Estas son las reservas naturales de México; ¿cómo protegerlas?

Un vistazo por las Áreas Naturales Protegidas de este país. Para exigir su cuidado, es ineludible conocer su existencia y ubicación

Según el organismo mexicano CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas) las Áreas Naturales Protegidas son las zonas donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas. Se crean mediante un decreto presidencial y las actividades que pueden llevarse a cabo dentro de ellas se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Hoy en México existen 176 Áreas Naturales Protegidas administradas por la CONANP, que resguardan 25 millones 394 mil 779 hectáreas que a su vez representan 12.93% de la superficie del país. Dentro de las 161 ANP federales, 121 se ubican en ecosistemas terrestres y 61 tienen designación o reconocimiento internacional.

Este país es uno de los cinco con mayor diversidad en el mundo. En esta nación existen 96 ecoregiones pero 11 de ellas no están reconocidas en las ANP, según datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. También este último organismo ha señalado que las Áreas Naturales Protegidas, sobre todo las decretadas a finales del siglo XIX y los primeros 70 años del siglo XX, fueron elegidas por su belleza paisajística y no tanto por una preservación estratégica de la multidiversidad.

En México hay ANP federales, estatales, municipales y privadas. Lo anterior hace que muy distintas autoridades puedan hacer cambios de uso de suelo, lo cual las amenaza enormemente.

 

División de las ANP

Las Áreas Naturales Protegidas en México están divididas en tres siete tipologías (en los links puedes conocer sus ecosistemas y ubicación):

Reservas de la Biosfera ( 41), Parques Nacionales (67), Monumentos Naturales (5), Áreas de Protección de Recursos Naturales (8), Áreas de Protección de Flora y Fauna (37) y Santuarios Naturales (18).

 

Ubicación General de las Áreas Naturales Protegidas

Como mencionábamos antes, en México hay 176 Áreas Naturales Protegidas, pero muchas de ellas se ubican por regiones, es decir, sobre una misma área. En ese mismo espacio puede haber varias catalogaciones de protección.

Las zonas con distintas nomenclaturas de Áreas Naturales Protegidas son nueve regiones en total. Las regiones más extensas de ANP están ubicadas en el golfo de California en el Norte del país y la región del Eje Volcánico, que es una cadena de montañas volcánicas que atraviesa Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, la ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, en la región de Los Tuxtlas, desde el océano pacífico hasta el golfo de México.

 

Aquí las nueve zonas de Áreas Naturales Protegidas:

Península de Baja California y Pacífico Norte (más de 900 islas con increíbles paisajes de mar azulado, en contraste con el desierto)

Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California

Área de Protección de Flora y Fauna Valle de los Cirios

Parque Nacional Archipiélago de San Lorenzo

Parque Nacional Bahía de Loreto

Reserva de la Biósfera Bahía de los Ángeles, canales de Ballenas y Salsipuedes

Parque Nacional Archipiélago de Espíritu Santo

Parque Nacional Cabo Pulmo

Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe

 

Noroeste y Alto Golfo de California

Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar

Reserva de la Biosfera Isla San Pedro Mártir

 

Norte y Sierra Madre Oriental

Área de Protección de Flora y Fauna Cuatrociénegas

Parque Nacional Cumbres de Monterrey

Área de Protección de Flora y Fauna Cañón de Santa Elena

 

Occidente y Pacífico Centro

Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán

Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca

 

Centro y Eje Neovolcánico

Área de protección de Flora y Fauna Corredor Biológico Chichinautzin

Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa

Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl

Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca

Reserva de la Biosfera Sierra Gorda

Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán

 

Planicie costera y golfo de México

Áreas Protegidas del Golfo de México

 

Frontera sur, istmo y Pacífico Sur

Reserva de la Biosfera El Triunfo

 

Península de Yucatán y caribe mexicano

Parque Nacional Arrecife Alacranes

Parque Nacional Arrecifes de Cozumel

Parque Nacional Tulum

Proyecto Dominó

Reserva de la Biosfera Calakmul

 

Principales amenazas para las Áreas Naturales Protegidas de México

Como hemos mencionado antes, las Áreas Naturales Protegidas en México están divididas en tres secciones: federales, estatales y municipales. Lo anterior detona un intenso problema, porque su cuidado está sujeto a la decisión de múltiples actores; muchos de ellos llegan a su puesto por 3 años, como sucede en el nivel municipal.

Las Áreas Naturales Protegidas enfrentan la suciedad de la corrupción y muchas veces se otorgan permisos de cambio de uso de suelo, lo que da lugar a construcciones, deforestación, agricultura, minería. Es decir, se termina con el sentido de “protección” pretendido.

De esta manera, las amenazas principales a las ANP son la sobreexplotación de recursos, la contaminación, las especies invasoras, el cambio climático, los cárteles del narcotráfico (que degradan el suelo y deforestan, además de que amenazan a los ambientalistas), los políticos corruptos, etcétera.

Otro gran inconveniente para el cuidado de las ANP es que muchas son propiedad privada. Aunque parezca increíble, numerosos terrenos que encajan en esta tipología pertenecen a particulares individuales, ejidales o comuneros. Lo anterior hace que el cuidado de estas zonas involucre a numerosos actores cuyos intereses no siempre son amigables con el medio ambiente.

mexico

Cuadro realizado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad en 2013

 

Ejemplos de Áreas Naturales Protegidas (no protegidas)

En Huixquilucan, Estado de México, hay tres Áreas Naturales Protegidas decretadas así desde 1994: las barrancas del río La Pastora, del río San Joaquín y del río La Loma (también conocida como Barranca del Negro). Estas 129 mil hectáreas de terreno municipal, que deberían estar cuidadas, no lo están. Las barrancas están abordadas por manchas urbanas e incluso por obras de vialidad.

De seguro te ha pasado circular por alguna zona natural protegida y te preguntas cómo es que puedes estar atravesándola en automóvil y por qué está llena de construcciones.

¿Qué hacer?

Existen organizaciones sociales como NaturaliaPronatura que incluso han comprado grandes zonas de terreno a particulares que poseían tierras en ANP para cuidarlas. Puedes contactarlas y pasar tus denuncias sobre omisiones en las ANP, o bien, puedes escribir o llamar a los encargados de dichas áreas.

Si la realidad ecológica parece desesperarte, recuerda que siempre hay alguien que, como tú, está indignado ante la corrupción y la irresponsabilidad. Lo importante es hacer pequeñas acciones que vayan sumando una cadena. Ubicar las ANP desde la cultura colectiva es un gran primer paso para monitorearlas y protegerlas. El interés es una poderosa puerta a la transformación del entorno.

 

 Twitter de la autora: @anapauladelatd

 



Activista Berta Cáceres gana: se suspende proyecto hidroeléctrico que provocó su muerte

Durante dos años se catalogaron de inútiles las muerte tanto de Berta Cáceres como otros ambientalistas latinoamericanos, quienes han luchado contra proyectos que atentan contra los derechos humanos y la biodiversidad del planeta.

La muerte de la activista ambiental de origen indígena Berta Cáceres, fue un evento que impactó a numerosas políticas ecológicas y sociales en varios países de Latinoamérica. De hecho su difusión logró evidenciar el alto riesgo en que habitan tanto las comunidades indígenas como el medio ambiente frente a la ambición glotona de grandes –tras–nacionales que invaden y contaminan recursos naturales. Ahora, a dos años de la muerte de la hondureña, el Banco Holandés de Desarrollo –FMO– y el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial –FINNFUND– retiraron definitivamente el apoyo al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollo Energéticos Sociedad Anónima –DESA–. 

 

Durante dos años se catalogaron de inútiles las muerte tanto de Berta Cáceres como otros ambientalistas latinoamericanos, quienes han luchado contra proyectos que atentan contra los derechos humanos y la biodiversidad del planeta. Sin embargo, la reciente decisión de suspender el polémico proyecto hidroeléctrico entró en vigor de manera oficial el lunes 10 de julio del 2017, brindando un ápice de esperanza en relación con la reinvindicación, resistencia, resiliencia y perseverancia. Se trata del fin de una historia tráfica que dejó un saldo de varios indígenas y líderes del pueblo Lenca muertos. 

Esta decisión se transmitió a través de un comunicado del Desarrollo Energético Sociedad Anónima –DESA–, notificando la suspensión del proyecto a favor de la reducción de conflictos en la zona del río Gualcarque –occidente de Honduras–; así como la continuación de inversiones sociales en comunidades del occidente para mejorar la infraestructura y calidad de vida. Si bien en el mismo comunicado DESA aclara que “una parte de la comunidad estaba a favor de este proyecto porque ha generado empleos directos en algunas zonas de los departamentos de Santa Bárbara e Intibucá”; la líder ambientalista Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras –Copinh– luchaban contra este proyecto que atentaba contra el patrimonio natural, cultural, económico y hábitat funcional del pueblo lenca. 

 

Desde su muerte –mientras estaba en su casa y varios individuos ingresaron pasada la media noche para atacarla con varios disparos–, el Congreso de EE.UU. impulsa la “Ley Berta Cáceres para la defensa de los derechos humanos en Honduras”. 



¿El que conserva altera y el que altera conserva?

Movimientos incongruentes, descuidos fatales o solo acciones que trabajan para el apaciguamiento de la presión nacional e internacional.

Autor:  Jorge León

La concepción gubernamental de las áreas naturales protegidas en México no le llega ni a los talones a la situación real y compleja en la que se encuentran. Un hecho tangible es la aplicación de políticas de disección forzada en las que se pretende aislar segmentos de naturaleza inédita en aras de su conservación y protección, aislándola de su propio entorno (Zambrano, 2001). A caso las entidades gubernamentales quieren establecer cercos inanimados, majestuosos y sin alteraciones a expensas de la derogación de un sistema complejo y con un número infinito de multiversos e interacciones humano- naturaleza. O es que simplemente vivimos en un mundo en donde los intereses individuales predominan sobre el bienestar colectivo.

Partiendo de lo anterior el presente ensayo busca abordar de manera breve las problemáticas derivadas de la desarticulación entre los actores y los instrumentos implementados para la conservación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP´s), tomando como ejemplo la situación del Parque Nacional Lagunas de Montebello (PNLM) ubicado la frontera sur del país.

De manera histórica el establecimiento de las ANP´s en México ha sido impulsado por las presiones públicas y las críticas internacionales (Galicia, 2012). Generando así una lucha por cumplir una agende gubernamental, más que establecer áreas para la conservación y desarrollo de sus habitantes. Dicha situación se ha venido dando desde el mandato de Lerdo de Tejada, hasta el gobierno del hoy presidente Enrique Peña Nieto. El primero con una base proteccionista al más puro estilo estadunidense, mientras que el último creó 4 áreas más de protección, cuando las instituciones encargadas de su gestión se encuentran inmersas en un déficit presupuestal y administrativo (Castañeda y Quevedo, 2006; Vargas, 2016). La falta de racionalidad y desconexión entre los órdenes de gobierno para la toma de decisiones llega hasta el punto en el presupuesto destinado para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) es 37 veces menos que el que recibe la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), ni todo el presupuesto de los programas destinados a la conservación alcanzan una cifra competitiva frente al resto de los recursos destinados a otras instituciones gubernamentales (Cortina-Zegovia & Zorilla-Ramos, 2007). Movimientos incongruentes, descuidos fatales o solo acciones que trabajan para el apaciguamiento de la presión nacional e internacional. Se creería que los más de 100 años de experiencia en la protección y conservación de las ANP´s bastarían para generar modelos integrales y de manejo adaptativo dentro de estas zonas de prioridad nacional, sin embargo, todo este tiempo solo sirvió para alimentar con procesos burocráticos, excluyentes, proteccionistas y pensados desde una oficina.

Uno de los ejemplos es el PNLM, decretado en 1959; establecido sin integración ni sustento académico, ecológico y mucho menos social. Provocó la expropiación del territorios y el establecimiento de límites políticos poco adaptados a la realidad geohistórica de la región (Castañeda y Quevedo, 2006). El gobierno con argumentos burdos de conservación estableció un instrumento de política ambiental estricto y poco incluyente, en una región con asentamientos humanos ancestrales, hundidos en la marginación económica y la opresión política de los pueblos indígenas (Galicia, 2012). Hecho que los colocó al borde del precipicio al ser despojados de su territorio y relegados a no más que invasores de lo que un día fue su hogar (Hernández, 1994). Hecho que situó al estado como un ente opresor ante la sociedad, con prácticas verticales y un gobierno fallido. Mientras que en las declaratorias los más altos mandatarios vende la idea del progreso y del trabajo cooperativo, lo que es totalmente contrario a la realidad de desarticulación por la que atraviesa el país.

En el caso específico de PNLM se presentan problemas sociopolíticos y ambientales ya expuestos por Brenner (2009) como una generalidad en el manejo de las ANP´s en México. Las cuales son impulsadas por la desarticulación y la mala gestión del parque.

Algunas de estas son:

– Desacuerdos en el uso y gobierno de las áreas productivas, como el control de los recursos recaudados por el acceso.

– Actividades gubernamentales centralizadas y sectorizadas, carentes de visión a largo plazo y pensamiento sistémico.

– No se cuenta con programas turísticos adaptados al desarrollo de las ANP´s.

– No se toma en cuenta la intromisión de intereses externos que puedan afectar la ANP.

– Practicas individuales sobre lo comunitario.

– Falta de inclusión de los locales en la toma de decisiones

– Degradación ambiental por incendios, plagas, contaminación de acuíferos o extracción clandestina de recursos naturales.

– Micro mafias internas que regulan el uso y la organización de los programas

– Un gran número de programas mal coordinados y hechos desde una oficina.

– La redición de cuentas pertenece al sector gubernamental y a nadie más.

Durante tiempos recientes en el PNLM la CONANP regida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) se guían mediante los lineamientos específicos del plan de manejo ejecutado desde 2007 (PMPL, 2007). Lineamientos que en la mayoría de los casos se ven limitados por la falta de recursos y capital administrativo para su gestión. Lo que contribuye de manera negativa al desarrollo de las capacidades locales, originando situaciones de conflictos por el accesos y uso de los recursos protegidos, eventos que impulsa la degradación de los mismos (Pinazzo, 2003). Aunado a esto se presenta el crecimiento del sector turístico el cual genera una presión considerable con la agregación de hasta 2 toneladas de residuos mensuales y un turismo irresponsable y poco adaptado a las condiciones del parque (PMPL, 2007).

En la actualidad los habitantes que se ven beneficiados por las actividades en el parque conciben a la CONANP como un organismo limitante y generador de roces entre la comunidad. Por otro lado la Secretaria del Turismos (SECTUR) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas (CDI) se contraponen a la voluntad de la CONANP, con la aplicación de programas de desarrollo turístico distintos a los que el parque requiere (Barriga, 2016). La falta de organización entre sectores y la limitada rendición de cuentas, incrementa así los problemas de legitimidad de la figura del estado.

Por lo que la búsqueda de un cambio de paradigma es apremiante. Una de las alternativas se basa en los mecanismos de gobernanza ambiental, que trascienden más allá de un estado benefactor y centralizado. Buscando la generación de procesos colectivos de carácter formal e informar, determinando como se toman las decisiones o se establecen las normas sociales con referencia a los asuntos públicos que la envuelven. Denotando como característica esencial la posibilidad de ser analizada e interpretada para su propio mejoramiento, todo esto dentro de una perspectiva que comprende al socioecosistema y condiciones horizontales de gestión (Hufty, 2008; Miriam, 2013). En conclusión es imperiosa la búsqueda de la inclusión de un pensamiento socioecosistemico, horizontal, que atienda las problemáticas del entorno real y no las visualizadas desde los gabinetes de gobierno; que los intereses individuales pasen a un segundo plano y el esfuerzo colectivo sea el pan de cada día. Acaso debemos de permitir que nuestro desarrollo siga enterrado por el interés de la minoría dominante, los cuales construyen su proyecto de nación olvidando de manera sistemática a la sociedad, tomándola en cuenta sólo cuando la necesitan. Informémonos, retroalimentemos y participemos.



Áreas Naturales Protegidas en México: los consejos asesores como modelo de gobernanza ambiental

Este ensayo analiza la complejidad de impulsar un modelo de gobernanza ambiental –como es un consejo asesor– en un ANP que, por sus cualidades, ha recibido atención nacional e internacional en los últimos años por parte de diversas instituciones.

La gobernanza ambiental se ha convertido en uno de los aspectos imprescindibles para asegurar el funcionamiento efectivo de diversos instrumentos de conservación 1 . En México, como en el mundo, las áreas naturales protegidas (ANP) han demostrado ser una de las políticas de conservación más importantes (SCBD, 2004; EUROPARC-España, 2014) y la inclusión de procesos participativos que contribuyan al cumplimiento de sus objetivos, es ya parte inherente de estas políticas. En ese sentido, los consejos asesores son un órgano legalmente constituido (LGEEPA, Art.19, 2014), que funcionan como un espacio participativo para los actores involucrados en las ANP de todo el país. Actualmente, se administran 177 ANP de carácter federal y, dado la importancia que se le han otorgado a los procesos participativos, vale la pena detenerse en un ejemplo de este ejercicio: el Parque Nacional Cabo Pulmo (PNCP).

No es nada fácil hacer funcionar un espacio participativo donde convergen distintos actores con experiencias, visiones y posturas distintas. Este ensayo analiza la complejidad de impulsar un modelo de gobernanza ambiental –como es un consejo asesor– en un ANP que, por sus cualidades, ha recibido atención nacional e internacional en los últimos años por parte de diversas instituciones. Para ello, abordaré los elementos necesarios de la gobernanza enmarcados en un contexto donde los problemas ambientales tienen cada vez más relevancia. Posteriormente, hablaré del consejo asesor de Cabo Pulmo en el que se refleja: 1) la complejidad de la política ambiental y 2) las diversas partes involucradas en la toma de decisiones. Por último, lanzaré algunas reflexiones en torno a la necesidad que estos modelos de gobernanza funcionen para el manejo de los recursos naturales.

El término gobernanza (governance) comenzó a utilizarse con mayor frecuencia en la década de los 90, por instituciones como el Banco Mundial (Aguilar, 2010) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (Barriga et al., 2007). Paralelamente, se desarrolló no sólo la necesidad que se involucraran diversos actores en la toma de decisiones sobre cuestiones ambientales, sino también cómo debía ser ese proceso. La deliberación en los procesos de toma de decisiones 2 , se hizo una de las cualidades más importantes y, casi de manera automática, también resultaron relevantes la inclusión, la transparencia, la rendición de cuentas y la corresponsabilidad (Alfie-Cohen, 2013). De ahí que la gobernanza se refiera al conjunto de actores, procesos y mecanismos en los que los agentes interesados –sociales, políticos y económicos– interactúan en la gestión ambiental (Martínez y Espejel, 2015, p.172).

En un escenario donde se involucran diversos actores para hacer frente a necesidades acuciantes, como la conservación de los recursos naturales, vale la pena hablar de la noción de complejidad. Del Moral-Ituarte y Pedregal-Mateos (2002) destacan que este concepto no sólo refiere a lo complicado que resulta elaborar políticas ambientales; la sociedad y la naturaleza interactúan de tal manera que es necesario abordar sus problemáticas más allá de la acumulación y posterior aplicación del conocimiento científico. La noción de complejidad implica reconocer las múltiples interrelaciones que se dan entre estos dos sistemas (naturaleza-sociedad) que, a su vez, exigen ser abordadas desde diferentes ángulos y perspectivas. En otras palabras, los problemas ambientales implican una pluralidad de perspectivas legítimas e incertidumbres, pues se trata de cuestiones en las que no siempre es posible medir con certeza las consecuencias, magnitudes y probabilidad de que estos sucedan. Por ejemplo, ¿cómo se puede actuar ante la urgencia de proteger determinada especie?, ¿es mejor la propuesta científica de una institución, la propuesta de manejo que lleva implementando por años una institución pública o el conocimiento local? Sí, depende de muchos factores. Pero la respuesta definitiva parece casi impensable si, de alguna manera, no se toman en consideración las tres.

Los consejos asesores de las ANP pretenden subsanar esta problemática a través de los principios de representación, deliberación, participación y corresponsabilidad. La conformación de cada consejo supone que todos los sectores involucrados en el ANP están representados. El Parque Nacional Cabo Pulmo, ubicado en Baja California Sur, contó desde su decreto (1995) con su consejo asesor y, después de diversos esfuerzos, éste se reactivó desde 2009. En su caso, el consejo asesor tiene representantes de la dirección del ANP, representantes de gobiernos locales, prestadores de servicios turísticos (buceo en sus distintas modalidades, snorkel, pesca deportiva, ribereña y de autoconsumo), organizaciones de la sociedad civil y del sector académico. El PNCP ha resultado de interés para muchos actores por varias cuestiones: 1) la comunidad dejó de pescar y decidió enfocar sus actividades económicas hacia el turismo sostenible; 2) su diversidad biológica (como el único arrecife coralino con el que cuenta el Golfo de California) aporta grandes beneficios ecológicos 3 ; 3) la belleza paisajística del lugar atrae numerosos visitantes anualmente, y 4) la propuesta de desarrollar diversos proyectos turísticos 4 de gran envergadura ha atraído la atención nacional e internacional para rechazar contundentemente la autorización de los mismos.

Dada la diversidad de actores en el área y en el consejo, la complejidad de llevar procesos deliberativos es aún mayor. Los procesos de toma de decisión lineales no existen; en su lugar deben existir espacios de discusión en el que las distintas experiencias y conocimientos sean valorados para llegar a conclusiones, decisiones de manejo y nuevas propuestas adaptativas, continuamente. En otras palabras, se propone superar la incoherencia que lleva la supuesta contradicción ciencia-sistema experto versus cultura-conocimiento común (Del Moral-Ituarte y Pedregal-Mateos, 2002). De lo contrario, se puede caer en el error de realizar planeaciones y acciones de conservación de recursos naturales desde un enfoque meramente científico y reducido a factores biofísicos, sin tomar en cuenta las complejidades sociales, políticas y económicas que convergen en el área.

Algunos aspectos que son medulares para impulsar diversos modelos de gobernanza ambiental –reflejados, por ejemplo, en un consejo asesor– son: el rasgo deliberativo; la participación de diversos actores involucrados que a su vez estén representados y tengan igualdad de oportunidades a participar; transparencia en los procesos de toma de decisiones y rendición de cuentas en el manejo del ANP. Asimismo, estos elementos sobre la participación, pueden llevarnos a reflexionar sobre las bondades (o desventajas) que puede tener un área en la que muchos actores, de distintos niveles y con distintos enfoques, quieren participar.

Finalmente, la conservación de los recursos naturales como muchas de las problemáticas son tan complejas en sí mismas que lo ideal es impulsar espacios de reflexión con diversos actores o sistemas de mutuo aprendizaje (Del Moral-Ituarte y Pedregal-Mateos, 2002), en los que converjan habitantes de comunidades aledañas, investigadores, tomadores de decisiones, instituciones públicas organizaciones de la sociedad civil, para que el proceso y resultado sea efectivo. 

1 Ejemplo de ello es la Lista Verde para Áreas Protegidas (GLPA, por sus siglas en inglés) de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) que considera la “buena gobernanza” como uno de los componentes necesarios para contribuir a la conservación de la naturaleza con éxito. International Union for Conservation of Nature. (2017). IUCN Green List. Recuperado de: https://www.iucn.org/theme/protected-areas/our- work/iucn-green- list.

2 Diálogos entre grupos interesados en un ANP, talleres sectoriales y redes de asociación público-privadas, grupos de voluntarios en la participación y cuidado de recursos naturales son algunos de los ejemplos (Alfie-Cohen, 2013).

3 En 2005 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) incluyó a Cabo Pulmo (junto con las Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California) en el listado de Sitios de Patrimonio Mundial Natural; además el ANP forma parte contratante de la Convención RAMSAR de humedales desde 2008.

4 Los Pericúes en 2012, Cabo Cortés en el mismo año, Cabo Dorado en 2014, y recientemente, Cabo Pelícanos en 2016.

AUTOR: Claudia Estefany Caudillo Climaco

Bibliografía:

Alfie-Cohen, M. (2013). Democracia deliberativa y gobernanza ambiental: ¿conceptos transversales de una nueva democracia ecológica? Sociológica, 28 (80), 73-122.

Borrini-Feyerabend, G., N. Dudley, T. Jaeger, B. Lassen, N. Pathak Broome, A. Phillips and T. Sandwith (2013). Governance of Protected Areas: From understanding to action. Best Practice Protected Area Guidelines Series No. 20, Gland, Switzerland:

IUCN. xvi + 124. EUROPARC-España. (2014). Anuario 2013 del estado de las áreas protegidas en España. Ed. Fundación Fernando González Bernáldez. Madrid. Pp. 108.

LGEEPA. 21 de junio de 2014. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas. Diario Oficial de la Federación. Artículo 19. México. Martínez, N. y Espejel, I. (2015). La investigación de la gobernanza en México y su aplicabilidad ambiental. Economía, Sociedad y Territorio, XV, (47), enero-abril. Pp. 153-183. El Colegio Mexiquense, A.C. Toluca, México.

SCBD. (2004). Secretaría del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica. Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas. Convención sobre Diversidad Biológica.

Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, Montreal: Secretaría del Convenio para la Diversidad Biológica, pp. 34. Del Moral-Ituarte, L. y Pedregal-Mateos, B. (2002). Nuevos planteamientos científicos y participación ciudadana en la resolución de conflictos ambientales. Departamento de Geografía Humana. Universidad de Sevilla, 41, 121-134.

Páginas electrónicas consultadas:

International Union for Conservancy Nature. (2017). https://www.iucn.org/

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. (2017). www.conanp.gob.mx/

Atlas Natura. (2017). http://atlasnatura.org/



Microgrupos, el mejor formato para ejercer el activismo medioambiental

La formación de microgrupos de trabajo demuestra ser una excelente opción para activar la organización comunitaria en el cuidado del medio ambiente.

Imagen:thefrogblog.es

 

Para nadie es secreto el delicado panorama ambiental en la Tierra: basta con ver lo que pasa en las grandes ciudades con el aire, con las áreas verdes cada vez más escasas, con la polución a gran escala. No es menor entonces lo que ocurre en zonas desprotegidas del mundo, tales como los campos de Sichuan, en China, donde se llevó a cabo un largo estudio recientemente publicado en el periódico Proceedings of the National Academy of Sciences, sobre la conservación de los bosques. 

El estudio se concentra en la Reserva Nacional Natural de Wolong, donde habita el 10% de la población mundial de pandas en peligro de extinción. ¿Por qué aquí? Desde la década de los 70 la tala ilegal en la región pone en peligro a los panda. Lo que ha ocurrido es que las autoridades locales, desde el 2001, comenzaron a pagarle a los lugareños para que ellos se hicieran cargo del bosque, ya que a veces eran ellos mismos quienes talaban ilegalmente los bosques de la Reserva. Lo que las autoridades buscan, en base a las determinaciones de los especialistas, es que el grupo que vive en el lugar sea quien responda por ese lugar, que son el grupo idóneo para hacerse cargo –proceso de concientización mediante- del paisaje, del ecosistema, de la vida que los rodea. Hay una entrega de responsabilidad natural, por cuestión de ubicación, hacia la gente del lugar. Hay un empoderamiento político y ecológico.

Para optimizar estos procesos de empoderamiento, el estudio se enfocó en la comparación de los grupos que venían trabajando en terreno, puesto que hubo grupos que marcaron diferencias de efectividad respecto de los otros. Buscaban un equilibrio en el personal para la mantención de los bosques. Los resultados arrojaron que un grupo pequeño, entre ocho y nueve lugareños, mejora la conservación y es la óptima cantidad de gente por área.

En el fondo se trata de una cuestión organizacional, donde el cuidado del medioambiente depende de cómo se estructuren los grupos humanos que allí van a trabajar. Sin ir más lejos, los encargados del estudio, Wu Yang y Jack Liu, concluyen que un grupo grande dificulta la comunicación y un grupo excesivamente pequeño se ve sobrepasado. Además, dicho sea de paso, estos grupos pueden formarse espontáneamente si la gente busca organizarse y colaborar con el cuidado del planeta. Vale decir, no hay que esperar una subvención para tomar conciencia de que hay que cuidar el espacio donde nos es dado vivir.



Dislocando nuestras Áreas Naturales Protegidas

El despido de especialistas de la Conanp manifiesta una visión más profunda para favorecer el proyecto minero y energético por sobre cualquier criterio nos explica Fernando Córdova.

Foto:hidroponia.mx

Es clara la tendencia generalizada de quitar cualquier tipo de obstáculo para beneficio del proyecto minero o energético, pues nada parece tener la misma importancia y  actualmente constituye la prioridad nacional. Esto se puede ver claramente ante el debilitamiento estructural y operativo que sufre la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) como institución. Esto nos podría llevar a pensar que el gobierno federal actual ignora lo que es una agenda ambiental y desconoce el significado de biodiversidad, conservación y patrimonio biocultural. Pero habría que tomar distancia, dar un rodeo, para captar lo que esta tendencia nos está dejando ver. ¿Será que el proyecto desarrollista y productivista nunca se fue y ahora se hace presente de manera salvaje?

En la década de los setenta cuando el movimiento ambientalista contraponía ambiente vs crecimiento se hacía manifiesto el problema profundo de la degradación ambiental. Unos años después con la llegada del desarrollo sustentable, se enmascararon las causas más profundas de la crisis ambiental. La lucha ambientalista que empezó como un reclamo genuino, hoy se ha mezclado y corrompido tanto que ya no la podemos distinguir. Muchos ambientalistas se unieron a las estrategias de la gestión económica del ambiente, se unieron a las filas del gobierno, crearon instituciones y pensaron  que esa era la vía adecuada. La CONANP es resultado de la visión idealista, ingenua y ambiciosa de los ambientalistas.  ¿Alguien ha salido al rescate de la CONANP? Quienes optaron por esa vía, quizá se han convertido en lo mismo a lo que se oponían y hoy están atados de manos para denunciar lo que viven en carne propia.

A finales de la década de los ochenta y principios de los noventa se presentó el mayor incremento de superficie incorporada al régimen de área natural protegida (ANP). En este periodo se crea la modalidad mexicana de reserva de la biosfera, la cual busca integrar la conservación  y el desarrollo social de los habitantes del ámbito rural. A finales del siglo XX se consolidó la capacidad del Estado mexicano para manejar y atender estas zonas e inició un conjunto de procesos de gestión incentivados por un incremento de financiamiento a la institución: la contratación permanente de personal para realizar la vigilancia de las ANP, favorecer esquemas de participación social y la aplicación de instrumentos de planeación para llevar a cabo acciones dentro del marco jurídico que establece el decreto, dieron como resultado que la CONANP se constituyera como un órgano desconcentrado y sectorizado en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Actualmente la CONANP es una institución que refleja la consolidación de una agenda ambiental nacional, por lo que su desmantelamiento representa un retroceso histórico en materia de política ambiental. El decreto de un sitio como Área Natural Protegida no asegura su adecuado manejo porque depende de factores complejos e intereses opuestos. Por ejemplo, los cada vez más frecuentes conflictos socio-ambientales están acompañados de una violación sistemática de los derechos humanos, la expropiación del territorio, la exclusión de la participación de los pobladores locales, gravísimos impactos ambientales y del menosprecio de las opiniones de organizaciones de la sociedad civil y de científicos parecen estar en sintonía con el debilitamiento actual de la CONANP y la SEMARNAT. Es más fácil imponer megaproyectos voraces cuando se tienen instituciones débiles que no representan ningún contrapeso real.

Hoy, la fortaleza de las instituciones ambientales de este país está en peligro por la escasa formación y la falta de experiencia de quienes las dirigen, así como por el poco interés y la carencia absoluta de una agenda ambiental por parte del gobierno federal. Esto alimenta la acostumbrada e irreflexiva visión de que el patrimonio biocultural representa el obstáculo a vencer para la imposición de un concepto equivocado de desarrollo.

Publicado en Animal Político

Twitter del autor: @FerCordovaTapia

Fernando Córdova Tapia es Candidato a Doctor en Ciencias por la UNAM, coordinador del Grupo de Análisis de Manifestaciones de Impacto Ambiental de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (GAMIA/UCCS) y coordinador académico del Laboratorio de Restauración Ecológica del IBUNAM.

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