Perú cuenta ahora con “licencia para matar” a manifestantes ambientalistas

La modificación de la ley exonera a policías y soldados en caso de lastimar o matar a civiles.

En junio, Perú vivió momentos de tensión e incertidumbre donde más de 200 manifestantes fueron atacadas por la policía. El conflicto estalló al norte de ese país, después que los grupos indígenas Awajúns y Wampis protestaran pacíficamente en contra de una serie de leyes, las cuales benefician la extracción de recursos naturales en sus territorios para la exportación hacia EE.UU.

En la mañana del 5 de junio, la policía empezó a disparar para desocupar el lugar de los manifestantes que luchaban por sus tierras y el medioambiente. El saldo: 21 policías, cinco civiles indígenas y cinco civiles no-indígenas muertos; y más de 200 heridos, entre los cuales 80 recibieron un disparo.

De acuerdo con la ley no. 30151 de Perú, la cual se promulgó el pasado enero, “los miembros de las fuerzas armadas y de la policía nacional quedan exonerados de la responsabilidad criminal si lastiman o matan, ya sea a través de armas fuego u otro medio de defensa, mientras están en turno.” Situación que ha preocupado a los grupos de Derechos Humanos nacionales e internacionales, como la Defensoría del Pueblo y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ya que significa que la ley es una licencia para matar.  

Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), explica que la modificación de la legislación consiste en remplazar tres palabras (“en forma reglamentaria”), con otras cinco (“u otro medio de defensa”. Lo que significa que, de acuerdo con las regularizaciones, cualquier soldado o policía puede ahora matar o lastimar a una civil sin la necesidad de un arma:

Seguimos considerando que esta ley es una que permite el uso de las fuerzas armadas así como de la policía nacional para matar. Esto permite un alto nivel de impunidad. Durante la represión de las protestas sociales, los oficiales y soldados que mataron o hirieron a civiles quedan ahora exonerados de la responsabilidad criminal. […] Este exoneración también se aplicará a los policías o soldados quienes, en la lucha en contra del narcoterrorismo, maten accidentalmente a los civiles. […] Es una ley peligrosa y constituye una amenaza para todos. Permite el uso de armas contraviniendo a la ley existente y a los parámetros internacionales tales como el de los Principios de las Naciones Unidas. Esto da a los soldados y a la policía una carte blanche para cometer crímenes con impunidad.

Casi como un regreso a la tiranía, esta ley no sólo permite la muerte impune de civiles, sino también amenazas de violaciones, vigilancia física y electrónica, manipulación de los medios nacionales, la policía actuando como “seguridad privada” para ciertas compañías, la posibilidad de robo o confiscación de objetos, el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante protestas o arrestos, la persecución autoritaria bajo los cargos de “rebelión, terrorismo, acoso judicial, violencia, usurpación, allanamiento, desobediencia o resistencia a una orden judicial”, abducción, daños criminales, coerción, entre otros.

Esta situación es evidentemente un atentado contra el derecho humano, el cual debilita la vida de miles de peruanos.

 



Pueblo Wayúu: El Carbón o la Vida

El Celeam, a través de Ana María Llorente Valbuena, nos describe quiénes son el pueblo Wayúu y por qué su situación ecológica es relevante.

Foto:Rpp

Los Wayúu se encuentran ubicados en la península de La Guajira al norte de Colombia y al noroeste de Venezuela en el estado de Zulia, sobre el mar Caribe. Ocupan un área de 1.080.336 hectáreas, las cuales están localizadas en el resguardo de la Alta y Media Guajira, ocho resguardos más ubicados en el sur y la Media Guajira y la reserva de Carraipía. (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, sin fecha, p.1).

Los pueblos indígenas y afrocolombianos de La Guajira constituyen aproximadamente el 50% de la población de este departamento. En su mayoría son Wayúus, pero también se encuentran el pueblo Yupka, los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta: Wiwa, Kogui, Arhuaco y Kankuamo y campesinos colonos. Todos ellos han establecido lazos históricos de carácter económico y cultural con el río Ranchería. De él dependen estas poblaciones para su supervivencia cotidiana, además de mantener un vínculo cultural y espiritual con sus aguas (INDEPAZ, 2013, p.16).

Esta región ha padecido innumerables conflictos socioambientales desde la llegada de la empresa minera Carbones de El Cerrejón, lo que ha originado una metamorfosis territorial, natural y cultural ocasionada por la minería de carbón a cielo abierto, observándose graves alteraciones particularmente en la calidad y cantidad de las aguas superficiales y subterráneas, entre otras problemáticas ambientales como contaminación atmosférica, deforestación, pérdida de biodiversidad; sumado a los inminentes efectos sobre la salud, pérdida del tejido social y costumbres ancestrales de los Wayúu y otras comunidades étnicas de origen afro y campesino.

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Ilustración 1. Río Ranchería y vista frontal a la mina El Cerrejón

Fuente: Centro de Investigación y Educación Popular- Cinep, 2014

Con ocasión del presente documento, se hará una descripción de la delicada situación que los Wayúu padecen por la ausencia de un Estado que garantice el derecho humano al agua, encontrando que el recurso más preciado en la región es escaso y el disponible es demandado en cantidades exorbitantes por la empresa minera. Descrito el problema, se profundizará en la responsabilidad del Estado, que ante la gravedad de la situación parece ajeno a ésta problemática, y su tarea en materia ambiental pareciera beneficiar a aquellos quienes causan graves e irreversibles daños al ambiente y quienes le arrebatan sistemáticamente el territorio a sus pobladores originarios – los Wayúu–.

El río Ranchería es la fuente hídrica más importante del departamento de La Guajira. Esta es una de las regiones más secas de Colombia, de manera que el río cumple una labor fundamental para el desarrollo de la vida. Los habitantes de esta zona utilizan el agua para beber, bañarse, regar sus sembrados, alimentar sus animales; también es un espacio de juego y deporte para los niños, además de ser un lugar pedagógico, pues los menores aprenden allí cuestiones fundamentales para su relación con el entorno, con su historia y con su tradición espiritual (INDEPAZ, 2013, p.16).

De esta corriente hídrica, se abastecen varias comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes localizadas en los municipios de Fonseca, Barrancas, Hatonuevo, Albania, Manaure, Maicao, entre otros. Pese a su importancia para la región, el río Ranchería ha sufrido diversas alteraciones en su dinámica natural producto de la explotación desarrollada por El Cerrejón, y por la cantidad significativa de agua que la actividad minera demanda, agua que es extraída tanto del río Ranchería y su acuífero aluvial, como de sus principales tributarios.

Mientras que gran parte del departamento de la Guajira es privado de un recurso vital como el agua, El Cerrejón emplea diariamente grandes cantidades de agua para el desarrollo de su actividad. En La Guajira sólo el 16,3% de la población rural tiene acceso a agua potable y el 83,7% restante se ven obligados a utilizar fuentes de agua contaminadas para el consumo humano, lavandería y el baño, dando lugar a enfermedades graves tales como diarrea, infecciones y erupciones en la piel (Millennium Water Alliance, sin fecha).

Por otro lado, y de acuerdo a la información contenida en la Licencia Ambiental Minera otorgada a El Cerrejón, particularmente lo señalado por Ingetec S.A. (2014), el volumen concesionado para fuentes superficiales (río Ranchería y arroyos tributarios) es de 185 l/s[1]. Los reportes de consumos de agua netos en la mina indican un consumo promedio entre los años 2006 y 2012 de 55,37 l/s, siendo el año 2006 el de mayor consumo con 98,4 l/s.

Sumado a esto, el complejo carbonífero demanda agua proveniente del acuífero aluvial del río Ranchería. La concesión otorga un consumo de 69,4 l/s captado a través de 16 pozos ubicados en la margen derecha del río; el consumo promedio en el periodo comprendido entre 2006 y 2012 entregó un valor de 23,44 l/s, siendo los años 2009 y 2010 los que registraron mayor consumo con 31, 5 l/s cada año. Además, como respuesta a la profundización en los tajos[2], el agua que aflora desde los mantos de carbón es captada a través de pozos de despresurización, el caudal concesionado de agua proveniente de estos pozos es de 250 l/s, y el consumo promedio registrado en el periodo 2007 – 2012 fue de 84, 18 l/s.

En ese sentido, es claro que los recursos hídricos presentes en esta región y que deben ser administrados razonable y equitativamente por el Estado no son de uso prioritario de comunidades, por el contrario, están siendo empleados por esta actividad extractiva sin considerar los daños y pasivos ambientales que se derivan de ésta. No hablamos solo de un conflicto de uso por beneficiar el interés particular sobre el interés colectivo al otorgar concesiones de agua cuya prioridad es la actividad minera, sino se considera dentro de los impactos de esta actividad, la pérdida del recurso hídrico producto de la destrucción de acuíferos, donde la capacidad de almacenamiento y recarga se altera disminuyendo considerablemente la disponibilidad de agua en la región.

Pese a lo anterior, y con los mencionados impactos irreversibles ocasionados por la apertura de los tajos, destruyendo los acuíferos, y la escasez de agua de la región por sus características climáticas, el Estado no entrega una solución de fondo que permita a estas comunidades acceder a este preciado recurso. No obstante, la operadora minera tiene absoluta gobernabilidad sobre el agua, mientras los pobladores luchan por acceder a ella.

Por su parte, los Wayúu se ha visibilizado en las realidades sociales del país apoyados por varias organizaciones civiles y ambientales, que lejos de tener poder de decisión frente a los megaproyectos desarrollados, han llevado la bandera de la defensa y la lucha territorial amparados sobre los derechos constitucionales, Estos ideales, comparten la tesis aportada por Ostrom et al. (2003), que hace alusión al concepto de Capital Social cuya naturaleza lleva intrínseco múltiples formas de defensa contra megaproyectos como la aplicación de normas compartidas, saberes comunes, reglas de uso de los recursos, lo que para el autor se considera como un medio para solucionar problemas de acción colectiva. Ideales éstos que van en contravía a lo afirmado por Crozier (1990) sobre  la organización colectiva vista como un universo de conflicto y de la no unicidad en la consecución de objetivos comunes.

Finalmente, y haciendo alusión a la importancia que revisten las comunidades étnicas en la Constitución Política colombiana, la realidad es otra. Muchas de estas comunidades, localizadas en las regiones más ricas en recursos naturales en el territorio, son elantiejemplo de que el desarrollo de las regiones y sus ciudadanos proviene de la explotación de los recursos que su territorio posee. Más bien, esos mismos recursos que se podrían considerar como un premio de la naturaleza, para estos pobladores se han convertido en un castigo y un riesgo para su supervivencia.

BIBLIOGRAFÍA

Crozier, Michel y Erhard Friedberg (1990). El Actor y el sistema: las restricciones de la acción colectiva. Fondo de Cultura Económica, México.

Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz- INDEPAZ-. (2013). El Río Ranchería. Perdido en el Desierto. Bogotá, Colombia.

Ingetec (2014). Modificación del Plan de Manejo Ambiental Integral. Capítulo 3. Descripción Técnico Operativa del Proyecto P40.

Millennium Water Alliance (Sin fecha). Programa Lazos de Agua en Colombia.

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. (Sin fecha). Diagnóstico de la situación del pueblo indígena Wayúu.

Ministerio de Minas y Energía – MME. (2003). Glosario Técnico Minero. Bogotá, D.C, agosto de 2003. [en línea]:http://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/glosariominero.pdf


[1] Litros por segundo.

[2] Según (MME, 2003, p. 150), el tajo corresponde a un escalón o unidad de explotación sobre la que se desarrolla el trabajo de extracción en las minas a cielo abierto.

 

 

 

 

Por  Ana María Llorente Valbuena

anitallorente@gmail.com

Una colaboración del Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales

@celeam_latam



Uno de los últimos pueblos guaraníes canta para llamar nuestra atención sobre la devastación de la selva (VIDEO)

La expansión de la agricultura industrializada, entre otros intereses, ha ido relegando a las comunidades y fulminando la selva Paranense.

Los grupos indígenas de todo el mundo han sufrido una marginación sistemática. Uno podría pensar que el que vivan su cultura en sus tierras quizá sería más que benéfico (para qué necesitan las ideas del consumo occidental). Sin embargo, el mundo tal como lo conocemos no solo los margina de sus posibles efectos positivos, más bien los continúa sometiendo a un desplazamiento que los obliga a dejar sus tierras ancestrales.

Hace unos meses el grupo Lamca Multimedia (Laboratorio Multimedia de Conflictos Ambientales) visitó algunas de las pocas comunidades guaraníes que quedan en la selva Paranaense en Paraguay, Argentina y Brasil, y que por la expansión de la agricultura industrializada, principalmente en estos dos últimos países, han perdido sus tierras, además de que han sido sometidos a divisiones territoriales (fronteras) que no existían para ellos.

Este grupo de canto de la comunidad Yriapú está asentado en las inmediaciones de las cataratas de Iguazú, por lo que sus tierras tienen un alto valor turístico y han sido hostigados durante años. El mismo grupo pidió a Lamca grabar su performance como una manera de hacer llegar al mundo un mensaje que apunta a la existencia de estas comunidades, que fuera de una ideología capitalista, tienen muchas lecciones para enseñarnos.



Empieza la limpieza del aire en Lima con el primer árbol artificial

Se trata de un purificador de aire urbano PAU-20 que es capaz de imitar artificialmente la fotosíntesis.

Les llaman árboles artificiales porque, a pesar de carecer de ramas y hojas, son unas estructuras metálicas capaces de convertir las partículas de dióxido de carbono en oxígeno. El primero de estos ya se instaló en Lima, Perú, para purificar el aire de la ciudad, que es una de las más contaminadas de Latinoamérica.

El ingeniero Fernando Eguren, uno de los creadores del purificador, apuntó que previo a la creación del PAU-20 se desarrollaron dos proyectos similares en Chile y México, pero resultaron inviables porque los costos eran demasiado altos y utilizaban demasiada energía eléctrica.

“Las máquinas desarrolladas en México y Chile proponían un consumo de entre 48 y 68 kilovatios por hora y un mantenimiento continuo, mientras que nosotros a penas utilizamos 2.5 kilovatios (el equivalente a 25 bombillas de 100 vatios) y alrededor de 60 litros de agua cada cinco horas”, explicó Jorge Gutiérrez, otro de los fabricantes del llamado “superárbol”.

Estás máquinas, que miden más de cuatro metros de altura, recogen el aire contaminado y lo liberan del polvo, los gérmenes y las bacterias, y al mismo tiempo reducen los gases procedentes de los motores de los automóviles. En total, cada uno de estos “árboles” purifica 200 mil metros cúbicos cada día.

Los creadores de PAU-20 tienen como próximo objetivo instalar cien purificadores en las zonas de Lima y el Puerto el Callao con más tránsito de personas, vehículos y contaminación aérea.

“Queremos instalar cuatrocientos aparatos en un plazo de cuatro años, que brindarán aire purificado a ocho millones de personas cada día”, aseguraron en un comunicado los coordinadores de la iniciativa.



Protestas en Colombia por Tratado de Libre Comercio que obliga a campesinos a comprar semillas transgénicas

Luego de la entrada en vigor de una medida que beneficia a corporaciones como Monsanto, Dupont y Syngenta en perjuicio de campesinos colombianos y sus prácticas ancestrales, el gobierno de Colombia enfrenta serias protestas en todo el país.

Desde el 19 de agosto pasado, Colombia ha vivido una serie de manifestaciones de origen campesino y agrario, esto a causa de la entrda en vigor de un Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y el gobierno del país sudamericano que, en términos generales, privilegia los intereses de grandes corporaciones de alimentos genéticamente modificados sobre el bienestar de agricultores y aun de la misma población nacional.

Las protestas se han presentado en diversos puntos del territorio colombiano, con participantes que se cuentan en decenas de miles y protagonizadas por algunos de los sectores más importantes del campo, entre ellos los de los arroceros y los cafetaleros. Asimismo, en días recientes se han sumado otros grupos como el de los mineros, el de los pequeños productores, transportistas e incluso el sector salud, una tendencia solidaria que de algún modo demuestra que, en el fondo, el problema no es solo de los campesinos, sino que más bien se vive una situación generalizada de desigualdad social con causas comunes.

Sin embargo, en el caso específico delas protestas agrarias, hasta ahora el principal motivo de descontento es la llamada Resolución 970 del Instituto Colombiano Agropecuario, la cual prohíbe a los campesinos almacenar semillas de sus propias cosechas para siembras futuras y, a cambio, permite únicamente la compra de semillas “certificadas”, un recurso legal en el que algunos han visto el favoritismo franco para empresas multinacionales como Monsanto, Dupont y Syngenta, las más importantes en el mercado de los alimentos transgénicos.

Para los campesinos colombianos esta medida atenta contra una de las prácticas más ancestrales de la agricultura, amén de los daños al campo y aun a la salud humana que conlleva el cultivo, distribución y consumo de alimentos genéticamente modificados. Y por si esto no fuera poco, la ley establece sanciones económicas y de cárcel para quienes, pese a todo, almacenen sus propias semillas.

Dharmadeva, columnista del diario colombiano El Espectador, ha llamado a esta situación “la nueva dictadura alimentaria”, aludiendo a la tendencia monopólica que afecta también al sector agrario: “cientos de miles de semillas que los neoliberales querrían convertir en tres o cuatro: maíz de los matones de Monsanto, arroz, algodón y soya de Syngenta o Dupont”, escribe el también Doctor en Derecho.

semillas

Por otro lado Eduardo Muñoz Serpa, del diario Vanguardia, señala el hecho repetido en otros países de la pobreza y la marginalidad implícitas en tratados de libre comercio que se firman entre un país altamente industrializado como Estados Unidos y otro más bien subdesarrollado como Colombia: la situación económica del primero termina triunfando sobre el segundo, aplastando las posibilidades de desarrollo autónomo de la población originaria y, en contraste, generando ganancias únicamente para quienes de inicio propusieron reglas siempre favorables para sus propios intereses. Escribe Muñoz Serpa:

En Colombia la situación del sector agrario es desesperante. Las políticas aperturistas han arruinado a los agricultores, sean ellos cafeteros, arroceros, cacaoteros, papicultores, palmeros, lecheros, avicultores, porcicultores, etc.

Los TLC condenaron al hambre a los campesinos. La importación de productos agrícolas de E.U. y de otros países a muy bajos precios, hace que nuestros agricultores no puedan competir. Aquí los insumos son caros y cultivar es costoso.

En este sentido, Arturo Wallace enlista en un artículo publicado en BBC esos productos que se importan y contra los cuales la producción local no puede competir al momento de generar ganancias y hacer económicamente sostenible el campo colombiano: cebada, trigo, soya, sorgo, algodón, papa, leche, hortalizas, cacao y azúcar.

Por otro lado, previsiblemente si se considera que en tiempos recientes hace mucho que el gobierno de un país no está del lado de los intereses de su población, el presidente Juan Manuel Santos se ha negado a negociar mientras los bloqueos persistan en el país. El domingo pasado hizo incluso una declaración desafortunada al decir que “el tal paro nacional agrario no existe”, esto a pesar de las casi 50 mil personas que se habían manifestado en días anteriores. Sin duda una notable falta de sensibilidad social que de algún modo revela en dónde está puesta verdaderamente la atención del mandatario y, en general, de la clase gobernante.

¿Cuál es el futuro que espera al campo colombiano? ¿El del dominio total por parte de las grandes empresas multinacionales que tienen como único objetivo la ganancia económica a costa del empobrecimiento generalizado? O quizá las protestas triunfen y, por esta vez, el bien común persista sobre los intereses de esa minoría privilegiada.

Twitter del autor: @saturnesco



Delfines asesinados a balazos y mutilados en el Golfo de México

Las autoridades investigan una serie de ataques a delfines al norte del Golfo de México. Ya varios cuerpos fueron encontrados con heridas de balas y mutilaciones.

Las autoridades investigan una serie de ataques a delfines al norte del Golfo de México, en los estados de Louisiana, Mississippi y Alabama. Varios cuerpos fueron encontrados con heridas de balas y mutilaciones.

Científicos del Instituto de Estudios de Mamíferos Marinos del Golfo (IMMS) han examinado a varios delfines muertos, uno de ellos sin una porción de la mandíbula, otro con una herida de una bala de 9mm. “Se fue por todo el abdomen, hasta los riñones, y lo mató”, relató Moby Solangi, director del IMMS.

Los científicos que realizan las necropsias se encuentran en una situación descorazonadora, pues nadie puede imaginarse por qué alguien querría hacer daño a los delfines. “Ellos ya se encuentran bajo muchísimo estrés por los derrames de petróleo en la zona”.

“Pensamos que se trata de una persona o grupo en un ataque de furia”, especula Solangi. “No sólo los matan, sino que los mutilan”.

El público puede ayudar reportando cualquier información que puedan obtener. También se le ha pedido a los pescadores (aficionados y comerciantes) que se mantengan alertas.

Estos ataques son merecedores de multas y sentencias en prisión. Ya en el pasado, se han detenido a pescadores y capitanes por lastimar delfines que creyeron que se comían sus carnadas o sus pescados.

[HuffingtonPost]


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