¿Te acuerdas de Cabo Pulmo? Está en riesgo otra vez

Apenas hace unos meses los inversionistas que buscan construir en esta zona arrecifal habían desistido, pero un tribunal mexicano ha dado un amparo que podría favorecer su plan

Hace apenas 2 años el gobierno del expresidente Felipe Calderón anunció la cancelación del proyecto Cabo Dorado, ubicado en Cabo Pulmo, en Baja California Sur, México. Lo anterior sucedió gracias a la presión de ambientalistas y sociedad civil que pugnaron férreamente porque este plan no se construyera, por las afectaciones ambientales que implicaría. 

En el área se encuentra un arrecife coralino de 71km2, una de las pocas áreas arrecifales en el Pacífico Este y la única en el Golfo de California o Mar de Cortés. El complejo pretende edificar hasta 22 mil cuartos en nueve hoteles turísticos en una superficie de 3 mil 770 hectáreas, lo que inexorablemente afectaría el arrecife. En su momento el gobierno local se negó a otorgar los permisos de construcción, y en mayo pasado los inversionistas anunciaron que desistían del proyecto, pero ahora, diversas organizaciones como Defensa Ambiental del Noroeste (DAN), Niparajá, Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo (ACCP), Costa Salvaje, Greenpeace México y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) anunciaron su preocupación por una nueva medida jurídica.

Recientemente, el Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, en la Ciudad de México, otorgó un amparo con el cual se obliga a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a emitir una nueva resolución sobre el caso, lo que podría beneficiar a la empresa Hansa Urbana, inversora de Cabo Dorado. 

Antes del proyecto Cabo Dorado, ya se había hecho un intento por construir otro proyecto en la zona llamado Cabo Cortés, que también fue frustrado por la preocupación y esfuerzo de ambientalistas. Hoy Cabo Pulmo presenta su tercera amenaza de gran envergadura. Las organizaciones antes mencionadas estarán al pendiente de la nueva resolución de la SEMARNAT, pero sobre todo, requieren de una sociedad civil activa que esté presionando a la dependencia para que, una vez más, se nieguen rotundamente a este proyecto que significa un gran negocio para unos pocos y una pérdida para todos, arriesgando este precioso arrecifal.

Si te suena, puedes presionar a la SEMARNAT aquí.



Áreas Naturales Protegidas en México: los consejos asesores como modelo de gobernanza ambiental

Este ensayo analiza la complejidad de impulsar un modelo de gobernanza ambiental –como es un consejo asesor– en un ANP que, por sus cualidades, ha recibido atención nacional e internacional en los últimos años por parte de diversas instituciones.

La gobernanza ambiental se ha convertido en uno de los aspectos imprescindibles para asegurar el funcionamiento efectivo de diversos instrumentos de conservación 1 . En México, como en el mundo, las áreas naturales protegidas (ANP) han demostrado ser una de las políticas de conservación más importantes (SCBD, 2004; EUROPARC-España, 2014) y la inclusión de procesos participativos que contribuyan al cumplimiento de sus objetivos, es ya parte inherente de estas políticas. En ese sentido, los consejos asesores son un órgano legalmente constituido (LGEEPA, Art.19, 2014), que funcionan como un espacio participativo para los actores involucrados en las ANP de todo el país. Actualmente, se administran 177 ANP de carácter federal y, dado la importancia que se le han otorgado a los procesos participativos, vale la pena detenerse en un ejemplo de este ejercicio: el Parque Nacional Cabo Pulmo (PNCP).

No es nada fácil hacer funcionar un espacio participativo donde convergen distintos actores con experiencias, visiones y posturas distintas. Este ensayo analiza la complejidad de impulsar un modelo de gobernanza ambiental –como es un consejo asesor– en un ANP que, por sus cualidades, ha recibido atención nacional e internacional en los últimos años por parte de diversas instituciones. Para ello, abordaré los elementos necesarios de la gobernanza enmarcados en un contexto donde los problemas ambientales tienen cada vez más relevancia. Posteriormente, hablaré del consejo asesor de Cabo Pulmo en el que se refleja: 1) la complejidad de la política ambiental y 2) las diversas partes involucradas en la toma de decisiones. Por último, lanzaré algunas reflexiones en torno a la necesidad que estos modelos de gobernanza funcionen para el manejo de los recursos naturales.

El término gobernanza (governance) comenzó a utilizarse con mayor frecuencia en la década de los 90, por instituciones como el Banco Mundial (Aguilar, 2010) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (Barriga et al., 2007). Paralelamente, se desarrolló no sólo la necesidad que se involucraran diversos actores en la toma de decisiones sobre cuestiones ambientales, sino también cómo debía ser ese proceso. La deliberación en los procesos de toma de decisiones 2 , se hizo una de las cualidades más importantes y, casi de manera automática, también resultaron relevantes la inclusión, la transparencia, la rendición de cuentas y la corresponsabilidad (Alfie-Cohen, 2013). De ahí que la gobernanza se refiera al conjunto de actores, procesos y mecanismos en los que los agentes interesados –sociales, políticos y económicos– interactúan en la gestión ambiental (Martínez y Espejel, 2015, p.172).

En un escenario donde se involucran diversos actores para hacer frente a necesidades acuciantes, como la conservación de los recursos naturales, vale la pena hablar de la noción de complejidad. Del Moral-Ituarte y Pedregal-Mateos (2002) destacan que este concepto no sólo refiere a lo complicado que resulta elaborar políticas ambientales; la sociedad y la naturaleza interactúan de tal manera que es necesario abordar sus problemáticas más allá de la acumulación y posterior aplicación del conocimiento científico. La noción de complejidad implica reconocer las múltiples interrelaciones que se dan entre estos dos sistemas (naturaleza-sociedad) que, a su vez, exigen ser abordadas desde diferentes ángulos y perspectivas. En otras palabras, los problemas ambientales implican una pluralidad de perspectivas legítimas e incertidumbres, pues se trata de cuestiones en las que no siempre es posible medir con certeza las consecuencias, magnitudes y probabilidad de que estos sucedan. Por ejemplo, ¿cómo se puede actuar ante la urgencia de proteger determinada especie?, ¿es mejor la propuesta científica de una institución, la propuesta de manejo que lleva implementando por años una institución pública o el conocimiento local? Sí, depende de muchos factores. Pero la respuesta definitiva parece casi impensable si, de alguna manera, no se toman en consideración las tres.

Los consejos asesores de las ANP pretenden subsanar esta problemática a través de los principios de representación, deliberación, participación y corresponsabilidad. La conformación de cada consejo supone que todos los sectores involucrados en el ANP están representados. El Parque Nacional Cabo Pulmo, ubicado en Baja California Sur, contó desde su decreto (1995) con su consejo asesor y, después de diversos esfuerzos, éste se reactivó desde 2009. En su caso, el consejo asesor tiene representantes de la dirección del ANP, representantes de gobiernos locales, prestadores de servicios turísticos (buceo en sus distintas modalidades, snorkel, pesca deportiva, ribereña y de autoconsumo), organizaciones de la sociedad civil y del sector académico. El PNCP ha resultado de interés para muchos actores por varias cuestiones: 1) la comunidad dejó de pescar y decidió enfocar sus actividades económicas hacia el turismo sostenible; 2) su diversidad biológica (como el único arrecife coralino con el que cuenta el Golfo de California) aporta grandes beneficios ecológicos 3 ; 3) la belleza paisajística del lugar atrae numerosos visitantes anualmente, y 4) la propuesta de desarrollar diversos proyectos turísticos 4 de gran envergadura ha atraído la atención nacional e internacional para rechazar contundentemente la autorización de los mismos.

Dada la diversidad de actores en el área y en el consejo, la complejidad de llevar procesos deliberativos es aún mayor. Los procesos de toma de decisión lineales no existen; en su lugar deben existir espacios de discusión en el que las distintas experiencias y conocimientos sean valorados para llegar a conclusiones, decisiones de manejo y nuevas propuestas adaptativas, continuamente. En otras palabras, se propone superar la incoherencia que lleva la supuesta contradicción ciencia-sistema experto versus cultura-conocimiento común (Del Moral-Ituarte y Pedregal-Mateos, 2002). De lo contrario, se puede caer en el error de realizar planeaciones y acciones de conservación de recursos naturales desde un enfoque meramente científico y reducido a factores biofísicos, sin tomar en cuenta las complejidades sociales, políticas y económicas que convergen en el área.

Algunos aspectos que son medulares para impulsar diversos modelos de gobernanza ambiental –reflejados, por ejemplo, en un consejo asesor– son: el rasgo deliberativo; la participación de diversos actores involucrados que a su vez estén representados y tengan igualdad de oportunidades a participar; transparencia en los procesos de toma de decisiones y rendición de cuentas en el manejo del ANP. Asimismo, estos elementos sobre la participación, pueden llevarnos a reflexionar sobre las bondades (o desventajas) que puede tener un área en la que muchos actores, de distintos niveles y con distintos enfoques, quieren participar.

Finalmente, la conservación de los recursos naturales como muchas de las problemáticas son tan complejas en sí mismas que lo ideal es impulsar espacios de reflexión con diversos actores o sistemas de mutuo aprendizaje (Del Moral-Ituarte y Pedregal-Mateos, 2002), en los que converjan habitantes de comunidades aledañas, investigadores, tomadores de decisiones, instituciones públicas organizaciones de la sociedad civil, para que el proceso y resultado sea efectivo. 

1 Ejemplo de ello es la Lista Verde para Áreas Protegidas (GLPA, por sus siglas en inglés) de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) que considera la “buena gobernanza” como uno de los componentes necesarios para contribuir a la conservación de la naturaleza con éxito. International Union for Conservation of Nature. (2017). IUCN Green List. Recuperado de: https://www.iucn.org/theme/protected-areas/our- work/iucn-green- list.

2 Diálogos entre grupos interesados en un ANP, talleres sectoriales y redes de asociación público-privadas, grupos de voluntarios en la participación y cuidado de recursos naturales son algunos de los ejemplos (Alfie-Cohen, 2013).

3 En 2005 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) incluyó a Cabo Pulmo (junto con las Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California) en el listado de Sitios de Patrimonio Mundial Natural; además el ANP forma parte contratante de la Convención RAMSAR de humedales desde 2008.

4 Los Pericúes en 2012, Cabo Cortés en el mismo año, Cabo Dorado en 2014, y recientemente, Cabo Pelícanos en 2016.

AUTOR: Claudia Estefany Caudillo Climaco

Bibliografía:

Alfie-Cohen, M. (2013). Democracia deliberativa y gobernanza ambiental: ¿conceptos transversales de una nueva democracia ecológica? Sociológica, 28 (80), 73-122.

Borrini-Feyerabend, G., N. Dudley, T. Jaeger, B. Lassen, N. Pathak Broome, A. Phillips and T. Sandwith (2013). Governance of Protected Areas: From understanding to action. Best Practice Protected Area Guidelines Series No. 20, Gland, Switzerland:

IUCN. xvi + 124. EUROPARC-España. (2014). Anuario 2013 del estado de las áreas protegidas en España. Ed. Fundación Fernando González Bernáldez. Madrid. Pp. 108.

LGEEPA. 21 de junio de 2014. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas. Diario Oficial de la Federación. Artículo 19. México. Martínez, N. y Espejel, I. (2015). La investigación de la gobernanza en México y su aplicabilidad ambiental. Economía, Sociedad y Territorio, XV, (47), enero-abril. Pp. 153-183. El Colegio Mexiquense, A.C. Toluca, México.

SCBD. (2004). Secretaría del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica. Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas. Convención sobre Diversidad Biológica.

Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Montreal: Secretaría del Convenio para la Diversidad Biológica, pp. 34. Del Moral-Ituarte, L. y Pedregal-Mateos, B. (2002). Nuevos planteamientos científicos y participación ciudadana en la resolución de conflictos ambientales. Departamento de Geografía Humana. Universidad de Sevilla, 41, 121-134.

Páginas electrónicas consultadas:

International Union for Conservancy Nature. (2017). https://www.iucn.org/

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. (2017). www.conanp.gob.mx/

Atlas Natura. (2017). http://atlasnatura.org/



Indígenas brasileños exigen que se dejen de financiar proyectos dañinos para el ambiente

De acuerdo con los líderes del grupo Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica –COICA–, los megaproyectos como las presas hidroeléctricas y carreteras en la Amazonia, han afectado casi al 100 por ciento las tierras selváticas.

Imagen: http://www.ecoticias.com/

El desarrollo energético de Brasil ha comenzado no sólo a atentar contra el medio ambiente al ir destruyendo los ecosistemas y contaminando las aguas y tierras de este país, también la existencia de las comunidades indígenas de todas las regiones brasileñas. Uno de los megaproyectos que más han impactado negativamente en la naturaleza es la presa Belo Monte, la cual fue construida para la producción de 11 mil megavoltios en el estado de Pará, y terminó perjudicando los derechos de los indígenas y sus pueblos ancestrales. 

De acuerdo con los líderes del grupo Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica –COICA–, los megaproyectos como las presas hidroeléctricas y carreteras en la Amazonia, han afectado casi al 100 por ciento las tierras selváticas. Por ello, la organización exigen tener voz y voto en las decisiones que involucren megaproyectos que destruyen los ecosistemas más frágiles del planeta: bosques húmedos tropicales, desiertos, páramos, montañas e islas. 

Actualmente los indígenas no sólo deben enfrentarse a los resultados negativos en el medio ambiente en relación con las construcciones de los megaproyectos, también a los efectos que genera el cambio climático. Frente a esto, la COICA observa con preocupación la vulnerabilidad tanto de la Madre Tierra como de la cultura, medio ambiente y sustento de los pueblos indígenas: “Estos cambios son el resultado de un modelo de desarrollo occidental, basado en un capitalismo voraz que, no contempla el respeto por la Madre Tierra. En este siglo se estima que la temperatura media se elevará de 1.8⁰C a 4.0⁰C, acelerando los impactos del cambio climático sobre los pueblos indígenas.”

 

Cambio climático y pueblos indígenas de la Amazonía from GDI BID on Vimeo.

A pesar de haber intentado llamar la atención de las autoridades, tanto el planeta como los pueblos indígenas y sus comunidades están sufriendo. La COICA reitera tomar en cuenta “la sabiduría y los conocimientos milenarios que los pueblos indígenas han adquirido en sus relaciones con el manejo integrado de ecosistemas, caracterizadas por formas asociativas ancestrales, armónicas y sensibles con la naturaleza y de relación espiritual con la tierra y el territorio comunitario.”

Por esta razón, la COICA exige estar presente en la mayoría de las agendas de los gobiernos y organizaciones de la sociedad, como medida de crear una vinculación entre los derechos de los indígenas, el cuidado hacia el medio ambiente y el desarrollo de proyectos de infraestructura que en Sudamérica está afectando cada vez más: “[C]arreteras, gasoductos, oleoductos, hidrovías, puertos marítimos y fluviales así como tendidos eléctricos y de fibra óptica en las zonas mas delicadas del planeta, como son las selvas amazónicas. Y la gran mayoría de estas cruzan el Amazonas afectando la biodiversidad, tierras comunales y recursos de los pueblos indígenas que habitan la Cuenca Amazónica.”

http://ocahostel.com.br/
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[CBD]



Crónica de un conversatorio sobre megaproyectos en México hacia la sostenibilidad 2030

Un México Sostenible en donde de la suma de visiones, la integración de objetivos y metas comunes, trascienden lo inmediato, permitiéndonos decidir el país que queremos para las próximas décadas

Todo parece indicar que no habrá un alto al “progreso” hasta que toquemos pared como civilización, en ese sentido llega a la mente el comentario de Noam Chomsky* donde explica cómo, a diferencia de la extinción de los dinosaurios producida por un meteorito, nosotros somos nuestro propio meteorito y la extinción ha comenzado desde hace tiempo.

¿Qué puede hacer la sociedad civil frente a los megaproyectos?, ¿qué rol juegan las poblaciones y dónde está el poder de decisión?, ¿es posible lograr alguna convención mínima entre esquemas de desarrollo?, ¿cuál es la diferencia entre megaproyecto y proyecto?, ¿seguimos apostando y subsidiando modelos de desarrollo caducos?, ¿qué tanto sabemos del tema?

Este breve registro es un intento por plasmar el crisol de opiniones escuchadas el pasado jueves 4 de febrero en las instalaciones de la Escuela Bancaria Comercial en el Conversatorio Sostenibiladad 2030 visiones y retos de los Megaproyectos en México, organizado por la plataforma SostenibilidadMx (http://www.sostenibilidadmx.org/), apoyado por la Red Ambiental Mexicana, que da inicio a sus acciones que tienen como objetivo fortalcer las agendas públicas desde la sociedad civil. Durante el evento estuvieron presentes, ponentes de organizaciones, think tanks y un organismo gubernamental: Centro Mexicana de Derecho Ambiental, Centro de Colaboración Cívica, Unidad Nacional de Asociaciones de Ingenieros (UNAI) Fundar, World Wild Fund, Centro Prodh, Bo.Vo. Asesores Integrales y CONABIO.

Desde nuestras miradas, el tema de los megaproyectos como fenómenos que transforman por completo un territorio ya sea urbano o rural, resulta un reflejo de la atrocidad de nuestros tiempos y creo que no faltan razones para creer en ello. Basta poner la lupa en cualquier punto del territorio mexicano para encontrar desastres ecológicos causa del esquizofrénico contraste entre las leyes y la realidad.

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De acuerdo con los especialistas nos enfrentamos a un escenario donde los megaproyectos emergen bajo marcos legales de hace veinte años para satisfacer necesidades que ya no existen, mientras son presentados como necesidades cuando en realidad fomentan la desigualdad. De ahí el llamado a que las luchas no estén aisladas frente a la legalización de lo ilegal de la Reforma Energética que nos condena a la servidumbre legal.

Al respecto, el Centro Mexicano de Derechos Ambiental, A.C. (CEMDA), habló del caso de la carretera Huejuquilla-Bolaños en la sierra huichola, que atravesó territorios sagrados y fue dejada a medias después de un amparo agrario por violar leyes ambientales interpuesto por la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán o Tuapurie.2 Por otra parte, el Centro Pro Derechos Humanos, A.C; fue una muestra de acciones desde las comunidades y sociedad civil que apuestan por las decisiones tomadas desde la información y el consenso, el Buen Vivir y la defensa de los derechos humanos, sobre el mero crecimiento económico para hacer frente a la imposición de los megaproyectos, tal es el caso de Magdalena, Teitipac, pueblo oaxaqueño en lucha contra la minería.3

O bien, en la urgente defensa de líderes comunitarios como Idelfonso Zamora a quién defender el medio ambiente le ha costado su libertad y la vida de uno de sus hijos. Ildefonso Zamora, es un líder indígena tlahuica y protector de los bosques mexicanos, encarcelado injustamente acusado de un delito que no cometió, en venganza por su combate a la tala clandestina en el Estado de México. 4

Sin embargo, también dentro del conversatorio encontramos enfoques de personas con experiencia directa en el trabajo de mediación entre empresas y comunidades. Y hablaban de una mirada a los megaproyectos como una oportunidad para que los pueblos tomen sus propias decisiones (sean buenas o malas), a la vez de ser una alternativa al desarrollo que permita mitigar las condiciones de pobreza y desigualdad que detonan la migración de los jóvenes o su inserción en el narcotráfico, ¿estamos hablando de una oportunidad hacia agendas de convivencia entre visiones de desarrollo?

La problemática es sumamente compleja y nos deja, vale decirlo nuevamente, con más preguntas que respuestas: ¿es posible crear otros modelos de desarrollo social y territorial?, ¿es el emprendimiento social una vía de solución?, ¿existen megaproyectos sustentables?, ¿podemos actuar desde esquemas de gobernanza que integren las diferentes visiones de desarrollo? Sin duda necesitamos más espacios de encuentro y diálogo como este conversatorio para conectar nuestras acciones.

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SostenibilidadMx, impulsada por Telar Social México y Reforestamos México, integrantes de la Red Ambiental Mexicana #RAM, nos facilitan una alternativa que pone en práctica nuevas vías de colaboración, gestión de conocimientos, co-creación y trabajo en red entre las y los ciudadanos. a fin de robustecer la participación y representación ciudadana en la integración de la sostenibilidad en el Plan Nacional de Desarrollo 2024, como estrategia la 2050.

Esta nueva plataforma híbrida 3.0 de inteligencia colaborativa, nos invita vislumbrar un México Sostenible, donde de la suma de visiones, la integración de objetivos y metas comunes, trascienden lo inmediato, permitiéndonos decidir el país que queremos para las próximas décadas, ante los desafíos sociales, políticos, económicos y ambientales regionales y globales del Siglo XXI.

Ser conscientes del gran desafío y su problematización hoy en día ya no es suficiente. El desarrollo de sociedades sostenibles, no puede pensarse, sin la gestión de un modelo sistémico, un pensamiento holístico y un sentido de cooperación.

Te invitamos a dialogar,colaborar e incidir a través de www.sostenibilidadmx.org o través de sus redes sociales y el hashtag #SostenibilidadMx.

Monserrat Salazar Gamboa y David Ordaz Bulos



¡Atención! Peligran Áreas Naturales Protegidas de Veracruz: ONG’s

La ampliación del puerto de Veracruz y el permiso para la explotación de una mina en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas ponen en entredicho la salud de dos ecosistemas protegidos

Al menos 11 organizaciones de la sociedad civil, representantes de la comunidad científica, y buzos deportivos, han escrito una carta al secretariado del Convenio sobre Diversidad Biológica, un acuerdo del cual México forma parte. Lo anterior con la finalidad de que se exhiba internacionalmente al gobierno mexicano por aprobar dos proyectos que afectarán la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas y el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV).

En el PNSAV, ubicado en el estado de Veracruz, viven al menos 23 arrecifes de distintos tamaños, forma y profundidad; ahí confluyen ecosistemas de arrecifes de coral, lechos marinos submareales, aguas marinas someras, playas de arena y manglares. El lugar está registrado desde 2004 como un humedal de importancia prioritario según la Convención de Ramsar y en México, en 1992, fue declarado Área Natural Protegida. Por su parte, la reserva de la región de Los Tuxtlas tiene un valor biogeográfico y ecológico importante. Es uno de los últimos reductos de selvas húmedas en el país y alberga especies endémicas, algunas en peligro de extinción, y 223 de las 565 aves migratorias de Norteamérica.

Los proyectos, que podrían dañar los dos maravillosos ecosistemas descritos, son la ampliación del proyecto del puerto de Veracruz, que impactaría a ambos e implicaría la explotación de una mina de piedra basáltica en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas para la construcción de las escolleras del nuevo puerto, aun cuando el programa de manejo de la reserva prohíbe expresamente el uso de explosivos en el área.

En el caso de la Biosfera Los Tuxtlas el programa mencionado veta expresamente la utilización de explosivos en la zona, y en el caso del PNSAV, la ampliación del puerto fue autorizada dentro del arrecife.

“La modificación del PNSAV, así como las autorizaciones de impacto ambiental para la ampliación portuaria y la extracción de roca basáltica en la RBLT violan la obligación del Estado mexicano de proteger la biodiversidad de su territorio. (…) de ejecutarse los proyectos de la ampliación del puerto de Veracruz y la extracción de roca basáltica en Los Tuxtlas, se impactará de manera irreparable la diversidad biológica y ecosistemas donde se asienta”.

Aquí puedes leer la carta completa.



Advierten que proyecto “Don Diego” extraería toneladas de arena del Golfo de Baja California

El área extraída sería equivalente a 60% del Distrito Federal y estaría ubicada en una zona de abundantes tortugas marinas y de transito de población de ballena gris

La fosforita es una roca sedimentaria que contiene altas cantidades de minerales fosfatados y tiene aplicaciones en distintas industrias agrícolas, ganaderas  y químicas. Suele extraerse de capas rocosas, pero también del fondo marino; su explotación es considerada una actividad minera.

Recientemente algunas organizaciones civiles, entre ellas el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, advirtieron de un nuevo proyecto que apenas presentó la evaluación de impacto ambiental (EIA) a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT): un proyecto de minería submarina que dragaría 91 mil hectáreas de fondo marino para extraer 350 millones de toneladas de arena fosfática en el Golfo de Ulloa, en Baja California Sur.

Aunque el proyecto apenas fue puesto a revisión las organizaciones son conscientes de que en México, reiteradamente, los proyectos no suelen ser amigables con el medio ambiente pese a ser avalados por la autoridad. En este caso el proyecto minero, llamado “Don Diego” -único y primero en su tipo a nivel nacional-, es impulsado por la empresa Odyssey Marine Explorations a través de su filial Exploraciones Oceánicas.

Este proyecto extraería fosforita empleando una draga submarina durante 50 años. La superficie total del fondo marino sería el equivalente al 60% de la superficie del Distrito Federal y el equivalente en volumen para llenar 264 veces el Estadio Azteca en la totalidad del proyecto.

La zona donde se desarrollaría el proyecto minero “Don Diego” ha sido identificada como zona crítica para la población de tortugas marinas y es una zona de tránsito de la ballena gris. También, 42% de la actividad pesquera en el Estado de Baja California Sur se ubica en esta región. 

Las organizaciones están haciendo una campaña de difusión para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales transparente los estudios de impacto ambiental y pueda hacerse un seguimiento a la postura de la autoridad ante este proyecto, que prácticamente podría devastar este ecosistema.

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