Close

La Ley de Transición Energética sigue detenida en el Senado: ¿Por qué México no apuesta por una reforma energética sustentable?

La reforma energética constitucional aprobada el 20 de diciembre de 2013, así como su primer paquete de leyes secundarias, publicadas el 11 de agosto de 2014, mantienen y priorizan la participación de los hidrocarburos en la matriz energética de México, sin considerar la participación de las energías renovables en el sector eléctrico nacional, en un contexto donde el consumo energético aumenta y las reservas totales de combustibles fósiles y su aprovechamiento energético son cada vez menores.  Adicionalmente, la reforma energética y el desarrollo de proyectos energéticos podrían tener  diversos impactos ambientales y sociales,  así como posibles violaciones a derechos humanos en todo el país (CEMDA, 2015).

El artículo décimo séptimo transitorio de la reforma energética constitucional establece que en el plazo de un año debieron hacerse las adecuaciones necesarias al marco jurídico para establecer las bases en las que el Estado procurará la protección y cuidado del medio ambiente en todos los procesos relacionados con el sector energético, mediante la incorporación de criterios y mejores prácticas en los siguientes temas:

  • Eficiencia en el uso de energía,
  • Disminución en la generación de gases y compuestos de efecto invernadero
  • Eficiencia en el uso de recursos naturales
  • Baja generación de residuos y emisiones, y
  • Atenuación de la huella de carbono en todos los procesos energéticos, el llamado Paquete Verde de la reforma energética no fue publicado en diciembre de 2014. Es por ello que resulta de vital importancia la aprobación de una ley que aproveche el amplio potencial de fuentes renovables de energía con el que cuenta el país, y promueva y facilite su incorporación en la generación de electricidad a nivel nacional.

En seguimiento al transitorio mencionado, la Ley de Transición Energética (LTE) es la última de las leyes secundarias de la reforma energética, la única que no ha sido aprobada por el Senado de la República. Acotada al sector eléctrico, esta ley busca regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica, componentes no atendidos por la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), publicada en el primer paquete de legislación secundaria.

Con esta ley, el Estado mexicano deberá implementar políticas y medidas para impulsar el aprovechamiento energético de recursos renovables y la sustitución de combustibles fósiles, garantizando que existan las condiciones legales, regulatorias y fiscales para facilitar el cumplimiento de las metas de energías limpias y de reducción de emisiones contenidas en la Ley General de Cambio Climático. Por ello, obliga a la Secretaría de Energía a fijar como meta una participación mínima de energías limpias en la generación de energía eléctrica del 25% para el año 2018, del 30% para 2021 y del 35% para 2024. Asimismo, en materia de eficiencia energética, busca facilitar el cumplimiento de metas indicativas, a establecerse en el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, determinadas por la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) a través de una hoja de ruta establecida en un plazo no mayor de 260 días posteriores a la entrada en vigor de la Ley; así como crear un proceso voluntario de certificación y reconocimiento en excelencia en eficiencia energética. 

Aunque no modifica la definición de energías limpias de LIE, la Ley contempla umbrales de poder calorífico (no menor de 70%) y de emisiones contaminantes (no mayor a 100 kg/MWh), con el fin de determinar y limitar qué otras tecnologías puedan ser consideraras energías limpias por la Secretaría de Energía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en términos de lo establecido por la LIE, lo que excluiría la participación de los combustibles fósiles como energías limpias.

Otro punto destacado de la Ley es que impulsa la generación distribuida con la finalidad de cambiar el modelo centralizado del sector y democratizar la energía eléctrica, facilitando que los usuarios residenciales generen su electricidad y que eventualmente reciban pago por ello, abriendo la posibilidad de reducir la carga fiscal en los cobros de las tarifas eléctricas.  Asimismo, la Ley incorpora las externalidades en la evaluación de los costos asociados a la industria eléctrica, reconociendo y contabilizando los impactos que el proceso energético tiene en el medio ambiente, lo que hace más competitiva la generación de electricidad con fuentes renovables sobre los combustibles fósiles. 

Entre otras cosas, la Ley también crea un Programa de redes eléctricas inteligentes, apoyando la modernización de las redes de transmisión y distribución; regula facultades en materia de certificados de energías limpias; forma el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias y el Consejo Consultivo para la Transición Energética, y crea el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, con el fin de captar y canalizar recursos financieros para instrumentar acciones que sirvan para contribuir al cumplimiento, diversificación y enriquecimiento de las opciones para el cumplimiento de las metas en materia de energías limpias y eficiencia energética.

Esta Ley fue aprobada por la Cámara de Diputados el 15 de noviembre de 2014, y posteriormente fue turnada a las Comisiones de Energía y de Estudios Legislativos en el Senado de la República, donde debe ser discutida y pasada al Pleno para finalmente ser aprobada antes del 30 de abril de 2015, fecha en que finaliza el periodo de sesiones ordinarias del Congreso. En caso de que la Ley sea modificada por el Senado, ésta debe regresar a la Cámara de origen, donde debido a la coyuntura electoral, no existen condiciones políticas para ser nuevamente aprobada, por lo que sería discutida por los diputados electos en el siguiente periodo de sesiones, del 1° de septiembre al 15 de diciembre de 2015.

En ese contexto, es necesario cuestionar por qué las comisiones en el Senado, así como sus respectivos presidentes, no han colocado la discusión de la LTE en su agenda a menos de tres semanas de finalizar el presente periodo de sesiones. ¿Cuál es la razón por la que todas las leyes secundarias de la reforma energética ya fueron aprobadas, pero la ley referente a las energías renovables y transición energética, la que garantiza una reforma energética sustentable a largo plazo, continúa detenida en la Cámara alta? Ello muestra la ausencia de voluntad política y la falta de prioridad de los legisladores por la protección al medio ambiente. ¿Qué intereses están realmente defendiendo los senadores: los de grupos selectos empresariales que buscan incrementar sus ganancias con la explotación de hidrocarburos o los de 130 millones de mexicanos que nos veríamos beneficiados por el contenido de la LTE?

 

 

Potencial de energías renovables en México

Fuente: Climate Works Foundation, Pricewaterhouse Coopers, WWF, IMERE, Plan integral para el desarrollo de las energies renovables en México 2013-2018.

México tiene recursos de energía renovable económicamente competitivos a lo largo de todo el territorio nacional que no están siendo aprovechados. Ese potencial permitiría cubrir el 35% de generación de electricidad a través de fuentes de energía limpia para 2024, generando entre setenta y ochenta mil empleos directos e, incluso, eliminar paulatinamente hasta la mitad del subsidio eléctrico nacional mediante el impulso a la generación distribuida, es decir, más de 40 mil millones de pesos anualmente. 

El desarrollo de las energías renovables permitiría diversificar la matriz energética nacional, descentralizar la generación de electricidad y democratizar la energía, reducir la dependencia de combustibles fósiles, las emisiones contaminantes y  los impactos negativos que la generación de energía eléctrica y el sector energético en general tienen en el medio ambiente y en la salud de todos los mexicanos. Mientras otras economías en el resto del mundo ya tienen metas obligatorias y bastante ambiciosas, México da pasos hacia atrás en la tendencia hacia la transición energética. Con el alto potencial renovable con el que cuenta nuestro país, México podría avanzar a grandes pasos y garantizar una seguridad energética sustentable a largo plazo, convirtiéndose en un líder en la transición energética y el cambio climático.

Elaborado por Ana Mendívil del Área de Políticas Públicas del Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C.

Twitter del autor: 

Ver Más
Close