¿Por qué el Acueducto Independencia atenta contra el pueblo yaqui y es nocivo para el medio ambiente?

La sustentabilidad del proyecto es cuestionada, entre otros motivos, por no especificar la cantidad de agua extraída de una cuenca aprovechada por un pueblo milenario: el yaqui

Entre los temas ambientales en México que más han magnetizado la atención colectiva está el Acueducto Independencia, que abastece de agua a la ciudad norteña de Hermosillo, Sonora. Se trata del 2o acueducto más grande de México; sin embargo, su construcción y uso han estado envueltos en polémica, pues el acueducto pasa por sobre la cuenca del río Yaqui. Su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ha sido incluso invalidada por la Suprema Corte de Justicia por sus inconsistencias y su sustentabilidad ha sido cuestionada pues, por ejemplo, se desconoce la cantidad de líquido exacto extraído de la cuenca del Yaqui. 

La historia

Desde 1940 un decreto del presidente Lázaro Cárdenas otorgó, por derechos de territorio, el uso de 50% del agua existente del caudal del río al pueblo yaqui. De esta manera, este grupo  milenario depende férreamente del uso de dicho río para su supervivencia cultural y productiva. 

En 2010 el gobierno de Sonora presentó un proyecto para la construcción del Acueducto Independencia, que transportaría desde el río Yaqui y la presa Plutarco Elías Calles (El Novillo) el trasvase 75 millones de metros cúbicos de agua anuales hasta la ciudad de Hermosillo (ubicada en la cuenca del río Sonora).

Ante esto, y como muchas luchas sociales colectivas que ahora se llevan a cabo en el terreno judicial, los yaquis interpusieron un amparo que invalidara la autorización del MIA que la autoridad de México en materia ambiental, la SEMARNAT, había aprobado. Así, la Suprema Corte de Justicia anuló ese dudoso estudio de impacto ambiental y ordenó la consulta al pueblo yaqui conforme a estándares internacionales de reconocimiento de los derechos indígenas. 

Sin embargo, organizaciones como el  Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) han cuestionado el hecho de que, aunque se invalidó el permiso de la SEMARNAT, la obra sigue operando. Es un acto paradójico: por un lado las autoridades judiciales más importantes del país han reconocido que existen fallas en los estudios de impacto ambiental presentados pero, por otro, ello no ha implicado la detención de la obra. 

El Acueducto Independencia ha despertado una vez más la discusión sobre la polémica antagónica, desde hace un siglo, entre la supuesta modernización o el beneficio de las mayorías a costa de las minorías, y el medio ambiente, un binomio en el que las minorías suelen ser las más perjudicadas en el supuesto “progreso” aunque, de hecho, numerosos pueblos indígenas han probado que tienen mucho mejor comprendido este tema.

Twitter de la autora: @anapauladelatd

 



Un gasoducto afectará el medio ambiente en la Sierra Tarahumara

Existe un plan por construir hasta 10 mil km de gasoductos adicionales a los que ahora están atravesando la sierra.

Foto: La Crónica de Chihuahua

En los próximos años, como parte de la Reforma Energética, el gobierno federal mexicano planea importar millones de litros de gas natural a México proveniente de Estados Unidos.

Violando los derechos de los pueblos originarios (sin consulta previa) el gobierno mexicano autorizó construir a una filial de la empresa canadiense TransCanada Corporation, un ducto de 524 kilómetros para distribuir gas natural desde una central ubicada al sur de la ciudad de Chihuahua  hasta el puerto de Topolobampo, en Sinaloa.

En el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas, firmado por el gobierno mexicano en 1990, este se comprometió a hacer consultas a los pueblos indígenas cuando alguna concesión u obra pública afectara sus territorios. Sin embargo el gasoducto antes mencionado comenzó a construirse sin consulta.

Según una petición de Sin Embargo hecha a la empresa en cuestión, el agua de la zona sufrirá un “incremento de concentración de grasas, aceites y otras sustancias en el suelo”, para lo cual no plantea medidas de mitigación. También, dice el documento elaborado por la empresa, se afectarán, caminos y actividades “rituales o ceremoniales tradicionales”, así como “zonas, estructuras o recursos con valor arqueológico”.

El mismo reporte hecho por el sitio periodístico indica que el gasoducto afectará hasta a 70 pueblos rarámuris entre los que se encuentran San Luis de Majimachi, Pitorreal y Repechique, comunidades que ya interpusieron amparos en contra de este gasoducto.

Recordemos que existen ya casos exitosos de pueblos originarios, que a partir de amparos han conseguido revocar concesiones a poderosas corporaciones como el caso de grupos  mayas en Yucatán, quienes consiguieron revocar los permisos de soya transgénica, sobre todo otorgados a Monsanto.

[SinEmbargo]

 



Más de 70 organizaciones reiteran porqué es ilegal el Acueducto Independencia en México

Aún hoy opera este Acueducto que las mismas autoridades han prohibido; atenta contra los derechos indígenas y el medio ambiente.

La tribu Yaqui es una de las más importantes y numerosas del norte de México, con hasta 32 mil miembros. Desde 1940 el gobierno, del entonces presidente Lázaro Cárdenas, otorgó a esta etnia el 50% del aprovechamiento del agua del río Yaqui. 

Por la falta de abastecimiento de agua, el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, anunció una serie de medidas para proveer de esta a la ciudad de Hermosillo: una de ellas el Acueducto Independencia, que aprovecha el agua de la tribu sin que se hubiese aplicado una consulta previa (como marcan los acuerdos internacionales sobre derechos indígenas) .

En el 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación de este país ordenó reponer el proceso por el incumplimiento  de consulta a la Tribu. Sin embargo, hoy continúa operando. No obstante, en 2014 fueron detenidos el vocero de la tribu Mario Luna y Fernando Gutiérrez Jiménez por delitos que no cometieron, advierten organizaciones como Amnistía Internacional.

El Acueducto Independencia no solo representa una flagrante violación a los derechos indígenas, también, conlleva consecuencias serias para el medio ambiente: documentadas por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, como alteraciones a los patrones hidrológicos de la región y afectaciones negativas a los humedales abastecidos de agua por los ríos que pretenden desviarse.

Hace unos días más de 70 organizaciones sociales firmaron un comunicado para presionar al gobierno, paradójicamente, a que cumpla la ley. El Acueducto Independencia continúa funcionando luego de que se diera a conocer, hace unos meses, que fue encontrada una mega presa construida en el rancho del gobernador con una capacidad de 40 millones de metros cúbicos, además, edificada sin permiso.

Entre las organizaciones firmantes de este comunicado están CEMDA, Fundar, Serapaz, y CMDPDH. La presión debe dirigirse a la Semarnat, para que suspenda la operación del Acueducto, y al gobernador Guillermo Padrés, para que libere a los dos activistas injustamente detenidos.



A 3 meses del derrame, ¿qué ha pasado con la limpieza del río Sonora?

La empresa responsable de la contaminación asegura que ya limpió el río, pero ninguna dependencia lo ha probado aún

Este 8 de noviembre se cumplieron 3 meses de que la empresa Grupo México derramara, por negligencia, más de 40 mil m3 de ácido sulfúrico al río Sonora. Este hecho ha sido quizá el desastre ambiental más sonado de los últimos años en este país, mayormente porque fue provocado por una de las empresas más poderosas y porque su directivo principal, Germán Larrea, ha estado ligado a otros escándalos, como el que trabajadores de la mina Pasta de Conchos perdieran la vida por un déficit en las condiciones de seguridad.

En México las concesiones mineras han sido tradicionalmente controversiales por sus implicaciones ambientales, y porque las ganancias suelen excluir a los habitantes cercanos (muchas veces indígenas y campesinos) y, en cambio, se suele provocar contaminación a sus aguas y recursos naturales. Luego de la conmoción y polémica que causó el derrame al río Sonora, incluso en prensa internacional, Grupo México afrontó algunas multas raquíticas, porque así lo marcan las leyes mexicanas (que suelen favorecer a las grandes empresas) y, entre otros de sus castigos, debió hacer un estudio de las condiciones del río y asegurarse de limpiarlo cabalmente.

A la fecha, la empresa entregó el informe que, de hecho, confirma que los metales detectados en el estudio rebasan los límites permitidos por las NOM (Normas Oficiales Mexicanas) para suelos y sedimentos. La empresa reportó también haber limpiado el 100% del cauce del río y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) aseguró que lo  corroboraría.

Sin embargo los pobladores, que son los que verdaderamente resienten y pueden dar crédito de ello, han declarado a medios como Excelsior que los trabajos de limpieza realizados han sido unas cuantas remociones de tierra; no se ha metido maquinaria pesada ni se ha dragado el río, por ejemplo. Es decir, se pretende que se confíe en la limpieza del río y de los pozos aledaños mediante una limpieza aparentemente superflua.

Alcaldes municipales como Pedro Armando Lugo López y Vidal Vázquez Chacón, de Aconchi y Arizpe, confirman que los habitantes de la zona e incluso los políticos locales desconfían de que el río esté verdaderamente limpio. El estudio que presentó Grupo México y la confirmación por parte de la PROFEPA de que el río está limpio no se han hecho públicos. El tema, como muchos hechos noticiosos en México, parece diluirse con  la premura de otras noticias.

 

Twitter de la autora: @anapauladelatd



Intimidan a ecologistas en México: detienen a 16 comuneros de Holbox y a un líder yaqui

Las detenciones se muestran como un intento por imponer dos proyectos que dañan derechos ambientalistas e indígenas

Los conflictos ecológicos y los vinculados a los recursos naturales son cada vez más usuales. En especial en países con legados de desigualdad social y de marginación indígena, estos conflictos son cada vez más concurridos. Primero, porque los grupos nativos han acumulado mayor apoyo por parte de la sociedad civil, tras años de injusticias. También, porque las comunidades están valiéndose de recursos jurídicos antes impensables. En México, por ejemplo, con la Nueva Ley de Amparo el ciudadano puede defenderse de decisiones de autoridades que considere atentan contra sus derechos.

Los conflictos ecológicos en México, pues, están inmersos, muchos de ellos, en pugnas por los recursos naturales que pueblos milenarios han protegido concienzudamente -con algunas excepciones de grupos que presentan descomposición en su tejido social. Hoy, los wixárikas pelean sus tierras de los poderosos intereses de las mineras; los rarámuris se defienden de la invasión de proyectos que los excluyen de sus propiedades; en el sur, comunidades mayas pelean libertad de los transgénicos y en la cúspide de la cultura maya, en Quintana Roo, comuneros de Holbox defienden su isla, un Área Natural Protegida, del proyecto La Ensenada, que erigiría hasta 875 unidades residenciales en la zona.

Describimos dos casos recientes en que luchadores ecologistas han sido encarcelados, evidentemente, bajo condiciones ligadas al activismo por los recursos naturales:

  1. 16 habitantes del paraíso natural de la isla Holbox, por un delito sin pruebas flagrantes, fueron dictados con auto de formal prisión por supuestamente talar manglares. Entre ellos están tres topógrafos, un joven universitario y 12 ejidatarios que, curiosamente, se oponen al proyecto La Ensenada de la empresa Península Maya Development. Sus familiares han denunciado férreamente que se trata de un acto de intimidación para los pobladores, en un delito que como única prueba cuenta con las declaraciones de la delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) Ludivina Menchaca y de algunos inspectores de la misma dependencia. Los familiares exigen que Guillermo Haro titular nacional de la Profepa, dimita de los cargos en contra de los procesados.

 

  1. También, este 11 de septiembre la Procuraduría General de la República (PGR) anunció en rueda de prensa la detención del vocero de la tribu yaqui Mario Luna, fenómeno, por cierto, notablemente desproporcionado. Luna es un tajante opositor del Acueducto Independencia, un proyecto del gobernador Guillermo Padrés, que conecta dos presas siguiendo la cuenca del río Yaqui para dotar de agua a la ciudad de Hermosillo desde 2013. Los yaquis argumentan que el proyecto viola el decreto presidencial del general Lázaro Cárdenas quien, en 1940, determinó que 50% del líquido le pertenecía a la tribu.

 



Minera derrama ácido sulfúrico al río Sonora y esconde lo ocurrido

40 mil litros de este químico fueron vertidos al río. Los primeros días, la empresa Grupo México ocultó el desastre.

El viernes 8 de agosto se develó una fuga de 40 mil litros de ácido súlfurico al río Sonora, México. Este día, la Unidad Estatal de Protección Civil minimizó los efectos del derrame emanado de la Mina de Cananea.

Esta mina es manejada por Grupo México, que antes había enfrentado otra lamentable tragedia, por la muerte de mineros en Pasta de Conchos por falta de seguridad.El Delegado Estatal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), César Lagarda Lagarda, dijo que se encontraron arsénico, cadmio, aluminio, hierro, manganeso, níquel y cobre en concentraciones superiores a las permitidas en el agua, metales pesados que son muy dañinos para la salud.

Quizá lo más irritable del caso es que el desastre fue ocultado por Grupo México el primer y segundo día, según advirtió Lagarda Lagarda. La contaminación fue revelada el viernes, pero fueron habitantes del municipio de Arizpe, a 80 km del accidente, los que avisaron a las autoridades. Grupo México explica que el accidente fue ocasionado por una falla estructural en una represa diseñada para el reúso del sulfato de cobre acidado (ácido sulfúrico).En el pozo de contención instalaron un tubo que se botó y por ahí se fugaron  los 40 millones de litros.

La empresa deberá pagar al menos 20 mil salarios mínimos como multa, pero quizá podría ser blanco de demandas, sobre todo por haber ocultado el desastre ecológico, que sería evidente en pocos días. Pero que si se hubiese avisado a tiempo, se habrían tomado medidas urgentes para atenuar el daño.

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