Close

Ésta es la crítica ciudadana en la discusión de la Ley General de Aguas en México

Actualmente el debate sobre la Ley General de Aguas se juega entre dos frentes: uno ciudadano y otro oficial, cada uno tiene conceptos distintos sobre el uso y consumo del agua en relación con el ambiente, la población, las concesiones y la  participación social en torno a la toma de decisiones. Profundizar en ambas propuestas es básico para conformar una opinión al respecto pues las decisiones que se tomen nos afectarán a todos.

A partir del reconocimiento por parte de la ONU del acceso al agua potable y saneamiento como un derecho humano, en México se dieron una serie de modificaciones al marco  legal.  El rango constitucional al derecho humano al agua fue elevado  y con esto llegó la necesidad no sólo de modificar la Ley de Aguas Nacionales, sino de crea una nueva Ley General de Aguas.

Por un lado la Propuesta Ciudadana  proviene de la sociedad civil organizada, y es encabezada por académicos de la UAM, UNAM, IPN, U de G y otras universidades del país, que acompañados de diversas organizaciones sociales trabajaron una propuesta de ley que fue presentada ante el congreso para su análisis y discusión  el pasado 9 de febrero de 2015. Fue recibida por 42 legisladores (20 diputados y 22 senadores).

Ésta propuesta conceptualiza al agua como un elemento fundamental para el ambiente y registra a los hábitats como consumidores primarios de este elemento. Propone una mayor participación social a través del fortalecimiento de los consejos de cuenca y una vigilancia estrecha a las concesiones.

Por otro lado, la Propuesta Oficial es el documento que actualmente está siendo discutido en el congreso y fue elaborada por diversos partidos políticos, la Asociación Nacional de Empresas de Agua Saneamiento (ANEAS) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); y entró a la cámara de diputados para su aprobación el 26 de febrero de 2015. La iniciativa está encabezada  por los diputados: Kamel Athié Flores, Sergio Augusto Chan Lugo, José Antonio Rojo García de Alba y Gerardo Gaudiano Rovirosa. 

La Propuesta Oficial observa al agua como un recurso de extracción y se concentra en la manera de distribuirla aún mediante trasvases entre cuencas. Además,  presenta condiciones para fomentar en mayor medida la participación de la iniciativa privada en las obras, así como en los aspectos de administración, operación y distribución del agua potable.

En el siguiente cuadro, presentamos una breve revisión de la propuesta ciudadana y los puntos de desacuerdo con la ley Propuesta oficial: 

 
ANÁLISIS DE LA PROPUESTA OFICIAL DESDE LA CRÍTICA CIUDADANÍA PROPUESTA CIUDADANA DE LA LEY GENERAL DE AGUAS
1. Privatizar el agua vía la concesión de grandes obras hidráulicas, y de sistemas municipales. Se concesionaría mega-obras hidráulicas en torno a grandes ciudades (129, 232): Monterrey VI, Acueducto Independencia, Zapotillo/León, Cutzamala IV, Paso Ancho/Oaxaca, Chapultepec/ Acapulco  (72 V, 116); pozos ultra-profundos (191), desalinizadores (9 X).  Se promoverá la privatización de los sistemas municipales de agua y saneamiento. (80, 81) 1. Comprometernos con una Agenda Nacional: agua para ecosistemas, agua para tod@s, agua para soberanía alimentaria; fin a la contaminación, a la destrucción de cuencas y acuíferos y a la vulnerabilidad a inundaciones y sequías por mal manejo.
2. Sobreexplotar cuencas y acuíferos y despojar pueblos indígenas y campesinas para dar agua a grandes corporaciones. Las concesiones a aguas nacionales seguirían siendo otorgadas a la discreción de la Conagua por 5-30 años, prorrogables, heredables  y sujetas a dinámicas de compra-venta, en violación de sus propios estudios de disponibilidad, a pesar de afectaciones a ecosistemas y terceros (88-112). Al rentar sus parcelas los comuneros o ejidatarios cederían sus derechos al agua. (160) Al pasar al dominio pleno, tendrían que solicitar concesión (161).  Los sistemas comunitarios de agua serían municipalizados o concesionados (65).  La Conagua manejaría “bancos de agua” para “proyectos estratégicos”. (113)  2. Construir instancias de participación comunitaria y ciudadana desde la microcuenca hasta el nivel nacional, para consensar Planes Rectores vinculantes para cumplir con la Agenda Nacional cuenca por cuenca.
3. Definir el “derecho humano al agua” como la lucha para acceder a 50 litros de agua por día. La única obligación de la autoridad sería garantizar un promedio de 50 litros diarios a los habitantes en asentamientos humanos. (49) 3. Establecer la Contraloría Social del Agua, instancia ciudadana auto-organizada a nivel municipal, de cuenca y nacional para evaluar el desempeño de autoridades cuyas acciones u omisiones vulneren los derechos asociados con el agua, y, en caso necesario, recomendar la revocación de su mandato.
4. Garantizar la recuperación de inversiones a través      de tarifas blindadas de presión social. Las tarifas cobradas a los usuarios finales serían fijadas por convenio con la Conagua como condición para acceso a fondos federales, y tendrían que cubrir la recuperación de las inversiones y costos de los inversionistas. (250, 256, 257, 258)  Los gobiernos tendrían que subsidiar las tarifas cobradas a poblaciones vulnerables (240). 4. Reconocer y restaurar los derechos a las fuentes históricas del agua de los pueblos originarios.
5. Asegurar agua para el uso minero y el fracking. El uso minero no requeriría de concesión (191). La fracturación hidráulica cabría dentro de la definición de uso industrial (“agua para la extracción de cualquier sustancia”) (10, LVI) y se le establecerían un permiso (141, III). 5. Desmontar el sistema de concesiones que ha resultado en la privatización, acaparamiento y sobreexplotación del agua. Los Consejos Ciudadanos determinarían los volúmenes a dedicar al uso personal y para la alimentación sana, respetando los límites de las cuencas y los acuíferos, y determinarían los volúmenes disponibles, las prioridades y los condicionantes de acceso para usos no prioritarios. No se permitiría el uso de aguas nacionales para la minería tóxica, la fracturación hidráulica (“fracking”) ni para usos que implicarían su contaminación con sustancias peligrosas. 
6. Seguir ofreciendo impunidad a contaminadores. “El Estado promoverá la participación voluntaria en esquemas de auditoría y evaluación en el sector hídrico para cuantificar el cumplimiento de la normatividad…”. (39)  6. Poner los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en manos públicas y comunitarias, sin fines de lucro, con mecanismos para garantizar su administración eficaz y transparente. Tendrían que consensar y ejecutar Planes Municipales para garantizar el acceso equitativo a agua de calidad, así como bebederos y baños dignos de libre acceso.
7. Evadir responsabilidades por la mala calidad del “agua potable”.  El 33% de las poblaciones urbanas dependen de acuíferos sobreconcesionados, en donde el agua contiene niveles tóxicos de arsénico, fluor y/o plomo.  La Ley Korenfeld no tiene medidas para corregir esta situación—solo ofrece a las empresas prestadores de servicios la posibilidad de certificarse en materia de calidad del agua. (35) (193 VI, 211) 7. Reorganizar el uso agrícola del agua y la infraestructura para riego.  Comités de ejidatarios y comuneros, pequeños agricultores, consumidores, y asesores técnicos consensarían planes cuenca por cuenca para para poner fin a la contaminación y el desperdicio del agua y energía en este sector, y priorizar la producción de alimentos sanos para el consumo local y nacional.
8. Desentenderse frente a desastres. En caso de emergencias hidrometeorológicas, el gobierno impulsará el “autocuidado y autoprotección”. La población debe tomar medidas para contar con agua, y adoptar previsiones para disminuir daños a su persona, bienes y entorno.  (225) 8. Establecer un Fondo Nacional para el Derecho Humano al Agua y Saneamiento, para el financiamiento directo de proyectos auto-gestionados por parte de comunidades sin acceso a agua o saneamiento, priorizando el equipamiento de escuelas públicas.  
9. Prohibir el estudio de la situación real del agua. La realización de obras de exploración, estudio, monitoreo y remediación sin contar con el permiso de la Conagua (262 XXVI) será considerada falta grave, con sanción de 1000 a 50,000 días de salario mínimo (269, 270).   9. Garantizar presupuesto para el agua de   por lo menos 0.7% PIB, para ejecutar los Planes Rectores y Municipales, y garantizar sistemas de monitoreo y vigilancia hídrica, públicos y ciudadanos. 
  10. Toda obra hidráulica tendría que contar con un Dictamen demostrando que implicaría menos costos y más beneficios socio hídricoambientales a lo largo de su vida útil. No se permitiría el concesionamiento (privatización) de obras hidráulicas.
  11. Prohibir la autorización de grandes proyectos de urbanización en cuencas sufriendo de estrés hídrico (hundimientos, grietas, agua fósil, inundaciones, zonas sin acceso al agua, aguas residuales sin tratamiento y reúso). 
 

12. Requerir un Dictamen de Impacto Socio Hídrico adicional al Manifiesto de Impacto Ambiental, a ser elaborado por especialistas avalados por el Consejo Ciudadano de Cuenca, y contando con el consentimiento libre, previo e informado de los habitantes, asegurando que el proyecto no pondría en riesgo los derechos asociados con el agua. 

 

Como sociedad civil estamos convencidos en que es fundamental estar enterados del proceso legislativo en marcha y su complejidad, para que la ciudadanía sea parte de la agenda nacional de agua, un tema que sin lugar a dudas debe de ser interés público y nunca privado. De ahí que los invitamos a escucharnos el próximo miércoles 25 de marzo de 2015, en el programa Espacio Abierto 660 AM del Instituto Mexicano de la Radio (IMER). Donde como Red Ambiental Mexicana estaremos conversando con Helena Caeri de la organización Agua para todos y todas. Hasta pronto.  

Por: 

Red Ambiental Mexicana, a través del: Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, A.C. (http://www.agua.org.mx/)

 Aquí un link para firmar contra esta ley.

Ver Más
Close