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Perú cuenta ahora con “licencia para matar” a manifestantes ambientalistas

En junio, Perú vivió momentos de tensión e incertidumbre donde más de 200 manifestantes fueron atacadas por la policía. El conflicto estalló al norte de ese país, después que los grupos indígenas Awajúns y Wampis protestaran pacíficamente en contra de una serie de leyes, las cuales benefician la extracción de recursos naturales en sus territorios para la exportación hacia EE.UU.

En la mañana del 5 de junio, la policía empezó a disparar para desocupar el lugar de los manifestantes que luchaban por sus tierras y el medioambiente. El saldo: 21 policías, cinco civiles indígenas y cinco civiles no-indígenas muertos; y más de 200 heridos, entre los cuales 80 recibieron un disparo.

De acuerdo con la ley no. 30151 de Perú, la cual se promulgó el pasado enero, “los miembros de las fuerzas armadas y de la policía nacional quedan exonerados de la responsabilidad criminal si lastiman o matan, ya sea a través de armas fuego u otro medio de defensa, mientras están en turno.” Situación que ha preocupado a los grupos de Derechos Humanos nacionales e internacionales, como la Defensoría del Pueblo y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ya que significa que la ley es una licencia para matar.  

Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), explica que la modificación de la legislación consiste en remplazar tres palabras (“en forma reglamentaria”), con otras cinco (“u otro medio de defensa”. Lo que significa que, de acuerdo con las regularizaciones, cualquier soldado o policía puede ahora matar o lastimar a una civil sin la necesidad de un arma:

Seguimos considerando que esta ley es una que permite el uso de las fuerzas armadas así como de la policía nacional para matar. Esto permite un alto nivel de impunidad. Durante la represión de las protestas sociales, los oficiales y soldados que mataron o hirieron a civiles quedan ahora exonerados de la responsabilidad criminal. […] Este exoneración también se aplicará a los policías o soldados quienes, en la lucha en contra del narcoterrorismo, maten accidentalmente a los civiles. […] Es una ley peligrosa y constituye una amenaza para todos. Permite el uso de armas contraviniendo a la ley existente y a los parámetros internacionales tales como el de los Principios de las Naciones Unidas. Esto da a los soldados y a la policía una carte blanche para cometer crímenes con impunidad.

Casi como un regreso a la tiranía, esta ley no sólo permite la muerte impune de civiles, sino también amenazas de violaciones, vigilancia física y electrónica, manipulación de los medios nacionales, la policía actuando como “seguridad privada” para ciertas compañías, la posibilidad de robo o confiscación de objetos, el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante protestas o arrestos, la persecución autoritaria bajo los cargos de “rebelión, terrorismo, acoso judicial, violencia, usurpación, allanamiento, desobediencia o resistencia a una orden judicial”, abducción, daños criminales, coerción, entre otros.

Esta situación es evidentemente un atentado contra el derecho humano, el cual debilita la vida de miles de peruanos.

 

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