidad y promover acciones de eficiencia energética. De aprobarse, uno de sus principales resultados sería la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático. Al ser la generación de energía eléctrica el segundo sector que más emite después del transporte, la aprobación de la ley permitiría cumplir con las metas de reducción de emisiones y de participación de energías limpias establecidas en la Ley General de Cambio Climático y contribuir a alcanzar los compromisos internacionales que México ha presentado ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

No obstante, sin esta ley no existen los incentivos ni mecanismos de promoción y planeación necesarios para el despliegue de proyectos de energías renovables en México, lo que le impediría al gobierno cumplir con las metas y compromisos nacionales e internacionales en materia de cambio climático. Por otro lado, no se podrán atraer grandes inversiones privadas y transferencia de tecnología al país, generar empleos verdes, permitir que cualquier persona o empresa pueda generar su propia electricidad y venderla, inclusión de zonas marginadas a través de la electrificación, generar beneficios ambientales y de salud, disminución de las tarifas eléctricas y fortalecimiento de nuestra economía por el aumento de las inversiones y la reducción de subsidios.

De ellos depende realmente mover a México hacia un futuro más competitivo para las energías renovables, combatir el cambio climático y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del país. Este es un momento decisivo para que México avance hacia una transición energética sustentable y garantice su seguridad energética a largo plazo, por lo que es urgente la aprobación del #PaqueteVerdeYa.  

Autoras: Ana Mendivil y Gabriela Niño del área de Politicas Públicas del CEMDA.



La Ley de Transición Energética sigue detenida en el Senado: ¿Por qué México no apuesta por una reforma energética sustentable?

La única ley que aborda el cuidado al medio ambiente en la Reforma Energética continúa en el olvido por parte de los legisladores.

La reforma energética constitucional aprobada el 20 de diciembre de 2013, así como su primer paquete de leyes secundarias, publicadas el 11 de agosto de 2014, mantienen y priorizan la participación de los hidrocarburos en la matriz energética de México, sin considerar la participación de las energías renovables en el sector eléctrico nacional, en un contexto donde el consumo energético aumenta y las reservas totales de combustibles fósiles y su aprovechamiento energético son cada vez menores.  Adicionalmente, la reforma energética y el desarrollo de proyectos energéticos podrían tener  diversos impactos ambientales y sociales,  así como posibles violaciones a derechos humanos en todo el país (CEMDA, 2015).

El artículo décimo séptimo transitorio de la reforma energética constitucional establece que en el plazo de un año debieron hacerse las adecuaciones necesarias al marco jurídico para establecer las bases en las que el Estado procurará la protección y cuidado del medio ambiente en todos los procesos relacionados con el sector energético, mediante la incorporación de criterios y mejores prácticas en los siguientes temas:

  • Eficiencia en el uso de energía,
  • Disminución en la generación de gases y compuestos de efecto invernadero
  • Eficiencia en el uso de recursos naturales
  • Baja generación de residuos y emisiones, y
  • Atenuación de la huella de carbono en todos los procesos energéticos, el llamado Paquete Verde de la reforma energética no fue publicado en diciembre de 2014. Es por ello que resulta de vital importancia la aprobación de una ley que aproveche el amplio potencial de fuentes renovables de energía con el que cuenta el país, y promueva y facilite su incorporación en la generación de electricidad a nivel nacional.

En seguimiento al transitorio mencionado, la Ley de Transición Energética (LTE) es la última de las leyes secundarias de la reforma energética, la única que no ha sido aprobada por el Senado de la República. Acotada al sector eléctrico, esta ley busca regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica, componentes no atendidos por la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), publicada en el primer paquete de legislación secundaria.

Con esta ley, el Estado mexicano deberá implementar políticas y medidas para impulsar el aprovechamiento energético de recursos renovables y la sustitución de combustibles fósiles, garantizando que existan las condiciones legales, regulatorias y fiscales para facilitar el cumplimiento de las metas de energías limpias y de reducción de emisiones contenidas en la Ley General de Cambio Climático. Por ello, obliga a la Secretaría de Energía a fijar como meta una participación mínima de energías limpias en la generación de energía eléctrica del 25% para el año 2018, del 30% para 2021 y del 35% para 2024. Asimismo, en materia de eficiencia energética, busca facilitar el cumplimiento de metas indicativas, a establecerse en el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, determinadas por la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) a través de una hoja de ruta establecida en un plazo no mayor de 260 días posteriores a la entrada en vigor de la Ley; así como crear un proceso voluntario de certificación y reconocimiento en excelencia en eficiencia energética. 

Aunque no modifica la definición de energías limpias de LIE, la Ley contempla umbrales de poder calorífico (no menor de 70%) y de emisiones contaminantes (no mayor a 100 kg/MWh), con el fin de determinar y limitar qué otras tecnologías puedan ser consideraras energías limpias por la Secretaría de Energía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en términos de lo establecido por la LIE, lo que excluiría la participación de los combustibles fósiles como energías limpias.

Otro punto destacado de la Ley es que impulsa la generación distribuida con la finalidad de cambiar el modelo centralizado del sector y democratizar la energía eléctrica, facilitando que los usuarios residenciales generen su electricidad y que eventualmente reciban pago por ello, abriendo la posibilidad de reducir la carga fiscal en los cobros de las tarifas eléctricas.  Asimismo, la Ley incorpora las externalidades en la evaluación de los costos asociados a la industria eléctrica, reconociendo y contabilizando los impactos que el proceso energético tiene en el medio ambiente, lo que hace más competitiva la generación de electricidad con fuentes renovables sobre los combustibles fósiles. 

Entre otras cosas, la Ley también crea un Programa de redes eléctricas inteligentes, apoyando la modernización de las redes de transmisión y distribución; regula facultades en materia de certificados de energías limpias; forma el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias y el Consejo Consultivo para la Transición Energética, y crea el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, con el fin de captar y canalizar recursos financieros para instrumentar acciones que sirvan para contribuir al cumplimiento, diversificación y enriquecimiento de las opciones para el cumplimiento de las metas en materia de energías limpias y eficiencia energética.

Esta Ley fue aprobada por la Cámara de Diputados el 15 de noviembre de 2014, y posteriormente fue turnada a las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos en el Senado de la República, donde debe ser discutida y pasada al Pleno para finalmente ser aprobada antes del 30 de abril de 2015, fecha en que finaliza el periodo de sesiones ordinarias del Congreso. En caso de que la Ley sea modificada por el Senado, ésta debe regresar a la Cámara de origen, donde debido a la coyuntura electoral, no existen condiciones políticas para ser nuevamente aprobada, por lo que sería discutida por los diputados electos en el siguiente periodo de sesiones, del 1° de septiembre al 15 de diciembre de 2015.

En ese contexto, es necesario cuestionar por qué las comisiones en el Senado, así como sus respectivos presidentes, no han colocado la discusión de la LTE en su agenda a menos de tres semanas de finalizar el presente periodo de sesiones. ¿Cuál es la razón por la que todas las leyes secundarias de la reforma energética ya fueron aprobadas, pero la ley referente a las energías renovables y transición energética, la que garantiza una reforma energética sustentable a largo plazo, continúa detenida en la Cámara alta? Ello muestra la ausencia de voluntad política y la falta de prioridad de los legisladores por la protección al medio ambiente. ¿Qué intereses están realmente defendiendo los senadores: los de grupos selectos empresariales que buscan incrementar sus ganancias con la explotación de hidrocarburos o los de 130 millones de mexicanos que nos veríamos beneficiados por el contenido de la LTE?

 

 

Potencial de energías renovables en México

Fuente: Climate Works Foundation, Pricewaterhouse Coopers, WWF, IMERE, Plan integral para el desarrollo de las energies renovables en México 2013-2018.

México tiene recursos de energía renovable económicamente competitivos a lo largo de todo el territorio nacional que no están siendo aprovechados. Ese potencial permitiría cubrir el 35% de generación de electricidad a través de fuentes de energía limpia para 2024, generando entre setenta y ochenta mil empleos directos e, incluso, eliminar paulatinamente hasta la mitad del subsidio eléctrico nacional mediante el impulso a la generación distribuida, es decir, más de 40 mil millones de pesos anualmente. 

El desarrollo de las energías renovables permitiría diversificar la matriz energética nacional, descentralizar la generación de electricidad y democratizar la energía, reducir la dependencia de combustibles fósiles, las emisiones contaminantes y  los impactos negativos que la generación de energía eléctrica y el sector energético en general tienen en el medio ambiente y en la salud de todos los mexicanos. Mientras otras economías en el resto del mundo ya tienen metas obligatorias y bastante ambiciosas, México da pasos hacia atrás en la tendencia hacia la transición energética. Con el alto potencial renovable con el que cuenta nuestro país, México podría avanzar a grandes pasos y garantizar una seguridad energética sustentable a largo plazo, convirtiéndose en un líder en la transición energética y el cambio climático.

Elaborado por Ana Mendívil del Área de Políticas Públicas del Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C.

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Están por salir nocivas leyes ambientales de EPN por decreto: Greenpeace

Se había dicho que la creación del “Paquete Verde”, que hará operable la Reforma Energética, sería puesto a discusión; pero ahora el presidente mexicano busca decretarlo

En México hace poco fue aprobada la Reforma Energética, que prioriza el uso de hidrocarburos y gas shale por sobre las energías limpias. Aun con la inconformidad y descontento de decenas de organizaciones sociales y sociedad civil organizada, la reforma fue aprobada por ser supuestamente una palanca de desarrollo para el país. En ese entorno, el presidente Enrique Peña Nieto anunció, en una acción supuestamente democratizadora, que el “Paquete Verde” que hará operativa a la Reforma Energética (una serie de modificaciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, entre otros) sería sometido a discusión.

Luego de unos meses, el pasado 3 de noviembre Peña Nieto afirmó que había ya decretado el andamiaje para las modificaciones legales. Por su parte Greenpeace México, que buscar tomar parte en la elaboración de las leyes y de hecho ya cuenta con su propuesta, ha hecho dos invitaciones al presidente para elaborar el “Paquete Verde”, sin respuesta u obteniendo “largas” del gobierno. 

Las leyes del “Paquete Verde” son cruciales porque depende de ellas el impacto a las comunidades y al medio ambiente en el proceso de explotación de hidrocarburos (que ya de por sí es altamente cuestionable). Para Greenpeace es urgente que estas leyes sean percibidas por la sociedad con la relevancia que emanan, pues son quizá aún más importantes que la misma reforma.

El pasado 8 de octubre la organización hizo llegar al presidente una serie de iniciativas de reformas a diversas leyes con el fin de fortalecer la protección de los ecosistemas mexicanos por la inminente la amenaza de un deterioro mayor como consecuencia de la Reforma Energética, las cuales no fueron tomadas en cuenta.

Finalmente, el último intento de Greenpeace por lograr una audiencia con Peña Nieto se hizo el 29 de octubre, del cual no se ha obtenido respuesta:

“Con las reformas decretadas por Enrique Peña Nieto, no sólo se desoyen las recomendaciones de los especialistas y de los sectores preocupados por la protección del medio ambiente, sino que pone en riesgo el cumplimiento de las metas de sustentabilidad que el titular del Ejecutivo pregona en sus discursos”.
 

Si te suena, haz presión al presidente en redes sociales para que este tema cobre fuerza y se promueva un diálogo abierto con las organizaciones.

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