¿Qué pasa con la Ley de Aguas en México?

Hoy, México enfrenta el desafío de mantener el acceso y saneamiento del agua como un derecho humano para todos sus habitantes o bien, permitir que la industria sea la principal beneficiada con su administración y uso. El 9 de marzo, la Cámara de Diputados suspendió indefinidamente la discusión de la Ley General de Aguas que, […]

Hoy, México enfrenta el desafío de mantener el acceso y saneamiento del agua como un derecho humano para todos sus habitantes o bien, permitir que la industria sea la principal beneficiada con su administración y uso.

El 9 de marzo, la Cámara de Diputados suspendió indefinidamente la discusión de la Ley General de Aguas que, en teoría, reglamentará el acceso y saneamiento del agua como un derecho humano para todos los mexicanos, reconocido en el artículo 4 de la Constitución. 

La suspensión se dio después de que diversas organizaciones de la sociedad civil, académicos, científicos y miles de ciudadanos se opusieron a la propuesta de Ley que se discutía en ese momento. Tu también puedes rechazar esta ley firmando aquí. 

Aquí las principales razones de por qué decir NO a la Ley de General de Aguas, impulsada por el gobierno federal y los partidos PRI, PAN y PVEM en el Congreso.

1. El dictamen de ley antepone los intereses de la industria a los intereses de los ciudadanos.

  • Reduce el acceso al agua al “mínimo vital”  de 50 litros diarios por persona para uso personal y doméstico,  cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Organización Mundial de la Salud recomiendan al menos 100 litros de agua al día para cada persona. 
  • El acceso a este volumen sería solo para  asentamientos legalmente constituidos y  no para  todo ser humano como debiera ser.
  • Permite  mayor intervención de la iniciativa privada en infraestructura y servicios. 

 

2. Omite por completo el derecho al saneamiento.

  • El saneamiento se refiere al  acceso a “un sistema sanitario de recolección, transporte, tratamiento y eliminación de excrementos humanos así como la correspondiente promoción de la higiene. El Estado debe garantizar, sin discriminación, que toda persona tenga acceso, desde el punto de vista físico y económico, al saneamiento, en todas las esferas de la vida, que sea inocuo, higiénico, seguro, aceptable desde el punto de vista social y cultural, proporcione intimidad y garantice la dignidad”.  
  • El dictamen de ley “olvidó” este tema.  La propuesta equipara la noción de saneamiento con  calidad del agua, cuando se trata de  cosas distintas.

 

 

3. Legaliza la contaminación del agua 

  • A pesar de que la ley debería contemplar un modelo que conserve las fuentes de agua para poder contar con agua suficiente y de calidad para la presente y futuras generaciones, la propuesta que quiere ser aprobada:
  • Permite contaminar ríos con químicos siempre y cuando “no rebasen la capacidad de asimilación”,  pero los químicos no sólo se acumulan en el agua sino en suelo, ecosistemas y cuerpos humanos.
  • El control de la calidad del agua y de la contaminación  pasa a un sistema de “auditorías voluntarias” para lograr una certificación y evaluar el cumplimiento de la normatividad. 
  • Si el concesionario contamina el agua, la mayor multa es de 3.5 millones de pesos (50 mil días de salario mínimo).  Tragedias recientes como  la contaminación del Río Sonora se estimaron en daños por 20 mil millones de pesos.
  • Criminaliza  la investigación independiente y científica. Prohibe el monitoreo social o académico para conocer los niveles de diversos compuestos en el agua. 

 

4. Concesiona el agua

  • Se desaparece el concepto “asignación” de aguas nacionales a entidades públicas: todo será manejado vía concesiones
  • La propuesta de ley también promueve concesiones de enormes obras hidráulicas que tienen un uso intensivo de energía contribuyendo al calentamiento global (trasvases, pozos ultraprofundos y desalinadoras).
  • El artículo 8 define a los trasvases de “utilidad pública” independientemente del uso que tenga el agua trasladada. La evidencia alrededor del mundo ha mostrado que transferir agua de una cuenca a otra tiene importantes consecuencias ambientales y sociales, pero con esta ley se permitiría a concesionarios hacer trasvases incluso para uso industrial del agua “en nombre de utilidad pública”.
  • Resta la participación ciudadana, pues se basa en la participación de los concesionarios, quienes serán, principalmente, los grandes usuarios/beneficiarios. 

5. Promueve el fracking

  • A pesar de no leer la palabra fracking ni gas de esquito, lutitas o shale en el dictamen aprobado,  la definición de uso industrial deja en claro que esta actividad y tecnología podrán llevarse a cabo como si fuera cualquier uso industrial. “uso de agua para la extracción de cualquier sustancia para cualquier proceso de transformación”. 
  • La fracturación hidráulica o fracking es una técnica para la extracción de gas y petroleo de lutitas, principalmente. En ella se utilizan miles de litros de agua mezclados con arena y productos químicos – muchos cancerígenos- que se inyectan al subsuelo para romper las rocas de lutitas donde se encuentra el hidrocarburo. Se estima que para la fracturación de un solo pozo se requieren ente 9 y 29 millones de litros de agua, que se contaminan con al rededor de 300mil litros de sustancias tóxicas quedando inservibles para otro uso.
  • Pese a las advertencias internacionales de los fuertes impactos del fracking, la Ley General de Aguas no prevé ninguna reglamentación especial para esta actividad, y de acuerdo con declaraciones previas de David Korenfeld director de la CONAGUA, el fracking sería considerado como un uso más industrial.

 

¿Qué propone la sociedad civil?

En febrero de este año, el movimiento “Agua para Todos, Agua para la Vida” -integrado por científicos, académicos, organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Greenpeace, representantes comunitarios rurales y urbanos y con el respaldo de miles de mexicanos- entregaron la iniciativa ciudadana de una Ley General de Aguas que entre otras cosas propone:

  • Garantizar la disponibilidad y calidad suficiente del agua para consumo humano y acceso a sistema de saneamiento así como el uso sustentable y equitativo del agua, con la participación de la Federación, Estados y municipios así como la ciudadanía, como lo manda el artículo 4 constitucional. 
  • El reconocimiento y restauración de los derechos al agua y al territorio de los pueblos originarios, así como su formas de manejo comunitario.  
  • Un sistema de control y sanción para evitar la contaminación del agua por  incumplimiento de las normas o la falta de infraestructura sanitaria, sistemas de recolección y tratamiento.
  • Promover el uso más eficiente del agua, así como el reuso del agua industrial. Lo cual ayudaría a ir disminuyendo la contaminación de ríos, lagos y mares de la alta contaminación agrícola e industrial.
  • Promover un modelo de gestión del agua que cuide  el ciclo completo en la cuenca, que conserve las áreas y ecosistemas de importancia hídricas,  para garantizar agua y disponibilidad para la presente y futuras generaciones. En vez de presas, trasvases y contaminación  que solo retrasan y empeoran el problema de disponibilidad. .

Para saber más sobre esta propuesta ciudadana visita este sitio.

Twitter del autor: @PrensaGp



Turbidez en la Nueva Ley General de Aguas

Entre otras críticas, la ley asegura el agua para uso minero y para el fracking, ya que el uso del líquido en la explotación de minas no requerirá concesión y la fractura hidráulica cabría dentro de la definición de uso industrial.

México es un país con 112’336,538 habitantes. Según los informes de la INEGI del 2010, debido al crecimiento de la población, la disponibilidad de agua ha disminuido de manera considerable: en 1910 era de 31 mil m3 por habitante al año; para 1950 había disminuido hasta un poco más de 18 mil m3; en 1970 se ubicó por debajo de los 10 mil m3, en 2005 era de 4 573 m3 y para 2010 disminuyó a 4 230 m3anuales por cada mexicano.

Para el año 2010, el porcentaje de viviendas con disponibilidad de agua entubada fue de 88.7% (INEGI, PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE, 2011) esto significa, casi  99 millones de personas; el resto se abastecían de agua entubada fuera de la vivienda pero dentro del terreno que habitan, de pozos, ríos o arroyos, de la llave pública, o de otra vivienda.

Las comunidades campesinas e indígenas son las que generalmente se encuentran en las zonas rurales alejadas y tienen falta de servicios básicos, haciendo cuentas con base al número de viviendas que no tienen acceso al agua potable y las personas promedio que habitan cada vivienda (INEGI, PROMEDIO DE OCUPANTES POR VIVIENDA, 2011), alrededor de 13 millones de personas no cuentan con el servicio de agua entubada. Como veremos más adelante, la LGA tiene muchas irregularidades incluso en su redacción y contenido y muchas personas están muy pendientes de lo que procederá con la citada ley pues afecta a muchos ciudadanos, es por eso que tanto científicos, estudiantes, escuelas, centros de investigación entre otros están incluso proponiendo modificaciones a la ley para que realmente se pueda ver una mejoría en los problemas actuales de nuestro país en vez de que se empeoren.

La Ley General de Aguas promovida por la cámara de diputados el día 8 de Febrero del 2012 es una ley promovida por la Comisión Nacional de Agua ante la cámara de diputados. Es una ley que beneficia a unos pocos y que fue promovida opacamente sin llevar los pasos correspondientes a la legislación en México.

El objetivo de este presente documento es el análisis de la propuesta de ley que se pretende aprobar en la cámara de diputados para poder conocer el enfoque que se le dan a los artículos que la ley contiene y tener una postura ante su propuesta.

Para esto primero se procederá a mencionar los artículos más alarmantes de dicha ley así como la interpretación de los mismos para un mejor entendimiento. Posteriormente se presenta una serie de conclusiones con base en lo analizado en éste ensayo.

La ley General de Aguasfue promovida con la supuesta finalidad de asegurar el derecho humano de acceso al agua de buena calidad como lo dicta el artículo 4° de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, existen muchas opiniones en contra de tal fin, desde científicos reconocidos, población en general, experto en la materia e incluso diputados. Un ejemplo de lo anterior es la de la investigadora y Maestra Brenda Rodríguez Herrera que pertenece a la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua(COMDA) quien afirma que 13 millones de viviendas que si cuentan con el servicio de agua potable reciben en sus hogares el líquido contaminado por falta de saneamiento, al grado que realmente no es potable, pues las familias sufren  constantemente de infecciones gastrointestinales y afecciones en la piel.

La Ley general de aguas sería el medio ideal para incluso despojar a campesinos, indígenas o cualquier persona que se oponga a un megaproyecto potencial en sus tierras ya que habla acerca de la utilidad pública de los cuerpos de agua y con apoyo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “La propiedad de las… aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación…,. Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización” esto sería posible.

Los investigadores Pedro Moctezuma Barragán y Elena Burns dicen que la mencionada ley, pretende tomar decisiones sobre el agua a espaldas de la ciudadanía y ejecutarlas con el apoyo de la fuerza pública, esto se ve reflejado en el artículo 263 de la LGA que confiere la facultad a la Conagua de solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones.

En los artículos 81,116, 129 y 132 la Ley adopta una postura en la que la participación tanto del sector Social como el Privado la CONAGUA podrá celebrar tanto contratos de obra pública como otorgar concesiones para realizar megaproyectos que incluyan los trasvases de un cuerpo de agua a otro y administrar los servicios públicos. Esto da pie a la privatización del recurso agua de nuestra nación, cosa preocupante y alarmante.

Es una ley que ha tenido muchas críticas por parte de la población, los ONGs y diferentes organizaciones sociales. La ley asegura el agua para uso minero y para el fracking, ya que el uso del líquido en la explotación de minas no requerirá concesión y la fractura hidráulica cabría dentro de la definición de uso industrial. Esto se defiende en el artículo 142 que permite contaminar ríos siempre y cuando “no rebasen la capacidad de asimilación”.

Además, restringe el derecho humano al agua.  La Organización Mundial de la Salud establece que toda persona, para satisfacer sus necesidades básicas, debe tener derecho a una cantidad mínima de 100 litros por día y la LGA establece que dicho derecho es de 50 litros (Artículos 10 y 49). La ley se muestra muy ambigua en el artículo 49 que versa lo siguiente “El derecho humano al agua comprende la obligación de la autoridad competente de garantizar a los asentamientos humanos, en términos de esta Ley:…” la ambigüedad se muestra de forma en que los asentamientos humanos como tal no son sujetos de derecho, los sujetos de derecho de acceso al agua son las personas.

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Fotografía por Danilo Gamboa, Presa Mal paso Chiapas

Por último, la Ley General de Aguas es un instrumento mediante el cual se pretende privatizar uno de los bienes más preciados y vitales que tenemos en nuestro territorio, con el fin de beneficiar a unos pocos con los grandes contratos que ella permitiría, sin sopesar los impactos ambientales que podrían propiciarse. Las empresas más beneficiadas podrían ser las que son producto del nepotismo y compadrismo, como el caso del Grupo Higa, empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú, que en varias ocasiones ha sido beneficiada con jugosos contratos para la construcción de obras del gobierno federal.

Parte de la solución a esta situación es la manifestación pacífica de los ciudadanos ante las autoridades, tener una actitud propositiva y dar a conocer mediante la difusión, en los distintos medios de comunicación, la situación actual para que más personas estén enteradas de lo que sucede y poder así ser una fuerza de cambio contra la impunidad y el gobierno.

Autor: Danilo Gamboa

Twitter de la organización: @celeam_latam

Bibliografía

  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (última Reforma 10/07/15)
  • Ley General de Aguas emitido por el Congreso de la Unión.
  • Ley General de Aguas (Propuesta Ciudadana).
  • Universidad Nacional Autónoma de México. (2011). Revista Mexicana de Derecho Constitucional. Recuperado el 05 de 08 de 2015, dehttp://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/5/cl/cl10.htm


Ciudadanos piden apoyo: una ley para el agua hecha por más de 450 académicos de México debe ser discutida

El agua es quizá el derecho humano más básico; miles de expertos en México piden que no sea tratada como un producto más.

Hace unos meses en México se desató una importante polémica por la discusión de la Ley General de Agua. Esta ley fue criticada por expertos por ser privatizadora (como el consecionar el abasto del agua municipal), privilegiar los criterios de mercado en su uso y distribución, además de proteger a las grandes empresas como las mineras (la ley no permite ningún estudio independiente del agua sin permiso de la Conagua, por ejemplo).

La discusión finalmente fue detenida, en parte por la presión social pero también por las votaciones del pasado junio que provocaron el cambio de representantes en la cámara baja. Aunque la discusión pareciera varada, de momento, muchas organizaciones sociales y  comunidades indígenas están preocupados por que el tema se retome tal como se proponía.

En un consenso sin antecedentes al menos 450 académicos, científicos, organizaciones de la sociedad y comunidades indígenas elaboraron una propuesta de ley la Iniciativa Ciudadana para el Agua que parte del concepto del agua como un derecho humano básico y de un cuidado al medio ambiente. Miles de personas se están uniendo para que las autoridades discutan esta iniciativa hecha por expertos, y no una que continúa con un modelo privatizador (que por la devastación ambiental y la poca redituabilidad social es obsoleto.)

En este interesante análisis hecho por la Red Ambiental Mexicana puedes ver las diferencias entre la Ley General de Aguas propuesta por el presidente de México Enrique Peña Nieto y la elaborada por cientos de ciudadanos con conocimiento de años en la materia.

Si estás interesado en unirte a la exigencia para que los políticos tomen en cuenta esta iniciativa ciudadana puedes firmar aquí.

 

Twitter de la autora: @anapauladelatd

 

 



El 73% de los mexicanos piensa que el agua no debe ser abastecida por empresas privadas

Más de la mitad desaprueba la Ley General de Aguas, que entre otras implicaciones, permitiría el abasto de este líquido a las empresas privadas.

Hoy la polémica Ley General de Aguas en México está, afortunadamente, varada en la Cámara de Diputados. Esta ha sido denunciada por numerosos organismos de la sociedad civil como privatizadora. Una de las principales críticas es que el agua se trata de un derecho humano básico que no debe manejarse bajo los criterios del mercado. 

Para muchos la privatización del agua (los políticos en turno argumentan que no se trata de una privatización) es la culminación de una política económica neoliberal, que entre otros efectos, trata a los recursos naturales meramente como productos de compra-venta. 

Una encuesta realizada por El Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública revela la opinión de los mexicanos en torno a este tema. Algunas cifras interesantes nos muestran cómo, en realidad, existe un escepticismo generalizado sobre la ley; incluso si los encuestados no habían escuchado hablar sobre esta, cuando se les explicó, la mayoría estuvo en desacuerdo (sobre todo en la parte del abasto de agua por parte de empresas privadas). 

Aquí algunos datos interesantes de esta encuesta:

  • El 73% desaprueba que el agua deba ser abastecida por empresas privadas y se otorguen concesiones a empresas privadas, las cuales estarán sujetas a dinámicas de compra-venta.
  • Más de dos terceras partes de la población (71%) no conoce o no ha oído hablar de la Ley General de Aguas.
  • Luego de una ligera explicación el 57% la desaprueba.
  • Casi la mitad cree que con la aprobación de esta ley el agua se privatizará (48%).
  • El 98% cree que el agua debiera ser un derecho humano.


La nueva Ley de Aguas en México sería un negocio redondo para los empresarios: Freshwater Action Netwok

Curiosamente, la propuesta viene de un organismo dirigido por un funcionario que ha representado los intereses del sector empresarial del agua en México.

Uno de los grandes problemas en México es que muchos de sus políticos brincan continuamente del sector empresarial al político. Lo anterior resulta en que muchos de ellos defienden los intereses de los sectores de los distintos mercados al interior de la política y no necesariamente a la ciudadanía. 

Hace unas semanas la sociedad civil en México se sintió sorprendida y traicionada por una súbita Ley General de Aguas que no correspondía con el documento que habían estado elaborando de la mano de los diputados por meses. De pronto a apareció una propuesta de ley elaborada por la Conagua y votada en comisiones aceleradamente por los diputados (una ley, por cierto, privatizadora). 

Los intereses detrás de la privatización del agua, además de algunos casos como el fracking, son un tanto obvios si se investiga un poco al tema.  La prestigiada organización Fresh Water Action (FAN), que estuvo involucrada en el reconocimiento del agua como derecho humano en la ONU, ha estado señalando cómo el Director de la Conagua, David Korenfeld , fue presidente de Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS); esto quiere decir que él forma parte y representa los intereses de las empresas dedicadas a la distribución y venta de agua. 

“El modelo que se pretende implementar en México favorece a tres grandes negocios: a las constructoras de obra pública; a quienes se les va a concesionar la obra, que puede ser el constructor o no, es decir el que va a distribuir el agua; y a los que van a vender el agua.”(…) “Este modelo está muy alejado de promover precios especiales para los más vulnerables, pues el precio se rige bajo la premisa de oferta y demanda del libre mercado.”

“La van a vender [el agua] al precio que quieran porque además los precios se van a establecer con base en la recuperación total de la inversión, entonces vamos a estar hablando de costos muy altos de agua”, explicó Nathalie Seguin de FAN, para el sitio Sinembargo.

La especialista apuntó a que el clásico argumento para privatizar el agua queda corto: la falta de eficiencia y recursos, pues la privatización no ha significado un mejoramiento en los servicios en otros países . Asimismo, en México las privatizaciones emprendidas desde los 80 no han significado mejores servicios y los niveles de pobreza se mantienen.

*Si te suena, puedes firmar contra la privatización del agua aquí. 



¿El fracking está ligado al interés del gobierno mexicano para privatizar el agua?

Un nuevo informe de la Semarnat asegura que el fracking pondrá en competencia el uso del agua entre la población y estas empresas.

Hay quien dice que en la política no existen las coincidencias… Recientemente en México se aprobó una Reforma Energética que privilegia la explotación de hidrocarburos, y en esta ley también se promueve el pernicioso fracking, que hace uso de millones de litros de agua potable para la extracción de gas shale (rompiendo, junto con otros químicos, literalmente las capas de la tierra). 

Luego de la aprobación de esta reforma, que ahora la sociedad civil buscará revocar por anticonstitucional, y que ha llevado su debate hasta la Comisión Interamericana de Derechos humanos, la Nueva ley General de Agua aparece como una adecuación para facilitar el acceso de los intereses de las empresas al agua. 

Distintas organizaciones como la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, la Red Ambiental Mexicana, o Greenpeace México, han expuesto los motivos por los cuáles esta nueva ley es contraria a los derechos humanos, y los porqués es privatizadora, recordándonos el viejo cuento Ayoreo de la Abuela Grillo, que alude a que la naturaleza no puede poseerse. 

Hace unos días, la institución de gobierno más importante en materia ambiental en México, la SEMARNAT, reconoció en el documento “Guía de Criterios Ambientales para la Exploración y Regulación de Hidrocarburos Contenidos en Lutitas” que el método de la fractura hidraúlica puede provocar competencia por el agua, contaminación de los mantos acuíferos, contribución al calentamiento global, contaminación del suelo, contaminación atmosférica, así como pérdida de la biodiversidad” (fragmento retomado por el sitio Sinembargo). 

El siguiente pedazo del informe se relaciona notablemente con la Nueva Ley General de Aguas, pues al privatizarse la explotación del agua, los criterios de abasto responderían a la rentabilidad más que a los derechos humanos. Al aprobarse el fracking, por la cantidad de agua que requiere, se competiría desde el lado empresarial, ineludiblemente, con los recursos disponibles para la población: 

“Debido a que se requieren de 9 a 29 millones de litros para la fractura de un sólo pozo, en función de la profundidad, extensión y permeabilidad del yacimiento, cuando se perforan varios pozos en una región determinada, se compite por el agua para otros usos, comprometiendo el derecho humano al agua, es decir al agua para consumo doméstico, así como el agua destinada para la producción agrícola y el sostenimiento de ecosistemas”.

En México desde inicios de los años noventa una serie de privatizaciones han seguido una línea de un capitalismo neoliberal que no necesariamente han mejorado las condiciones de la población en general (más de la mitad de la población en este país persiste en las líneas de pobreza), por ejemplo. Así, la privatización del agua sería la culminación de un tipo de pensamiento que apuesta por el libre mercado más allá de cualquier otro criterio, una especie de sinsentido marcado por una avaricia suicida. 

Aquí los motivos, según distintas prestigiadas Ong´s, sobre porqué esta ley sí es privatizadora:

Aquí puedes firmar para evitar la privatización del agua. 

Aquí puedes enterarte de las nuevas acciones para defender el agua.

 

Twitter del autor: @anapauladelatd 

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