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Para disminuir la dependencia a los hidrocarburos, ONGs presionan así al gobierno mexicano

El próximo 20 de diciembre se cumple el plazo que los legisladores mexicanos acordaron para crear leyes que permitan la implementación de energías renovables y de eficiencia energética para reducir las emisiones que contribuyen al cambio climático. 

Un fuerte colectivo de organizaciones sociales se ha unido para presentar sus recomendaciones al poder legislativo. Recordemos que, ya antes, acciones como estas lograron que los legisladores sustrajeran las Áreas Naturales Protegidas de las zonas posibles de explotación de la Reforma Energética. Hoy organizaciones como Alianza por la Eficiencia Energética, Cemda, Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales, Centro de Análisis e Investigación Fundar, El Barzón, Fundación Desarrollo Sustentable,  Greenpeace, Grupo de Financiamiento Climático, Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, Inteligencia Pública, Pro Natura, Red de Jóvenes por el Agua, Telar Social México y Tierra Nueva elaboraron la Declaratoria a favor de más energías renovables y menos combustibles fósiles, formada por puntos específicos para que verdaderamente se elaboren leyes que acrecienten el uso de energías alternativas.

Estos fueron sus lineamientos: 

1. Armonizar los marcos legales en materia energética y de cambio climático.

2. Introducir y cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) en materia de eficiencia energética en el transporte, los servicios, la edificación, la industria y el sector doméstico.

3. Sentar las bases para alcanzar las metas de mitigación de GEI, de transición energética y de eficiencia energética de manera sustentable, no sólo reduciendo emisiones de GEI sino minimizando las afectaciones ambientales y sociales.

4. Desarrollar de las condiciones legales e institucionales para aumentar el aprovechamiento y uso de las energías renovables a pequeña, mediana y gran escala, y la eficiencia energética.

5. Establecer una hoja de ruta para cumplir con las metas de transición energética y de reducción de emisiones que dictan la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y la Transición Energética (LAERFTE) y la LGCC, respectivamente.

6. Definir una hoja de ruta y mecanismos financieros para líneas de transmisión.[1]

7. Aprobar suficientes recursos presupuestarios e incentivos fiscales para impulsar la transición energética.

8. Generar mecanismos para movilizar recursos privados e internacionales, en un marco de transparencia y rendición de cuentas.

9. Fortalecer institucional y presupuestariamente a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y lograr la aplicación del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PRONASE).

10. Reformar la definición de energías limpias de forma que se excluyan aquellas tecnologías que pueden conllevar impactos ambientales y sociales negativos, como la energía nuclear, las grandes hidroeléctricas, la quema de residuos sólidos urbanos y la cogeneración.

11. Incluir externalidades ambientales en el desarrollo de proyectos o actividades en materia de hidrocarburos y energías renovables.[2]

12. Modificar las disposiciones de la Reforma Energética que ponen en riesgo los derechos a un medio ambiente sano, al acceso, saneamiento y disponibilidad de agua y al derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.

La declaratoria anterior fue entregada a Lourdes González Moreno y Marisa Ortiz Mantilla, presidenta y secretaria de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. En sus nombres viene ajustado un link a sus cuentas personales de Twitter para que si te suena, presiones para que la elaboración de estas leyes para disminuir los gases de efecto invernadero sea verdaderamente efectiva, por la implementación de las opiniones de los expertos.

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