La nueva Ley de Aguas en México sería un negocio redondo para los empresarios: Freshwater Action Netwok

Curiosamente, la propuesta viene de un organismo dirigido por un funcionario que ha representado los intereses del sector empresarial del agua en México.

Uno de los grandes problemas en México es que muchos de sus políticos brincan continuamente del sector empresarial al político. Lo anterior resulta en que muchos de ellos defienden los intereses de los sectores de los distintos mercados al interior de la política y no necesariamente a la ciudadanía. 

Hace unas semanas la sociedad civil en México se sintió sorprendida y traicionada por una súbita Ley General de Aguas que no correspondía con el documento que habían estado elaborando de la mano de los diputados por meses. De pronto a apareció una propuesta de ley elaborada por la Conagua y votada en comisiones aceleradamente por los diputados (una ley, por cierto, privatizadora). 

Los intereses detrás de la privatización del agua, además de algunos casos como el fracking, son un tanto obvios si se investiga un poco al tema.  La prestigiada organización Fresh Water Action (FAN), que estuvo involucrada en el reconocimiento del agua como derecho humano en la ONU, ha estado señalando cómo el Director de la Conagua, David Korenfeld , fue presidente de Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS); esto quiere decir que él forma parte y representa los intereses de las empresas dedicadas a la distribución y venta de agua. 

“El modelo que se pretende implementar en México favorece a tres grandes negocios: a las constructoras de obra pública; a quienes se les va a concesionar la obra, que puede ser el constructor o no, es decir el que va a distribuir el agua; y a los que van a vender el agua.”(…) “Este modelo está muy alejado de promover precios especiales para los más vulnerables, pues el precio se rige bajo la premisa de oferta y demanda del libre mercado.”

“La van a vender [el agua] al precio que quieran porque además los precios se van a establecer con base en la recuperación total de la inversión, entonces vamos a estar hablando de costos muy altos de agua”, explicó Nathalie Seguin de FAN, para el sitio Sinembargo.

La especialista apuntó a que el clásico argumento para privatizar el agua queda corto: la falta de eficiencia y recursos, pues la privatización no ha significado un mejoramiento en los servicios en otros países . Asimismo, en México las privatizaciones emprendidas desde los 80 no han significado mejores servicios y los niveles de pobreza se mantienen.

*Si te suena, puedes firmar contra la privatización del agua aquí. 



Turbidez en la Nueva Ley General de Aguas

Entre otras críticas, la ley asegura el agua para uso minero y para el fracking, ya que el uso del líquido en la explotación de minas no requerirá concesión y la fractura hidráulica cabría dentro de la definición de uso industrial.

México es un país con 112’336,538 habitantes. Según los informes de la INEGI del 2010, debido al crecimiento de la población, la disponibilidad de agua ha disminuido de manera considerable: en 1910 era de 31 mil m3 por habitante al año; para 1950 había disminuido hasta un poco más de 18 mil m3; en 1970 se ubicó por debajo de los 10 mil m3, en 2005 era de 4 573 m3 y para 2010 disminuyó a 4 230 m3anuales por cada mexicano.

Para el año 2010, el porcentaje de viviendas con disponibilidad de agua entubada fue de 88.7% (INEGI, PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE, 2011) esto significa, casi  99 millones de personas; el resto se abastecían de agua entubada fuera de la vivienda pero dentro del terreno que habitan, de pozos, ríos o arroyos, de la llave pública, o de otra vivienda.

Las comunidades campesinas e indígenas son las que generalmente se encuentran en las zonas rurales alejadas y tienen falta de servicios básicos, haciendo cuentas con base al número de viviendas que no tienen acceso al agua potable y las personas promedio que habitan cada vivienda (INEGI, PROMEDIO DE OCUPANTES POR VIVIENDA, 2011), alrededor de 13 millones de personas no cuentan con el servicio de agua entubada. Como veremos más adelante, la LGA tiene muchas irregularidades incluso en su redacción y contenido y muchas personas están muy pendientes de lo que procederá con la citada ley pues afecta a muchos ciudadanos, es por eso que tanto científicos, estudiantes, escuelas, centros de investigación entre otros están incluso proponiendo modificaciones a la ley para que realmente se pueda ver una mejoría en los problemas actuales de nuestro país en vez de que se empeoren.

La Ley General de Aguas promovida por la cámara de diputados el día 8 de Febrero del 2012 es una ley promovida por la Comisión Nacional de Agua ante la cámara de diputados. Es una ley que beneficia a unos pocos y que fue promovida opacamente sin llevar los pasos correspondientes a la legislación en México.

El objetivo de este presente documento es el análisis de la propuesta de ley que se pretende aprobar en la cámara de diputados para poder conocer el enfoque que se le dan a los artículos que la ley contiene y tener una postura ante su propuesta.

Para esto primero se procederá a mencionar los artículos más alarmantes de dicha ley así como la interpretación de los mismos para un mejor entendimiento. Posteriormente se presenta una serie de conclusiones con base en lo analizado en éste ensayo.

La ley General de Aguasfue promovida con la supuesta finalidad de asegurar el derecho humano de acceso al agua de buena calidad como lo dicta el artículo 4° de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, existen muchas opiniones en contra de tal fin, desde científicos reconocidos, población en general, experto en la materia e incluso diputados. Un ejemplo de lo anterior es la de la investigadora y Maestra Brenda Rodríguez Herrera que pertenece a la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua(COMDA) quien afirma que 13 millones de viviendas que si cuentan con el servicio de agua potable reciben en sus hogares el líquido contaminado por falta de saneamiento, al grado que realmente no es potable, pues las familias sufren  constantemente de infecciones gastrointestinales y afecciones en la piel.

La Ley general de aguas sería el medio ideal para incluso despojar a campesinos, indígenas o cualquier persona que se oponga a un megaproyecto potencial en sus tierras ya que habla acerca de la utilidad pública de los cuerpos de agua y con apoyo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “La propiedad de las… aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación…,. Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización” esto sería posible.

Los investigadores Pedro Moctezuma Barragán y Elena Burns dicen que la mencionada ley, pretende tomar decisiones sobre el agua a espaldas de la ciudadanía y ejecutarlas con el apoyo de la fuerza pública, esto se ve reflejado en el artículo 263 de la LGA que confiere la facultad a la Conagua de solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones.

En los artículos 81,116, 129 y 132 la Ley adopta una postura en la que la participación tanto del sector Social como el Privado la CONAGUA podrá celebrar tanto contratos de obra pública como otorgar concesiones para realizar megaproyectos que incluyan los trasvases de un cuerpo de agua a otro y administrar los servicios públicos. Esto da pie a la privatización del recurso agua de nuestra nación, cosa preocupante y alarmante.

Es una ley que ha tenido muchas críticas por parte de la población, los ONGs y diferentes organizaciones sociales. La ley asegura el agua para uso minero y para el fracking, ya que el uso del líquido en la explotación de minas no requerirá concesión y la fractura hidráulica cabría dentro de la definición de uso industrial. Esto se defiende en el artículo 142 que permite contaminar ríos siempre y cuando “no rebasen la capacidad de asimilación”.

Además, restringe el derecho humano al agua.  La Organización Mundial de la Salud establece que toda persona, para satisfacer sus necesidades básicas, debe tener derecho a una cantidad mínima de 100 litros por día y la LGA establece que dicho derecho es de 50 litros (Artículos 10 y 49). La ley se muestra muy ambigua en el artículo 49 que versa lo siguiente “El derecho humano al agua comprende la obligación de la autoridad competente de garantizar a los asentamientos humanos, en términos de esta Ley:…” la ambigüedad se muestra de forma en que los asentamientos humanos como tal no son sujetos de derecho, los sujetos de derecho de acceso al agua son las personas.

Presa_Mal_paso_Chiapas

Fotografía por Danilo Gamboa, Presa Mal paso Chiapas

Por último, la Ley General de Aguas es un instrumento mediante el cual se pretende privatizar uno de los bienes más preciados y vitales que tenemos en nuestro territorio, con el fin de beneficiar a unos pocos con los grandes contratos que ella permitiría, sin sopesar los impactos ambientales que podrían propiciarse. Las empresas más beneficiadas podrían ser las que son producto del nepotismo y compadrismo, como el caso del Grupo Higa, empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú, que en varias ocasiones ha sido beneficiada con jugosos contratos para la construcción de obras del gobierno federal.

Parte de la solución a esta situación es la manifestación pacífica de los ciudadanos ante las autoridades, tener una actitud propositiva y dar a conocer mediante la difusión, en los distintos medios de comunicación, la situación actual para que más personas estén enteradas de lo que sucede y poder así ser una fuerza de cambio contra la impunidad y el gobierno.

Autor: Danilo Gamboa

Twitter de la organización: @celeam_latam

Bibliografía

  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (última Reforma 10/07/15)
  • Ley General de Aguas emitido por el Congreso de la Unión.
  • Ley General de Aguas (Propuesta Ciudadana).
  • Universidad Nacional Autónoma de México. (2011). Revista Mexicana de Derecho Constitucional. Recuperado el 05 de 08 de 2015, dehttp://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/5/cl/cl10.htm


Ciudadanos piden apoyo: una ley para el agua hecha por más de 450 académicos de México debe ser discutida

El agua es quizá el derecho humano más básico; miles de expertos en México piden que no sea tratada como un producto más.

Hace unos meses en México se desató una importante polémica por la discusión de la Ley General de Agua. Esta ley fue criticada por expertos por ser privatizadora (como el consecionar el abasto del agua municipal), privilegiar los criterios de mercado en su uso y distribución, además de proteger a las grandes empresas como las mineras (la ley no permite ningún estudio independiente del agua sin permiso de la Conagua, por ejemplo).

La discusión finalmente fue detenida, en parte por la presión social pero también por las votaciones del pasado junio que provocaron el cambio de representantes en la cámara baja. Aunque la discusión pareciera varada, de momento, muchas organizaciones sociales y  comunidades indígenas están preocupados por que el tema se retome tal como se proponía.

En un consenso sin antecedentes al menos 450 académicos, científicos, organizaciones de la sociedad y comunidades indígenas elaboraron una propuesta de ley la Iniciativa Ciudadana para el Agua que parte del concepto del agua como un derecho humano básico y de un cuidado al medio ambiente. Miles de personas se están uniendo para que las autoridades discutan esta iniciativa hecha por expertos, y no una que continúa con un modelo privatizador (que por la devastación ambiental y la poca redituabilidad social es obsoleto.)

En este interesante análisis hecho por la Red Ambiental Mexicana puedes ver las diferencias entre la Ley General de Aguas propuesta por el presidente de México Enrique Peña Nieto y la elaborada por cientos de ciudadanos con conocimiento de años en la materia.

Si estás interesado en unirte a la exigencia para que los políticos tomen en cuenta esta iniciativa ciudadana puedes firmar aquí.

 

Twitter de la autora: @anapauladelatd

 

 



El 73% de los mexicanos piensa que el agua no debe ser abastecida por empresas privadas

Más de la mitad desaprueba la Ley General de Aguas, que entre otras implicaciones, permitiría el abasto de este líquido a las empresas privadas.

Hoy la polémica Ley General de Aguas en México está, afortunadamente, varada en la Cámara de Diputados. Esta ha sido denunciada por numerosos organismos de la sociedad civil como privatizadora. Una de las principales críticas es que el agua se trata de un derecho humano básico que no debe manejarse bajo los criterios del mercado. 

Para muchos la privatización del agua (los políticos en turno argumentan que no se trata de una privatización) es la culminación de una política económica neoliberal, que entre otros efectos, trata a los recursos naturales meramente como productos de compra-venta. 

Una encuesta realizada por El Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública revela la opinión de los mexicanos en torno a este tema. Algunas cifras interesantes nos muestran cómo, en realidad, existe un escepticismo generalizado sobre la ley; incluso si los encuestados no habían escuchado hablar sobre esta, cuando se les explicó, la mayoría estuvo en desacuerdo (sobre todo en la parte del abasto de agua por parte de empresas privadas). 

Aquí algunos datos interesantes de esta encuesta:

  • El 73% desaprueba que el agua deba ser abastecida por empresas privadas y se otorguen concesiones a empresas privadas, las cuales estarán sujetas a dinámicas de compra-venta.
  • Más de dos terceras partes de la población (71%) no conoce o no ha oído hablar de la Ley General de Aguas.
  • Luego de una ligera explicación el 57% la desaprueba.
  • Casi la mitad cree que con la aprobación de esta ley el agua se privatizará (48%).
  • El 98% cree que el agua debiera ser un derecho humano.


¿El fracking está ligado al interés del gobierno mexicano para privatizar el agua?

Un nuevo informe de la Semarnat asegura que el fracking pondrá en competencia el uso del agua entre la población y estas empresas.

Hay quien dice que en la política no existen las coincidencias… Recientemente en México se aprobó una Reforma Energética que privilegia la explotación de hidrocarburos, y en esta ley también se promueve el pernicioso fracking, que hace uso de millones de litros de agua potable para la extracción de gas shale (rompiendo, junto con otros químicos, literalmente las capas de la tierra). 

Luego de la aprobación de esta reforma, que ahora la sociedad civil buscará revocar por anticonstitucional, y que ha llevado su debate hasta la Comisión Interamericana de Derechos humanos, la Nueva ley General de Agua aparece como una adecuación para facilitar el acceso de los intereses de las empresas al agua. 

Distintas organizaciones como la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, la Red Ambiental Mexicana, o Greenpeace México, han expuesto los motivos por los cuáles esta nueva ley es contraria a los derechos humanos, y los porqués es privatizadora, recordándonos el viejo cuento Ayoreo de la Abuela Grillo, que alude a que la naturaleza no puede poseerse. 

Hace unos días, la institución de gobierno más importante en materia ambiental en México, la SEMARNAT, reconoció en el documento “Guía de Criterios Ambientales para la Exploración y Regulación de Hidrocarburos Contenidos en Lutitas” que el método de la fractura hidraúlica puede provocar competencia por el agua, contaminación de los mantos acuíferos, contribución al calentamiento global, contaminación del suelo, contaminación atmosférica, así como pérdida de la biodiversidad” (fragmento retomado por el sitio Sinembargo). 

El siguiente pedazo del informe se relaciona notablemente con la Nueva Ley General de Aguas, pues al privatizarse la explotación del agua, los criterios de abasto responderían a la rentabilidad más que a los derechos humanos. Al aprobarse el fracking, por la cantidad de agua que requiere, se competiría desde el lado empresarial, ineludiblemente, con los recursos disponibles para la población: 

“Debido a que se requieren de 9 a 29 millones de litros para la fractura de un sólo pozo, en función de la profundidad, extensión y permeabilidad del yacimiento, cuando se perforan varios pozos en una región determinada, se compite por el agua para otros usos, comprometiendo el derecho humano al agua, es decir al agua para consumo doméstico, así como el agua destinada para la producción agrícola y el sostenimiento de ecosistemas”.

En México desde inicios de los años noventa una serie de privatizaciones han seguido una línea de un capitalismo neoliberal que no necesariamente han mejorado las condiciones de la población en general (más de la mitad de la población en este país persiste en las líneas de pobreza), por ejemplo. Así, la privatización del agua sería la culminación de un tipo de pensamiento que apuesta por el libre mercado más allá de cualquier otro criterio, una especie de sinsentido marcado por una avaricia suicida. 

Aquí los motivos, según distintas prestigiadas Ong´s, sobre porqué esta ley sí es privatizadora:

Aquí puedes firmar para evitar la privatización del agua. 

Aquí puedes enterarte de las nuevas acciones para defender el agua.

 

Twitter del autor: @anapauladelatd 



Ésta es la crítica ciudadana en la discusión de la Ley General de Aguas en México

La Red Ambiental Mexicana se suma al rechazo de la Nueva Ley General de Aguas y en puntos muy concretos te explica porqué.

Actualmente el debate sobre la Ley General de Aguas se juega entre dos frentes: uno ciudadano y otro oficial, cada uno tiene conceptos distintos sobre el uso y consumo del agua en relación con el ambiente, la población, las concesiones y la  participación social en torno a la toma de decisiones. Profundizar en ambas propuestas es básico para conformar una opinión al respecto pues las decisiones que se tomen nos afectarán a todos.

A partir del reconocimiento por parte de la ONU del acceso al agua potable y saneamiento como un derecho humano, en México se dieron una serie de modificaciones al marco  legal.  El rango constitucional al derecho humano al agua fue elevado  y con esto llegó la necesidad no sólo de modificar la Ley de Aguas Nacionales, sino de crea una nueva Ley General de Aguas.

Por un lado la Propuesta Ciudadana  proviene de la sociedad civil organizada, y es encabezada por académicos de la UAM, UNAM, IPN, U de G y otras universidades del país, que acompañados de diversas organizaciones sociales trabajaron una propuesta de ley que fue presentada ante el congreso para su análisis y discusión  el pasado 9 de febrero de 2015. Fue recibida por 42 legisladores (20 diputados y 22 senadores).

Ésta propuesta conceptualiza al agua como un elemento fundamental para el ambiente y registra a los hábitats como consumidores primarios de este elemento. Propone una mayor participación social a través del fortalecimiento de los consejos de cuenca y una vigilancia estrecha a las concesiones.

Por otro lado, la Propuesta Oficial es el documento que actualmente está siendo discutido en el congreso y fue elaborada por diversos partidos políticos, la Asociación Nacional de Empresas de Agua Saneamiento (ANEAS) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); y entró a la cámara de diputados para su aprobación el 26 de febrero de 2015. La iniciativa está encabezada  por los diputados: Kamel Athié Flores, Sergio Augusto Chan Lugo, José Antonio Rojo García de Alba y Gerardo Gaudiano Rovirosa. 

La Propuesta Oficial observa al agua como un recurso de extracción y se concentra en la manera de distribuirla aún mediante trasvases entre cuencas. Además,  presenta condiciones para fomentar en mayor medida la participación de la iniciativa privada en las obras, así como en los aspectos de administración, operación y distribución del agua potable.

En el siguiente cuadro, presentamos una breve revisión de la propuesta ciudadana y los puntos de desacuerdo con la ley Propuesta oficial: 

 
ANÁLISIS DE LA PROPUESTA OFICIAL DESDE LA CRÍTICA CIUDADANÍA PROPUESTA CIUDADANA DE LA LEY GENERAL DE AGUAS
1. Privatizar el agua vía la concesión de grandes obras hidráulicas, y de sistemas municipales. Se concesionaría mega-obras hidráulicas en torno a grandes ciudades (129, 232): Monterrey VI, Acueducto Independencia, Zapotillo/León, Cutzamala IV, Paso Ancho/Oaxaca, Chapultepec/ Acapulco  (72 V, 116); pozos ultra-profundos (191), desalinizadores (9 X).  Se promoverá la privatización de los sistemas municipales de agua y saneamiento. (80, 81) 1. Comprometernos con una Agenda Nacional: agua para ecosistemas, agua para tod@s, agua para soberanía alimentaria; fin a la contaminación, a la destrucción de cuencas y acuíferos y a la vulnerabilidad a inundaciones y sequías por mal manejo.
2. Sobreexplotar cuencas y acuíferos y despojar pueblos indígenas y campesinas para dar agua a grandes corporaciones. Las concesiones a aguas nacionales seguirían siendo otorgadas a la discreción de la Conagua por 5-30 años, prorrogables, heredables  y sujetas a dinámicas de compra-venta, en violación de sus propios estudios de disponibilidad, a pesar de afectaciones a ecosistemas y terceros (88-112). Al rentar sus parcelas los comuneros o ejidatarios cederían sus derechos al agua. (160) Al pasar al dominio pleno, tendrían que solicitar concesión (161).  Los sistemas comunitarios de agua serían municipalizados o concesionados (65).  La Conagua manejaría “bancos de agua” para “proyectos estratégicos”. (113)  2. Construir instancias de participación comunitaria y ciudadana desde la microcuenca hasta el nivel nacional, para consensar Planes Rectores vinculantes para cumplir con la Agenda Nacional cuenca por cuenca.
3. Definir el “derecho humano al agua” como la lucha para acceder a 50 litros de agua por día. La única obligación de la autoridad sería garantizar un promedio de 50 litros diarios a los habitantes en asentamientos humanos. (49) 3. Establecer la Contraloría Social del Agua, instancia ciudadana auto-organizada a nivel municipal, de cuenca y nacional para evaluar el desempeño de autoridades cuyas acciones u omisiones vulneren los derechos asociados con el agua, y, en caso necesario, recomendar la revocación de su mandato.
4. Garantizar la recuperación de inversiones a través      de tarifas blindadas de presión social. Las tarifas cobradas a los usuarios finales serían fijadas por convenio con la Conagua como condición para acceso a fondos federales, y tendrían que cubrir la recuperación de las inversiones y costos de los inversionistas. (250, 256, 257, 258)  Los gobiernos tendrían que subsidiar las tarifas cobradas a poblaciones vulnerables (240). 4. Reconocer y restaurar los derechos a las fuentes históricas del agua de los pueblos originarios.
5. Asegurar agua para el uso minero y el fracking. El uso minero no requeriría de concesión (191). La fracturación hidráulica cabría dentro de la definición de uso industrial (“agua para la extracción de cualquier sustancia”) (10, LVI) y se le establecerían un permiso (141, III). 5. Desmontar el sistema de concesiones que ha resultado en la privatización, acaparamiento y sobreexplotación del agua. Los Consejos Ciudadanos determinarían los volúmenes a dedicar al uso personal y para la alimentación sana, respetando los límites de las cuencas y los acuíferos, y determinarían los volúmenes disponibles, las prioridades y los condicionantes de acceso para usos no prioritarios. No se permitiría el uso de aguas nacionales para la minería tóxica, la fracturación hidráulica (“fracking”) ni para usos que implicarían su contaminación con sustancias peligrosas. 
6. Seguir ofreciendo impunidad a contaminadores. “El Estado promoverá la participación voluntaria en esquemas de auditoría y evaluación en el sector hídrico para cuantificar el cumplimiento de la normatividad…”. (39)  6. Poner los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en manos públicas y comunitarias, sin fines de lucro, con mecanismos para garantizar su administración eficaz y transparente. Tendrían que consensar y ejecutar Planes Municipales para garantizar el acceso equitativo a agua de calidad, así como bebederos y baños dignos de libre acceso.
7. Evadir responsabilidades por la mala calidad del “agua potable”.  El 33% de las poblaciones urbanas dependen de acuíferos sobreconcesionados, en donde el agua contiene niveles tóxicos de arsénico, fluor y/o plomo.  La Ley Korenfeld no tiene medidas para corregir esta situación—solo ofrece a las empresas prestadores de servicios la posibilidad de certificarse en materia de calidad del agua. (35) (193 VI, 211) 7. Reorganizar el uso agrícola del agua y la infraestructura para riego.  Comités de ejidatarios y comuneros, pequeños agricultores, consumidores, y asesores técnicos consensarían planes cuenca por cuenca para para poner fin a la contaminación y el desperdicio del agua y energía en este sector, y priorizar la producción de alimentos sanos para el consumo local y nacional.
8. Desentenderse frente a desastres. En caso de emergencias hidrometeorológicas, el gobierno impulsará el “autocuidado y autoprotección”. La población debe tomar medidas para contar con agua, y adoptar previsiones para disminuir daños a su persona, bienes y entorno.  (225) 8. Establecer un Fondo Nacional para el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, para el financiamiento directo de proyectos auto-gestionados por parte de comunidades sin acceso a agua o saneamiento, priorizando el equipamiento de escuelas públicas.  
9. Prohibir el estudio de la situación real del agua. La realización de obras de exploración, estudio, monitoreo y remediación sin contar con el permiso de la Conagua (262 XXVI) será considerada falta grave, con sanción de 1000 a 50,000 días de salario mínimo (269, 270).   9. Garantizar presupuesto para el agua de   por lo menos 0.7% PIB, para ejecutar los Planes Rectores y Municipales, y garantizar sistemas de monitoreo y vigilancia hídrica, públicos y ciudadanos. 
  10. Toda obra hidráulica tendría que contar con un Dictamen demostrando que implicaría menos costos y más beneficios socio hídricoambientales a lo largo de su vida útil. No se permitiría el concesionamiento (privatización) de obras hidráulicas.
  11. Prohibir la autorización de grandes proyectos de urbanización en cuencas sufriendo de estrés hídrico (hundimientos, grietas, agua fósil, inundaciones, zonas sin acceso al agua, aguas residuales sin tratamiento y reúso). 
 

12. Requerir un Dictamen de Impacto Socio Hídrico adicional al Manifiesto de Impacto Ambiental, a ser elaborado por especialistas avalados por el Consejo Ciudadano de Cuenca, y contando con el consentimiento libre, previo e informado de los habitantes, asegurando que el proyecto no pondría en riesgo los derechos asociados con el agua. 

 

Como sociedad civil estamos convencidos en que es fundamental estar enterados del proceso legislativo en marcha y su complejidad, para que la ciudadanía sea parte de la agenda nacional de agua, un tema que sin lugar a dudas debe de ser interés público y nunca privado. De ahí que los invitamos a escucharnos el próximo miércoles 25 de marzo de 2015, en el programa Espacio Abierto 660 AM del Instituto Mexicano de la Radio (IMER). Donde como Red Ambiental Mexicana estaremos conversando con Helena Caeri de la organización Agua para todos y todas. Hasta pronto.  

Por: 

Red Ambiental Mexicana, a través del: Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, A.C. (http://www.agua.org.mx/)

 Aquí un link para firmar contra esta ley.

Observatorio

Seguimiento a los asuntos ambientales y de ecología más urgentes de México.

Biblioteca Ecoosfera

Una compilación de lecturas (libros, ensayos, etc) disponibles en PDF sobre temas como sustentabilidad, medioambiente y salud.

Ir a Biblioteca