Ésta es la crítica ciudadana en la discusión de la Ley General de Aguas en México

La Red Ambiental Mexicana se suma al rechazo de la Nueva Ley General de Aguas y en puntos muy concretos te explica porqué.

Actualmente el debate sobre la Ley General de Aguas se juega entre dos frentes: uno ciudadano y otro oficial, cada uno tiene conceptos distintos sobre el uso y consumo del agua en relación con el ambiente, la población, las concesiones y la  participación social en torno a la toma de decisiones. Profundizar en ambas propuestas es básico para conformar una opinión al respecto pues las decisiones que se tomen nos afectarán a todos.

A partir del reconocimiento por parte de la ONU del acceso al agua potable y saneamiento como un derecho humano, en México se dieron una serie de modificaciones al marco  legal.  El rango constitucional al derecho humano al agua fue elevado  y con esto llegó la necesidad no sólo de modificar la Ley de Aguas Nacionales, sino de crea una nueva Ley General de Aguas.

Por un lado la Propuesta Ciudadana  proviene de la sociedad civil organizada, y es encabezada por académicos de la UAM, UNAM, IPN, U de G y otras universidades del país, que acompañados de diversas organizaciones sociales trabajaron una propuesta de ley que fue presentada ante el congreso para su análisis y discusión  el pasado 9 de febrero de 2015. Fue recibida por 42 legisladores (20 diputados y 22 senadores).

Ésta propuesta conceptualiza al agua como un elemento fundamental para el ambiente y registra a los hábitats como consumidores primarios de este elemento. Propone una mayor participación social a través del fortalecimiento de los consejos de cuenca y una vigilancia estrecha a las concesiones.

Por otro lado, la Propuesta Oficial es el documento que actualmente está siendo discutido en el congreso y fue elaborada por diversos partidos políticos, la Asociación Nacional de Empresas de Agua Saneamiento (ANEAS) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); y entró a la cámara de diputados para su aprobación el 26 de febrero de 2015. La iniciativa está encabezada  por los diputados: Kamel Athié Flores, Sergio Augusto Chan Lugo, José Antonio Rojo García de Alba y Gerardo Gaudiano Rovirosa. 

La Propuesta Oficial observa al agua como un recurso de extracción y se concentra en la manera de distribuirla aún mediante trasvases entre cuencas. Además,  presenta condiciones para fomentar en mayor medida la participación de la iniciativa privada en las obras, así como en los aspectos de administración, operación y distribución del agua potable.

En el siguiente cuadro, presentamos una breve revisión de la propuesta ciudadana y los puntos de desacuerdo con la ley Propuesta oficial: 

 
ANÁLISIS DE LA PROPUESTA OFICIAL DESDE LA CRÍTICA CIUDADANÍA PROPUESTA CIUDADANA DE LA LEY GENERAL DE AGUAS
1. Privatizar el agua vía la concesión de grandes obras hidráulicas, y de sistemas municipales. Se concesionaría mega-obras hidráulicas en torno a grandes ciudades (129, 232): Monterrey VI, Acueducto Independencia, Zapotillo/León, Cutzamala IV, Paso Ancho/Oaxaca, Chapultepec/ Acapulco  (72 V, 116); pozos ultra-profundos (191), desalinizadores (9 X).  Se promoverá la privatización de los sistemas municipales de agua y saneamiento. (80, 81) 1. Comprometernos con una Agenda Nacional: agua para ecosistemas, agua para tod@s, agua para soberanía alimentaria; fin a la contaminación, a la destrucción de cuencas y acuíferos y a la vulnerabilidad a inundaciones y sequías por mal manejo.
2. Sobreexplotar cuencas y acuíferos y despojar pueblos indígenas y campesinas para dar agua a grandes corporaciones. Las concesiones a aguas nacionales seguirían siendo otorgadas a la discreción de la Conagua por 5-30 años, prorrogables, heredables  y sujetas a dinámicas de compra-venta, en violación de sus propios estudios de disponibilidad, a pesar de afectaciones a ecosistemas y terceros (88-112). Al rentar sus parcelas los comuneros o ejidatarios cederían sus derechos al agua. (160) Al pasar al dominio pleno, tendrían que solicitar concesión (161).  Los sistemas comunitarios de agua serían municipalizados o concesionados (65).  La Conagua manejaría “bancos de agua” para “proyectos estratégicos”. (113)  2. Construir instancias de participación comunitaria y ciudadana desde la microcuenca hasta el nivel nacional, para consensar Planes Rectores vinculantes para cumplir con la Agenda Nacional cuenca por cuenca.
3. Definir el “derecho humano al agua” como la lucha para acceder a 50 litros de agua por día. La única obligación de la autoridad sería garantizar un promedio de 50 litros diarios a los habitantes en asentamientos humanos. (49) 3. Establecer la Contraloría Social del Agua, instancia ciudadana auto-organizada a nivel municipal, de cuenca y nacional para evaluar el desempeño de autoridades cuyas acciones u omisiones vulneren los derechos asociados con el agua, y, en caso necesario, recomendar la revocación de su mandato.
4. Garantizar la recuperación de inversiones a través      de tarifas blindadas de presión social. Las tarifas cobradas a los usuarios finales serían fijadas por convenio con la Conagua como condición para acceso a fondos federales, y tendrían que cubrir la recuperación de las inversiones y costos de los inversionistas. (250, 256, 257, 258)  Los gobiernos tendrían que subsidiar las tarifas cobradas a poblaciones vulnerables (240). 4. Reconocer y restaurar los derechos a las fuentes históricas del agua de los pueblos originarios.
5. Asegurar agua para el uso minero y el fracking. El uso minero no requeriría de concesión (191). La fracturación hidráulica cabría dentro de la definición de uso industrial (“agua para la extracción de cualquier sustancia”) (10, LVI) y se le establecerían un permiso (141, III). 5. Desmontar el sistema de concesiones que ha resultado en la privatización, acaparamiento y sobreexplotación del agua. Los Consejos Ciudadanos determinarían los volúmenes a dedicar al uso personal y para la alimentación sana, respetando los límites de las cuencas y los acuíferos, y determinarían los volúmenes disponibles, las prioridades y los condicionantes de acceso para usos no prioritarios. No se permitiría el uso de aguas nacionales para la minería tóxica, la fracturación hidráulica (“fracking”) ni para usos que implicarían su contaminación con sustancias peligrosas. 
6. Seguir ofreciendo impunidad a contaminadores. “El Estado promoverá la participación voluntaria en esquemas de auditoría y evaluación en el sector hídrico para cuantificar el cumplimiento de la normatividad…”. (39)  6. Poner los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en manos públicas y comunitarias, sin fines de lucro, con mecanismos para garantizar su administración eficaz y transparente. Tendrían que consensar y ejecutar Planes Municipales para garantizar el acceso equitativo a agua de calidad, así como bebederos y baños dignos de libre acceso.
7. Evadir responsabilidades por la mala calidad del “agua potable”.  El 33% de las poblaciones urbanas dependen de acuíferos sobreconcesionados, en donde el agua contiene niveles tóxicos de arsénico, fluor y/o plomo.  La Ley Korenfeld no tiene medidas para corregir esta situación—solo ofrece a las empresas prestadores de servicios la posibilidad de certificarse en materia de calidad del agua. (35) (193 VI, 211) 7. Reorganizar el uso agrícola del agua y la infraestructura para riego.  Comités de ejidatarios y comuneros, pequeños agricultores, consumidores, y asesores técnicos consensarían planes cuenca por cuenca para para poner fin a la contaminación y el desperdicio del agua y energía en este sector, y priorizar la producción de alimentos sanos para el consumo local y nacional.
8. Desentenderse frente a desastres. En caso de emergencias hidrometeorológicas, el gobierno impulsará el “autocuidado y autoprotección”. La población debe tomar medidas para contar con agua, y adoptar previsiones para disminuir daños a su persona, bienes y entorno.  (225) 8. Establecer un Fondo Nacional para el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, para el financiamiento directo de proyectos auto-gestionados por parte de comunidades sin acceso a agua o saneamiento, priorizando el equipamiento de escuelas públicas.  
9. Prohibir el estudio de la situación real del agua. La realización de obras de exploración, estudio, monitoreo y remediación sin contar con el permiso de la Conagua (262 XXVI) será considerada falta grave, con sanción de 1000 a 50,000 días de salario mínimo (269, 270).   9. Garantizar presupuesto para el agua de   por lo menos 0.7% PIB, para ejecutar los Planes Rectores y Municipales, y garantizar sistemas de monitoreo y vigilancia hídrica, públicos y ciudadanos. 
  10. Toda obra hidráulica tendría que contar con un Dictamen demostrando que implicaría menos costos y más beneficios socio hídricoambientales a lo largo de su vida útil. No se permitiría el concesionamiento (privatización) de obras hidráulicas.
  11. Prohibir la autorización de grandes proyectos de urbanización en cuencas sufriendo de estrés hídrico (hundimientos, grietas, agua fósil, inundaciones, zonas sin acceso al agua, aguas residuales sin tratamiento y reúso). 
 

12. Requerir un Dictamen de Impacto Socio Hídrico adicional al Manifiesto de Impacto Ambiental, a ser elaborado por especialistas avalados por el Consejo Ciudadano de Cuenca, y contando con el consentimiento libre, previo e informado de los habitantes, asegurando que el proyecto no pondría en riesgo los derechos asociados con el agua. 

 

Como sociedad civil estamos convencidos en que es fundamental estar enterados del proceso legislativo en marcha y su complejidad, para que la ciudadanía sea parte de la agenda nacional de agua, un tema que sin lugar a dudas debe de ser interés público y nunca privado. De ahí que los invitamos a escucharnos el próximo miércoles 25 de marzo de 2015, en el programa Espacio Abierto 660 AM del Instituto Mexicano de la Radio (IMER). Donde como Red Ambiental Mexicana estaremos conversando con Helena Caeri de la organización Agua para todos y todas. Hasta pronto.  

Por: 

Red Ambiental Mexicana, a través del: Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, A.C. (http://www.agua.org.mx/)

 Aquí un link para firmar contra esta ley.



Crónica de un conversatorio sobre megaproyectos en México hacia la sostenibilidad 2030

Un México Sostenible en donde de la suma de visiones, la integración de objetivos y metas comunes, trascienden lo inmediato, permitiéndonos decidir el país que queremos para las próximas décadas

Todo parece indicar que no habrá un alto al “progreso” hasta que toquemos pared como civilización, en ese sentido llega a la mente el comentario de Noam Chomsky* donde explica cómo, a diferencia de la extinción de los dinosaurios producida por un meteorito, nosotros somos nuestro propio meteorito y la extinción ha comenzado desde hace tiempo.

¿Qué puede hacer la sociedad civil frente a los megaproyectos?, ¿qué rol juegan las poblaciones y dónde está el poder de decisión?, ¿es posible lograr alguna convención mínima entre esquemas de desarrollo?, ¿cuál es la diferencia entre megaproyecto y proyecto?, ¿seguimos apostando y subsidiando modelos de desarrollo caducos?, ¿qué tanto sabemos del tema?

Este breve registro es un intento por plasmar el crisol de opiniones escuchadas el pasado jueves 4 de febrero en las instalaciones de la Escuela Bancaria Comercial en el Conversatorio Sostenibiladad 2030 visiones y retos de los Megaproyectos en México, organizado por la plataforma SostenibilidadMx (http://www.sostenibilidadmx.org/), apoyado por la Red Ambiental Mexicana, que da inicio a sus acciones que tienen como objetivo fortalcer las agendas públicas desde la sociedad civil. Durante el evento estuvieron presentes, ponentes de organizaciones, think tanks y un organismo gubernamental: Centro Mexicana de Derecho Ambiental, Centro de Colaboración Cívica, Unidad Nacional de Asociaciones de Ingenieros (UNAI) Fundar, World Wild Fund, Centro Prodh, Bo.Vo. Asesores Integrales y CONABIO.

Desde nuestras miradas, el tema de los megaproyectos como fenómenos que transforman por completo un territorio ya sea urbano o rural, resulta un reflejo de la atrocidad de nuestros tiempos y creo que no faltan razones para creer en ello. Basta poner la lupa en cualquier punto del territorio mexicano para encontrar desastres ecológicos causa del esquizofrénico contraste entre las leyes y la realidad.

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De acuerdo con los especialistas nos enfrentamos a un escenario donde los megaproyectos emergen bajo marcos legales de hace veinte años para satisfacer necesidades que ya no existen, mientras son presentados como necesidades cuando en realidad fomentan la desigualdad. De ahí el llamado a que las luchas no estén aisladas frente a la legalización de lo ilegal de la Reforma Energética que nos condena a la servidumbre legal.

Al respecto, el Centro Mexicano de Derechos Ambiental, A.C. (CEMDA), habló del caso de la carretera Huejuquilla-Bolaños en la sierra huichola, que atravesó territorios sagrados y fue dejada a medias después de un amparo agrario por violar leyes ambientales interpuesto por la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán o Tuapurie.2 Por otra parte, el Centro Pro Derechos Humanos, A.C; fue una muestra de acciones desde las comunidades y sociedad civil que apuestan por las decisiones tomadas desde la información y el consenso, el Buen Vivir y la defensa de los derechos humanos, sobre el mero crecimiento económico para hacer frente a la imposición de los megaproyectos, tal es el caso de Magdalena, Teitipac, pueblo oaxaqueño en lucha contra la minería.3

O bien, en la urgente defensa de líderes comunitarios como Idelfonso Zamora a quién defender el medio ambiente le ha costado su libertad y la vida de uno de sus hijos. Ildefonso Zamora, es un líder indígena tlahuica y protector de los bosques mexicanos, encarcelado injustamente acusado de un delito que no cometió, en venganza por su combate a la tala clandestina en el Estado de México. 4

Sin embargo, también dentro del conversatorio encontramos enfoques de personas con experiencia directa en el trabajo de mediación entre empresas y comunidades. Y hablaban de una mirada a los megaproyectos como una oportunidad para que los pueblos tomen sus propias decisiones (sean buenas o malas), a la vez de ser una alternativa al desarrollo que permita mitigar las condiciones de pobreza y desigualdad que detonan la migración de los jóvenes o su inserción en el narcotráfico, ¿estamos hablando de una oportunidad hacia agendas de convivencia entre visiones de desarrollo?

La problemática es sumamente compleja y nos deja, vale decirlo nuevamente, con más preguntas que respuestas: ¿es posible crear otros modelos de desarrollo social y territorial?, ¿es el emprendimiento social una vía de solución?, ¿existen megaproyectos sustentables?, ¿podemos actuar desde esquemas de gobernanza que integren las diferentes visiones de desarrollo? Sin duda necesitamos más espacios de encuentro y diálogo como este conversatorio para conectar nuestras acciones.

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SostenibilidadMx, impulsada por Telar Social México y Reforestamos México, integrantes de la Red Ambiental Mexicana #RAM, nos facilitan una alternativa que pone en práctica nuevas vías de colaboración, gestión de conocimientos, co-creación y trabajo en red entre las y los ciudadanos. a fin de robustecer la participación y representación ciudadana en la integración de la sostenibilidad en el Plan Nacional de Desarrollo 2024, como estrategia la 2050.

Esta nueva plataforma híbrida 3.0 de inteligencia colaborativa, nos invita vislumbrar un México Sostenible, donde de la suma de visiones, la integración de objetivos y metas comunes, trascienden lo inmediato, permitiéndonos decidir el país que queremos para las próximas décadas, ante los desafíos sociales, políticos, económicos y ambientales regionales y globales del Siglo XXI.

Ser conscientes del gran desafío y su problematización hoy en día ya no es suficiente. El desarrollo de sociedades sostenibles, no puede pensarse, sin la gestión de un modelo sistémico, un pensamiento holístico y un sentido de cooperación.

Te invitamos a dialogar,colaborar e incidir a través de www.sostenibilidadmx.org o través de sus redes sociales y el hashtag #SostenibilidadMx.

Monserrat Salazar Gamboa y David Ordaz Bulos



¿Seremos la generación que de la vuelta a nuestra civilización de aquí al 2030?

¿Qué rol elegimos jugar en nuestra comunidad para cambiar la historia de nuestro planeta? ¿seremos la generación que de la vuelta a nuestra civilización?

Hace 15 años ,189 países se reunían para firmar los Objetivos del Milenio (ODM), que apuntaban hacia al desarrollo y construcción de una sociedad diferente, con foco en la erradicación de la pobreza, la promoción del bienestar entre los ciudadanos y la protección del medio ambiente.

A finales del mes de septiembre las y los líderes del mundo se reunirán en la la Cumbre de las Naciones Unidas ,en Nueva York ,para aprobar de manera oficial la agenda que dará continuidad a los ODM a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

La nueva agenda de Desarrollo Sostenible surge después de más de 2 años y medio de negociaciones intergubernamentales, mecanismos de consultas temáticas y la participación sin precedentes de la ciudadana. Una persona por cada 1000 en el mundo fue consultada a través de  la plataforma MyWorld2015.

Una agenda ambiciosa fue plasmada el pasado mes de agosto, en el documento “Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, donde se logró diseñar el plan de acción para las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y el trabajo conjunto.

Los Estados miembros (193 países), acordaron trabajar bajo la luz de una agenda universal, transformadora e integral, bajo tres principios básicos: terminar con la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad y la injusticia y poner soluciones al cambio climático.

Es importante resaltar que en esta nueva agenda compuesta por 17 objetivos y 169 metas, están incluidos de manera independiente la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, así como el impulso de sociedades pacíficas, justas e inclusivas , escritas en su mayoría con sensibilidad de género, por primera vez.

Cabe señalar que al analizar el documento de manera estricta, se queda corto al plasmar las llamadas metas. Éstas debieran contener resultados numéricos y plazos, y en su mayoría no son expresados en su totalidad.

Expertos aseguran que “los ODS contienen 169 artículos, pero en realidad, hay menos de 30 metas genuinas. Con toda honestidad, los ODS son una mezcla de ideales y generalidades, salpicados con algunas metas concretas.

El nuevo programa de desarrollo sostenible se basa en el éxito de los ODM que ayudaron a más de 700 millones de personas salir de la pobreza. Por lo que en el centro de la agenda se destaca la erradicación de la pobreza, pero hoy en día integrando las dimensiones del desarrollo sostenible (Económicas-sociales y ambientales).

Por ello alguno, a quien ha cuestionado de manera dura el sueño o ideal de erradicar la pobreza al 2030.

El The Economist, expresa que el modelo planteado ha sido diseñado de manera débil y que eso podría generar expectativas entre los países emergentes (recibir más financiamientos) y dejarlos con una utopía que no se podría cumplir en los términos de la financiación para el desarrollo.

Poner fin a la pobreza de casi 1 mil millones de personas que viven en no más de $ 1,25 al día, requiere atención en las causas, a las raíces, focalizar los esfuerzos solo en atender la desigualdad y la injusticia, no son suficientes. Se necesita profundidad en el diseño de los objetivos y metas, que contemplen mejorar la gobernanza, fomentar la transparencia entre otros, para así reducir la desigualdad sucesivamente. Pero sobre todo alinear muchas de las tendencias mundiales que apuntan al lado contrario.

Para 2030, los gobiernos de todo el mundo tendrán que hacer frente a factores críticos cruciales, por ejemplo, el crecimiento demográfico global, que provocará una enorme tensión en torno del suministro de alimento y agua. Para entonces, casi dos tercios de la población mundial residirá en ciudades, y se espera que el mundo en desarrollo asuma de 75% a 80% de los costos de las adaptaciones requeridas.

Hoy nuestro planeta es my diferente a hace 15 años, es más evidente las consecuencias de nuestras ausencias en las decisiones. Es diferente también por que una parte de  la sociedad civil cambio, la sociedad de hoy en día cuestiona, debate participa, se involucra. Hemos aprendido a interactuar en este ambiente complejo, hemos ganados espacios de diálogos públicos, a través de múltiples medios digitales o físicos.

Los ODS son un llamado a pensar acerca del desarrollo de una manera diferente. Re-significar el desarrollo y sus implicaciones. Pensar en cooperar en lugar de competir, dar nuevas escalas a los valores y hábitos de consumo. Es imperante impulsar y exigir dicha agenda como una plan de inversión en el desarrollo sostenible y no como una agenda en acciones de caridad.

Identificar las oportunidades de mejora de los ODS, nos compromete a exigir su implementación, medición, pero sobre todo ejercitar nuestro músculo de ciudadanía participativa, que demanda pero actúa.

En la Red Ambiental Mexicana, buscamos actores arriesgados y disruptivos que propongan soluciones creativas a problemas sociales, a través de la innovación social, el seguimiento a la agenda pública que hemos cabildeado en los últimos meses y sobre todo la participación de los y los  ciudadanos en la construcción de un México Sostenible.

Sí la sostenibilidad es el fin y el desarrollo sostenible el medio, ¿qué ruta estamos construyendo para alcanzar dicho fin?¿qué rol elegimos jugar en nuestra comunidad para cambiar la historia de nuestro planeta? ¿seremos la generación que de la vuelta a nuestra civilización?

Sí quieres conocer más y participar de estos ODS sigue la conversación en las redes sociales con los hashtags #GlobalGoals #Action2015 #Acción2015 #2030Now #en2015Actuamos y en México #Acción2015 , #ActúaMéxico .

¿Y tú ya trazaste tu ruta?, compártela en @RedAmbientalMx y Red Ambiental Mexicana en Facebook.

 

 

Autora: Montserrat Salazar Gamboa de la organización Telar Social México que forma parte de la Red Ambiental Mexicana. 

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1.http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-y-metas-de-desarrollo-sostenible/

2.elpais.com · by Jan V andemoortele · September 8, 2015

3.http://www.economist.com/news/leaders/21647286-proposed-sustainable-development-goals-would-be-worse-useless-169-commandments

4.https://accion2015mx.wordpress.com/

 

 

 

 

 

 



Turbidez en la Nueva Ley General de Aguas

Entre otras críticas, la ley asegura el agua para uso minero y para el fracking, ya que el uso del líquido en la explotación de minas no requerirá concesión y la fractura hidráulica cabría dentro de la definición de uso industrial.

México es un país con 112’336,538 habitantes. Según los informes de la INEGI del 2010, debido al crecimiento de la población, la disponibilidad de agua ha disminuido de manera considerable: en 1910 era de 31 mil m3 por habitante al año; para 1950 había disminuido hasta un poco más de 18 mil m3; en 1970 se ubicó por debajo de los 10 mil m3, en 2005 era de 4 573 m3 y para 2010 disminuyó a 4 230 m3anuales por cada mexicano.

Para el año 2010, el porcentaje de viviendas con disponibilidad de agua entubada fue de 88.7% (INEGI, PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE, 2011) esto significa, casi  99 millones de personas; el resto se abastecían de agua entubada fuera de la vivienda pero dentro del terreno que habitan, de pozos, ríos o arroyos, de la llave pública, o de otra vivienda.

Las comunidades campesinas e indígenas son las que generalmente se encuentran en las zonas rurales alejadas y tienen falta de servicios básicos, haciendo cuentas con base al número de viviendas que no tienen acceso al agua potable y las personas promedio que habitan cada vivienda (INEGI, PROMEDIO DE OCUPANTES POR VIVIENDA, 2011), alrededor de 13 millones de personas no cuentan con el servicio de agua entubada. Como veremos más adelante, la LGA tiene muchas irregularidades incluso en su redacción y contenido y muchas personas están muy pendientes de lo que procederá con la citada ley pues afecta a muchos ciudadanos, es por eso que tanto científicos, estudiantes, escuelas, centros de investigación entre otros están incluso proponiendo modificaciones a la ley para que realmente se pueda ver una mejoría en los problemas actuales de nuestro país en vez de que se empeoren.

La Ley General de Aguas promovida por la cámara de diputados el día 8 de Febrero del 2012 es una ley promovida por la Comisión Nacional de Agua ante la cámara de diputados. Es una ley que beneficia a unos pocos y que fue promovida opacamente sin llevar los pasos correspondientes a la legislación en México.

El objetivo de este presente documento es el análisis de la propuesta de ley que se pretende aprobar en la cámara de diputados para poder conocer el enfoque que se le dan a los artículos que la ley contiene y tener una postura ante su propuesta.

Para esto primero se procederá a mencionar los artículos más alarmantes de dicha ley así como la interpretación de los mismos para un mejor entendimiento. Posteriormente se presenta una serie de conclusiones con base en lo analizado en éste ensayo.

La ley General de Aguasfue promovida con la supuesta finalidad de asegurar el derecho humano de acceso al agua de buena calidad como lo dicta el artículo 4° de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, existen muchas opiniones en contra de tal fin, desde científicos reconocidos, población en general, experto en la materia e incluso diputados. Un ejemplo de lo anterior es la de la investigadora y Maestra Brenda Rodríguez Herrera que pertenece a la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua(COMDA) quien afirma que 13 millones de viviendas que si cuentan con el servicio de agua potable reciben en sus hogares el líquido contaminado por falta de saneamiento, al grado que realmente no es potable, pues las familias sufren  constantemente de infecciones gastrointestinales y afecciones en la piel.

La Ley general de aguas sería el medio ideal para incluso despojar a campesinos, indígenas o cualquier persona que se oponga a un megaproyecto potencial en sus tierras ya que habla acerca de la utilidad pública de los cuerpos de agua y con apoyo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “La propiedad de las… aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación…,. Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización” esto sería posible.

Los investigadores Pedro Moctezuma Barragán y Elena Burns dicen que la mencionada ley, pretende tomar decisiones sobre el agua a espaldas de la ciudadanía y ejecutarlas con el apoyo de la fuerza pública, esto se ve reflejado en el artículo 263 de la LGA que confiere la facultad a la Conagua de solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones.

En los artículos 81,116, 129 y 132 la Ley adopta una postura en la que la participación tanto del sector Social como el Privado la CONAGUA podrá celebrar tanto contratos de obra pública como otorgar concesiones para realizar megaproyectos que incluyan los trasvases de un cuerpo de agua a otro y administrar los servicios públicos. Esto da pie a la privatización del recurso agua de nuestra nación, cosa preocupante y alarmante.

Es una ley que ha tenido muchas críticas por parte de la población, los ONGs y diferentes organizaciones sociales. La ley asegura el agua para uso minero y para el fracking, ya que el uso del líquido en la explotación de minas no requerirá concesión y la fractura hidráulica cabría dentro de la definición de uso industrial. Esto se defiende en el artículo 142 que permite contaminar ríos siempre y cuando “no rebasen la capacidad de asimilación”.

Además, restringe el derecho humano al agua.  La Organización Mundial de la Salud establece que toda persona, para satisfacer sus necesidades básicas, debe tener derecho a una cantidad mínima de 100 litros por día y la LGA establece que dicho derecho es de 50 litros (Artículos 10 y 49). La ley se muestra muy ambigua en el artículo 49 que versa lo siguiente “El derecho humano al agua comprende la obligación de la autoridad competente de garantizar a los asentamientos humanos, en términos de esta Ley:…” la ambigüedad se muestra de forma en que los asentamientos humanos como tal no son sujetos de derecho, los sujetos de derecho de acceso al agua son las personas.

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Fotografía por Danilo Gamboa, Presa Mal paso Chiapas

Por último, la Ley General de Aguas es un instrumento mediante el cual se pretende privatizar uno de los bienes más preciados y vitales que tenemos en nuestro territorio, con el fin de beneficiar a unos pocos con los grandes contratos que ella permitiría, sin sopesar los impactos ambientales que podrían propiciarse. Las empresas más beneficiadas podrían ser las que son producto del nepotismo y compadrismo, como el caso del Grupo Higa, empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú, que en varias ocasiones ha sido beneficiada con jugosos contratos para la construcción de obras del gobierno federal.

Parte de la solución a esta situación es la manifestación pacífica de los ciudadanos ante las autoridades, tener una actitud propositiva y dar a conocer mediante la difusión, en los distintos medios de comunicación, la situación actual para que más personas estén enteradas de lo que sucede y poder así ser una fuerza de cambio contra la impunidad y el gobierno.

Autor: Danilo Gamboa

Twitter de la organización: @celeam_latam

Bibliografía

  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (última Reforma 10/07/15)
  • Ley General de Aguas emitido por el Congreso de la Unión.
  • Ley General de Aguas (Propuesta Ciudadana).
  • Universidad Nacional Autónoma de México. (2011). Revista Mexicana de Derecho Constitucional. Recuperado el 05 de 08 de 2015, dehttp://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/5/cl/cl10.htm


Las ciencias de la sostenibilidad y las políticas públicas (un nuevo escenario)

Las CS están en camino de convertirse en una herramienta imprescindible para los gobiernos. Sus éxitos y fracasos estarán influenciados por el (des)acoplamiento con las PP y los tomadores de decisiones.

Las Ciencias de la Sostenibilidad (CS) y las Políticas Públicas (PP) son dos caras de una misma moneda. Ambas disciplinas están enfocadas en resolver problemas. Las CS los definen como problemas “perversos” y las PP se limitan a definirlos como problemas públicos. El problema de los valores es otra característica que comparten, siendo fundamental admitir que los tomadores de decisiones tendrán siempre una carga valorativa que influirá en su elección. Comprender las dos disciplinas en conjunto ayudará a generar decisiones mejor fundamentadas y – muy posiblemente – con mayor probabilidad de éxito.

Las CS se definen como el cuerpo de investigaciones transdisciplinarias que aborda las interacciones entre los sistemas naturales y sociales, buscando la reducción sustancial de la pobreza y la conservación de los ecosistemas (Kates et al., 2011). A diferencia de las ciencias exactas y positivistas, sus criterios se basan en el realismo crítico, el cual propone que nada es absoluto. El conocimiento es falible, corregible y tiene sesgos culturales. Por lo tanto, no existe una mejor solución o una formulación definitiva de un problema. La finalidad de las CS es proporcionar una gama de soluciones que sean factibles y que consideren los stakeholders clave de los sistemas socio-ecológicos.

A su vez, las PP son un proceso integrador de decisiones, acciones, acuerdos e instrumentos, ejecutado por autoridades públicas encaminado a solucionar una situación definida como problemática. La política pública hace parte de un sistema, el cual se pretende modificar o mantener (Velásquez, 2009). La mejor política pública muy pocas veces será la que esté basada en una propuesta técnica, por el contrario se considera que la mejor política pública será aquella que este legitimizada entre los diversos actores que serán impactados por sus resultados (Arellano y Blanco, 2013). Un enfoque que actualmente predomina en la estructuración de PP es el económico, ya que los gobiernos siempre trabajan con recursos limitados. No obstante, este enfoque ha sido criticado por no considerar los problemas de manera holística (Sour, 2009). Además del enfoque económico, se tienen que considerar el organizativo, el político y el legal (Aguilar, 2006).

Los conflictos que actualmente apremian a la humanidad son de una naturaleza compleja. Por tal motivo se requiere mayor información para poder formular una solución – o por lo menos un paliativo – que pueda ser efectivo. Las CS se convierten en una vía para conocer las distintas dimensiones de un problema. Considerando el ciclo de políticas públicas propuesto por Eugene Bardach (1998) las CS se insertarían en los primeros tres pasos: Conceptualización del problema, obtención de información y construcción de alternativas. Para que las CS tengan un mayor impacto es imprescindible que la construcción de alternativas contemple los enfoques que están utilizando los policy makers para la instrumentación de las soluciones. De lo contrario, las propuestas no podrán ser aterrizadas porque no se cuentan con las condiciones necesarias para ello.

El economista Otto Neurath escribió hace tiempo la “metáfora del marinero” la cual es útil para describir el quehacer de las personas dedicadas a las CS y a las PP: como marineros que en alta mar tienen que cambiar las formas de su embarcación para hacer frente a los destrozos de la tempestad. Para transformar la quilla tendrán que usar maderos a la deriva o tal vez tablas de la vieja estructura. No podrán, sin embargo, llevar la nave a puerto para reconstruirla de nuevo. Y mientras trabajan tendrán que permanecer sobre la vieja estructura y luchar contra el temporal, las olas desbocadas y los vientos desatados.  

Ambas (SC y PP) trabajan constantemente con recursos limitados (tecnológicos, humanos, temporales, económicos e institucionales). Por tal motivo tienen que hacer uso de los recursos disponibles en el momento (maderos a la deriva) para poder sortear las olas desbocadas y los vientos desatados (problemas emergentes). En este sentido “llegar a puerto” se vuelve un anhelo inalcanzable ya que una de las características de los problemas perversos es que las soluciones a los mismos generan otros problemas.

En conclusión, las CS están en camino de convertirse en una herramienta imprescindible para los gobiernos. Sus éxitos y fracasos estarán influenciados por el (des)acoplamiento con las PP y los tomadores de decisiones.

¡La suerte está echada!

 

Twitter del autor: @Erick_ARS

Erick Alberto Rodríguez estudia la maestría en el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad en la UNAM

Una colaboración de la Red Ambiental Mexicana.

 

Bibliografía

Aguilar Villanueva, Luis F. (2006), Gobernanza y Gestión Pública, FCE. 500pp.

Arellano, D. y Blanco, F. (2013). Políticas Públicas y Democracia. Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, No. 30. México: Instituto Federal Electoral. íntegro, 63 pp.

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4 estrategias para enfrentar el cambio climático a nivel local

Con base en estudios y el trabajo comunitario realizado por expertos del Colegio de Geografía de la UNAM y Tierra Nueva en México, nos comparten estos métodos de activación.

En los últimos años el tema del cambio climático ha cobrado una gran relevancia debido a los efectos adversos que ha tenido en los distintos sectores de la población; sin embargo, el cambio climático no es el causante de todos los males de la humanidad, algunos grupos humanos serán más vulnerables dependiendo de su grado de exposición. La capacidad de los diversos grupos sociales de adaptarse al cambio climático dependerá de su capacidad de gestionar su territorio y sus recursos ante este nuevo reto ambiental. Se espera que las comunidades o sectores de la población con menos recursos sean los más vulnerables, por lo que será necesario contribuir al desarrollo de capacidades de gestión y toma de decisiones en la población local con la finalidad de hacer frente a este problema.

Pero, ¿Qué es  vulnerabilidad y que es adaptación y por qué ambos conceptos son importantes para hacer frente a los efectos locales del cambio climático? La vulnerabilidad está determinada por las condiciones sociales, económicas y ambientales de un sistema que le permitirán o no hacer frente a una amenaza climática (IPCC, 2001). Al mismo tiempo, la vulnerabilidad también depende del carácter, magnitud y rapidez del cambio climático (lluvias torrenciales, sequías prolongadas, etc.) influyen además la sensibilidad y el grado de exposición.  La vulnerabilidad es una medida de cuan bien preparados estamos ante las amenazas. Por otro lado, la adaptación permite reducir los impactos del cambio climático a través de iniciativas y medidas enfocadas a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos esperados o reales del cambio climático. Según los expertos, la adaptación consiste en disminuir la vulnerabilidad.

Puesto que los sistemas actuales son una mezcla de elementos sociales y ambientales (los llamados socioecosistemas), la participación social debiera jugar un papel fundamental para ayudar a entender y hacer frente a este fenómeno. Esta participación social en el conocimiento de la ciencia y como afecta a nuestras vidas se refleja en el concepto de la ciencia ciudadana que se basa en la generación de datos que ayuden a comprender mejor el funcionamiento de los diferentes sistemas naturales y sociales a través de la creación de redes voluntarias de observación de los diferentes componentes ambientales, hasta la puesta en marcha de distintas estrategias para disminuir su propia vulnerabilidad y adaptación al cambio climático.

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A nivel mundial existen algunos ejemplos de este tipo de estrategias; la creación de redes fenológicas (estudio de la relación del clima con las plantas) para entender el efecto del cambio climático en la vegetación es una de ellas, tal es el caso de la Red Fenológica de los Estados Unidos (USA-National Phenology Network https://www.usanpn.org/). Dicha red comunitaria de observación cuenta con casi diez años de observaciones realizadas por voluntarios y que ayudan  a entender el funcionamiento de las relaciones clima-planta en el mediano y largo plazo.  En el caso de México, existen  distintas iniciativas para incluir a las comunidades y hacer frente a este problema a nivel local, estas iniciativas han quedado plasmadas en documentos como: La Estrategia Nacional de Cambio Climático (SEMARNAT, 2013), La Ley General de Cambio Climático (Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, 2012), la Estrategia de Cambio Climático para Áreas Protegidas (CONANP, 2010), entre otros.

El Colegio de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México está generando investigación para desarrollar herramientas de uso comunitario por las personas que viven en las Áreas Naturales Protegidas para entender su entorno y así reducir su vulnerabilidad y mejorar su capacidad adaptativa. Uno de los instrumentos es la conformación de una Red de Observación Fenológica Comunitaria,  que monitorea desde hace cuatro años, la respuesta de la vegetación ante un clima cambiante. Cada voluntario observa y registra las fases de crecimiento de las plantas de uso agrícola o especies forestales de importancia local. Se registran los cambios que experimenta la vegetación y su relación con la marcha del clima a lo largo del año. Por ejemplo, se asocia el aumento de la temperatura y cambios en la precipitación con la presencia de plagas y enfermedades de las plantas, se encuentran relaciones de la presencia de incendios con la condición de sequías prolongadas y se identifica la aptitud climática de los sitios conforme a los cambios últimos del clima local (años cada vez más cálidos y cambio en la cantidad y estacionalidad de las lluvias)

El grupo de investigadores plantea que, indirectamente las comunidades serán parte de estos efectos adversos. La deforestación, la degradación ambiental y la contaminación del agua a escala local y regional, pueden ser la causa de una mayor sequedad en el aire, un aumento en la temperatura y la prolongación de los periodos de sequía. Por lo cual han llegado a la conclusión de afirmar que aún es necesario puntualizar y contar con más evidencias y registros en distintos aspectos ambientales, sociales y económicos para entender la adaptación comunitaria al cambio climático.

Con base en estos estudios preliminares y con la experiencia del trabajo comunitario sobre vulnerabilidad y adaptación al cambio climático que el grupo de expertos del Colegio de Geografía de la UNAM y Tierra Nueva ha realizado en los últimos años, compartimos algunos temas básicos para  entender el principio de  la adaptación y enfrentar al cambio climático a escala ciudadana o local:

PROMOVER LA CULTURA DEL DATO EN LAS COMUNIDADES: México es un país con una amplia riqueza sociocultural, el mosaico de comunidades y personas que viven en los ecosistemas naturales y dependen de los mismos para su desarrollo hacen que el registro de datos tan solo del clima sea complicado o en muchos casos escaso o nulo. Comparado con Europa tenemos un atraso de al menos 20 años de registros históricos del clima y no se diga de la respuesta en los elementos bióticos como la flora o la fauna lo que nos invita a comprender, promover y concientizar a la población sobre la importancia de la observación y monitoreo ambiental. Si no entendemos cómo funciona un sistema, no podremos entender cómo adaptarnos ante un clima cambiante.

LA ADAPATACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEBE SER A NIVEL LOCAL: En un país como el nuestro los paisajes geográficos son variados. En tan solo un trayecto conocido, por ejemplo de la Ciudad de México al Puerto de Acapulco, la diversidad de ecosistemas y altitudes es variada, si agregamos como variable la llegada de un fenómeno climático como puede ser un huracán, podría expresarse de manera negativa de muchas formas: no es lo mismo las afectaciones que tendrá a nivel del mar, que en los bosques de pino-encino, por lo que las estrategias para prevenir, actuar y responder ante un fenómeno de esta naturaleza se tienen que diseñar desde la base y de manera participativa, teniendo en cuenta las implicaciones regionales del mismo.

INCLUIR LOS CONCEPTOS DE VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN EN LA POLÍTICA PÚBLICA: Aunque México ha sido pionero en desarrollar iniciativas de trascendencia internacional desarrollando instrumentos de política pública que consideran al cambio climático en las propuestas, aún tenemos muchas áreas de oportunidad para poder mejorar y seguir construyendo mecanismos participativos que contemplen la visión local, regional y nacional para aterrizar el concepto de adaptación y vulnerabilidad.

PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO: La falta de divulgación responsable del tema y de iniciativas que permitan fortalecer el conocimiento climático y ambiental en donde todos los sectores de la sociedad participen es fundamental. No es suficiente con agregar el término cambio climático a cada slogan o título de programa o iniciativa, promovamos ejercicios conscientes e incluyentes para motivar una reflexión más profunda del tema que implica adaptarnos. Ejemplos que suceden en nuestro país y que aún son poco conocidos son el primer concurso de fotografía organizado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en el año 2014. Mientras que el Colegio de Geografía de la UNAM está organizando un coloquio sobre redes de observación fenológica y climática a realizarse en noviembre del presente año.

Finalmente, reflexionamos que es un buen momento para actuar de manera colectiva y consciente, dejando de ver al cambio climático como una crisis negativa. Nuestro papel como personas integrantes de un sistema más complejo, tendría que ser innovar y desarrollar estrategias para aprovechar las oportunidades que vendrán en un futuro sin descuidar el equilibrio ambiental que esto implica.

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Twitter:@TierraNueva0

Autores:

Geog. Erika Rocío Reyes González, Posgrado en Geografía Ambiental, Universidad Nacional Autónoma de México.

Ing. Atzin Elihu Calvillo Arriola, Coordinador de la iniciativa de Adaptación Local al Cambio Climático de Tierra Nueva. www.tierranueva.com.mx

Dra. Leticia Gómez Mendoza, Profesora de Tiempo Completo del Colegio de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México.

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