Las políticas públicas como defensa ante Megaproyectos

Una gran parte de los conflictos ambientales tiene qué ver con la nula contemplación de la realidad de las comunidades.

El ejercicio de gobernar requiere de diferentes herramientas legales que sirven como estrategia para la solución a los problemas internos que tiene un país de tipo social, económico político y/o ambiental. En el ámbito social, una de estas herramientas son las políticas públicas, definidas como “las sucesivas respuestas del Estado (del “régimen político” o del “gobierno de turno”) frente a situaciones socialmente problemáticas” (Salazar, 1994). Teniendo como base el hecho de que las políticas públicas son respuestas para solucionar problemas, el objetivo del presente ensayo es resaltar la necesidad de integrar los diferentes actores, que participan o se ven afectados en la construcción de un megaproyecto, con el fin de formular e implementar  políticas públicas que sirvan como una estrategia para la protección de la comunidad.

Durante los últimos siglos se ha hablado de desarrollo como uno de los temas con mayor transcendencia alrededor del mundo. En efecto, los países con mayores recursos económicos (países desarrollados o industrializados) y con madurez tecnológica, buscan crecer cada día más adquiriendo beneficios y poder de y sobre los otros. De este modo, los países en vía de desarrollo abren sus puertas para que las industrias extranjeras puedan ampliar sus negocios y explotar los recursos que ellos no tienen en abundancia. Sin embargo, estas acciones han generado el detrimento de los recursos naturales y a su vez conflictos sociales, los cuales no han podido ser minimizados ni con la implementación de políticas públicas, que técnicamente deberían servir como un instrumento de protección a la población afectada por las decisiones de los gobiernos.

Las políticas publicas cumplen un papel fundamental en el momento de dirigir un país, ya que por medio de ellas es posible generar acuerdos entre el Estado y la sociedad. Estos acuerdos, tienen como finalidad establecer reglas y acciones que den respuesta a la necesidades de comunidades, la cuales han sido afectadas o vulneradas por actividades antrópicas, que han deteriorado sus terrenos y cambiado las dinámicas sociales, económicas y culturales. No obstante, estas políticas no han sido entendidas como una herramienta para la protección de la población por parte del gobierno, ni como una estrategia de participación ciudadana en la toma de decisiones; por el contrario, la población cada vez es más ajena a los procesos políticos y a su vez, el gobierno incentiva la entrada de inversionistas extranjeros al país sin el consentimiento de los gobernados.

Estas afirmaciones se ven reflejadas en la Evaluación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en Guatemala, ya que en el se expone la preocupación existente por la falta de participación de los grupos indígenas en la toma de decisiones públicas y políticas a nivel nacional. Adicional a esto, en el mismo documento se afirma que los pueblos indígenas no participan en las consultas comunitarias y tampoco en las ganancias generadas por la explotación de los recursos que se extraen de sus territorios. En efecto, estos territorios se ha visto deteriorados por las actividades mencionadas y no han recibido reparaciones por parte de las industrias ni del gobierno.

Por otro lado, uno de los problemas que se pueden evidenciar en las políticas públicas es la falta de imparcialidad, ya que es el Estado el que lidera dichas iniciativas para la entrada en agenda de una política y como dice Salazar (2010), “una política pública es todo lo que el gobierno escoge hacer o no hacer”. Esta afirmación se podría argumentar con el concepto “constructos de acción colectiva” que da Michel Crozier (1990), ya que  los define como las soluciones que crean los actores autónomos con sus recursos y capacidades particulares para la solución a los problemas que plantea la comunidad. Estas soluciones pueden ser indeterminadas y arbitrarias.

 

 

Imagen 1. Visita de auditores de Cajamarca al proyecto Conga

Fuente: Megaproyectos. Observatorio de la gran inversión en el Perú. 2014

Asimismo, las políticas públicas no están hechas teniendo en cuenta las dinámicas sociales de cada comunidad en estudio, es decir, que la formulación y ejecución crea una brecha entre los objetivos de la política y lo que realmente sucede en la realidad inmediata. Esta afirmación se puede ver respaldada por el concepto de capital social descrito por Elinor Ostrom (2003), donde sustenta que al trabajar en grupo, repartiendo responsabilidades y teniendo como base normas y reglas definidas, se pueden obtener mejores resultados en el momento de gobernar. Un ejemplo de esta brecha puede ser representada por el caso colombiano, debido a que las políticas no responden a las necesidades de las comunidades que se encuentran inmersas en conflictos ambientales y sociales. Dichos conflictos son causados por los planes de desarrollo del gobierno, los cuales  tienen como objetivo buscar un crecimiento económico bajo la premisa de  proporcionar garantías a las industrias de explotación de recursos naturales no renovables como el petróleo, minerales y otros materiales económicamente rentables. 

Las consecuencias de estas dinámicas políticas y sociales se pueden ver reflejadas en el deterioro ambiental, los despojos de tierras, el desplazamiento, las enfermedades por las malas practicas industriales y la contaminación de los recursos naturales. Un ejemplo de esta afirmación se encuentra ubicado en la Amazonía Ecuatoriana, la cual sufrió un desastre ambiental debido a derrames de barriles de oleoducto a raíz de las malas prácticas realizadas por la compañía Chevron. A pesar de estas calamidades y de algunas normas que aún controlan las practicas industriales, no se ha logrado evitar que se sigan generando impactos negativos a nivel ambiental y social. Por esta razón, en el proceso de formular una norma o estrategia (leyes, políticas publicas, decretos, entre otros), es necesario dar apertura a la participación de los diferentes actores con el fin de diseñar un política democrática , donde exista un debate público y se pueda legitimar la acción gubernamental en una plataforma de transparencia y rendición de cuentas. Haciendo esto, es más probable que  se alcancen los objetivos propuestos, se minimicen  los impactos ambientales y conserve la biodiversidad autóctona de cada región.

Tanto el petróleo como otros recursos no renovables que se explotan en algunos países latinos, hacen parte de lo que Ostrom llama capital físico, puesto que de ellos se obtendrán beneficios económicos a futuro y que a su vez requiere de numerosas obras  para su funcionamiento. Sin embargo este capital “es la amenaza de la destrucción de la humanidad”, debido a los efectos colaterales que se han generado por la ausencia de estrategias para administrar los recursos ambientales de una manera sostenible. A esto se le suma el capital humano que ha sido, en muchas ocasiones, subvalorado debido a que la gran mayoría son campesinos con pocas oportunidades de estudio o que simplemente han escogido dicho trabajo como medio de sustento económico. Bajo estas circunstancias, se deben considerar todos los atributos que tiene la comunidad y el territorio para generar estrategias de participación e inclusión, en las cuales se potencialicen las habilidades de la población y se tengan en cuenta buenas prácticas de producción para el beneficio de todo un país.

Finalmente, es necesario que se generen espacios de dialogo en donde  la sociedad y el gobierno puedan generar políticas públicas más incluyentes y en las cuales no se subyuguen los derechos humanos de las comunidades que han vivido en armonía con su entorno.

 

Autora: Carmen Angélica Lamprea Abril. Una colaboración para el @celeam_latam

angielaab@gmail.com

 

Referencias

–       El actor y el sistema: Las restricciones de la acción colectiva. Michel Crozier y Erhard Friedberg 1990

–       La definición de políticas públicas. Carlos Salazar Vargas. 2010

–       Una perspectiva del capital social desde las ciencias sociales: capital social y acción colectiva. Elinor Ostrom y T. K. Ahn. 2003

–       Imagen disponible en: http://www.chilesustentable.net/participacion-ciudadana-anteproyecto-de-la-norma-primaria-de-calidad-ambiental-para-material-particulado-fino-respirable-mp-25/

 

 



Mujeres mineras de Latinoamérica: activas defensoras de la vida de sus comunidades

Los metales pesados del polvo impactan en la salud reproductiva de las mujeres, durante el embarazo y puerperio ya que a partir de la actividad minera aumentaron los abortos, nacimientos prematuros y malformaciones en los bebés.

La actividad minera tiene una larga historia en la región, sin embargo a partir de la última década del siglo XX se realizaron una serie de ajustes estructurales para promover la inversión extranjera, siendo hoy día el proceso extractivo con mayor crecimiento.[1] El modelo de desarrollo extractivista, desde una lógica patriarcal capitalista y colonizadora, se contrapone con los derechos humanos que los Estados se han comprometido a respetar, sobre todo los que se refieren a un medio ambiente sano y al agua. Esta lógica destruye la Naturaleza, contribuye al cambio climático y se ensaña con las personas que enfrentan realidades de mayor vulnerabilidad. Tal es el caso de las mujeres en contextos de minería en América Latina, que viven una triple discriminación por cuestiones de género, raza y clase social, sumándose en ocasiones al de defensoras.

El objetivo de este artículo es exponer los impactos medioambientales de la minería, así como brindar algunos ejemplos de las consecuencias específicas que han vivido mujeres latinoamericanas en estos contextos, siendo tanto víctimas del “desarrollo” de la minería, como activas defensoras de la vida y sus comunidades.

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Para comenzar está el caso de la comunidad Carrizalillo[2] en Guerrero, México, el cual expone muy bien los impactos que tuvo la minería en la Naturaleza y salud de las mujeres. La empresa canadiense GoldCorp, obtuvo concesiones en 2005[3] y el principal daño ambiental que ha ocasionado ha sido la pérdida de suelo y biodiversidad, con repercusiones en la flora y fauna.[4] Además, alteró la cuenca hidrológica, desviando corrientes y contaminando fuentes superficiales y subterráneas con tóxicos peligrosos como cianuro y metales pesados.

Los impactos diferenciados entre hombres y mujeres están asociados con la división sexual del trabajo. Mientras los hombres presentan más padecimientos ligados a riesgos y enfermedades profesionales, las mujeres, niñas, niños y personas mayores tienen padecimientos asociados a la exposición prolongada al aire y agua contaminada.[5]

Los problemas relacionados con la disponibilidad y calidad del agua impactan específicamente a las mujeres, ya que son ellas las principales responsables de este recurso para consumo personal y doméstico. El uso de agua pública ha afectado a las personas de la comunidad en la piel con síntomas como comezón, salpullido, manchas y problemas en el cuero cabelludo.[6]

La población también se encuentra expuesta al polvo que contiene metales pesados, metaloides y sales minerales que se liberan de las rocas al ser dinamitadas y desintegradas todos los días, ocasionando enfermedades en las vías respiratorias, ojos y piel. Esto también afecta a otros seres vivos como plantas que son consumidas por animales y, que a la vez, son alimento de la población.[7]

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Los metales pesados del polvo impactan en la salud reproductiva de las mujeres, durante el embarazo y puerperio ya que a partir de la actividad minera aumentaron los abortos, nacimientos prematuros y malformaciones en los bebés. La contaminación de agua y aire con metales pesados afecta el sistema inmunológico de las mujeres embarazadas, por lo que los bebés nacidos durante la mayor explotación minera pueden presentar secuelas visibles o invisibles en sus propios organismos.[8]

En Guatemala la empresa Goldcorp también inició un proyecto minero en 2005 para explotación de oro y plata a cielo abierto en la comunidad San Miguel Ixtahuacán, sin realizar una consulta previa e informada. La participación y resistencia activa de las mujeres ha sido crucial para el movimiento anti-minería en la comunidad. Fueron ellas las que comenzaron el movimiento porque muchos hombres estaban trabajando para la minera y no tomaban una postura clara, a pesar de que en ocasiones también estuvieran en desacuerdo.[9]

Doña Crisanta es una de las mujeres maya-Mam que desde 2005 ha estado activa en la lucha anti-minería por los problemas que tuvo directamente con la empresa. Los problemas comenzaron con la instalación de postes y tendido de cables de energía eléctrica muy cerca de las casas e incluso dentro de las parcelas. Sin embargo, Doña Crisanta ha denunciado que en su caso, ella sólo dio autorización para que pasaran el cableado eléctrico pero no para la colocación de los postes y anclas que ponían en riesgo a la salud por el nivel de radiación, alto voltaje y los deslaves en tiempos de lluvia. Como no obtuvo respuesta ante sus reclamos, ella y otras siete mujeres se organizaron para resistir y actuaron arrancando las anclas y cortando la luz a la empresa.[10]

En 2008 Doña Crisanta y las otras siete mujeres son demandadas y reciben órdenes de captura.[11] La discriminación e intimidación por parte de la empresa y el gobierno guatemalteco a las mujeres en resistencia ha sido constante. Para 2015, Doña Crisanta ya tenía 14 órdenes de captura y criminalizaciones por su trabajo en defensa de su territorio y sus derechos.[12] Sin embargo esto no las ha detenido y siguieron denunciado los impactos de la minera, como las explosiones subterráneas con dinamita que provocaron rajaduras en las casas, además de la escasez y contaminación de agua. Se encontraron altas concentraciones de cobre, aluminio, manganeso y sobre todo arsénico en los ríos Quivichil y Tzalá ubicados en la parte baja de las aguas residuales de la mina. La contaminación microbiológica está en todas las fuentes de agua tanto superficiales como subterráneas, siendo no aptas para consumo humano.[13]

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Cabe mencionar también el caso de Colombia sobre la minera Cerrejón en el departamento de La Guajira, donde se explota carbón a cielo abierto desde hace más de tres décadas. Aquí confluyen diversos tipos de violencia hacia mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes, ya que la actividad minera no solo ha afectado su salud y alimentación a causa de la contaminación y cambio de uso de suelo, sino que también incrementó la mortalidad materna de las mujeres wayúu y de la infancia por enfermedades respiratorias. A esto se suman los casos de violencia sexual y física en las zonas de explotación, sobre todo a través de redes de trata de personas, identificándose específicamente 40 casos de prostitución infantil relacionados con la minería.[14]

Antes de las actividades mineras, en La Guajira se podían detectar con facilidad los eventos climáticos, pero ahora se dan drásticamente, acompañados de otros problemas como el desplazamiento, abandono de tierras y pérdida de cosecha.

Si bien no se piensa en minería y cambio climático, este tipo de megaproyectos producen impactos que tienen como consecuencia la producción de gases de efecto invernadero. La contaminación, deforestación, cambio de suelo y eliminación de flora y fauna contribuye a que un cambio climático local, aporte al global.[15]

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A partir de los principios de prevención, sustentabilidad y participación social, el derecho ambiental tiene pruebas para justificar que la actividad extractivista de la minería contamina y destruye el ambiente alterando el equilibrio ecológico. Además, este tipo de proyectos generalmente se hacen con la oposición de las comunidades lo que trae problemas de violencia específica cuando se trata de mujeres, sobre todo en zonas militarizadas como el caso de Colombia. La participación de las mujeres en la toma de decisiones en materia ambiental es clave, ya que por los roles sociales, la mayoría de las veces son ellas las que están más en contacto con la Naturaleza y tienen conocimientos imprescindibles de sustentabilidad pero por su posición social no se les toma en cuenta.

En este sentido, es fundamental que el derecho ambiental, como el conjunto de normas jurídicas que protegen los sistemas naturales mediante la regulación de conductas humanas para la protección y preservación de la naturaleza, se comprometa a implementar la perspectiva de género como transversal para lograr el desarrollo sustentable.

 

Bibliografía

Barón Romero, Diana, Impactos de la minería en los derechos de las mujeres rurales en Colombia, CINEP, 2013.

Bermúdez Rico, Rosa Emilia (coord.), Mujer y Minería. Ámbitos de análisis e impactos de la minería en la vida de las mujeres, enfoque de derechos y perspectiva de género, Encuentro Latinoamericano Mujer y Minería, Colombia, 2012.

Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE), Los problemas creados por la mina Marlín-Goldcorp, en San Marcos, Guatemala, 2012.

Delgado-Ramos, Gian Carlo (Coord), Ecología Política de la minería en América Latina, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México, 2010.

Macleod Morna; Pérez Bámaca Crisanta, La lucha de Doña Crisanta contra Goldcorp. En defensa de la Madre Tierra, Sentir lo que siente el otro y el buen vivir, México, 2013.

Mijangos, Miguel Ángel, La nueva fiebre del oro. Comunidades afectadas por la empresa minera Goldcorp. Tribunal Popular Internacional de la Salud, 2013.

Sabas, Nancy, La mina Marlín y la resistencia de las mujeres, Revista Rebelión, Guatemala, 2015.

Salazar Hilda; Rodríguez Maritza, Miradas en el territorio. Cómo hombres y mujeres enfrentan la minería, Heinrich Böll Stiftung México, Centroamérica y El Caribe, 2015



Oro verde: conoce uno de los únicos casos de minería verde y digna

Fue el 1er. modelo de certificación social y ambiental de metales preciosos en el mundo; llegó a beneficiar a más de 1300 mineros artesanales y a proteger más de 7900 hectáreas de bosque húmedo tropical.

Foto:idea.me

Colombia, en similitud con la mayoría de los países de Latinoamérica, tiene el privilegio de ser un territorio caracterizado por sus riquezas naturales: su biodiversidad, sus extensos reservorios de agua dulce, yacimientos petroleros, metales preciosos, etc. Paradójicamente, esta abundancia convive con realidades duras, graficadas -en parte- por cifras que indican que la pobreza afectaal 30,7 % de la población (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2013).

En este contexto, es preciso indagar sobre formas de aprovechar los bienes naturales de un modo social y ambientalmente justo, que permitan mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Esta pregunta se la formularon los impulsores del proyecto Oro Verde, quienes encontraron una forma innovadora de conciliar la extracción minera y el respeto por la naturaleza, demostrando que “la minería y la destrucción del medio ambiente no eran dos caras de la misma moneda, y que podían desarrollarse mercados que generen oportunidades para los mineros que querían proteger la biodiversidad de su territorio” (“Actualización de Oro Verde y AMICHOCÓ”, 2014)

El Programa Oro Verde surge en una de las regiones más castigadas de Colombia, la región del Chocó, que además de ser reconocida por las condiciones precarias en las que habita su población,  es uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta. Muchas de las especies de animales y plantas que allí se encuentran, son especies que solo están presentes en este lugar, es decir, son endémicas. El cuidado de esta biodiversidad resulta clave, teniendo en cuenta las declaraciones del Sistema de Información Ambiental Territorial del Pacífico Colombiano (2012)[i]:

del bosque húmedo tropical salen los componentes de la mitad de las medicinas que se fabrican en el mundo. La Biodiversidad misma de sus ecosistemas y de las formas en que se relacionan entre sí, son fundamentales para el avance de la investigación genética, que hacia el futuro será fuente principal de los desarrollos tecnológicos e industriales. Por eso se afirma que esta Biodiversidad será una importante fuente de poder y riqueza, información que debe ser apropiada por las comunidades y ponderada para la proyección de un verdadero desarrollo sostenible sin agotar nuestros recursos de manera irracional (p.2).

A partir del interés por estos ejes –el cuidado de la biodiversidad y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población- nace en el año 2000 el programa Oro Verde en alianza con tres organizaciones comunitarias locales: los Consejos Comunitarios Mayores de Condoto (COCOMACOIRO) y Tadó (ASOCASAN) y la Fundación Las Mojarras, que lograron crear el primer modelo de certificación social y ambiental de metales preciosos en el mundo llegando a beneficiar a más de 1300 mineros artesanales y a proteger más de 7900 hectáreas de bosque húmedo tropical. La sustentabilidad del programa se fundamentaba en el cumplimiento de diez criterios de certificación:

La mayoría de estos ítems nacieron fundamentados en las prácticas tradicionales de la minería artesanal, que históricamente y de manera voluntaria se adecuaban a los principios de sustentabilidad ecológica.  Por lo tanto, la aplicación de estos criterios también aporta a larecuperación y conservación de las prácticas mineras ancestrales. Fomentar estos métodos, significa un enorme beneficio, teniendo en cuenta la devastación, contaminación y marginación que genera la minería mecanizada “el anillo de oro que posee cualquier hijo de vecino, sobre todo los casados, pesa entre dos y tres gramos. Para obtener ese pequeño (o gran) lujo se dinamitó y trituró media tonelada de roca y se utilizaron millones de litros de agua que permanecerán, por siempre, contaminadas (Periódico MU, 2011).

Para comerciar el oro ecológico, los metales que comercializa Oro Verde son vendidos en joyerías éticas que se sumaron al programa, con un sobre precio del %15 sobre el precio internacional. Esta prima la reciben enteramente los mineros, que además de significarles un incentivo para la adopción de estas prácticas, les permite optar por la diversificación de las actividades productivas de sus unidades familiares, como pueden ser la agroforesteria o la agricultura, lo que posibilita la recuperación de las áreas intervenidas con especies alimenticias típicas de la zona.

Actualmente, luego de más de una década de labores, el Programa Oro Verde ha dejado de funcionar en la Región de Chocó, pero su trabajo pionero fundó las bases para la creación de la Alianza por la Minería Responsable (ARM), que hoy día trabaja por el desarrollo sostenible de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) en distintos países de América Latina, África y Asia, a través de una red mundial de expertos, mineros organizados y aliados.

Para concluir, considero que la experiencia transitada por Oro Verde y el trabajo que lleva adelante actualmente ARM, sirve como  impulso para la búsqueda de nuevas posibilidades en el  desarrollo de actividades productivas, que tengan impactos positivos en las comunidades a corto y largo plazo y, sobretodo, que puedan  prosperar en armonía con la naturaleza. También, es fundamental, que como consumidores tomemos un rol activo, y consultemos sobre el origen de lo que consumimos. Sería bueno que pongamos en práctica aquello que escuche hace un tiempo: “poné tu dinero donde ponés tus ideas”.

Twitter de la autora:@candearocena

Autora: Candela Arocena en una colaboración para el Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales

Notas

[i]El IIAP tiene la función de promover el conocimiento de los recursos naturales

renovables y del medio ambiente de la región chocoana y su utilización, fomentar el uso de tecnología apropiada y dictar disposiciones para el manejo adecuado del singular ecosistema chocoano y el aprovechamiento sostenible racional de sus recursos naturales renovables y no renovables, así como asesorar a los municipios en el proceso de planificación ambiental y reglamentación de los usos del suelo y en la expedición de la normatividad necesaria para el control, preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural de las entidades territoriales.

 

Referencias

 –         Actualización de Oro Verde y AMICHOCÓ (2014). Recuperado de: http://www.responsiblemines.org/es/mas-noticias/580-actualizacion-de-oro-verde-y-amichoco

 –         Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2013). Se estanca la reducción de la pobreza y la indigencia en la mayoría de los países de América Latina. Recuperado de: http://www.cepal.org/es/comunicados/se-estanca-la-reduccion-de-la-pobreza-y-la-indigencia-en-la-mayoria-de-los-paises-de

–         Periódico MU  (2011). “Las minas de la polémica: Breve recorrido por los 17 emprendimientos más controvertidos de Argentina”.Recuperado de: http://www.lavaca.org/notas/las-minas-de-la-polemica-breve-recorrido-por-los-17-emprendimientos-mas-controvertidos-de-argentina/

–         Sistema de Información Ambiental Territorial del Pacífico Colombiano (2012). “Chocó…. Tesoro de biodiversidad”. Recuperado de: http://www.iiap.org.co/filenoticias/10092012_cidea.pdf



Las ciencias de la sostenibilidad y las políticas públicas (un nuevo escenario)

Las CS están en camino de convertirse en una herramienta imprescindible para los gobiernos. Sus éxitos y fracasos estarán influenciados por el (des)acoplamiento con las PP y los tomadores de decisiones.

Las Ciencias de la Sostenibilidad (CS) y las Políticas Públicas (PP) son dos caras de una misma moneda. Ambas disciplinas están enfocadas en resolver problemas. Las CS los definen como problemas “perversos” y las PP se limitan a definirlos como problemas públicos. El problema de los valores es otra característica que comparten, siendo fundamental admitir que los tomadores de decisiones tendrán siempre una carga valorativa que influirá en su elección. Comprender las dos disciplinas en conjunto ayudará a generar decisiones mejor fundamentadas y – muy posiblemente – con mayor probabilidad de éxito.

Las CS se definen como el cuerpo de investigaciones transdisciplinarias que aborda las interacciones entre los sistemas naturales y sociales, buscando la reducción sustancial de la pobreza y la conservación de los ecosistemas (Kates et al., 2011). A diferencia de las ciencias exactas y positivistas, sus criterios se basan en el realismo crítico, el cual propone que nada es absoluto. El conocimiento es falible, corregible y tiene sesgos culturales. Por lo tanto, no existe una mejor solución o una formulación definitiva de un problema. La finalidad de las CS es proporcionar una gama de soluciones que sean factibles y que consideren los stakeholders clave de los sistemas socio-ecológicos.

A su vez, las PP son un proceso integrador de decisiones, acciones, acuerdos e instrumentos, ejecutado por autoridades públicas encaminado a solucionar una situación definida como problemática. La política pública hace parte de un sistema, el cual se pretende modificar o mantener (Velásquez, 2009). La mejor política pública muy pocas veces será la que esté basada en una propuesta técnica, por el contrario se considera que la mejor política pública será aquella que este legitimizada entre los diversos actores que serán impactados por sus resultados (Arellano y Blanco, 2013). Un enfoque que actualmente predomina en la estructuración de PP es el económico, ya que los gobiernos siempre trabajan con recursos limitados. No obstante, este enfoque ha sido criticado por no considerar los problemas de manera holística (Sour, 2009). Además del enfoque económico, se tienen que considerar el organizativo, el político y el legal (Aguilar, 2006).

Los conflictos que actualmente apremian a la humanidad son de una naturaleza compleja. Por tal motivo se requiere mayor información para poder formular una solución – o por lo menos un paliativo – que pueda ser efectivo. Las CS se convierten en una vía para conocer las distintas dimensiones de un problema. Considerando el ciclo de políticas públicas propuesto por Eugene Bardach (1998) las CS se insertarían en los primeros tres pasos: Conceptualización del problema, obtención de información y construcción de alternativas. Para que las CS tengan un mayor impacto es imprescindible que la construcción de alternativas contemple los enfoques que están utilizando los policy makers para la instrumentación de las soluciones. De lo contrario, las propuestas no podrán ser aterrizadas porque no se cuentan con las condiciones necesarias para ello.

El economista Otto Neurath escribió hace tiempo la “metáfora del marinero” la cual es útil para describir el quehacer de las personas dedicadas a las CS y a las PP: como marineros que en alta mar tienen que cambiar las formas de su embarcación para hacer frente a los destrozos de la tempestad. Para transformar la quilla tendrán que usar maderos a la deriva o tal vez tablas de la vieja estructura. No podrán, sin embargo, llevar la nave a puerto para reconstruirla de nuevo. Y mientras trabajan tendrán que permanecer sobre la vieja estructura y luchar contra el temporal, las olas desbocadas y los vientos desatados.  

Ambas (SC y PP) trabajan constantemente con recursos limitados (tecnológicos, humanos, temporales, económicos e institucionales). Por tal motivo tienen que hacer uso de los recursos disponibles en el momento (maderos a la deriva) para poder sortear las olas desbocadas y los vientos desatados (problemas emergentes). En este sentido “llegar a puerto” se vuelve un anhelo inalcanzable ya que una de las características de los problemas perversos es que las soluciones a los mismos generan otros problemas.

En conclusión, las CS están en camino de convertirse en una herramienta imprescindible para los gobiernos. Sus éxitos y fracasos estarán influenciados por el (des)acoplamiento con las PP y los tomadores de decisiones.

¡La suerte está echada!

 

Twitter del autor: @Erick_ARS

Erick Alberto Rodríguez estudia la maestría en el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad en la UNAM

Una colaboración de la Red Ambiental Mexicana.

 

Bibliografía

Aguilar Villanueva, Luis F. (2006), Gobernanza y Gestión Pública, FCE. 500pp.

Arellano, D. y Blanco, F. (2013). Políticas Públicas y Democracia. Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, No. 30. México: Instituto Federal Electoral. íntegro, 63 pp.

Kates R.W. 2011.What kind of a science is sustainability science?. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(49):19449-19450.

Laswell, Harold D. (1994) “La orientación hacia las políticas”, en: Luis F. Aguilar Villanueva (comp. Y ed.) op. Cit, pp. 79-103.

Sour, Laura (2009). “El enfoque económico en el estudio de las políticas públicas”, en Mauricio Merino et al., Enfoques de políticas públicas, México, CIDE, pp. 133-156.

Velásquez, Raúl. (2009) Hacia una nueva definición del concepto “política pública”. En Revista Desafíos, Bogotá, Colombia (20) 149-187.

Bardach, Eugene (1998). Los ocho pasos de las políticas públicas. CIDE. México, 254pp.



Políticas públicas desde la sociedad civil para un México Sostenible, la Red Ambiental Mexicana

Día Mundial del Medio Ambiente: 4 propuestas legislativas en materia de agua, bosques, energía y educación, que buscan un México Sostenible

En la Red Ambiental Mexicana (RAM) todas nuestras acciones están orientadas hacia un sólo objetivo: que México sea un país sostenible. Para lograrlo, es urgente la necesidad de difundir información, actuar colectiva y solidariamente en un mundo cada vez más complejo. 

Las 14 organizaciones que integramos la RAM, nos sumamos a la iniciativa del Día Mundial del Medio Ambiente #DMMA, para alzar nuestra voz e informar sobre la situación de cuatro temas fundamentales pendientes de resolver en el Congreso de la Unión: educación para el desarrollo sostenible, agua, energías renovables y bosques.  

CONTEXTO: 7 mil millones de sueños. Un solo Planeta. Consume con moderación

Hace 42 años la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que el 5 de junio de cada año sería el Día Mundial del Medio Ambiente (DMMA), con el propósito de crear conciencia ambiental e impulsar a la acción sobre temas específicos. Hoy en día, más de 100 países lo celebran. En este 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) promueve el eslogan: “7 mil millones de sueños. Un solo Planeta. Consume con moderación” con la finalidad de sensibilizar a la población acerca del actual patrón de consumo desmedido de recursos naturales, que va más allá de la capacidad del planeta para producirlos de manera sostenible. La ONU estima que de continuar los patrones de consumo actuales, para el año 2050,  considerando que la población mundial será de 9.6 mil millones de personas, se necesitarían tres planetas para mantener nuestros actuales modos de vida y consumo.

La clave está en la moderación. La ONU a través de este mensaje nos invita a vivir tomando en cuenta el límite del planeta, a hacer más con menos, para asegurar un futuro sustentable para las más de 7 mil millones de personas que en él habitan. Alcanzar la prosperidad, sueño de muchos, no tiene porqué significar un costo para la Tierra si se vive de manera sostenible.

Como mencionamos anteriormente, el DMMA también tiene como propósito impulsar a la acción. Año con año, cientos de miles de personas adoptan compromisos y llevan a cabo acciones por el medio ambiente en este día. El año pasado, de acuerdo a las cifras de la ONU, el DMMA registró un total de 9700 acciones, tres veces más en que los dos años anteriores.

Por eso la RAM invita a las y los legisladores que hagan algo por el planeta y en favor de la construcción de un México Sostenible, aprobando las cuatro leyes que van contribuir a generar energía de fuentes renovables, tener bosques sustenibles, gestionar el agua con visión de cuenca y educación para el desarrollo sostenible.

 

#RAMEducación

Reforma al tercero Constitucional: Educación para el Desarrollo Sostenible

El desarrollo de sociedades sostenibles no puede  pensarse sin la gestión de un modelo sistémico, un pensamiento holístico y el sentido de la cooperación. Orquestar estrategias, articular actores y mecanismos clave, son tareas prioritarias por atender con el fin de integrar los principios, valores y prácticas del desarrollo sostenible en las políticas públicas, programas y sistemas de enseñanza de nuestro país.

El Desarrollo Sostenible es una visión que abarca el respeto por todas las formas de vida — humana y no humana — y los recursos naturales,  la reducción de la pobreza, la igualdad de género, los derechos humanos, la educación para todos/as, la salud, la seguridad humana y el diálogo intercultural.

La incorporación en el imaginario colectivo del enfoque de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), en la legislación mexicana y la política educativa, son estrategias fundamentales para la lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Por ello, hemos diseñado nuestro planteamiento a partir del análisis de tres documentos: 

  1. Iniciativa de reforma del Diputado José Humberto Vega Vázquez, hoy en el Senado de la República. 
  2. Ruta crítica de modificaciones necesarias en el marco normativo nacional para la incorporación de los conceptos fundamentales en la construcción de la educación para el desarrollo sustentable.
  3. Análisis documental del estado actual de la Educación para el desarrollo sostenible en los instrumentos jurídicos internacionales y su relación con los compromisos nacionales.

Basados en estos documentos,  proponemos  nueve modificaciones al artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de incorporar los principios de la educación para el desarrollo sostenible, bajo los conceptos de “sostenibilidad/sustentabilidad”, dictados por la conferencia de Naciones Unidas respecto al tema. Además de cumplir con los lineamientos internacionales dictados por instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en materia de educación.

México se caracteriza por reflejar una política internacional acorde a las exigencias de la realidad, es momento de que empecemos a aterrizar el discurso internacional en nuestras leyes en materia educativa.

 

#RAMAgua 

Ley General de Aguas

México se encuentra en un momento decisivo para la publicación de una nueva Ley General de Aguas. Su discusión identifica dos posturas claramente definidas:

La Propuesta Oficial observa al agua como un recurso de extracción y se concentra en la manera de distribuirla aún mediante trasvases entre cuencas. Además, presenta condiciones para fomentar en mayor medida la participación de la iniciativa privada en las obras, así como en los aspectos de administración, operación y distribución del agua potable.  Lo que implica una visión mercantilista en la gestión del agua.

Por otro lado, la Propuesta Ciudadana conceptualiza al agua como un elemento fundamental para el ambiente; señala a los ecosistemas como consumidores primarios de este elemento y apuesta por proteger los procesos del ciclo hidrológico. Propone una mayor participación social a través del fortalecimiento de los consejos de cuenca y una vigilancia estrecha a las concesiones para efecto de la transparencia y rendición de cuentas, en la búsqueda de  nuevos esquemas de gobernanza para su gestión.

Queda claro que el resultado de tal debate deberá responder con claridad a la lógica de que tener cuencas sanas significa contar con agua de buena calidad y esto requiere necesariamente de un  análisis profundo de los siguientes principios:

  • No perder de vista el enfoque de cuenca como unidad básica de planeación y gestión.
  • Respetar el papel fundamental del agua en los procesos ecológicos y el derecho que tienen los ecosistemas de tener acceso este elemento en cantidad y calidad suficientes.
  • Fomentar la participación social y académica activa.
  • Mantener una estrecha vigilancia -desde la sociedad y academia- sobre las obras y gastos públicos.
  • Fortalecimiento y funcionalidad real de los consejos de cuenca
  • Reglamentación clara de la ley que defina los procesos de consumo y aprovechamiento del agua.

 

#RAMBosques 

Los Bosques construyen un México Sostenible

El 23 de abril de este año fue presentada ante la Cámara de Diputados la iniciativa para una nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Se trata de una propuesta construida con base en el diálogo entre la Comisión de Medio AMbiente de la Cámara de Diputados y diferentes actores del sector forestal, por lo que incluye la visión de los sectores: industrial, académico, productores, organizaciones sociales e indígenas. 

Es una ley que busca concretar una visión productiva de los bosques, en la cual la gente que vive en ellos pueda vivir dignamente creando negocios sostenibles. El objetivo, que México sea un país competitivo en términos forestales.

Para ser un país forestal competitivo es necesario que las instituciones sean eficientes y que su actuar fomente el aprovechamiento sustentable y buen manejo de los bosques. Por ello, esta iniciativa otorga nuevas facultades para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para enfocarse más en la inspección y vigilancia del mercado; es decir, PROFEPA va a poder intervenir en la venta al público de los productos forestales y no únicamente en su manejo, transporte, almacenamiento y transformación, requiriendo se demuestre la legal procedencia de éstos. Al estar obligados los puntos de venta a demostrar la legal procedencia, son ellos quienes fortalecen la legalidad y la formalidad en los ejidos y comunidades productoras. Esto quita presión a las comunidades productoras de parte de PROFEPA y promueve que desde el mercado se garantice que los productos forestales están hechos con materias primas legales. 

También se busca contar con herramientas que fomenten la transparencia del sector y que sea más sencillo para quien comercializa y compra productos forestales, identificar si proceden de un predio con permiso de aprovechamiento. Por eso se propone que el Registro Forestal Nacional sea público y accesible para todas las personas.

La aprobación de esta ley forestal contribuye a la construcción de un México sostenible, porque se asegura la existencia de nuestros bosques, a través de su buen manejo y aprovechamiento sustentable, logrando que puedan competir con otras actividades como la minería, agricultura o ganadería. 

 

 

#RAMEnergía

Cambio climático y transición energética

El cambio climático es uno de los mayores retos ambientales que enfrenta el mundo. En el caso de México, el territorio, la economía y la población son extremadamente vulnerables a los efectos negativos del fenómeno. A pesar de ser un país en desarrollo, México es el 12° mayor emisor de gases de efecto invernadero, principalmente por las actividades de transporte y la generación de energía, altamente dependientes de la quema de combustibles fósiles. En ese sentido, resulta urgente transitar hacia un desarrollo bajo en carbono, basado en el impulso de las energías renovables y la eficiencia energética.

México se encuentra en un momento decisivo para avanzar hacia una transición energética sustentable y dejar atrás la dependencia del petróleo. Sin embargo, la Ley de Transición Energética (LTE), que es la única ley que protege al medio ambiente y promueve el uso de energías renovables dentro de la Reforma Energética, continúa detenida en el Senado mexicano. Sin la aprobación de la Ley, México no cuenta con los mecanismos ni incentivos necesarios para la promoción de las energías renovables, su desarrollo y despliegue a lo largo del territorio nacional, con ventajas parejas y competitivas frente a los hidrocarburos, por lo que no podrá cumplir sus compromisos nacionales e internacionales en materia de reducción de emisiones y transición energética. Es por ello que la Red Ambiental Mexicana urge a los senadores a aprobar la LTE en beneficio de quienes habitamos en este país y avanzar en la construcción de un México sustentable. 

Conclusión

En la Red Ambiental Mexicana #RAM, creemos que México puede ser un país Sostenible. Para lograrlo es necesario contar con una legislación que promueva una visión diferente de país, un buen inicio sería que las y los legisladores aprueben las propuestas de leyes (Educación para el Desarrollo Sostenible, Agua, Bosques y Transición Energética) construidas a partir del diálogo con la sociedad civil.

Estos cuatro temas, hasta ahora son temas pendientes de la agenda nacional y el Día Mundial del Medio Ambiente es una excelente oportunidad para exigirles a nuestros representantes en el Congreso de la Unión que legislen en beneficio del ambiente y la construcción de un México Sostenible.

Estas iniciativas son un ejemplo de que la sociedad quiere participar en el diseño y construcción de un país que se desarrolle sin comprometer los recursos naturales de las generaciones futuras.

Tener el futuro sostenible que nos imaginamos es posible. 

Te invitamos a conocer, difundir y sumarte a través de Facebook: https://www.facebook.com/pages/Red-Ambiental-Mexicana o Twitter @RedAmbientalMex



Top 10: países más responsables con el medio ambiente

El Enviromental Performance Index, creado para medir las metas ecológicas de los Objetivos del Milenio, devela la lista de los países más ecoamigables desde sus políticas públicas

La cultura innata de cada nación, pero también la promovida por los medios de comunicación y la publicidad, han generado distintos hábitos. También, los gobiernos generan cultura con la aplicación de las leyes. En el tópico del medio ambiente, la calidad ecológica depende de esos tres factores: la cultura inherente del país, la cultura formada a partir de la globalización (sobre todo la relacionada al consumo) y las prácticas desde el gobierno a partir de las políticas públicas.

De esta manera, aunque existe un sistema que privilegia el consumo a nivel global, cada país ejerce sus propias prácticas que favorecen o no al medio ambiente y, finalmente, a toda la vida en conjunto. El Enviromental Performance Index es una medición, que se aplica a nivel global, de los países más amables con el medio ambiente; sus antecedentes fueron otros índices que se comenzaron a aplicar a partir de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU. Hoy han evolucionado al EPI, que es elaborado en conjunto cada año por la Universidad de Yale, la Universidad de Columbia, el Foro Económico Mundial (aunque suele considerarse de dudosos inetereses), la Samuel Family Foundation y la McCall MacBain Foundation.

El EPI 2014 este año clasificó a 163 países con 25 indicadores que miden la salud del medio ambiente en aspectos como impactos en la salud, calidad del aire, agua y saneamiento, recursos acuíferos, agricultura, bosques, hábitat y biodiversidad, clima, energía y pesca. Este índice mide, sobre todo, la efectividad de las políticas aplicadas en cada país para proteger el medio ambiente; por ello, sirve de referente para promover mejoras.

Los ganadores:

Suiza: obtuvo excelencia en impactos a la salud relacionados con el medio ambiente con un 100 de 100, consiguió un increíble 100% en temas relacionados con agua y saneamiento (es decir, trata la totalidad del agua que consume) y 100% en biodiversidad y hábitat.

Luxemburgo: también obtuvo un 100% en agua y saneamiento, y otro en preservación de biodiversidad y hábitat.

Australia: obtuvo casi la excelencia en calidad del aire y 100% en agua y saneamiento, aunque un pésimo 47% en clima y energía.

Singapur: un país que sorprende por encontrarse en el sureste asiático, una nación que se encuentra aún en desarrollo, obtuvo un 100% en biodiversidad y hábitat y en agua y saneamiento.

República Checa: con un excelente puntaje en biodiversidad y hábitat, agua y saneamiento e impactos ambientales, falla en un 45.05% que sacó en el tema de los bosques.

Alemania: es de los países que más cuida su aguas y biodiversidad, aunque en pesca consiguió un bajísimo 13.4%. Esta nación fue de las primeras en incorporar en sus ciudades, por ejemplo, zonas ecológicas donde sólo pueden entrar automóviles acreditados como emisores de pocas cantidades de carbono.

España: es de los pocos países que casi alcanzan un 100% en calidad de aire, y en clima y energía es uno de los más altos, con un 81.84%.

Austria: con un 100% en tratamiento de agua y en impactos a la salud este país, cuya superficie está comprendida en un 46% por bosque, tiene una larga tradición de protección a este ecosistema.

Suecia: es un país experto en aprovechar, sobre todo, sus recursos acuíferos. Es conocido por ser una de las naciones que más dependencias de gobierno tiene para proteger al medio ambiente.

Noruega: su manejo de agua y aire es notable. Este país es conocido por transformar su basura en combustible. Se cree que, para 2030, esta nación manejará sólo energías sustentables.       

En la anterior lista la mayoría de los países suelen fallar en el tenor de pesca y bosques, siendo estos dos recursos los más amenazados por la explotación. Como contraparte, los peores países en el cuidado al medio ambiente son Afganistán, Lesoto, Haití, Malí y  Somalia.

 

 

 

 

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