¿El fracking está ligado al interés del gobierno mexicano para privatizar el agua?

Un nuevo informe de la Semarnat asegura que el fracking pondrá en competencia el uso del agua entre la población y estas empresas.

Hay quien dice que en la política no existen las coincidencias… Recientemente en México se aprobó una Reforma Energética que privilegia la explotación de hidrocarburos, y en esta ley también se promueve el pernicioso fracking, que hace uso de millones de litros de agua potable para la extracción de gas shale (rompiendo, junto con otros químicos, literalmente las capas de la tierra). 

Luego de la aprobación de esta reforma, que ahora la sociedad civil buscará revocar por anticonstitucional, y que ha llevado su debate hasta la Comisión Interamericana de Derechos humanos, la Nueva ley General de Agua aparece como una adecuación para facilitar el acceso de los intereses de las empresas al agua. 

Distintas organizaciones como la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, la Red Ambiental Mexicana, o Greenpeace México, han expuesto los motivos por los cuáles esta nueva ley es contraria a los derechos humanos, y los porqués es privatizadora, recordándonos el viejo cuento Ayoreo de la Abuela Grillo, que alude a que la naturaleza no puede poseerse. 

Hace unos días, la institución de gobierno más importante en materia ambiental en México, la SEMARNAT, reconoció en el documento “Guía de Criterios Ambientales para la Exploración y Regulación de Hidrocarburos Contenidos en Lutitas” que el método de la fractura hidraúlica puede provocar competencia por el agua, contaminación de los mantos acuíferos, contribución al calentamiento global, contaminación del suelo, contaminación atmosférica, así como pérdida de la biodiversidad” (fragmento retomado por el sitio Sinembargo). 

El siguiente pedazo del informe se relaciona notablemente con la Nueva Ley General de Aguas, pues al privatizarse la explotación del agua, los criterios de abasto responderían a la rentabilidad más que a los derechos humanos. Al aprobarse el fracking, por la cantidad de agua que requiere, se competiría desde el lado empresarial, ineludiblemente, con los recursos disponibles para la población: 

“Debido a que se requieren de 9 a 29 millones de litros para la fractura de un sólo pozo, en función de la profundidad, extensión y permeabilidad del yacimiento, cuando se perforan varios pozos en una región determinada, se compite por el agua para otros usos, comprometiendo el derecho humano al agua, es decir al agua para consumo doméstico, así como el agua destinada para la producción agrícola y el sostenimiento de ecosistemas”.

En México desde inicios de los años noventa una serie de privatizaciones han seguido una línea de un capitalismo neoliberal que no necesariamente han mejorado las condiciones de la población en general (más de la mitad de la población en este país persiste en las líneas de pobreza), por ejemplo. Así, la privatización del agua sería la culminación de un tipo de pensamiento que apuesta por el libre mercado más allá de cualquier otro criterio, una especie de sinsentido marcado por una avaricia suicida. 

Aquí los motivos, según distintas prestigiadas Ong´s, sobre porqué esta ley sí es privatizadora:

Aquí puedes firmar para evitar la privatización del agua. 

Aquí puedes enterarte de las nuevas acciones para defender el agua.

 

Twitter del autor: @anapauladelatd 



4 megacorporaciones petroleras van tras territorios mexicanos

Las cuatro megacorporaciones han comenzado un proceso de precalificación para el concurso de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos por un plazo máximo hasta de medio siglo.

Tóxicos inyectados en el suelo, cantidades descomunales de agua contaminada y desperdiciada, elementos radioactivos y metales pesados liberados desde el subsuelo, liberación de sustancias cancerígenas en el aire, contaminación en el aire, tierra y ganado. Son sólo algunas de las consecuencias del fracking en los mantos friáticos del mundo. 

El fracking de tan sólo un pozo entre 9 y 29 millones de litros de agua, lo cual supondría un volumen de agua equivalente al necesario para cubrir el consumo doméstico –100lts/pers/día– de entre 1.8 y 7.2 millones de personas en un año. Esto genera entonces la disminución de la cantidad de agua disponible, poner en riesgo los ecosistemas y la realización del derecho humano a la alimentación y agua; principalmente en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 

Y pese a que el fracking de PEMEX se redujo considerablemente en el último año, ahora las cuatro megacorporaciones petroleras internacionales –BP, Shell, Chevron y ExxonMobil– buscan regresar a territorios mexicanos. De acuerdo con el periódico nacional La Jornada, las cuatro de las “Siete Hermanas”, junto con Repsol, Statoil y Total, forman parte de las 21 petroleras inscritas para la subasta de 10 bloques en aguas territoriales del Golfo del México. 

 

Las cuatro megacorporaciones han comenzado un proceso de precalificación para el concurso de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos por un plazo máximo hasta de medio siglo. De acuerdo con Comisión Nacional de Hidrocarburo –CNH–, las compañías ganadoras explotarán los yacimientos petroleros a cambio del pago de regalías e impuestos con una tasa máxima predefinida en el contrato.  

Antes de la expropiación petrolera en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, siete compañías extranjeras –cinco estadounidenses y dos británicas– eran propietarias del petróleo mexicano. Entre ellas estaba ESSO –Standard Oil of New Jersey, que eventualmente se convertiría en ExxonMobil–, Royal Dutch Shell, Anglo-Iranian Oil Company –ahora British Petroleum–, Standard Oil of New York –más tarde se cambió al nombre de Mobil– y Standard Oil of California –Chevron–. Con el paso del tiempo, sólo sobrevivieron cuatro de las “Siete Hermanas”, ExxonMobil, Chevron, Royal Dutch Shell y BP, cuyos capital en conjunto es considerablemente superior a las originales. 

La CNH mencionó que entre los requisitos que tendrán que cubrir las empresas para ser operadoras es contar con un capital contable de por lo menos 2 000 millones de dólares o activos totales con un valor mínimo de 10 000 millones de dólares y una calificación crediticia de grado de inversión emitida durante 2014 o 2015. Sólo de este modo, las empresas podrán tener acceso a la explotación de tierras mexicanas por un periodo máximo de hasta 50 años…

En caso que esto se lleve a cabo, las consecuencias en el medio ambiente serán catastróficas, pues no sólo la contaminación afectaría los ecosistemas de la región, también se reduciría significativamente la biodiversidad con la que coexistimos tanto animales, plantas como humanos…

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*Si te suena, puedes unirte a la campaña contra el fracking acá.



El proyecto Punta Jade dañaría un manglar y cenote en Tulúm: denuncia el CEMDA

El proyecto en un inicio fue rechazado, aunque su caso está en litigio, ilegalmente sus líderes han interpuesto dos Manietaciones más de Impacto Ambiental.

 

Foto: noticaribe.com.mx

En las últimas décadas los paradisíacos espacios del Caribe mexicano han ido llenándose de  complejos turísticos, muchos de ellos inmersos en corrupción y dañando el medio ambiente en esta zona de manglares y cenotes.

Uno de los casos más conocidos es el de la isla Holbox, una zona protegida que pretende colmarse de zonas habitacionales que, además de romper con la hermosa virginidad del sitio, también atentarían contra el equilibrio de la zona.

El área de Tulúm es muy importante pues ahí se encuentra la Selva Mediana Subperennifolia, zonas costeras de manglares y zonas inundables fundamentales para la salud de las regiones prioritarias y sus áreas naturales protegidas.

Recientemente el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) ha denunciado que el proyecto Punta Jade, un hotel que en un inicio fue rechazado por exceder el número de habitaciones que pretende construir en Bahía Príncipe,  es una amenaza, pues aunque su caso está en litigio, curiosamente ha ingresado ya dos Manifestaciones de Impacto Ambiental cuando legalmente esto es imposible…

Los motivos por los cuales el CEMDA hace una llamado urgente a la Semarnat para impedir este proyecto tajantemente son los siguientes:

  • El sitio propuesto para el desarrollo del proyecto se encuentra ubicado a una distancia de 61 metros lineales de vegetación de manglar, contraviniendo con ello lo establecido en la legislación correspondiente.
  • El proyecto pone en riesgo especies protegidas que habitan o arriban al sitio para anidar, las cuales no han sido contempladas dentro la evaluación de impactos y entre las que figuran la iguana gris, la chara yucateca, el cenzonte tropical, el zanate, el vireo manglero, el teveo menor, la garza blanca, el pato real y tres especies de tortuga: laud, blanca y caguama.
  • Debe desecharse la evaluación de impacto ambiental del proyecto en comento ya que cuenta con un litigio pendiente con la autoridad evaluadora en la Sala Regional del Caribe con número de expediente 587/12-20-01-6 por lo que hasta en tanto no se resuelva dicho litigio no podrá otorgarse una nueva autorización.

*Si te suena, puedes mencionar a la Semarnat acá y pedirle que impida el proyecto de Punta de Jade. Recuerda que así hemos tenido historias exitosas.



Turbidez en la Nueva Ley General de Aguas

Entre otras críticas, la ley asegura el agua para uso minero y para el fracking, ya que el uso del líquido en la explotación de minas no requerirá concesión y la fractura hidráulica cabría dentro de la definición de uso industrial.

México es un país con 112’336,538 habitantes. Según los informes de la INEGI del 2010, debido al crecimiento de la población, la disponibilidad de agua ha disminuido de manera considerable: en 1910 era de 31 mil m3 por habitante al año; para 1950 había disminuido hasta un poco más de 18 mil m3; en 1970 se ubicó por debajo de los 10 mil m3, en 2005 era de 4 573 m3 y para 2010 disminuyó a 4 230 m3anuales por cada mexicano.

Para el año 2010, el porcentaje de viviendas con disponibilidad de agua entubada fue de 88.7% (INEGI, PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE, 2011) esto significa, casi  99 millones de personas; el resto se abastecían de agua entubada fuera de la vivienda pero dentro del terreno que habitan, de pozos, ríos o arroyos, de la llave pública, o de otra vivienda.

Las comunidades campesinas e indígenas son las que generalmente se encuentran en las zonas rurales alejadas y tienen falta de servicios básicos, haciendo cuentas con base al número de viviendas que no tienen acceso al agua potable y las personas promedio que habitan cada vivienda (INEGI, PROMEDIO DE OCUPANTES POR VIVIENDA, 2011), alrededor de 13 millones de personas no cuentan con el servicio de agua entubada. Como veremos más adelante, la LGA tiene muchas irregularidades incluso en su redacción y contenido y muchas personas están muy pendientes de lo que procederá con la citada ley pues afecta a muchos ciudadanos, es por eso que tanto científicos, estudiantes, escuelas, centros de investigación entre otros están incluso proponiendo modificaciones a la ley para que realmente se pueda ver una mejoría en los problemas actuales de nuestro país en vez de que se empeoren.

La Ley General de Aguas promovida por la cámara de diputados el día 8 de Febrero del 2012 es una ley promovida por la Comisión Nacional de Agua ante la cámara de diputados. Es una ley que beneficia a unos pocos y que fue promovida opacamente sin llevar los pasos correspondientes a la legislación en México.

El objetivo de este presente documento es el análisis de la propuesta de ley que se pretende aprobar en la cámara de diputados para poder conocer el enfoque que se le dan a los artículos que la ley contiene y tener una postura ante su propuesta.

Para esto primero se procederá a mencionar los artículos más alarmantes de dicha ley así como la interpretación de los mismos para un mejor entendimiento. Posteriormente se presenta una serie de conclusiones con base en lo analizado en éste ensayo.

La ley General de Aguasfue promovida con la supuesta finalidad de asegurar el derecho humano de acceso al agua de buena calidad como lo dicta el artículo 4° de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, existen muchas opiniones en contra de tal fin, desde científicos reconocidos, población en general, experto en la materia e incluso diputados. Un ejemplo de lo anterior es la de la investigadora y Maestra Brenda Rodríguez Herrera que pertenece a la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua(COMDA) quien afirma que 13 millones de viviendas que si cuentan con el servicio de agua potable reciben en sus hogares el líquido contaminado por falta de saneamiento, al grado que realmente no es potable, pues las familias sufren  constantemente de infecciones gastrointestinales y afecciones en la piel.

La Ley general de aguas sería el medio ideal para incluso despojar a campesinos, indígenas o cualquier persona que se oponga a un megaproyecto potencial en sus tierras ya que habla acerca de la utilidad pública de los cuerpos de agua y con apoyo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “La propiedad de las… aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación…,. Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización” esto sería posible.

Los investigadores Pedro Moctezuma Barragán y Elena Burns dicen que la mencionada ley, pretende tomar decisiones sobre el agua a espaldas de la ciudadanía y ejecutarlas con el apoyo de la fuerza pública, esto se ve reflejado en el artículo 263 de la LGA que confiere la facultad a la Conagua de solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones.

En los artículos 81,116, 129 y 132 la Ley adopta una postura en la que la participación tanto del sector Social como el Privado la CONAGUA podrá celebrar tanto contratos de obra pública como otorgar concesiones para realizar megaproyectos que incluyan los trasvases de un cuerpo de agua a otro y administrar los servicios públicos. Esto da pie a la privatización del recurso agua de nuestra nación, cosa preocupante y alarmante.

Es una ley que ha tenido muchas críticas por parte de la población, los ONGs y diferentes organizaciones sociales. La ley asegura el agua para uso minero y para el fracking, ya que el uso del líquido en la explotación de minas no requerirá concesión y la fractura hidráulica cabría dentro de la definición de uso industrial. Esto se defiende en el artículo 142 que permite contaminar ríos siempre y cuando “no rebasen la capacidad de asimilación”.

Además, restringe el derecho humano al agua.  La Organización Mundial de la Salud establece que toda persona, para satisfacer sus necesidades básicas, debe tener derecho a una cantidad mínima de 100 litros por día y la LGA establece que dicho derecho es de 50 litros (Artículos 10 y 49). La ley se muestra muy ambigua en el artículo 49 que versa lo siguiente “El derecho humano al agua comprende la obligación de la autoridad competente de garantizar a los asentamientos humanos, en términos de esta Ley:…” la ambigüedad se muestra de forma en que los asentamientos humanos como tal no son sujetos de derecho, los sujetos de derecho de acceso al agua son las personas.

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Fotografía por Danilo Gamboa, Presa Mal paso Chiapas

Por último, la Ley General de Aguas es un instrumento mediante el cual se pretende privatizar uno de los bienes más preciados y vitales que tenemos en nuestro territorio, con el fin de beneficiar a unos pocos con los grandes contratos que ella permitiría, sin sopesar los impactos ambientales que podrían propiciarse. Las empresas más beneficiadas podrían ser las que son producto del nepotismo y compadrismo, como el caso del Grupo Higa, empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú, que en varias ocasiones ha sido beneficiada con jugosos contratos para la construcción de obras del gobierno federal.

Parte de la solución a esta situación es la manifestación pacífica de los ciudadanos ante las autoridades, tener una actitud propositiva y dar a conocer mediante la difusión, en los distintos medios de comunicación, la situación actual para que más personas estén enteradas de lo que sucede y poder así ser una fuerza de cambio contra la impunidad y el gobierno.

Autor: Danilo Gamboa

Twitter de la organización: @celeam_latam

Bibliografía

  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (última Reforma 10/07/15)
  • Ley General de Aguas emitido por el Congreso de la Unión.
  • Ley General de Aguas (Propuesta Ciudadana).
  • Universidad Nacional Autónoma de México. (2011). Revista Mexicana de Derecho Constitucional. Recuperado el 05 de 08 de 2015, dehttp://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/5/cl/cl10.htm


Ciudadanos piden apoyo: una ley para el agua hecha por más de 450 académicos de México debe ser discutida

El agua es quizá el derecho humano más básico; miles de expertos en México piden que no sea tratada como un producto más.

Hace unos meses en México se desató una importante polémica por la discusión de la Ley General de Agua. Esta ley fue criticada por expertos por ser privatizadora (como el consecionar el abasto del agua municipal), privilegiar los criterios de mercado en su uso y distribución, además de proteger a las grandes empresas como las mineras (la ley no permite ningún estudio independiente del agua sin permiso de la Conagua, por ejemplo).

La discusión finalmente fue detenida, en parte por la presión social pero también por las votaciones del pasado junio que provocaron el cambio de representantes en la cámara baja. Aunque la discusión pareciera varada, de momento, muchas organizaciones sociales y  comunidades indígenas están preocupados por que el tema se retome tal como se proponía.

En un consenso sin antecedentes al menos 450 académicos, científicos, organizaciones de la sociedad y comunidades indígenas elaboraron una propuesta de ley la Iniciativa Ciudadana para el Agua que parte del concepto del agua como un derecho humano básico y de un cuidado al medio ambiente. Miles de personas se están uniendo para que las autoridades discutan esta iniciativa hecha por expertos, y no una que continúa con un modelo privatizador (que por la devastación ambiental y la poca redituabilidad social es obsoleto.)

En este interesante análisis hecho por la Red Ambiental Mexicana puedes ver las diferencias entre la Ley General de Aguas propuesta por el presidente de México Enrique Peña Nieto y la elaborada por cientos de ciudadanos con conocimiento de años en la materia.

Si estás interesado en unirte a la exigencia para que los políticos tomen en cuenta esta iniciativa ciudadana puedes firmar aquí.

 

Twitter de la autora: @anapauladelatd

 

 



El 73% de los mexicanos piensa que el agua no debe ser abastecida por empresas privadas

Más de la mitad desaprueba la Ley General de Aguas, que entre otras implicaciones, permitiría el abasto de este líquido a las empresas privadas.

Hoy la polémica Ley General de Aguas en México está, afortunadamente, varada en la Cámara de Diputados. Esta ha sido denunciada por numerosos organismos de la sociedad civil como privatizadora. Una de las principales críticas es que el agua se trata de un derecho humano básico que no debe manejarse bajo los criterios del mercado. 

Para muchos la privatización del agua (los políticos en turno argumentan que no se trata de una privatización) es la culminación de una política económica neoliberal, que entre otros efectos, trata a los recursos naturales meramente como productos de compra-venta. 

Una encuesta realizada por El Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública revela la opinión de los mexicanos en torno a este tema. Algunas cifras interesantes nos muestran cómo, en realidad, existe un escepticismo generalizado sobre la ley; incluso si los encuestados no habían escuchado hablar sobre esta, cuando se les explicó, la mayoría estuvo en desacuerdo (sobre todo en la parte del abasto de agua por parte de empresas privadas). 

Aquí algunos datos interesantes de esta encuesta:

  • El 73% desaprueba que el agua deba ser abastecida por empresas privadas y se otorguen concesiones a empresas privadas, las cuales estarán sujetas a dinámicas de compra-venta.
  • Más de dos terceras partes de la población (71%) no conoce o no ha oído hablar de la Ley General de Aguas.
  • Luego de una ligera explicación el 57% la desaprueba.
  • Casi la mitad cree que con la aprobación de esta ley el agua se privatizará (48%).
  • El 98% cree que el agua debiera ser un derecho humano.

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