La batalla contra los transgénicos en México

El campo mexicano es hoy escenario de una batalla, asimétrica y decisiva, entre corporaciones multinacionales de semillas transgénicas y comunidades de indígenas y campesinos.

Foto:apiculturauruguay.blogspot.com

Actualmente México se encuentra lidiando con la siembra y comercialización de organismos transgénicos para la agricultura. Justo cuando se pensaba que la entrada de esta biotecnología era ya inminente, la semana pasada se estableció un gran precedente para la prohibición de la siembra de transgénicos en nuestro territorio.

Para entender cabalmente este asunto es necesario considerar que el abandono del campo y del sector agrario está empujándonos a depender, cada vez más, del mercado internacional. Las corporaciones multinacionales de semillas transgénicas (Monsanto, Pioneer, Cargill, Dow AgroSciences, Syngenta) han aprovechado esta situación para intentar controlar el mercado nacional. La estrategia que han implementado en México y en otros países incluye un intenso cabildeo en los poderes Ejecutivo y Legislativo, la práctica de “puertas giratorias’’ (rotación de altos cargos entre el sector público y el sector privado) para asegurar la toma de decisiones a su favor, la formación de alianzas entre las empresas y algunos miembros de la comunidad científica –como la recién formada Alianza Pro Transgénicos (1)– y el lanzamiento de campañas propagandísticas como esta de Monsanto: “Food is More Than Just a Meal, It’s Love” (el alimento es más que una comida, es amor).

El maíz y la soya transgénicos se caracterizan por tener una tolerancia al herbicida glifosato y por producir sustancias tóxicas para resistir el ataque de ciertos insectos. El glifosato es una sustancia catalogada como posible cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud y es una pieza fundamental en la implementación de esta tecnología agrícola. Debido a que los transgénicos no mueren con el glifosato, este se rocía en los campos para asegurar que lo único que crezca sea la planta transgénica resistente. Por lo tanto, para entender los efectos de la tecnología transgénica es importante siempre enlazar los efectos tanto de los organismos como los del glifosato. En muchos casos, el glifosato se rocía por medio de avionetas; con el viento, el riego y las lluvias este herbicida se dispersa y alcanza otros cultivos, ecosistemas y cuerpos de agua superficiales y subterráneos. Esto supone un riesgo potencial para las poblaciones humanas vecinas y para la biodiversidad. Por ejemplo, se han detectado concentraciones de glifosato en agua subterránea en Chiapas, generando un riesgo para las comunidades que dependen del consumo de agua de pozo (2). En el caso de la biodiversidad, la mariposa monarca ha disminuido su población en los últimos años debido al aumento de glifosato en su ruta migratoria, lo que causa la muerte de las plantas en las que se refugia (3).

México es el centro del origen y la diversificación del maíz –esto significa que la domesticación de esta planta surgió en nuestro territorio hace más de cinco mil años. En el país existen 64 razas de maíz y miles de variedades que se mantienen como resultado de una herencia milenaria de la interacción entre las comunidades humanas y los ecosistemas agrícolas. Actualmente, en la dieta nacional, el maíz representa el 53% de la ingesta calórica y el 39% de la proteínica (4). Lamentablemente, hace cinco años se detectaron maíces con contaminación transgénica en Oaxaca. Esto es particularmente grave porque los genes de plantas transgénicas pueden migrar a las plantas silvestres aun si se encuentran a kilómetros de distancia, representando un riesgo potencial de contaminación para la diversidad nativa de plantas (5). El problema se agrava porque no existen medidas que puedan garantizar la bioseguridad y controlar la dispersión de estos organismos. Esto derivaría a largo plazo en la pérdida de las variedades de maíz nativo, uno de los legados bioculturales más importantes de México.

En el caso del maíz, en julio de 2013 se presentó una demanda de acción colectiva contra la siembra de maíz transgénico. El tema central de este juicio es el derecho de generaciones presentes y futuras a la diversidad biológica de los maíces nativos o criollos. En solo tres años ha habido 97 impugnaciones interpuestas por las corporaciones afectadas, incluso por el gobierno federal a través de la SAGARPA. En los diecisiete amparos que han sido resueltos por tribunales federales se ha decidido mantener el principio precautorio mediante una suspensión provisional. Esta suspensión impide tramitar y otorgar permisos de siembra, o liberación al ambiente, de maíz transgénico en territorio nacional. Sin embargo, en agosto de este año un juez invalidó esta medida precautoria, permitiendo la siembra mientras se resuelve la demanda original. Ante esta situación, los miembros de Acción Colectiva Maíz impugnaron la resolución y fue el pasado 3 de noviembre cuando se informó que un tribunal federal confirmó que la suspensión provisional debía mantenerse debido a que la siembra podría generar un daño irreversible.

En cuanto a la soya, en 2012 la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), el entonces Instituto Nacional de Ecología (actualmente Inecc) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) realizaron un análisis de riesgo de la solicitud de liberación comercial de soya transgénica y determinaron que era inadecuado otorgar el permiso debido a los altos riesgos que suponía. Sin embargo, ese mismo año la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) aprobó un permiso a la empresa Monsanto para la siembra de soya transgénica en 253,500 hectáreas en los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Así, la soya transgénica comenzó a sembrarse en la península de Yucatán en 2012. Durante los siguientes años, los apicultores de la región comenzaron a detectar la muerte de colonias de abejas en Campeche; estas muertes se atribuyeron a la dispersión de los insecticidas aplicados de forma regular en los cultivos transgénicos, pues en muchos casos dicha aplicación se lleva a cabo por medio de avionetas. Por si no fuera suficiente, en 2014 se descubrió que las abejas recolectan el polen de organismos transgénicos y lo incorporan a su miel. Como consecuencia, la comunidad apicultora vio afectada su producción y su prestigio debido a que su miel es exportada como un producto orgánico. Asimismo, el sabor de la miel cambió, pues este depende de la diversidad de flores de las cuales las abejas recolectan el polen.

Ante esta situación, diversos miembros de comunidades indígenas de Campeche y Yucatán promovieron juicios de amparo al considerar que la Sagarpa había violado su derecho a ser consultadas previamente sobre un permiso que vulnera el ejercicio de sus derechos fundamentales, como la identidad cultural, la autonomía, el territorio y el acceso a los recursos naturales tradicionalmente manejados. El pasado 4 de noviembre los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron por unanimidad que los pueblos y comunidades indígenas del país tienen derecho a ser consultados en aquellos casos en los que algún proyecto, obra o programa pueda afectar su vida y entorno de manera relevante. Como resultado se revocaron los permisos de siembra y se condicionó la siembra futura a una consulta previa, libre, informada y culturalmente apropiada a las comunidades afectadas. Realizar este tipo de consultas no es ni será una tarea fácil, sobre todo si la intención real es la de consultar a las comunidades y no solo la de montar un protocolo para validar un proyecto que ya ha sido pactado con alevosía.

La sociedad civil está advirtiendo sobre la necesidad de cuestionarnos: ¿por qué debemos aceptar la siembra comercial de organismos que atentan contra la diversidad biológica, agrícola y cultural de México? Desde hace casi treinta años, los cultivos transgénicos han navegado con la falsa bandera de la erradicación del hambre y de la autosuficiencia alimentaria, promesa aún sin cumplir. En México la falta de autosuficiencia alimentaria involucra una compleja situación que está relacionada con el abandono del campo y del sector campesino en un entorno sumergido en una competencia desleal con mercados internacionales, por lo que la entrada de transgénicos en el país solamente agravaría la situación. Monsanto se ha caracterizado por disfrazar los peligros de soluciones. Sin duda, México debe unirse a la creciente lista de países que prohíben la siembra de organismos transgénicos en sus territorios. No hay argumento que justifique poner en juego nuestra soberanía alimentaria.

Twitter del autor: @FerCordovaTapia

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* Fernando Córdova Tapia es Candidato a Doctor en Ciencias por la UNAM, coordinador del Grupo de Análisis de Manifestaciones de Impacto Ambiental de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (GAMIA/UCCS) y coordinador académico del Laboratorio de Restauración Ecológica del IBUNAM.

Notas

(1) Empresas y científicos miembros de la Alianza Pro Transgénicos (lista).

(2) Ruiz-Toledo et al., 2014. “Occurrence of Glyphosate in Water Bodies Derived from Intensive Agriculture in a Tropical Region of Southern México”. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 93: 289-293.

(3) Brower et al., 2012. “Decline of monarch butterflies overwintering in Mexico: is the migratory phenomenon at risk?” Insect Conservation and Diversity 5: 95-100.

(4) Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, 2013. “El maíz transgénico en México, en 15 píldoras” (descargar).

(5) Ellstrand, 2003. “Current knowledge of gene flow in plants: implications for transgene flow”. Philosophical Transactions of the Royal Society: Biological Sciences 358: 1163-1170. Watrud et al., 2004. “Evidence for landscape-level, pollen-mediated gene flow from genetically modified creeping bentgrass with CP4 EPSPS as a marker”. Proceedings of the National Academy of Sciences 101: 14533-14538.

*Puedes consultar más información sobre los transgénicos en www.uccs.mx y www.semillasdevida.org.mx



Para salvar al maíz transgénico, las autoridades mexicanas han mentido a un Tribunal

La Semarnat ha omitido información sobre la detección de maíz nativo contaminado; un argumento esencial para lucha contra el maíz transgénico.

En el 2013 al menos 53 ciudadanos y 20 organizaciones civiles obtuvieron una medida precautoria para suspender la tramitación y otorgamiento de permisos de siembra de maíz transgénico. Esa media inesperada, que afecta intereses de grandes transnacionales, se ha mantenido por 21 meses y ha soportado 93 impugnaciones en 17 tribunales federales.

Ahora mismo, y aunque quizá se prolongue por años, se lleva a cabo un juicio que finalmente decidirá qué pasará con este tema: la posibilidad de la siembra de maíz transgénicos. Los especialistas, académicos y activistas, argumentan que el cultivo de este tipo de maíz contamina los circundantes, lo que acabaría finalmente con la diversidad del maíz nativo, además que se no se cuenta con una certidumbre sobre los efectos de los transgénicos en la salud.

En este contexto el colectivo Sin maíz no hay país ha estado denunciando cómo las autoridades mexicanas, por medio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ocultó al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en materia Civil en el Distrito Federal que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) que había detectado varios casos de presencia ilegal de maíz transgénico en maíces nativos en seis estados de la República, entre 2004  y 2012.

Esta información cortada ha sido además usada como argumento por empresas como Monsanto, Syngenta, Pioneer-Dupont y Dow Agrosciences.

René Sánchez Galindo, abogado de Sin Maíz no hay País, argumenta que esta contaminación pudo haberse dado como resultado del maíz trasngénico importado, usado principalmente como alimento para ganado, o bien por las siembras experimentales que se han dado.

La información oculta por la Semarnat es muy importante, porque evidencia que pone en peligro la biodiversidad de México, uno de los principales argumentos en contra del cultivo de los transgénicos.



El Partido Verde y el abucheo al Cacomixtle

Este partido en México paradójicamente pone en peligro las prácticas de conservación de la naturaleza en el país.

Antes de las elecciones fui al cine (pocas veces puedo hacerlo) y salí con una reflexión sobre el Partido Verde. Este grupo político no sólo está destruyendo las instituciones democráticas, también pone en peligro las prácticas de conservación de la naturaleza en el país. Aquí la explicación.

Gritos y silbidos, como en la lucha libre pero en el cine, y yo me les uno. Cargando 28 largos y fastidiosos minutos de anuncios antes de la película veo el segundo spot del Partido Verde en pantalla que habla de proteger a los bosques de la tala ilegal. Ahora me veo gritando a una pantalla llena de animales y plantas. Me sorprendo pues son a esos animales y plantas a los que he dedicado mi vida profesional. Pero ahí estoy yo en primer plano abucheando al cacomixtle.

No me sorprende esa aparente contradicción, pues no estoy abucheando la conservación de la flora y la fauna, sino al Partido que se aprovecha de esas imágenes para ganar capital político. Pero me pregunto a cuánta gente que está abucheando a la naturaleza no se le queda en el subconsciente que la conservación de la naturaleza es igual a ilegalidad y corrupción.

La ecología y la conservación de la naturaleza, como conceptos, tienen detractores que cruzan todos los órdenes ideológicos. Por el lado de la ultraderecha, la conservación es una piedra en el zapato para lo que ellos consideran desarrollo, que se traduce en la explotación de los recursos en favor de algún tipo de industria. Así lo prueban las arengas contra el Cambio Climático esgrimidas por el Partido Republicano en Estados Unidos. En México, la Reforma Energética y la Ley General de Aguas de Conagua son otra prueba. Pero los extremos se tocan, y para la ultraizquierda, la conservación es sólo para pueblos primermundistas que tienen suficientes recursos como para compartirle un pedazo a la naturaleza. Cuando el movimiento Zapatista estaba en su auge, se criticaba a las voces que pugnaban por la conservación de la Selva Lacandona, pues lo consideraban un concepto pequeño-burgués. “Los indígenas están pensando en cosas más importantes, como sobrevivir”, decían.

Las personas que piensan así no han notado que somos parte de la naturaleza, que no estamos haciéndole un favor al conservarla, sino asegurando nuestro futuro. La destrucción de la naturaleza reduce los servicios ecosistémicos que son de los elementos más democráticos: son gratis y son para todos. Sin embargo, cuando se pierde un servicio ecosistémico como el agua, una persona marginada sufre por su escasez, mientras que la persona con mayores recursos contrata una pipa, al costo que sea necesario.

El Partido Verde abarata el concepto de conservación al mostrar imágenes de bosques talados y animales sufriendo que sólo mueven a la víscera, pero no al entendimiento del problema. Deliberadamente, su dedo flamígero apunta sólo a los grupos débiles que no se pueden defender: los circos y las pequeñas comunidades que talan bosques para obtener madera o cultivar. Pero nunca apuntan a las poderosas industrias que están causando la mayor devastación ecológica: la minera, la turística y la constructora.

El público en el cine se da cuenta del chantaje y lo suma a las ilegalidades que ha hecho el Partido Verde. Este partido que hace del cinismo una forma de vida, violando la ley y negándolo mientras lo hace. Como ejemplo reciente están los llamados a votar por el Partido Verde del Director Técnico de la Selección Nacional, varios jugadores y artistas de Televisa y TVAzteca en época de veda electoral.

Por ello, la gente en el cine abuchea las imágenes de flora y fauna como una forma de protesta simbólica. Estas protestas hacia el partido pueden convertir a la gente en un detractor más de la conservación al asociarla con un grupo que promueve la corrupción e impunidad. Por ello, este Partido no sólo le ha hecho un daño dramático a la democracia de este país al convertir una institución política en negocio familiar, promoviendo la impunidad como un valor; también le puede estar haciendo un daño irreparable a los conceptos de conservación y ecología al tergiversarlos y asociarlos con sus prácticas corruptas. Ojalá éste no sea el caso, pero por el daño que le están haciendo al país en su democracia y ecología es urgente que se le quite el registro al Partido Verde.

*Este artículo fue publicado previamente en Animal Político

Autores:

* Luis Zambrano (@ZambranoAxolote) es investigador del Instituto de Biología y Secretario Ejecutivo de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, UNAM. Fernando Córdova Tapia (@FerCordovaTapia) es Candidato a Doctor en Ciencias por la UNAM y coordinador del Grupo de Análisis de Manifestaciones de Impacto Ambiental de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (GAMIA/UCCS).



Victorias esperanzadoras: industria transgénica pierde 4 amparos en 15 días en México

Estas decisiones judiciales se suman a una serie de victorias en los últimos años de organismos y comunidades que rechazan los transgénicos.

En los últimos años hemos visto como en México gracias a la vía judicial  algunas comunidades indígenas y asociaciones civiles han detenido los intereses de grandes multinacionales. Del mismo modo, las empresas transgénicas han intentado romper con las trabas legales que impiden el cultivo de maíz transgénico en México, pero pese a su férreo empeño, y la interposición de decenas de amparos, no han logrado liberar estos cultivos en México. 

Cada amparo desechado por el poder judicial en contra de las empresas transgénicas ha sido un logro aplaudido por asociaciones como Sin Maíz No Hay País o como Colectiva AC, y muchas personas que dudan de la salubridad de estos cultivos, tanto para el medio ambiente como para la salud humana. 

Hoy existe una medida precautoria que impide que el maíz transgénico sea cultivado en México, por ello, empresas transgénicas han interpuesto recursos legales para “tumbarla”. En año y medio distintas instancias judiciales han rechazado al menos 16 de los 22 interpuestos por las multinacionales para suprimir esta traba.

También, en una racha afortunada para muchos, en las últimas semanas han sido desechados 4 amparos consecutivos que desestiman los esfuerzos de las transnacionales transgénicas para alcanzar el cultivo de maíz transgénico. 

René Sánchez Galindo, representante de Colectivo AC en el juicio, informó que “Este 27 de febrero el Quinto Colegiado Civil ratificó la medida precautoria, la suspensión de siembra seguirá surtiendo efectos; y el Segundo Colegiado Civil desechó en definitiva un amparo de Pioneer Dupont”, al añadir que “todos los amparos buscaban levantar la suspensión de siembra por distintas vías”.

Unas semanas antes el Sexto Colegiado Civil negó un amparo de Dupont y el Cuarto Colegiado Civil declaró improcedente otro amparo de Monsanto.

Considerando el gran poder de estas empresas, las medidas judiciales que han eliminado sus recursos legales, aparecen como pequeñas y casi inesperadas victorias, pero poderosamente esperanzadoras, en la lucha contra los transgénicos en México.

[Proceso]



El conflicto de interés detrás de la evaluación ambiental del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México

En el caso del nuevo aeropuerto, la SEMARNAT es uno de los promotores y al mismo tiempo es la entidad que evaluará y dará el visto bueno final al proyecto.

Es innegable que los conflictos ambientales son cada vez más frecuentes en el país. Las redes sociales están inundadas de campañas que tienen el objetivo de frenar el creciente deterioro ambiental de nuestro territorio. Basta con mencionar algunos ejemplos recientes como Cabo Pulmo, Holbox, Dragon Mart, la ampliación del Puerto de Veracruz,  los proyectos mineros en Baja California Sur, el acueducto en territorio Yaqui, la presa hidroeléctrica Las Cruces en Nayarit, el cambio de categoría de protección del Nevado de Toluca, la construcción de autopistas en Chiapas y las autopistas urbanas en la Ciudad de México para darse cuenta de que sin importar el tipo de proyecto ni su ubicación geográfica existe un gran descontento social alrededor de ellos. Estos conflictos están acompañados de una violación sistemática de los derechos humanos, la expropiación de territorio, la exclusión de la participación de los pobladores locales, gravísimos impactos ambientales y del menosprecio de las opiniones de organizaciones de la sociedad civil y de científicos. Además generan un desgaste continuo en el tejido social de nuestro país, por lo que resulta evidente que la situación debe cambiar urgentemente.

Es natural pensar que lo que hace falta es un instrumento ideal de política ambiental cuyo objetivo sea prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente, así como la regulación de obras o actividades para evitar o reducir sus efectos negativos en el ambiente y en la salud humana. Además, que a través de este instrumento se planteen opciones de desarrollo que sean compatibles con la preservación del ambiente y manejo de los recursos naturales. El problema es que este es exactamente el instrumento con el que contamos actualmente: las famosas Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) (1). Desde hace más de 30 años se han elaborado estas MIAs y aun así es evidente que la devastación ambiental va en aumento en conjunto con los conflictos sociales que acarrea. Entonces, ¿Qué está pasando?

Para entenderlo, podemos analizar la absurda idea de construir un aeropuerto y un nuevo centro poblacional encima del Lago de Texcoco. Todo empieza con un interesado, en este caso el Gobierno Federal, que tiene la intención de construir una obra faraónica que repentinamente mejorará la crítica situación de nuestro país. Para poder realizar este proyecto necesita elaborar una MIA (2), para lo cual debe contratar a una consultoría ambiental. Pero, ¿qué consultoría contratar? Pues aquélla que justifique que el proyecto es tan rentable, tan sustentable y tan ambientalmente viable que será autorizado por la SEMARNAT. Y entonces surge la genial idea de elegir a “Especialistas Ambientales, S.A. de C.V” cuyo Socio Director fuera Rodolfo Lacy Tamayo, actualmente Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la SEMARNAT (3). Así, la evaluación del proyecto se queda en casa y se crea el escenario perfecto para no realizar una evaluación real.

Si consideramos que este proyecto, que se vende como la referencia global en sustentabilidad, no sólo contempla la construcción de un aeropuerto sino de un nuevo polo poblacional (Aerotrópolis), centros de salud e instituciones educativas, un bosque metropolitano de 670 hectáreas de especies exóticas, 12 proyectos viales con un total de 190.4 kilómetros, entre los que se encuentra un segundo piso de 18 kilómetros sobre el Viaducto Río Piedad y la Autopista Urbana Oriente sobre Xochimilco e Iztapalapa (4), podemos inferir que el impacto ambiental no será únicamente local sino que tendría un efecto acumulado, sinérgico y a largo plazo sobre el Valle de México. Este impacto regional es el que, nosotros los ciudadanos, exigimos conocer porque de otra manera no sabremos si los supuestos beneficios serán mayores que los perjuicios. Con el fin de que los proyectos sean autorizados, existe una tendencia a presentar proyectos fragmentados. Es decir, las grandes obras con altas implicaciones ambientales son sometidas a evaluación de impacto ambiental de manera fragmentada, de modo que se pueda ocultar el verdadero impacto acumulado. Por ejemplo, la MIA contempla la construcción del aeropuerto y menciona el desarrollo de Aerotrópolis, pero lo único que declaran es que tendrá una extensión de 375 ha y que ofrecerá oportunidades para bienes raíces comerciales de clase mundial. La falta de información detallada es completamente inaceptable, pues las estimaciones en el consumo de agua potable del proyecto excluyen el desarrollo de Aerotrópolis.

Con este panorama, sólo nos queda esperar que la consulta pública sea la forma en la que las comunidades afectadas puedan ser tomadas en cuenta. Lamentablemente, este es un término meramente legal y bajo ninguna circunstancia busca vincular la opinión de las comunidades locales con la evaluación de un proyecto. La consulta pública es un periodo de 20 días hábiles (independientemente de la magnitud y tamaño del proyecto) en el que las comunidades locales deben leer y analizar la MIA (un documento muy técnico e intrincado) y dar sus opiniones, de preferencia con sustentos técnicos y científicos. Aún así estas opiniones no tienen un carácter vinculante con la decisión final.  Existe otro detalle, y es que solamente son consideradas aquellas opiniones que tengan relevancia ambiental, es decir, la decisión de autorizar un proyecto no toma en cuenta ni el contexto social ni el económico de la región. Esto es algo completamente inaceptable dado que bajo este modelo, todos los proyectos estarán destinados al descontento, la lucha y el desgaste social.

Ante esta lamentable situación, nuestra única esperanza es que los proyectos sean evaluados por una entidad externa, objetiva y sin conflicto de interés. Desafortunadamente, estamos muy lejos de este escenario. Por ejemplo, en el caso del nuevo aeropuerto, la SEMARNAT es uno de los promotores y al mismo tiempo es la entidad que evaluará y dará el visto bueno final al proyecto. Esta peligrosa realidad en la que el Gobierno Federal es juez y parte provoca que proyectos como el nuevo aeropuerto se autoricen sí o sí, por encima de cualquier riesgo socio-ambiental. Por ejemplo, Juan José Guerra Abud (Secretario de Medio Ambiente) declaró que los bosques (el nuevo pulmón del Valle de México) que se pretenden crear alrededor del aeropuerto, se harán con cedro salado (Tamarix ramosissima) (5), una especie invasora de alto impacto negativo para la biodiversidad mexicana. Esta especie altera los regímenes naturales de inundaciones, modifica la dinámica de los ecosistemas, promueve la propagación de incendios y provoca la desecación de los cuerpos de agua (6). Me pregunto si la SEMARNAT no sabe que la introducción de especies invasoras es la segunda causa más importante para la pérdida de biodiversidad a nivel mundial.

En este contexto, la ciudadanía está completamente excluida y sin elementos para influir ni en la evaluación ni en la toma de decisión. Actualmente, el reglamento en materia de impacto ambiental es obsoleto, no es un instrumento de evaluación y se ha convertido en un mero trámite. El Gobierno Federal está aprovechando la mediocre situación de la legislación ambiental para imponer el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esta penosa situación seguirá ocasionando, cada vez con más frecuencia, conflictos socio-ambientales en todo el país. No será, sino hasta que los ciudadanos exijamos que las prioridades de este gobierno estén en su lugar, que podremos transformar nuestra obsoleta e ineficiente legislación ambiental.

Twitter del Autor: @FerCordovaTapia

Referencias:

1. http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/impacto-ambiental-y-tipos/definicion-y-objetivo

2. http://www.expoforestal.gob.mx/portal/2014/BiosForestal.pdf

3. http://www.aeropuerto.gob.mx/boletines/05092014-SCT-VisionIntegral.pdf

4. http://noticieros.televisa.com/foro-tv-el-mananero/1409/guerra-abud-nuevo-aeropuerto-se-duplicaran-cuerpos-agua/ 

5. IMTA, Conabio, GECI, Aridamérica, The Nature Conservancy, 2007. Especies invasoras de alto impacto a la biodiversidad. Prioridades en México. Jiutepec, Morelos. http://www.invasive.org/gist/products/library/mex-especies-invadoras.pdf

 

Fernando Córdova Tapia es candidato a doctor por el Instituto de Biología de la UNAM, coordinador del Grupo de Análisis de Manifestaciones de Impacto Ambiental de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y coordinador académico del Laboratorio de Restauración Ecológica de la UNAM.

Nota: este texto fue publicado anteriormente en Animal Político (http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2014/10/14/todos-los-proyectos-generan-conflictos-ambientales-y-lo-seguiran-haciendo)



800 toneladas de transgénicos fueron liberadas por accidentes en México, según transnacionales

En siete distintos y sospechosos accidentes, algodón y maíz transgénicos fueron liberados al ambiente

Uno de los grandes temores alrededor del uso de semillas transgénicas es que los cultivos que las emplean pueden contaminar a otros que no lo hicieron. De esta manera, al cultivar transgénicos, van perdiéndose casi ineludiblemente las semillas nativas como resultado de la contaminación inminente. 

En un artículo reciente de Elva Mendoza para la revista Contralínea se dio a conocer que, según datos de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) perteneciente al gobierno federal, de 2010 a 2013 fueron liberadas al ambiente hasta 800 toneladas de productos transgénicos, en distintos accidentes. 

Para José Antonio Serratos de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y profesor de la UNAM “llama la atención la cantidad”; pues, según Mendoza, “resultan muy convenientes para las transnacionales que cuentan con la propiedad industrial de los granos derramados”.

Según CIBIOGEM, de 2010 a 2013 se registraron siete accidentes en México. El caso más grave fue por parte de la empresa CPIngredientes, S.A. de C.V., que liberó 631 toneladas de grano de maíz amarillo transgénico; en 2010 notificó a las autoridades del descarrilamiento en Veracruz de 12 tolvas de ferrocarril con cargamento de grano de maíz amarillo genéticamente modificado, que procedía de Estados Unidos.

Por su parte, Almidones Mexicanos (Almex) derramó 20 toneladas de maíz amarillo en Guanajuato. También, Monsanto y Bayer notificaron, en tres accidentes distintos, el derramamiento de hasta 190 toneladas de algodón modificado. 

Además de que los anteriores “sucesos” ponen en entredicho los lineamientos de bioseguridad en México, también saltan sospechosos ante la voracidad que ha caracterizado a las empresas transnacionales precursoras de los transgénicos. 

Este tipo de “accidentes” surgen novedosos entre las noticias de los desastres ecológicos en México, un nuevo renglón en el que habrá que poner atención en la lucha activista medioambiental. 

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