Uno de los últimos pueblos guaraníes canta para llamar nuestra atención sobre la devastación de la selva (VIDEO)

La expansión de la agricultura industrializada, entre otros intereses, ha ido relegando a las comunidades y fulminando la selva Paranense.

Los grupos indígenas de todo el mundo han sufrido una marginación sistemática. Uno podría pensar que el que vivan su cultura en sus tierras quizá sería más que benéfico (para qué necesitan las ideas del consumo occidental). Sin embargo, el mundo tal como lo conocemos no solo los margina de sus posibles efectos positivos, más bien los continúa sometiendo a un desplazamiento que los obliga a dejar sus tierras ancestrales.

Hace unos meses el grupo Lamca Multimedia (Laboratorio Multimedia de Conflictos Ambientales) visitó algunas de las pocas comunidades guaraníes que quedan en la selva Paranaense en Paraguay, Argentina y Brasil, y que por la expansión de la agricultura industrializada, principalmente en estos dos últimos países, han perdido sus tierras, además de que han sido sometidos a divisiones territoriales (fronteras) que no existían para ellos.

Este grupo de canto de la comunidad Yriapú está asentado en las inmediaciones de las cataratas de Iguazú, por lo que sus tierras tienen un alto valor turístico y han sido hostigados durante años. El mismo grupo pidió a Lamca grabar su performance como una manera de hacer llegar al mundo un mensaje que apunta a la existencia de estas comunidades, que fuera de una ideología capitalista, tienen muchas lecciones para enseñarnos.



Otorgan amparo y protección judicial al manglar Tajamar

La viralización en redes sociales del ecocidio del manglar Tajamar provocó la atención de numerosas instituciones para frenar la ambición de las empresas turísticas sobre la biodiversidad de la región. Ahora, de acuerdo con el periódico La Jornada, el tercer tribunal del vigesimoséptimo circuito otorgó un amparo y protección de la justicia federal a grupos […]

La viralización en redes sociales del ecocidio del manglar Tajamar provocó la atención de numerosas instituciones para frenar la ambición de las empresas turísticas sobre la biodiversidad de la región. Ahora, de acuerdo con el periódico La Jornada, el tercer tribunal del vigesimoséptimo circuito otorgó un amparo y protección de la justicia federal a grupos ambientalistas que se opusieron a la construcción del complejo inmobiliario –el cual causó la devastación de 59 hectáreas de manglares–. 

Frente a esto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos  Naturales –Semarnat– se abstendrá de ejecutar la autorización del impacto ambiental otorgada al Fondo Nacional de Turismo –Fonatur–, prohibiendo la remoción del manglar para llevar a cabo el complejo inmobiliario. Fue así que tanto el Grupo Ecologista del Mayab –Gema–, Centro para la Diversidad Biológica, Centro Mexicano de Derecho Ambiental –Cemda– y Greenpeace México y otras organizaciones ambientales han solicitado que la Semarnat se vea obligado a abstenerse de emitir una nueva autorización y de restaurar la zona afectada. 

Todas estas organizaciones ambientales aclaran que el tribunal fundó su sentencia para prevenir, promover tanto la responsabilidad como el desarrollo sustentable, y asegurar el reconocimiento de derechos colectivos que prevalecen sobre la propiedad privada en torno a la lucha por la protección y el respeto dle medio ambiente. Para ellos, es indispensable la resolución del tribunal para “identificar cómo se debe restaurar o reforestar la porción del manglar afectada.” Las organizaciones ambientalistas motivan a la resolución del tribunal colegiado en Quintana Roo para convertir el precedente ambientalista en una gran trascendencia y un referente para el derecho ambiental en México. 

Para las organizaciones ecologistas, aplaudimos del mismo modo que el tribunal reconozca el interés legítimo de las quejosas al identificar su residencia en Cancún y principalmente destacando el beneficio social que se hizo valer al querer proteger los manglares del malecón Tajamar. Esto es para combatir la autorización de impacto ambiental del proyecto Anteproyecto malecón Cancún, los trabajos de tala y la remoción del manglar con maquinaria pesada, por violar el derecho humano a un ambiente sano. 

El tribunal evidenció que no existe constancia de que la urbnación y edificación del malecón estuviese terminada, por lo que no son actos consumados de forma irreparable, como er la intención de hacer valer el Fonatur: “Con este amparo ya no hay nada que pueda hacer algún desarrollador inmobiliario y al parecer es la última palabra legal. No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación todavía no ha resuelto el tema del derecho a un medio ambiente sano que demandaron 113 niños por la devastación ocurrida en Malecón Tajamar.”

 


¿Por qué las instalaciones de musgo son la solución a la contaminación en las ciudades?

Bajo el concepto de CityTree, estas instalaciones citadinas están cubiertas por musgo, aprisionando cierta materia como óxido nitrógeno y CO2 mientras produce cantidades significativas de oxígeno y refresca el medio ambiente.

Numerosas ciudades del mundo han tenido que adaptarse a la cada vez más creciente sobrepoblación; han tenido que desarrollar nuevas infraestructuras tanto públicos como privados para agilizar el transporte y efectivar la vivencia de millones de habitantes. Desgraciadamente no todas las ciudades cuentan con conceptos y diseños que sean capaces de ser sostenibles tanto con las necesidades humanas como con la resiliencia de la naturaleza. Frente a ello, surge una startup tecnológica llamada Green City Solutions, la cual instala fitros de aire mediante cultivos de musgo. 

Bajo el concepto de CityTree, estas instalaciones citadinas están cubiertas por musgo,  aprisionando cierta materia como óxido nitrógeno y CO2 mientras produce cantidades significativas de oxígeno y refresca el medio ambiente. Cada instalación es alrededor de 3 metros de anchoy 4 metros de alto, en donde hay plantas a lo largo de 2.19 metros de profundidad. Además, es capaz de ofrecer un beneficio ambiental de 275 árboles, absorbiendo 250 gramos de partículas al día y removiendo 240 toneladas métricas de dióxido de carbono cada año. 

De acuerdo con el cofundador de Green City Solutions, Zhengliang Wu, “los cultivos de musgo poseen mucha más área de superficie vegetal que cualquier otra planta. Esto significa que puede capturar más contaminantes.” Y gracias a que cada instalación posee sensores vía Wi-Fi, se puede medir la calidad de aire alrededor de ella: se ha comprobado su efectividad a un bajo costo –cada instalación cuesta alrededor de 25 000– para limpiar el aire. 

 

 

Este tipo de proyectos que busca la ecosustentabilidad de las ciudades proveería numerosos beneficios tanto a la salud general de la población como a la ecología de la región. Varios estudios han comprobado la toxicidad de los contaminantes derivados de los medios de transporte, la basura, entre otros. De modo que incorporar esta tecnología podría ayudar a fortalecer la infraestructura citadina, mejorar el medio ambiente y regular la temperatura de las ciudades. 

 



Vaquita, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

En 1978, P. sinus, fue incluida en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (Brownell & Robert. 1983).

Autor: Andrea Tapia García

Vaquita (Phoecena sinus), mejor conocida como vaquita marina. Es una especie endémica del Golfo de California que actualmente se encuentra en peligro crítico de extinción con una población cercana a los 30 individuos. ¿Cómo fue que esta especie llegó a este punto?

El Golfo de California, también conocido como Mar de Cortés, es uno de los mares biológicamente mas ricos y productivos en todo el mundo. Su riqueza ecológica y alta productividad, ha hecho que las actividades económicas aumentaran constantemente a lo largo del Golfo, convirtiéndolo en una región económicamente activa y causando un crecimiento incontrolado de la población (Urban, Rojas, Guerrero, Jaramillo & Findley, 2005).

Este mar es el hogar de cerca de 43 especies de mamíferos marinos, incluida la endémica vaquita. Debido a las diversas e insostenibles actividades humanas, como lo son la pesca, turismo, contaminación y cambio climático; los mamíferos marinos de esta área han sufrido diversas amenazas, logrando disminuir sus poblaciones, en algunos casos a un nivel crítico (Arrellano, Torreblanca & Smith, 2014).

Actualmente la vaquita es el cetáceo más amenazado en todo el mundo. Siendo la causa principal son las capturas incidentales en redes de pesca (Rohr, 2016). Durante las actividades pesqueras, los mamíferos marinos son capturados y mueren. Esto es conocido como captura incidental; y representa un problema para muchas especies de cetáceos alrededor del mundo (Danemann & Ezcurra 2007).

El poner en riesgo a esta especie, nos lleva a cuestionarnos ¿Qué se hizo bien?, ¿qué fue lo que faltó?, ¿queda algo más por hacer?. A partir de estas y otras preguntas, se tratará de dar un panorama sobre el porqué esta especie se encuentra al borde de la extinción.

La vaquita (P. sinus), es el cetáceo más pequeño de todo el mundo con un tamaño cerca de los 140 cm. De acuerdo a Norris y Mc Farland (1958; citados por Urban et al. 2005), su distribución se encuentra limitada a la parte Norte del Golfo de California. Suelen estar en grupos pequeños o solitarios y se calcula una vida media de 20 años, con una reproducción de un individuo cada 2 años. Aunque la edad de madurez sexual ha sido difícil de estimar, se cree que maduran alrededor de los 5 años (Mateos, 2017; Brownell & Robert. 1983; Rohr, 2016; Urban et al. 2005).

La vaquita comparte aguas con un pez conocido como totoaba, también endémico de la región. La vejiga de este pez, al que se le atribuyen capacidades afrodisiacas y medicinales, puede venderse en Asia con un precio que llega alcanzar hasta los 60 mil dólares, consumiéndose principalmente en China (El Universal, 2017). Desde el año de 1942, la pesca furtiva y el tráfico para su vejiga han provocado una pesca incontrolada e ilegal, involucrando tanto a pescadores mexicanos como traficantes estadunidenses (Brownell & Robert. 1983).

El primer reporte registrado de vaquita en una red de pesca data del año 1961 por Norris y Prescott. La captura incidental por las flotas pesqueras en la década de 1970, estaba en el rango de decenas a cientos de vaquitas (Brownell & Robert. 1983). En el año 1975, se declaró la veda permanente para la totoaba; sin embargo, la pesca con redes de enmalle siguieron operando.

En 1978, P. sinus, fue incluida en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (Brownell & Robert. 1983). Se contrató personal profesional en áreas protegidas y se desarrolló un plan de manejo (Arrellano et al. 2014). A pesar de esto, las pescas incidentales, no se detuvieron, teniendo un rango de muerte de 32 vaquitas por año (Brownell & Robert. 1983).

En 1993, el Alto Golfo de California y el Río Colorado, son decretados Reserva de la Biosfera. El gobierno especifica la protección legal de la vaquita, complementando las regulaciones de la reserva. Al observar que la población seguía disminuyendo, se realizaron estudios de población que demostraron que el área protegida no coincidía con su distribución. Además, la zona de reserva no contaba con los señalamientos adecuados para la prohibición de pesca.

La International Whale Commission (IWC) basándose en un estudio con una mortalidad de entre 39 y 84 vaquitas en 1995 (D’Agrossa et al, 2000), propuso el cierre de la pesquería de totoaba. Se necesitaba reconsiderar los permisos de pesca, realizar acciones para detener el comercio ilegal de totoaba y desarrollar un plan de protección a largo plazo para la vaquita. En dicho plan necesitaba incluirse educación y alternativas para pescadores, así como acciones de monitoreo (Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita marina [CIRVA], 2014). De no ponerse en marcha, calcularon que la población bajaría durante los siguientes 15 años a 50 individuos (Urban et al. 2005).

En la década de los 90 la gestión de áreas litorales se basaba en un modelo integrador, donde se tomaba en cuenta el desarrollo sostenible junto con la participación pública (Pérez C. 2014). Si se observa el caso de la reserva de Cabo Pulmo en Baja California, resulta evidente que para que un plan de manejo sea exitoso, debe haber una implementación de las acciones por parte del gobierno y las personas afectadas por dicho manejo (Olsen et al 1999).

En el caso del Mar de Cortés, se prohibieron las redes de enmalle, pero sin dar una solución a los pescadores. Los pescadores locales argumentaron que las nuevas redes eran insuficientes para mantenerse y que mientras no se diera una solución eficaz, seguirían utilizando redes de enmalle (CIRVA, 2014).

La CIRVA sostuvo que debido a la falta de medidas eficaces para controlar la pesca, las vaquitas habían seguido un rápido camino a la extinción y que para detenerlo se debían retirar todas las redes de enmalle. (CIRVA, 2014). Después de que Omar Vidal, director de la WWF, comentara que las redes de enmalle eran la razón por la que la población de vaquitas se encontraba encolapso, la SEMARNAT (Secretaria de Medio Ambiente y de Recursos Naturales), comenzó a trabajar en una alternativa para sustituir este tipo de redes, trabajo que hasta la fecha sigue inconcluso. (Zamarrón, 2016).

A pesar de las advertencias, el gobierno Mexicano no realizó las acciones necesarias. Inclusive la IWC afirmó que si el gobierno hubiera seguido las recomendaciones, la vaquita probablemente no se encontraría en esta situación. (CIRVA, 2014). No fue hasta el año 2012, que se realizaron los primeros esfuerzos reales para detener el comercio ilegal (CIRVA,2014). A pesar de los esfuerzos en patrullar las zonas y hacer cumplir las normas, el proceso judicial es descuidado y no se logran las condenas establecidas. Consecuentemente, el comercio ilegal no ha podido ser detenido (Méndez E. 2017). En este punto, el retirar las redes de enmalle era insuficiente, se necesitaba prohibir todo tipo de pesca en la zona (CIRVA, 2014).

Debido a los pocos avances logrados, en el año 2016 se lanzó una iniciativa, donde se buscaba considerar la pesca de totoaba como un delito grave y sin derecho a fianza, con la finalidad de cesar con las redes de pesca de manera definitiva. Actualmente esta iniciativa sigue en proceso de revisión. (Garduño J., 2017).

De acuerdo a la CIRVA en noviembre de 2016 quedaban 30 individuos. Al no poder parar la caza ilegal y al borde de la extinción, científicos han propuesto capturar especímenes y colocarlos en un corral marino. Junto con ayuda de delfines entrenados por parte la marina de EUA, se buscaría localizar los individuos para transferirlos a un estanque temporal, construido dentro de su hábitat.

Sin embargo, aunque este plan pudiera llevarse a cabo, los científicos ven poco probable que la reproducción en cautiverio, pudiera restaurar la población. Este plan de manejo, representa una última alternativa, para evitar la extinción de la vaquita, que requeriría de grandes esfuerzos de manera continua, durante décadas (Mendez E., 2017).

Este caso de pérdida de biodiversidad debido al comercio y el tráfico ilegal, la falta de comunicación entre sociedad y gobierno, y la falta de acciones por parte del gobierno Mexicano, Estadunidense y Chino; deberá tomarse como referencia para poder realizar planes de manejo completos, eficaces e integradores. Se debe ayudar a la gente a ver en una perspectiva diferente. Informarlos, entender sus problemas y entre todos buscar una solución. Sólo de esta manera, los recursos marinos podrán ser aprovechados de manera sostenible; y la conservación y el manejo de recursos, podrán ir de la mano.



Pueblo Wayúu: El Carbón o la Vida

El Celeam, a través de Ana María Llorente Valbuena, nos describe quiénes son el pueblo Wayúu y por qué su situación ecológica es relevante.

Foto:Rpp

Los Wayúu se encuentran ubicados en la península de La Guajira al norte de Colombia y al noroeste de Venezuela en el estado de Zulia, sobre el mar Caribe. Ocupan un área de 1.080.336 hectáreas, las cuales están localizadas en el resguardo de la Alta y Media Guajira, ocho resguardos más ubicados en el sur y la Media Guajira y la reserva de Carraipía. (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, sin fecha, p.1).

Los pueblos indígenas y afrocolombianos de La Guajira constituyen aproximadamente el 50% de la población de este departamento. En su mayoría son Wayúus, pero también se encuentran el pueblo Yupka, los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta: Wiwa, Kogui, Arhuaco y Kankuamo y campesinos colonos. Todos ellos han establecido lazos históricos de carácter económico y cultural con el río Ranchería. De él dependen estas poblaciones para su supervivencia cotidiana, además de mantener un vínculo cultural y espiritual con sus aguas (INDEPAZ, 2013, p.16).

Esta región ha padecido innumerables conflictos socioambientales desde la llegada de la empresa minera Carbones de El Cerrejón, lo que ha originado una metamorfosis territorial, natural y cultural ocasionada por la minería de carbón a cielo abierto, observándose graves alteraciones particularmente en la calidad y cantidad de las aguas superficiales y subterráneas, entre otras problemáticas ambientales como contaminación atmosférica, deforestación, pérdida de biodiversidad; sumado a los inminentes efectos sobre la salud, pérdida del tejido social y costumbres ancestrales de los Wayúu y otras comunidades étnicas de origen afro y campesino.

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Ilustración 1. Río Ranchería y vista frontal a la mina El Cerrejón

Fuente: Centro de Investigación y Educación Popular- Cinep, 2014

Con ocasión del presente documento, se hará una descripción de la delicada situación que los Wayúu padecen por la ausencia de un Estado que garantice el derecho humano al agua, encontrando que el recurso más preciado en la región es escaso y el disponible es demandado en cantidades exorbitantes por la empresa minera. Descrito el problema, se profundizará en la responsabilidad del Estado, que ante la gravedad de la situación parece ajeno a ésta problemática, y su tarea en materia ambiental pareciera beneficiar a aquellos quienes causan graves e irreversibles daños al ambiente y quienes le arrebatan sistemáticamente el territorio a sus pobladores originarios – los Wayúu–.

El río Ranchería es la fuente hídrica más importante del departamento de La Guajira. Esta es una de las regiones más secas de Colombia, de manera que el río cumple una labor fundamental para el desarrollo de la vida. Los habitantes de esta zona utilizan el agua para beber, bañarse, regar sus sembrados, alimentar sus animales; también es un espacio de juego y deporte para los niños, además de ser un lugar pedagógico, pues los menores aprenden allí cuestiones fundamentales para su relación con el entorno, con su historia y con su tradición espiritual (INDEPAZ, 2013, p.16).

De esta corriente hídrica, se abastecen varias comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes localizadas en los municipios de Fonseca, Barrancas, Hatonuevo, Albania, Manaure, Maicao, entre otros. Pese a su importancia para la región, el río Ranchería ha sufrido diversas alteraciones en su dinámica natural producto de la explotación desarrollada por El Cerrejón, y por la cantidad significativa de agua que la actividad minera demanda, agua que es extraída tanto del río Ranchería y su acuífero aluvial, como de sus principales tributarios.

Mientras que gran parte del departamento de la Guajira es privado de un recurso vital como el agua, El Cerrejón emplea diariamente grandes cantidades de agua para el desarrollo de su actividad. En La Guajira sólo el 16,3% de la población rural tiene acceso a agua potable y el 83,7% restante se ven obligados a utilizar fuentes de agua contaminadas para el consumo humano, lavandería y el baño, dando lugar a enfermedades graves tales como diarrea, infecciones y erupciones en la piel (Millennium Water Alliance, sin fecha).

Por otro lado, y de acuerdo a la información contenida en la Licencia Ambiental Minera otorgada a El Cerrejón, particularmente lo señalado por Ingetec S.A. (2014), el volumen concesionado para fuentes superficiales (río Ranchería y arroyos tributarios) es de 185 l/s[1]. Los reportes de consumos de agua netos en la mina indican un consumo promedio entre los años 2006 y 2012 de 55,37 l/s, siendo el año 2006 el de mayor consumo con 98,4 l/s.

Sumado a esto, el complejo carbonífero demanda agua proveniente del acuífero aluvial del río Ranchería. La concesión otorga un consumo de 69,4 l/s captado a través de 16 pozos ubicados en la margen derecha del río; el consumo promedio en el periodo comprendido entre 2006 y 2012 entregó un valor de 23,44 l/s, siendo los años 2009 y 2010 los que registraron mayor consumo con 31, 5 l/s cada año. Además, como respuesta a la profundización en los tajos[2], el agua que aflora desde los mantos de carbón es captada a través de pozos de despresurización, el caudal concesionado de agua proveniente de estos pozos es de 250 l/s, y el consumo promedio registrado en el periodo 2007 – 2012 fue de 84, 18 l/s.

En ese sentido, es claro que los recursos hídricos presentes en esta región y que deben ser administrados razonable y equitativamente por el Estado no son de uso prioritario de comunidades, por el contrario, están siendo empleados por esta actividad extractiva sin considerar los daños y pasivos ambientales que se derivan de ésta. No hablamos solo de un conflicto de uso por beneficiar el interés particular sobre el interés colectivo al otorgar concesiones de agua cuya prioridad es la actividad minera, sino se considera dentro de los impactos de esta actividad, la pérdida del recurso hídrico producto de la destrucción de acuíferos, donde la capacidad de almacenamiento y recarga se altera disminuyendo considerablemente la disponibilidad de agua en la región.

Pese a lo anterior, y con los mencionados impactos irreversibles ocasionados por la apertura de los tajos, destruyendo los acuíferos, y la escasez de agua de la región por sus características climáticas, el Estado no entrega una solución de fondo que permita a estas comunidades acceder a este preciado recurso. No obstante, la operadora minera tiene absoluta gobernabilidad sobre el agua, mientras los pobladores luchan por acceder a ella.

Por su parte, los Wayúu se ha visibilizado en las realidades sociales del país apoyados por varias organizaciones civiles y ambientales, que lejos de tener poder de decisión frente a los megaproyectos desarrollados, han llevado la bandera de la defensa y la lucha territorial amparados sobre los derechos constitucionales, Estos ideales, comparten la tesis aportada por Ostrom et al. (2003), que hace alusión al concepto de Capital Social cuya naturaleza lleva intrínseco múltiples formas de defensa contra megaproyectos como la aplicación de normas compartidas, saberes comunes, reglas de uso de los recursos, lo que para el autor se considera como un medio para solucionar problemas de acción colectiva. Ideales éstos que van en contravía a lo afirmado por Crozier (1990) sobre  la organización colectiva vista como un universo de conflicto y de la no unicidad en la consecución de objetivos comunes.

Finalmente, y haciendo alusión a la importancia que revisten las comunidades étnicas en la Constitución Política colombiana, la realidad es otra. Muchas de estas comunidades, localizadas en las regiones más ricas en recursos naturales en el territorio, son elantiejemplo de que el desarrollo de las regiones y sus ciudadanos proviene de la explotación de los recursos que su territorio posee. Más bien, esos mismos recursos que se podrían considerar como un premio de la naturaleza, para estos pobladores se han convertido en un castigo y un riesgo para su supervivencia.

BIBLIOGRAFÍA

Crozier, Michel y Erhard Friedberg (1990). El Actor y el sistema: las restricciones de la acción colectiva. Fondo de Cultura Económica, México.

Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz- INDEPAZ-. (2013). El Río Ranchería. Perdido en el Desierto. Bogotá, Colombia.

Ingetec (2014). Modificación del Plan de Manejo Ambiental Integral. Capítulo 3. Descripción Técnico Operativa del Proyecto P40.

Millennium Water Alliance (Sin fecha). Programa Lazos de Agua en Colombia.

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. (Sin fecha). Diagnóstico de la situación del pueblo indígena Wayúu.

Ministerio de Minas y Energía – MME. (2003). Glosario Técnico Minero. Bogotá, D.C, agosto de 2003. [en línea]:http://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/glosariominero.pdf


[1] Litros por segundo.

[2] Según (MME, 2003, p. 150), el tajo corresponde a un escalón o unidad de explotación sobre la que se desarrolla el trabajo de extracción en las minas a cielo abierto.

 

 

 

 

Por  Ana María Llorente Valbuena

anitallorente@gmail.com

Una colaboración del Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales

@celeam_latam



Perú cuenta ahora con “licencia para matar” a manifestantes ambientalistas

La modificación de la ley exonera a policías y soldados en caso de lastimar o matar a civiles.

En junio, Perú vivió momentos de tensión e incertidumbre donde más de 200 manifestantes fueron atacadas por la policía. El conflicto estalló al norte de ese país, después que los grupos indígenas Awajúns y Wampis protestaran pacíficamente en contra de una serie de leyes, las cuales benefician la extracción de recursos naturales en sus territorios para la exportación hacia EE.UU.

En la mañana del 5 de junio, la policía empezó a disparar para desocupar el lugar de los manifestantes que luchaban por sus tierras y el medioambiente. El saldo: 21 policías, cinco civiles indígenas y cinco civiles no-indígenas muertos; y más de 200 heridos, entre los cuales 80 recibieron un disparo.

De acuerdo con la ley no. 30151 de Perú, la cual se promulgó el pasado enero, “los miembros de las fuerzas armadas y de la policía nacional quedan exonerados de la responsabilidad criminal si lastiman o matan, ya sea a través de armas fuego u otro medio de defensa, mientras están en turno.” Situación que ha preocupado a los grupos de Derechos Humanos nacionales e internacionales, como la Defensoría del Pueblo y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ya que significa que la ley es una licencia para matar.  

Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), explica que la modificación de la legislación consiste en remplazar tres palabras (“en forma reglamentaria”), con otras cinco (“u otro medio de defensa”. Lo que significa que, de acuerdo con las regularizaciones, cualquier soldado o policía puede ahora matar o lastimar a una civil sin la necesidad de un arma:

Seguimos considerando que esta ley es una que permite el uso de las fuerzas armadas así como de la policía nacional para matar. Esto permite un alto nivel de impunidad. Durante la represión de las protestas sociales, los oficiales y soldados que mataron o hirieron a civiles quedan ahora exonerados de la responsabilidad criminal. […] Este exoneración también se aplicará a los policías o soldados quienes, en la lucha en contra del narcoterrorismo, maten accidentalmente a los civiles. […] Es una ley peligrosa y constituye una amenaza para todos. Permite el uso de armas contraviniendo a la ley existente y a los parámetros internacionales tales como el de los Principios de las Naciones Unidas. Esto da a los soldados y a la policía una carte blanche para cometer crímenes con impunidad.

Casi como un regreso a la tiranía, esta ley no sólo permite la muerte impune de civiles, sino también amenazas de violaciones, vigilancia física y electrónica, manipulación de los medios nacionales, la policía actuando como “seguridad privada” para ciertas compañías, la posibilidad de robo o confiscación de objetos, el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante protestas o arrestos, la persecución autoritaria bajo los cargos de “rebelión, terrorismo, acoso judicial, violencia, usurpación, allanamiento, desobediencia o resistencia a una orden judicial”, abducción, daños criminales, coerción, entre otros.

Esta situación es evidentemente un atentado contra el derecho humano, el cual debilita la vida de miles de peruanos.

 

Observatorio

Seguimiento a los asuntos ambientales y de ecología más urgentes de México.

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