Expertos te explican por qué la explotación eólica del Istmo solo favorece a las corporaciones

A veces al escuchar el concepto de energía verde nuestra impresión es positiva, pero incluso esta puede estar disfrazada: un grupo de expertos explica el caso del Istmo.

Foto:noticiasnet.mx

Ante una serie de irregularidades en torno a la puesta en marcha del megaproyecto Eólica del Sur, más de mil indígenas zapotecos se ampararon para detener todas las autorizaciones, permisos, vistos buenos, aprobaciones, licencias y cambios de usos de suelo. El pasado 12 de octubre en el Centro Nacional de Comunicación Social se informó sobre la suspensión del proyecto Eólica del Sur (nota de Proceso). A continuación se transcribe el posicionamiento del Grupo Asesor.

El Grupo Asesor para la consulta indígena en Juchitán de Zaragoza está conformado por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Colegio de Postgraduados y la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad.

En los últimos años, la implementación de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec ha causado muchos conflictos debido a que ha estado acompañada del despojo de las comunidades locales, la exclusión de la población en la toma de decisiones, graves impactos ambientales, opacidad en los beneficios económicos y el menosprecio a las opiniones de los especialistas. El modelo de explotación eólica imperante en el Istmo favorece a las empresas desarrolladoras, limitando los beneficios para las comunidades locales y acrecentando el rechazo social a los proyectos. Actualmente, la zona no cuenta con un estudio regional que evalúe los impactos acumulativos tanto ambientales como sociales. La falta de este estudio es sumamente grave si tomamos en cuenta que otorgar permisos para construir más parques en la región es una prioridad para el Gobierno Federal.

En 2014, la SEMARNAT autorizó el proyecto Eólica del Sur con la condicionante de que se realizara una consulta de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, esta consulta no resultó ser ni previa, ni libre, ni informada, ni culturalmente apropiada. Por otra parte, el grupo asesor no contó con la disposición de la Secretaría de Energía para la entrega de la información que solicitamos reiteradamente para la realización de una evaluación científica en los aspectos social y ambiental con el detalle necesario, ni tampoco se nos abrió un espacio a lo largo de la consulta en Juchitán para presentar el resultado de nuestra investigación, a partir de la cual, detectamos una serie de inconsistencias en la autorización de impacto ambiental, por ejemplo:

Existe un conflicto de interés en su elaboración y autorización debido a que el Socio Fundador de la empresa que elaboró la Manifestación de Impacto Ambiental es actualmente el Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Nuestros análisis muestran que existe falsedad de información y que el promovente pretende talar el 100% de la superficie selvática sin proponer ninguna medida de compensación. La omisión deliberada de información presentada por la empresa hace imposible que exista una evaluación real del impacto acumulativo de las plantas eólicas a nivel regional. Se menosprecia la importancia biológica de esta zona, que es un sitio fundamental para el Corredor Biológico Mesoamericano. Los muestreos de fauna son insuficientes y tienden a subestimar los impactos reales del proyecto. De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental, de los 147 impactos que se generarán, el 82% corresponde a impactos negativos, mientras que únicamente el 18% se reconoce como positivo.

Concluimos que la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para el proyecto Eólica del Sur es inaceptable debido a su magnitud y a los impactos ambientales y sociales que generará a mediano y largo plazo.

Una vez más, el gobierno es el promotor del modelo de explotación eólica en el que los beneficios reales quedan fuera de las comunidades locales y en el que los ecosistemas se conciben como el obstáculo a vencer para el desarrollo de infraestructura. Así pues, es evidente que estamos lejos de lograr una transición hacia la generación de energía verdaderamente sustentable.

Atentamente:

Alejandro Castaneira Yee Ben, Fernando Córdova Tapia, Scott S. Robinson, Karen Levy Gálvez, Roberto Serafín Diego Quintana, Alfredo Saynes y Margarito Tapia García.

En la siguiente liga se puede descargar el estudio.

Twitter del autor:@FerCordovaTapia
 


Más de 300 conflictos ambientales han estallado en México en los últimos años

Los grandes megaproyectos que prometen desarrollo, contaminan los recursos naturales, y enriquecen a pocos.

Imagen: Greenpeace

Mientras la mayoría nos mantenemos alejados de la naturaleza con una vida cotidiana en las ciudades, las preocupaciones diarias nos alejan también de su cuidado. 

En la ciudad es preciso reflexionar sobre dónde vienen los productos que consumimos: cuando compramos una botella de agua en la tienda ¿sabías que podría ser de Coca-Cola y Nestlé explotando los mantos friáticos de tu país a costos 5000% menores de lo que la venden?

Cuando compras un teléfono ¿sabías que sus elementos podrían venir de mineras que desplazan comunidades, pagan pocos impuestos, y contaminan el agua?

Todo ello pareciera lejano aunque el equilibrio del planeta depende de esas decisiones de compra y de hacer consciente que en tu propio país, a pocos kilómetros, las marcas que compras podrían estar devastando ecosistemas y también sociedades.

Es una realidad, en México en los últimos años, según una investigación de la revista Contralínea, se han originado hasta 300 conflictos ambientales, la mayoría de ellos mineros. ¿Sabías que desde la administración de Felipe Calderón mineras extranjeras, en los últimos diez años, se han llevado 4 veces más oro que durante el periodo de conquista de México?

La gran mayoría de estos conflictos ambientales suceden en zonas de tierra comunal, donde las personas tienen pocos recursos y poder, por ello es muy sencillo para las grandes corporaciones conseguir las concesiones por parte del gobierno mexicano y despojarlos.

Al ser los afectados personas con poca influencia, pareciera que pocos se enteran de cómo megaproyectos enteros están alterando el equilibrio ecológico, rompiendo el tejido social de miles, originando violencia, y contaminando el entorno, pagando pocos impuestos y enriqueciéndose con los recursos colectivos.

El siguiente cuadro desglosa los sectores y los estados donde más conflictos ambientales se han activado en México en los últimos años. Hay que estar alertas, estos conflictos, por ser ambientales, en realidad son de todos. Si quieres conocer más de este tema puedes dar click a la página del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales donde conocerás casos de toda la región.

 

conflictos ambientales méxico

 



La destrucción en Xochicuautla para construir una carretera por el polémico Grupo Higa en México (FOTOS)

Esta autopista de cuota viola la ley por parte de las mismas autoridades. Trastoca también Áreas Naturales Protegidas.

Foto:masde131

San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, es una comunidad otomí que ha sufrido atropellos a sus derechos como pueblo originario desde hace ocho años cuando comenzó a construirse la carretera de cuota Naucalpan-Toluca.

Cuando un proyecto pretende construirse o hacerse en tierras indígenas, el gobierno mexicano está obligado a hacer consultas públicas a estos pueblos según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo del que México forma parte. Sin embargo, el gobierno no aplicó dicha consulta obligatoria.

El argumento para hacer la carretera es que esta detona el desarrollo económico a los pueblos por los que pasa y entre los sitios que conecta. Sin embargo, los otomíes de la zona, por ser una carretera de cuota, en general no podrán hacer uso de ella. Además, la carretera causará daños a varias áreas naturales protegidas y afectará a casi 300 especies de flora y fauna, algunas en peligro de extinción, y afectará también diversos mantos acuíferos.

La empresa que está construyendo la carretera es Autovan, una filial del Grupo Higa (asociado a casos de corrupción por una de las casas de la esposa del presidente de México, y grupo que encubrió más de 100 millones de dólares mediante empresas fantasmas en paraísos fiscales según los Panama Papers).

Lo más descarado en el caso es que el gobierno ha violado varios amparos concedidos a los otomís. Este 11 de abril irrumpieron en la comunidad cientos de policías estatales, seguidos de personal de la empresa Autovan, filial del grupo Higa. Se destruyeron un centro cultural y casas, además de que se han talado cientos de árboles.

*Si te suena, puedes sumarte a la campaña que apoya a los otomís en su lucha por salvar el bosque acá.

Algunas de las imágenes:

 

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Foto: frentedepueblosindigenas.org

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Foto:frentedepueblosindigenas.org

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Foto: i0.wp.com

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Foto:@droncita

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Foto:Alfonso Flores

Twitter del autor: @AnaPauladelaTD

 



Esta campaña exige salvar a las tortugas de Akumal

El nado de tortuga, aunque suena muy atractivo, en realidad daña a esta especie.

Foto: excursionesenrivieramaya.es

En los últimos años la campañas digitales han conseguido unir a muchas personas en causas que, de no ser por el internet, quizá desconocerían. Afortunadamente el tema ambiental y animalista genera mucha empatía en internet. Son cada vez más recurrentes los logros sociales: como el agua de los mantos acuíferos que ciudadanos mexicanos consiguieron defender de la avaricia de las corporaciones.

Sobre las preciosas tortugas de la bahía de Akumal, en el municipio de Tulum en la Riviera Maya, recientemente se declaró su hogar como refugio de la tortuga marina. Esta tipificación, sin embargo, no ha servido como una verdadera protección para la tortuga por las empresas que hacen paseos de nado esta especie poniéndolas en riesgo. Las tortugas por esta práctica presentan malformaciones, tumores y papiloma.

Las empresas que han continuado con esta práctica, a pesar de que desde el 30 de mayo de 2015 vencieron los permisos expedidos por la Dirección General de Vida Silvestre “DGVS” (Oficio No. SGPA/DGVS/03347/15 del 30 MAR, 2015) son: Cancun Adventures, Aventuras Mayas y Ocean Tours.

Una petición en change.org ha conseguido en poco tiempo más de 6 mil firmas para que la PROFEPA sancione y ponga un alto a estas prácticas que hoy se realizan ilegalmente. Recientemente una noticia ha alegrado a los defensores de las tortugas cuando se anunció que las tortugas verdes han dejado de estar en la lista de peligro de extinción en México y Estados Unidos.

Ahora las tortugas del sur de México merecen también su protección.

Si te suena, únete a la petición acá.



Este defensor de los bosques mexicanos está preso injustamente (y tú puedes ayudarlo)

Por 18 años el líder indígena tlahuico, Ildefonso Zamora, ha defendido el Gran Bosque del Agua .

 Foto: Llamado de auxilio realizado por comuneros para defender el Gran Bosque del Agua.

Desde hace decenios las áreas del Parque Nacional Lagunas de Zempoala, en México, han sido taladas clandestinamente. En particular, un caso de agresiones contra defensores ambientales ha generado indignación entre organizaciones sociales como Greenpeace y el Centro Prodh: el de la familia Zamora.

Ildefonso Zamora y su familia han defendido los bosques de San Juan Atzingo desde 1998. Las repercusiones para ellos han sido enormes. En el 2007 Aldo Zamora, hijo de Idelfonso, fue asesinado.

Ese mismo año el gobierno de Felipe Calderón dio un reconocimiento a los comuneros por su labor en defensa de los bosques y aseguró que habría justicia por la muerte de Aldo. Sin embargo en 2015 su hijo Misael fue detenido arbitrariamente y ahora también Idelfonso ha sido detenido por un crimen fabricado.

Tanto Greenpeace como el Centro Prodh han seguido de cerca el cargo de robo del que se le acusa pues él se encontraba en otro lugar el día en que se señalan los hechos, existen testimonios y pruebas que lo acreditan, aseguran líderes de estas organizaciones.

Por su parte la familia de Zamora afirma que existen intereses políticos detrás de la tala clandestina en la zona. Ante la omisión de las autoridades, ambas organizaciones han presentado recientemente el caso ante la ONU, específicamente ante las Relatorías de los Pueblos Indígenas, del Medio Ambiente y de Personas Defensoras de Naciones Unidas.

En los próximos días se espera un comunicado de la ONU dirigido a las autoridades del Estado de México, tanto al gobernador de estado Eruviel Ávila como al Procurador General de Justicia estatal, Alejandro Gómez Sánchez.

El caso de Don Ildefonso Zamora es un ejemplo más de la criminalización de los activistas ambientales y defensores de derechos humanos quienes no solo hacen frente al crimen organizado sino también a los aparatos del Estado que son utilizados para reprimir sus labores. Es por eso que el Centro Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y Greenpeace México hacen un llamado al Gobernador Eruviel Ávila, al Procurador General de Justicia estatal, Alejandro Gómez Sánchez a desistirse de los falsos cargos fabricados contra Ildefonso y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, Sergio Medina Peñaloza a garantizar sus derechos humanos.

*Si te suena puedes ayudar a Idelfonso mencionando en redes sociales a Eruviel Ávila en Twitter, y acá en Facebook , con el hashtag  #IDELFONSOLIBRE.

Conoce más de su historia con el siguiente video: 

Twitter de la autora: @anapauladelatd



Un gasoducto afectará el medio ambiente en la Sierra Tarahumara

Existe un plan por construir hasta 10 mil km de gasoductos adicionales a los que ahora están atravesando la sierra.

Foto: La Crónica de Chihuahua

En los próximos años, como parte de la Reforma Energética, el gobierno federal mexicano planea importar millones de litros de gas natural a México proveniente de Estados Unidos.

Violando los derechos de los pueblos originarios (sin consulta previa) el gobierno mexicano autorizó construir a una filial de la empresa canadiense TransCanada Corporation, un ducto de 524 kilómetros para distribuir gas natural desde una central ubicada al sur de la ciudad de Chihuahua  hasta el puerto de Topolobampo, en Sinaloa.

En el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas, firmado por el gobierno mexicano en 1990, este se comprometió a hacer consultas a los pueblos indígenas cuando alguna concesión u obra pública afectara sus territorios. Sin embargo el gasoducto antes mencionado comenzó a construirse sin consulta.

Según una petición de Sin Embargo hecha a la empresa en cuestión, el agua de la zona sufrirá un “incremento de concentración de grasas, aceites y otras sustancias en el suelo”, para lo cual no plantea medidas de mitigación. También, dice el documento elaborado por la empresa, se afectarán, caminos y actividades “rituales o ceremoniales tradicionales”, así como “zonas, estructuras o recursos con valor arqueológico”.

El mismo reporte hecho por el sitio periodístico indica que el gasoducto afectará hasta a 70 pueblos rarámuris entre los que se encuentran San Luis de Majimachi, Pitorreal y Repechique, comunidades que ya interpusieron amparos en contra de este gasoducto.

Recordemos que existen ya casos exitosos de pueblos originarios, que a partir de amparos han conseguido revocar concesiones a poderosas corporaciones como el caso de grupos  mayas en Yucatán, quienes consiguieron revocar los permisos de soya transgénica, sobre todo otorgados a Monsanto.

[SinEmbargo]

 

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