El lado oscuro de la energía eólica en México: el desplazamiento de las comunidades

El ambiente en las comunidades que integran el corredor eólico del istmo de Tehuantepec es de hostilidad y violencia

En este momento en el que la quema de hidrocarburos aparece como suicida para la humanidad, el urgente aprovechamiento de energías sustentables es indiscutible. Sin embargo, es un hecho que detrás de los megaproyectos del aprovechamiento de estas energías figuran las grandes transnacionales, cuya principal motivación son las ganancias financieras.

En México, el istmo de Tehuantepec, del estado de Oaxaca, es una de las zonas con mayor riqueza natural, pero también con mayor presencia de indígenas huaves, zapotecos y zoques. También, esta región posee una de las corrientes eólicas más potentes del país por lo que, desde los años 90, se han ido instalando proyectos de generación eléctrica con aire. 

Hoy, el corredor eólico del istmo de Tehuantepec tiene al menos 28 parques. Sin embargo, detrás de estos proyectos han sido despojadas al menos 12 mil hectáreas de tierra a los indígenas, sobre todo de las comunidades ikoot y biniza’a, que, de hecho, han conservado algunas de las lagunas con mayor biodiversidad de México y la selva mejor conservada de Norteamérica.

Hoy, las comunidades que integran esta zona están divididas y viven un ambiente de violencia y hostilidad. Aunque están organizados por asambleas donde se toman las decisiones, algunos de sus miembros han sido comprados y las votaciones se hacen de manera brumosa. 

Según el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Emiliano Castillo: “las negociaciones realizadas con autoridades y empresas para el arrendamiento de tierras se llevan a cabo sin información transparente y veraz sobre las implicaciones de los contratos. Algunos de los propietarios no saben con precisión los derechos que tienen, una vez que las han arrendado a las empresas. Tampoco saben qué sucederá con las centrales eólicas cuando finalice el contrato de arrendamiento”.

En este sentido, en Juchitán, San Dionisio del Mar y San Mateo del Mar, las tres comunidades oaxaqueñas de las que se expulsó a las empresas eólicas y en las que no hay un solo aerogenerador, se viven hoy violencia y división comunitaria con tintes partidistas, impulsadas por el Estado y financiadas por las transnacionales, denuncia Rodrigo Flores Peñaloza, integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT). “Los tres niveles de gobierno tienen la presión de que las financiadoras de los proyectos eólicos ya han perdido demasiado dinero”, abunda el defensor del territorio.

En San Dionisio del Mar también la asamblea de la comunidad vive un permanente hostigamiento por parte de políticos priístas, como los diputados Samuel Gurrión y María Luisa Márquez. “Ellos impulsaron que se tumbara la elección de la asamblea y se tuvo que nombrar a un administrador. Trataron de imponer una nueva elección, y fueron a instalar el Consejo Electoral en Unión Hidalgo; ahora pretenden meterlo a San Dionisio”, relata Flores.

Por su parte, Luis Miguel Uharte, autor del libro Las multinacionales en el siglo XXI: Impactos Múltiples: el caso de Iberdrola en México y en Brasil, advierte que “de los 28 parques que conforman el corredor eólico, 22 se incluyen dentro de la figura del autoabastecimiento -uso empresarial-, es decir, el 78% de ellos son para uso privado, mientras que solo seis (un 22%) están destinados para abastecer a la red pública, siempre según información de la Asociación Mexicana de Energía Eólica”.

Los anteriores son sólo algunos casos que reflejan cómo los megaproyectos han cooptado zonas enteras relegando a los antiguos habitantes de los beneficios de estos, y generando divisiones en milenarias culturas que ven transformada su realidad sin un tipo de incentivo real.



La destrucción en Xochicuautla para construir una carretera por el polémico Grupo Higa en México (FOTOS)

Esta autopista de cuota viola la ley por parte de las mismas autoridades. Trastoca también Áreas Naturales Protegidas.

Foto:masde131

San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, es una comunidad otomí que ha sufrido atropellos a sus derechos como pueblo originario desde hace ocho años cuando comenzó a construirse la carretera de cuota Naucalpan-Toluca.

Cuando un proyecto pretende construirse o hacerse en tierras indígenas, el gobierno mexicano está obligado a hacer consultas públicas a estos pueblos según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo del que México forma parte. Sin embargo, el gobierno no aplicó dicha consulta obligatoria.

El argumento para hacer la carretera es que esta detona el desarrollo económico a los pueblos por los que pasa y entre los sitios que conecta. Sin embargo, los otomíes de la zona, por ser una carretera de cuota, en general no podrán hacer uso de ella. Además, la carretera causará daños a varias áreas naturales protegidas y afectará a casi 300 especies de flora y fauna, algunas en peligro de extinción, y afectará también diversos mantos acuíferos.

La empresa que está construyendo la carretera es Autovan, una filial del Grupo Higa (asociado a casos de corrupción por una de las casas de la esposa del presidente de México, y grupo que encubrió más de 100 millones de dólares mediante empresas fantasmas en paraísos fiscales según los Panama Papers).

Lo más descarado en el caso es que el gobierno ha violado varios amparos concedidos a los otomís. Este 11 de abril irrumpieron en la comunidad cientos de policías estatales, seguidos de personal de la empresa Autovan, filial del grupo Higa. Se destruyeron un centro cultural y casas, además de que se han talado cientos de árboles.

*Si te suena, puedes sumarte a la campaña que apoya a los otomís en su lucha por salvar el bosque acá.

Algunas de las imágenes:

 

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Foto: frentedepueblosindigenas.org

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Foto:frentedepueblosindigenas.org

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Foto: i0.wp.com

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Foto:@droncita

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Foto:Alfonso Flores

Twitter del autor: @AnaPauladelaTD

 



Más de mil indígenas consiguen la suspensión definitiva de un Parque Eólico en Juchitán

Había sido aceptado su amparo anteriormente, ahora, la suspensión es definitiva, un logro del pueblo Binnizá.

 

Foto: CEMDA

Hace unos meses fue anunciado que el amparo interpuesto contra Eólica Sur, en Juchitán, Oaxaca, por parte de más de 1000 indígenas binnizá, había sido aceptado.  Ello implicaba varar provisionalmente su construcción. E incluso este paso había sido celebrado por muchos.

Aunque en el Istmo de Tehuantepece, una gran franja ventosa, la instalación de parques eólicos podrían presentarse como energía verde, lo cierto es que estos parques eólicos han sido criticados por los propios ambientalistas como el biólogo de la UNAM Fernando Córdova Tapia:

La implementación de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec ha causado muchos conflictos debido a que ha estado acompañada del despojo de las comunidades locales, la exclusión de la población en la toma de decisiones, graves impactos ambientales, opacidad en los beneficios económicos y el menosprecio a las opiniones de los especialistas.

Ahora, el pasado 11 de diciembre el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca otorgó la suspensión definitiva del proyecto Elólica Sur por el amparo presentado por 1166 miembros del pueblo indígena binnizá del istmo de Tehuantepec.

Cabe anotarse que el conflicto surgió sobre todo porque hasta la fecha han sido instalados hasta 24 parques eólicos en la zona y no había sido aplicada ninguna consulta pública a los pueblos indígenas a pesar de que así lo estipulan los Tratados Internacionales a los que México se ha suscrito.

Fue hasta el caso de Juchitán que la comunidad, ante la falta de consulta pública, interpuso un amparo, y ahora este, además de aceptado, ha sido resuelto a favor del pueblo Binnizá. Aún cuando la primera consulta iba a aplicarse finalmente, y por presión del pueblo, las condiciones en realidad no fueron justas:

La consulta no fue libre porque no pudimos expresar nuestra opinión y posición durante consulta, pues fuimos hostigados y perseguidos, por nuestros mismos paisanos, que ya tenían pactos realizados con las empresas y con el gobierno municipal. La consulta no fue informada porque careció de información relativa a los impactos ni de uno, ni del conjunto de parques eólicos, sobre nuestro paisaje, los ciclos biológicos de nuestros suelos y nuestras formas de vida. El mismo James Anaya, ex relator de las naciones unidad en materia de pueblos indígenas, resaltó que el gobierno mexicano tenía serias deficiencias en cuanto a la aplicación de la consulta. Apuntan en un comunicado.

Este caso es considerado un antecedente de las luchas indígenas contra las grandes corporaciones, que aún con la bandera verde, buscan explotar sus recursos sin un trato integral con la realidad de la zona. 

 

*También en Ecoosfera: Expertos te explican por qué la explotación eólica del Istmo solo favorece a las corporaciones

 



Podría abastecerse solo con energías verdes México: Universidad de Stanford (Infográfico)

La riqueza de este país lo sitúa como un espacio especialmente privilegiado respecto a las energías renovables.

De entre los países con una diversidad importante de recursos naturales está México. Figura entre los 3 más biodiversos del mundo; esta cualidad hace que también sea uno de los más potenciales en el abastecimiento de energías sustentables.

Cuenta con energía solar, hídrica, de viento, etc.,  ello es un conocimiento popular; sin embargo, más aterrizado, ¿Qué tan cierta es su autosuficiencia energética?

La Universidad de Stanford ha publicado recién un infográfico que nos muestra con estudios cómo es que las cifras nos hablan de una autosuficiencia energética sustentable en México si es que los intereses económicos abrieran paso a esta posibilidad.

Las imágenes dividen el tipo de energía y el porcentaje que podría abastecer del total de las necesidades energéticas del país, asimismo nos explican las ventajas económicas y de salud que esto representaría a largo plazo.

Quizá sea tiempo de ir haciendo nuestra este tipo de información; al hacerlo parte de la cultura es una herramienta útil para exigir una política energética distinta. Curiosamente este tipo de data es empoderadora y también nos da luces sobre las posibilidades no tan brumosas para un futuro, como lo pintan las energía con hidrocarburos.

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Victoria: más de 1000 indígenas consiguen parar un proyecto eólico en Juchitán

Miembros de la comunidad binniza han interpuesto un amparo que obstruye la construcción de Eólica del Sur; un proyecto, supuestamente verde, inmiscuido en una gran polémica ambiental y de derechos humanos.

Foto: Fundar 

En Oaxaca, el Istmo de Tehuantepec, una zona ventosa, ha sido en los últimos años colmada de parques eólicos. Por un lado, se trata de energía verde, pero por otro, estos proyectos, más de 24 instalados a la fecha, han recibido muchas críticas por parte de ambientalistas y defensores de derechos humanos.

El biólogo Fernado Córdova, en una de sus colaboraciones para este sitio advierte:

La implementación de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec ha causado muchos conflictos debido a que ha estado acompañada del despojo de las comunidades locales, la exclusión de la población en la toma de decisiones, graves impactos ambientales, opacidad en los beneficios económicos y el menosprecio a las opiniones de los especialistas.

También, las comunidades zapoteca y binniza que habitan la zona, han sido excluidas de las consultas previas a las que tienen derecho como parte de los acuerdos internacionales de México en materia de derechos indígenas. Las autoridades habían pasado por alto esta garantía y habían ya aprobado el  megaproyecto “Eólica del Sur”; el paso más significativo que dieron fue la Autorización de Impacto Ambiental.

Hace unos días, ante esta situación, fue anunciado que el amparo interpuesto por al menos 1166 indígenas binniza del Istmo de Tehuantepec ha resultado en la suspensión de “todas las autorizaciones, permisos, vistos buenos, aprobaciones, licencias y cambios del uso de suelo otorgados”, esto como una  orden del Séptimo Juez de Distrito de Salina Cruz.

Esta es considerada una victoria indígena en el marco de los mega proyectos eólicos en el Istmo. No puede seguir replicándose un modelo de despojo, en pro ahora, de la energía verde; misma que, de hecho, es cuestionada por especialistas. ¿Energía verde pese a todo?

Twitter de la autora: @anapauladelatd



Comunidades de la montaña de Guerrero rechazan la minería por estas razones

La minería se ha convertido en uno de los principales riesgos ambientales en el país en las últimas décadas.

La extensión territorial de la Costa Chica y Montaña es de 700 mil hectáreas, y la tercera parte de esta extensión está concesionada a distintas mineras en el estado de Guerrero, México. Hoy en este país existen 70 mega proyectos de este tipo; de los cuales 25 operan a cielo abierto.

Las promesas de las minerías para las comunidades, como el empleo y el desarrollo regional han quedado en el papel, pues las afectaciones ambientales son altas y los salarios son mínimos; a los habitantes de estas zonas nunca les llegan los beneficios prometidos.

Por lo anterior los conflictos ambientales mineros en México son muchos, y en el estado de Guerrero se acumulan numerosos de ellos. Recientemente, representantes agrarios de la Montaña Alta y Costa Chica Guerrero han realizado asambleas para exigir la cancelación de dichas concesiones en estas zonas; un documento será entregado al presidente de la República.

Para muchos puede ser ilusorio el esfuerzo que están haciendo los indígenas como los me’phaa, na savi y nauas, sin embargo, existen casos como Wirikuta, que por parte de luchas comunitarias de los Wixárikas, lograron proteger su territorio al menos temporalmente.

El Consejo Regional de Autoridades Agrarias por la Defensa del Territorio y en Contra de la Minería y de la Reserva de la Biosfera en la Montaña y Costa Chica insistió en que los pueblos deben ser consultados respecto a las concesiones mineras apegándose al Artículo 169 de Organización Internacional de Trabajo (OIT), y señalaron que sus decisiones están basadas no sólo en este convenio, sino en la Ley 701 del Estado de Guerrero y en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Dice su comunicado de prensa.

Las comunidades también denunciaron las estrategias “legaloides” del gobierno federal pues el Registro Agragio Nacional (RAN) solo ha aceptado 3 de sus actas, el resto, las rechazó por supuestos defectos de forma y fondo. En el manifiesto también rechazan el parcelamiento de sus tierras para poder ponerse en venta a particulares y dejar de ser de uso común.

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