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Las políticas públicas como defensa ante Megaproyectos

El ejercicio de gobernar requiere de diferentes herramientas legales que sirven como estrategia para la solución a los problemas internos que tiene un país de tipo social, económico político y/o ambiental. En el ámbito social, una de estas herramientas son las políticas públicas, definidas como “las sucesivas respuestas del Estado (del “régimen político” o del “gobierno de turno”) frente a situaciones socialmente problemáticas” (Salazar, 1994). Teniendo como base el hecho de que las políticas públicas son respuestas para solucionar problemas, el objetivo del presente ensayo es resaltar la necesidad de integrar los diferentes actores, que participan o se ven afectados en la construcción de un megaproyecto, con el fin de formular e implementar  políticas públicas que sirvan como una estrategia para la protección de la comunidad.

Durante los últimos siglos se ha hablado de desarrollo como uno de los temas con mayor transcendencia alrededor del mundo. En efecto, los países con mayores recursos económicos (países desarrollados o industrializados) y con madurez tecnológica, buscan crecer cada día más adquiriendo beneficios y poder de y sobre los otros. De este modo, los países en vía de desarrollo abren sus puertas para que las industrias extranjeras puedan ampliar sus negocios y explotar los recursos que ellos no tienen en abundancia. Sin embargo, estas acciones han generado el detrimento de los recursos naturales y a su vez conflictos sociales, los cuales no han podido ser minimizados ni con la implementación de políticas públicas, que técnicamente deberían servir como un instrumento de protección a la población afectada por las decisiones de los gobiernos.

Las políticas publicas cumplen un papel fundamental en el momento de dirigir un país, ya que por medio de ellas es posible generar acuerdos entre el Estado y la sociedad. Estos acuerdos, tienen como finalidad establecer reglas y acciones que den respuesta a la necesidades de comunidades, la cuales han sido afectadas o vulneradas por actividades antrópicas, que han deteriorado sus terrenos y cambiado las dinámicas sociales, económicas y culturales. No obstante, estas políticas no han sido entendidas como una herramienta para la protección de la población por parte del gobierno, ni como una estrategia de participación ciudadana en la toma de decisiones; por el contrario, la población cada vez es más ajena a los procesos políticos y a su vez, el gobierno incentiva la entrada de inversionistas extranjeros al país sin el consentimiento de los gobernados.

Estas afirmaciones se ven reflejadas en la Evaluación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en Guatemala, ya que en el se expone la preocupación existente por la falta de participación de los grupos indígenas en la toma de decisiones públicas y políticas a nivel nacional. Adicional a esto, en el mismo documento se afirma que los pueblos indígenas no participan en las consultas comunitarias y tampoco en las ganancias generadas por la explotación de los recursos que se extraen de sus territorios. En efecto, estos territorios se ha visto deteriorados por las actividades mencionadas y no han recibido reparaciones por parte de las industrias ni del gobierno.

Por otro lado, uno de los problemas que se pueden evidenciar en las políticas públicas es la falta de imparcialidad, ya que es el Estado el que lidera dichas iniciativas para la entrada en agenda de una política y como dice Salazar (2010), “una política pública es todo lo que el gobierno escoge hacer o no hacer”. Esta afirmación se podría argumentar con el concepto “constructos de acción colectiva” que da Michel Crozier (1990), ya que  los define como las soluciones que crean los actores autónomos con sus recursos y capacidades particulares para la solución a los problemas que plantea la comunidad. Estas soluciones pueden ser indeterminadas y arbitrarias.

 

 

Imagen 1. Visita de auditores de Cajamarca al proyecto Conga

Fuente: Megaproyectos. Observatorio de la gran inversión en el Perú. 2014

Asimismo, las políticas públicas no están hechas teniendo en cuenta las dinámicas sociales de cada comunidad en estudio, es decir, que la formulación y ejecución crea una brecha entre los objetivos de la política y lo que realmente sucede en la realidad inmediata. Esta afirmación se puede ver respaldada por el concepto de capital social descrito por Elinor Ostrom (2003), donde sustenta que al trabajar en grupo, repartiendo responsabilidades y teniendo como base normas y reglas definidas, se pueden obtener mejores resultados en el momento de gobernar. Un ejemplo de esta brecha puede ser representada por el caso colombiano, debido a que las políticas no responden a las necesidades de las comunidades que se encuentran inmersas en conflictos ambientales y sociales. Dichos conflictos son causados por los planes de desarrollo del gobierno, los cuales  tienen como objetivo buscar un crecimiento económico bajo la premisa de  proporcionar garantías a las industrias de explotación de recursos naturales no renovables como el petróleo, minerales y otros materiales económicamente rentables. 

Las consecuencias de estas dinámicas políticas y sociales se pueden ver reflejadas en el deterioro ambiental, los despojos de tierras, el desplazamiento, las enfermedades por las malas practicas industriales y la contaminación de los recursos naturales. Un ejemplo de esta afirmación se encuentra ubicado en la Amazonía Ecuatoriana, la cual sufrió un desastre ambiental debido a derrames de barriles de oleoducto a raíz de las malas prácticas realizadas por la compañía Chevron. A pesar de estas calamidades y de algunas normas que aún controlan las practicas industriales, no se ha logrado evitar que se sigan generando impactos negativos a nivel ambiental y social. Por esta razón, en el proceso de formular una norma o estrategia (leyes, políticas publicas, decretos, entre otros), es necesario dar apertura a la participación de los diferentes actores con el fin de diseñar un política democrática , donde exista un debate público y se pueda legitimar la acción gubernamental en una plataforma de transparencia y rendición de cuentas. Haciendo esto, es más probable que  se alcancen los objetivos propuestos, se minimicen  los impactos ambientales y conserve la biodiversidad autóctona de cada región.

Tanto el petróleo como otros recursos no renovables que se explotan en algunos países latinos, hacen parte de lo que Ostrom llama capital físico, puesto que de ellos se obtendrán beneficios económicos a futuro y que a su vez requiere de numerosas obras  para su funcionamiento. Sin embargo este capital “es la amenaza de la destrucción de la humanidad”, debido a los efectos colaterales que se han generado por la ausencia de estrategias para administrar los recursos ambientales de una manera sostenible. A esto se le suma el capital humano que ha sido, en muchas ocasiones, subvalorado debido a que la gran mayoría son campesinos con pocas oportunidades de estudio o que simplemente han escogido dicho trabajo como medio de sustento económico. Bajo estas circunstancias, se deben considerar todos los atributos que tiene la comunidad y el territorio para generar estrategias de participación e inclusión, en las cuales se potencialicen las habilidades de la población y se tengan en cuenta buenas prácticas de producción para el beneficio de todo un país.

Finalmente, es necesario que se generen espacios de dialogo en donde  la sociedad y el gobierno puedan generar políticas públicas más incluyentes y en las cuales no se subyuguen los derechos humanos de las comunidades que han vivido en armonía con su entorno.

 

Autora: Carmen Angélica Lamprea Abril. Una colaboración para el @celeam_latam

angielaab@gmail.com

 

Referencias

–       El actor y el sistema: Las restricciones de la acción colectiva. Michel Crozier y Erhard Friedberg 1990

–       La definición de políticas públicas. Carlos Salazar Vargas. 2010

–       Una perspectiva del capital social desde las ciencias sociales: capital social y acción colectiva. Elinor Ostrom y T. K. Ahn. 2003

–       Imagen disponible en: http://www.chilesustentable.net/participacion-ciudadana-anteproyecto-de-la-norma-primaria-de-calidad-ambiental-para-material-particulado-fino-respirable-mp-25/

 

 

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