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Intimidan a ecologistas en México: detienen a 16 comuneros de Holbox y a un líder yaqui

Los conflictos ecológicos y los vinculados a los recursos naturales son cada vez más usuales. En especial en países con legados de desigualdad social y de marginación indígena, estos conflictos son cada vez más concurridos. Primero, porque los grupos nativos han acumulado mayor apoyo por parte de la sociedad civil, tras años de injusticias. También, porque las comunidades están valiéndose de recursos jurídicos antes impensables. En México, por ejemplo, con la Nueva Ley de Amparo el ciudadano puede defenderse de decisiones de autoridades que considere atentan contra sus derechos.

Los conflictos ecológicos en México, pues, están inmersos, muchos de ellos, en pugnas por los recursos naturales que pueblos milenarios han protegido concienzudamente -con algunas excepciones de grupos que presentan descomposición en su tejido social. Hoy, los wixárikas pelean sus tierras de los poderosos intereses de las mineras; los rarámuris se defienden de la invasión de proyectos que los excluyen de sus propiedades; en el sur, comunidades mayas pelean libertad de los transgénicos y en la cúspide de la cultura maya, en Quintana Roo, comuneros de Holbox defienden su isla, un Área Natural Protegida, del proyecto La Ensenada, que erigiría hasta 875 unidades residenciales en la zona.

Describimos dos casos recientes en que luchadores ecologistas han sido encarcelados, evidentemente, bajo condiciones ligadas al activismo por los recursos naturales:

  1. 16 habitantes del paraíso natural de la isla Holbox, por un delito sin pruebas flagrantes, fueron dictados con auto de formal prisión por supuestamente talar manglares. Entre ellos están tres topógrafos, un joven universitario y 12 ejidatarios que, curiosamente, se oponen al proyecto La Ensenada de la empresa Península Maya Development. Sus familiares han denunciado férreamente que se trata de un acto de intimidación para los pobladores, en un delito que como única prueba cuenta con las declaraciones de la delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) Ludivina Menchaca y de algunos inspectores de la misma dependencia. Los familiares exigen que Guillermo Haro titular nacional de la Profepa, dimita de los cargos en contra de los procesados.

 

  1. También, este 11 de septiembre la Procuraduría General de la República (PGR) anunció en rueda de prensa la detención del vocero de la tribu yaqui Mario Luna, fenómeno, por cierto, notablemente desproporcionado. Luna es un tajante opositor del Acueducto Independencia, un proyecto del gobernador Guillermo Padrés, que conecta dos presas siguiendo la cuenca del río Yaqui para dotar de agua a la ciudad de Hermosillo desde 2013. Los yaquis argumentan que el proyecto viola el decreto presidencial del general Lázaro Cárdenas quien, en 1940, determinó que 50% del líquido le pertenecía a la tribu.

 

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