Gobierno de Enrique Peña Nieto retira calidad de “Parque Nacional” al Nevado de Toluca y reduce su zona protegida al 4%

El gobierno de México encabezado por Enrique Peña Nieto modificó radicalmente un decreto emitido en 1936 por Lázaro Cárdenas al respecto de la protección del Nevado de Toluca, por lo cual ahora se podrá explotar la zona, construir, hacer turismo y otras actividades, en 51 mil hectáreas de las 53 mil que antes estaban protegidas.

En una decisión que ha despertado un enorme revuelo e incluso franca oposición, Enrique Peña Nieto, presidente de México, firmó y dio para su publicación en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que retiró al Nevado de Toluca el estatus de “Parque Nacional”, con lo que ahora su área como zona protegida se redujo a tan solo el 4%, en tanto que el 96% restante se vuelve disponible para actividades como la “remoción” de especies forestales, el “aprovechamiento extractivo de vida silvestre”, la ganadería, la agricultura, el turismo, así como la “construcción y mantenimiento de infraestructura pública o privada”, según reporta París Martínez en Animal Político.

En su carácter de Parque Nacional, el Nevado de Toluca contaba con 53 mil 590 hectáreas protegidas, las cuales se reducen a tanto 1941 a causa del decreto publicado. Dicho “núcleo” es ahora la única zona donde está expresamente prohibido contaminar suelo y cuerpos de agua, dañar la flora y fauna, extraer minerales, introducir automotores, encender fogatas o alterar ecosistemas.

“Turismo sustentable”, “manejo forestal”, “actividades agrícolas y pecuarias”, “agrosilvopastoreo”, “erradicación de especies de flora y fauna que se tornen perjudiciales”, “aprovechamiento de la vida silvestre (extractivo y no extractivo)”, además de que los particulares podrán erigir construcciones, son las actividades que ahora se encuentran permitidas en las las 51 mil 659 hectáreas liberadas.

El Nevado de Toluca era Parque Nacional desde 1936, cuando Lázaro Cárdenas determinó su protección en vista de su importancia como fuente de agua potable para las cuencas de los ríos Lerma y Balsas, situación que se ha modificado debido a la deforestación de la zona, los cultivos de papa y la minería, mermando o desapareciendo los manantiales.

Esa fue la justificación del gobierno mexicano para autorizar el cambio de decreto, cuyo propósito manifestado es “ordenar apropiadamente las actividades productivas y extractivas que generan un deterioro creciente de los ecosistemas y de sus elementos”, con el objetivo de “mantener a mediano y largo plazo los ambientes y hábitats”, además de preservar “nuestro patrimonio natural” y “generar riqueza”.

Aquí el texto del decreto de 1936 emitido por el gobierno de Lázaro Cárdenas.

Imagen: pablo cruz irastorza / flickr



¿Por qué es tan necesario que la agricultura y los bosques se unan a favor de la conservación?

Aunque suelen percibirse como enemigos, existen formas de coexistencia sustentable enre el cultivo del campo, el bosque y la ganadería.

La agricultura, sobretodo a gran escala, se ha convertido en una amenaza de la biodiversidad. La expansión desmedida e irresponsable de las áreas de cultivo ha provocado la pérdida de miles de hectáreas de bosques y atentado contra la diversidad biológica que se concentra abundantemente en estos territorios. Según cifras de la FAO, alrededor de 4,400 millones de hectáreas en el mundo son destinadas al cultivo y esta superficie constantemente gana terreno a los ecosistemas originales.

Sin embargo, la agricultura es la base alimentaria del mundo desde épocas inmemorables. En el caso, por ejemplo, de México, el cultivo de la tierra tiene, y ha tenido, un rol crucial en el sustento, estilo de vida y cosmovisión de sus habitantes.

Debido a que ambos, agricultura y bosques, son esenciales para el futuro de las poblaciones del planeta, su alianza a favor de una coexistencia sostenible se presenta como algo imprescindible.

La problemática

Al igual que en otros lugares, en México ocurre un frecuente cambio de uso de suelo, de bosque a campo de cultivo, por la falta de incentivos en torno al aprovechamiento de recursos forestales frente al cultivo de, por ejemplo, aguacate o palma africana. Esto se debe en buena medida a que las comunidades, que por cierto poseen buena parte de las tierras boscosas, no encuentran en el bosque una fuente de ingresos, misma que si hallan en el campo.

Lo anterior tiene que ver con políticas que desincentivan la rentabilidad sustentable de los bosques. Por ejemplo, en México existen los pagos por servicios ambientales (PSA) que se otorgan a los dueños de las tierras ejidales, y que se tornan en una especie de compensación “pasiva” que no estimula a las comunidades a emprender como una empresa forestal comunitaria económicamente rentable, ni mucho menos a conservar su ecosistema con una correcta gestión del bosque y sus recursos. Esto en muchas ocasiones incentiva más bien la conversión de bosques en tierras agrícolas o la concesión a otros mecanismos de aprovechamiento, no sustentable, como lo son la minería o el desarrollo urbano.

Soluciones

A raíz de estas problemáticas han surgido planteamientos, desde la filosofía del manejo forestal comunitario, como el de practicar la agroforestería comunitaria –una especie de agricultura climáticamente inteligente– para impulsar la variabilidad de la diversidad biológica dentro de los bosques.

Como bien señala el Consejo Civil para la Silvicultura Sostenible, se ha comprobado que la agroforestería o agrosilvicultura es un sistema efectivo en el manejo sostenible de los suelos forestales. Básicamente se trata de conjugar, bajo un mismo terreno, dos, o incluso tres, de los actores en disputa: agrocultivo, bosque y ganado. En México esta técnica de cultivo inteligente, y otras más como la agricultura orgánica y la silvicultura comunitaria, han demostrado sus incontables beneficios, tanto para las economías locales como para la mitigación del cambio climático.

La importancia de sustituir las prácticas agrícolas contaminantes, por otras más sustentables, adquirió mayor fuerza en el país a propósito de la última convención sobre Diversidad Biológica, la COP13.

 

En México, la agricultura y el bosque podrían aliarse a favor de la conservación

En México, históricamente se ha incentivado, por medio de subsidios y alicientes, la agricultura y la ganadería a costa de la superficie forestal. Lo anterior se traduce en uno de los principales motores de deforestación, en buena medida por falta de políticas y regulaciones que eviten que se termine subsidiando el derribo de los bosques para producir carne, aguacates o aceite de palma.

Con los acuerdos emitidos en esta cumbre realizada en Cancun, México concretó dos importantes convenios que podrían, en caso de aplicarse correctamente, facilitar la relación entre agricultura y bosques en el país de manera sostenible:

Por un lado se encuentra el acuerdo de colaboración entre SAGARPA y SEMARNAT, que enuncia una nueva etapa en la coordinación de sus sectores correspondientes. Se trata de una alianza para promover estrategias conjuntas y evitar que más zonas forestales sean convertidas en agropecuarias o ganaderas. Aunque todavía no se especifican los métodos para lograrlo, se ha acentuado principalmente la prohibición de proyectos que intenten trasmutar tierras forestales en agrícolas, como ha sido el caso del cultivo del aguacate, que es responsable de la pérdida de millones de hectáreas forestales en México. Mediante este acuerdo, básicamente se prevé una compatibilidad entre desarrollo económico, sustentabilidad alimentaria y preservación del medioambiente, tres conceptos que remiten a la silvicultura y agroforestería y que, esperemos, se encuentre dentro de las metas a impulsar.

Por otro lado, durante la COP13 se acordó un convenio entre SAGARPA y CONAFOR, que versa sobre la posibilidad de mitigación de cambio climático en áreas rurales, por medio del buen manejo de incentivos agropecuarios y forestales, –ya que éstos no se encuentran en equilibrio–, los sistemas agroforestales y la inclusión de políticas y programas para el desarrollo de actividades sustentables en el campo.

Son más de 8 mil comunidades forestales las que habitan en México. Personas con conocimientos de campo, preparadas y dispuestas a aprovechar sus recursos de una manera rentable y sustentable. La solución al cambio climático bien podría estar en manos de estas comunidades que ya comienzan a practicar la agricultura y manejo forestal inteligentes a favor de la conservación, solo hay que garantizarles la oportunidad.



Atención: esta semana la Corte decide el futuro del Nevado de Toluca en México

En 2013 el presidente modificó la categoría de protección de la zona, lo que ahora legaliza las actividades de explotación en el área.

Foto: anywherethatswild.org

El volcán de Toluca, en México, es una de las bellezas naturales más importantes del país. Su belleza, quizá, es mucho menor en comparación con su función, sobre todo hídrica, abasteciendo a dos de las cuencas más importantes del país: el río Lerma y Balsas.

Desde 1936 fue declarado como Parque Nacional por el entonces presidente Lázaro Cárdenas. Esta categorización en teoría impide las actividades productivas en la zona, pero por un mal trabajo del Estado en el sitio, desde hace décadas, han explotado la zona talamontes, agricultores, ganaderos, cazadores e incluso mineros.

Por su parte, el 3 de octubre de 2013, el presidente de México Enrique Peña Nieto publicó un decreto que modifica la categoría al Parque Nacional por “Área de Protección y Fauna”. Ello implica que en el 96% del área, ahora considerada como “zona de amortiguamiento”, ahora será legal “turismo sustentable”, “manejo forestal”, “actividades agrícolas y pecuarias”, “agrosilvopastoreo”, “erradicación de especies de flora y fauna que se tornen perjudiciales”, “aprovechamiento de la vida silvestre (extractivo y no extractivo)”, además, los particulares podrán erigir construcciones.

Según el decreto, la medida busca no sólo que se “preserve nuestro patrimonio natural”, sino que al mismo tiempo se genere “riqueza”. De algún modo, en lugar de impedir tajantemente el desarrollo de actividades productivas en la zona, se le está legalizando para permitirlas, en un supuesto intento por “poner orden”, y naturalmente, con una visión de negocio…

Al menos 22 expertos han analizado el Nuevo Programa de Manejo para el Nevado y han encontrado grandes contradicciones en la supuesta búsqueda de su protección. Este grupo está formado por hasta 15 académicos del la UNAM y otros de la Universidad de California, de Queensland,  y diversas ONG´s.

Un año después de la publicación del decreto, la ciudadana Luz Emilia Aguilar Zinser, quien también era columnista del diario Excelsior, y quien por cierto fue despedida una semana antes de que la Corte decida el resultado del caso, interpuso un amparo en contra de esta medida que finalmente atenta contra los derechos ambientales. Desde este 28 de octubre, luego de 2 años de polémica, el caso será analizado.

Acá te dejamos la postura de académicos y miembros de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad sobre las fallas técnicas de este decreto, que hace sospechar sobre los intereses económicas involucrados en el Nevado.

 

Twitter de la autora: @anapauladelatd

 

 



Cruces por la muerte de los árboles: habitantes de la ciudad de México las colocan en protesta

Decenas de ciudadanos han adecuado cruces donde antes habían árboles pero fueron talados en pro de otros proyectos de infraestructura para el automóvil.

Algunos activistas como Daniel Gershenson han estado desde hace años denunciando el que las inmobiliarias y las constructoras se han convertido en los grandes beneficiados de los ecocidios en muchas zonas de la ciudad de México. 

Ahora, un nuevo mega proyecto de infraestructura urbana ha despertado el descontento de muchas personas en la zona de Mixcoac de esta ciudad. Su organización ha permitido esta vez que el gobierno haya parado, al menos por ahora, la tala de árboles, luego de que a inicios de marzo comenzara a deshacerse al menos 100 árboles de un total de 855. Al día siguiente los vecinos bloquearon algunas vialidades y lograron llamar la atención de los medios de comunicación y de las autoridades. 

Unas semanas después, en una alegoría a la devastación que se causa al talar árboles en una ciudad sin un manejo integral ambiental, ciudadanos han acoplado cruces donde vivían estos árboles aludiendo a una muerte que debe recordarse, sentirse e impedirse. 

Se trata de una mini instalación de activismo, que si bien podría pasar desapercibida para muchos, posee una fuerte carga simbólica, pues la pérdida de la naturaleza es una cadena lúgubre de las que no estamos excluidos. 

Voltear a ver la pérdida de un árbol como una muerte real, simbolizada así como representamos la muerte de un humano, inyecta un sentido de la trascendencia que alberga la muerte de un árbol, más aún en una sociedad urbanizada.

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6 implicaciones ambientales que supondría el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Aunque aún no está publicado el informe de impacto medioambiental del gobierno, algunos especialistas y ecologistas ya comienzan a apuntar inminentes perjuicios medioambientales

Cada mega proyecto detona, ineludiblemente, un impacto al medio ambiente. Hoy también es irrevocable la aceleración de la conciencia ambiental, gestada desde las últimas décadas, quizá por la premura de la época y la falta de opción. Sea como haya sido esa dilatación de una mentalidad que busca proteger el medio ambiente, en México parecía impensable hace unos años atestiguar movimientos ecológicos capaces de detener megaproyectos. Hoy que el presidente Enrique Peña Nieto ha anunciado el nuevo aeropuerto de la ciudad de México, la posibilidad social de echarlo abajo por motivos ambientalistas pareciera posible.

El anuncio del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se dio apenas la semana pasada, por cierto, en el marco del segundo informe de gobierno, como un manifiesto marketing. Como para restar el escepticismo futuro, pues el rechazo del pueblo de San Salvador Atenco frustró los últimos intentos para construir un nuevo aeropuerto, el gobierno anunció que no expropiaría a nadie en la zona, pues el terreno corresponde a una totalidad de propiedad federal. Pero, ¿dónde está este terreno y por qué en documentos sobre el proyecto en propiedad de El Economista el mismo gobierno prevé y, de alguna manera, teme a los ambientalistas que puedan surgir a raíz de aquel?

En meses pasados, más de dos comunidades indígenas en los estados de Yucatán y de Campeche lograron colapsar permisos de cultivo experimental de soya transgénica en ambos estados por la vía legal, un fenómeno inédito si consideramos el poder de las corporaciones en este renglón. El gobierno mexicano es consciente de que el camino jurídico está absorbiendo una mayor fuerza, cuando ahora parece que el sistema de justicia comienza a sumar autonomía.

Aun no se han publicado los estudios de impacto ambiental por parte del gobierno, pero algunos expertos han lanzado ya algunas declaraciones que nos podrían dar luz sobre las implicaciones ambientales del nuevo aeropuerto.

Te presentamos algunos probables efectos directos en el medio ambiente como producto de la construcción del aeropuerto:

 

  1. Estaría asentado en una zona natural protegida: Pareciera que, con ello, ya no habría que buscar más argumentos para estar seguros de que el proyecto atentará contra el medio ambiente. El proyecto estaría construido en la reserva federal del Lago de Texcoco, que comprende más de 4 mil 500 hectáreas. Es decir, si la zona era protegida, cambiar el uso de suelo es desprotegerla, si se trata de un proyecto urbano. De hecho, recién documentamos cómo el cambio de uso de suelo suele ser un férreo enemigo de las Áreas Naturales Protegidas.

 

  1. Sobre el flujo de tráfico: El nuevo aeropuerto estaría construido en un predio contiguo al actual aeropuerto, para cuadruplicar de 31 a 120 millones el flujo de viajeros al año. Los ambientalistas cuestionan qué sucederá con ese magno extra de arribados a la capital, ¿Cómo hacer para agilizar el transporte y cómo es que ellos se trasladarán a la ciudad? ¿Cuáles serían, pues, las implicaciones de la llegada de tal cantidad de personas y asimismo, de la contaminación de ese incremento de aviones al aterrizar en la urbe?

 

  1. Causaría problemas hídricos al resto de la ciudad de México: La enorme obra estaría ubicada como aledaña al lago de Texcoco; de hecho, algunos habitantes de San Salvador Atenco han denunciado asambleas ilegales celebradas en junio para modificar el uso de suelo de al menos mil hectáreas aledañas al lago. Además de que lo anterior causará un descontento social nuevamente en la zona, se dañará un terreno que por algo cargaba otro tipo de tipificación de suelo, por encontrarse al lado del lago.

La misma Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en una evaluación el sexenio pasado, afirmó que el proyecto dañaría el lago: “En la zona se ubica un importante vaso regulador que evita inundaciones. Alterar su función podría causar un caos hídrico para la ciudad”, advierte José Luis Luege Tamargo, extitular de la CONAGUAy presidente de la asociación Ciudad Posible. 

 

  1. Desestabilizaría al lago de Texcoco: Según Luegue Tamargo, y basado en el documento Consideraciones Hidrológicas y Ambientales para el Posible Desarrollo de Infraestructura Aeroportuaria en el Lago de Texcoco, un aeropuerto en Texcoco sería un riesgo para el valle de México, pues impediría las funciones naturales de regulación pluvial de la zona.  Es decir, más allá de alimentar a los mantos acuíferos como sucedía antes con la función prístina de Texcoco, hoy lo que hace es regular el nivel de agua en las lluvias.

 

  1. El lago de Texcoco mitiga el cambio climático: Los humedales que rodean el lugar regulan la temperatura en el valle de México. Cuando se evapora el agua de esos vasos, se ayuda a la reflexión de la radiación emitida desde la superficie de la tierra o de efecto invernadero. También se mitigan las emisiones de CO2, por la brisa-aire-tierra de las inmediaciones del lugar. La construcción del aeropuerto amenaza esas condiciones orgánicas.

 

  1. Peligran las aves: En la zona se contabilizan 131 especies de aves, de las cuales 85% son migratorias, entre ellas algunas especies de patos, aguilillas y halcones, chichicuilotes, búhos, tecolotes y el gavilán rastrero. Se cree que si se cuidan los lagos, e incluso se crean nuevos, podrán preservarse las aves, pero parece prácticamente imposible que por la proximidad al lago no se susciten efectos que desequilibren el ecosistema adyacente.

Según la postura oficial, el proyecto contempla  la adecuación a la zona, es decir, el cuidado de los lagos, en un sitio que estaba prácticamente abandonado. Algunos expertos apuntan que la construcción de nuevos lagos y el cuidado de los existentes paliaría los problemas antes referidos. Aun así, hay un escepticismo creciente: la idea de erigir un aeropuerto de tales dimensiones, aledaño a un gran lago, no remite a efectos colaterales menores.

Twitter de la autora: @anapauladelatd



Juez ordena a Peña Nieto las siguientes 6 medidas de protección al Nevado de Toluca

Una orden judicial concluyó que el presidente de México debe clarificar las estrategias de protección a esta zona natural.

En octubre pasado el presidente de México  Enrique Peña Nieto emitió  un decreto que desclasifica como parque nacional al Nevado de Toluca. Por 77 años esta zona forestal estuvo protegida de actividades de explotación natural y turística. Los habitantes del nevado, no fueron consultados, por lo que ellos y algunos ciudadanos interpusieron un amparo para que se revocara esta decisión.

Recién se dio a conocer que la jueza federal, Paula García Villegas, ordenó seis medidas de transparencia y protección para el Nevado de Toluca. La funcionaria concluyó que el decreto fue legal, pero deberán publicarse estrategias específicas para que el sitio conserve su riqueza. El decreto presidencial ha despertado una desconfianza latente, porque al eliminarse la tipificación de parque nacional, se abre la posibilidad de explotar al menos el 96% de la zona para la “remoción” de especies forestales, el “aprovechamiento extractivo de vida silvestre”, la ganadería, la agricultura, el turismo, así como la “construcción y mantenimiento de infraestructura pública o privada”.

Arturo Montiel, quien es tío del actual presidente Enrique Peña Nieto, deseaba construir un centro internacional de esquí, un área de hoteles y restaurantes, y una zona residencial de lujo en el antiguo parque nacional, pero esa nomenclatura le impidió llevar a cabo estos proyectos, por considerarse el nevado como un bien nacional.

En un acto por demás polémico, Enrique Peña Nieto, publicó el anterior decreto, que justo abriría la posibilidad para hacer complejos turísticos como al que aspiraba Montiel. Según el presidente, el decreto responde a una tipificación que busca regular las actividades productivas que de hecho sí se llevan a cabo en el nevado, solo que esta vez, bajo una regulación específica.

La jueza federal concluyó, entre otras cosas, poca transparencia en internet para conocer en alta resolución la mancha urbana del sitio, que  no se informa sobre los programas de recuperación de los recursos naturales y,  tampoco se  conocen las acciones contra los responsables de la deforestación del nevado.

Vía Proceso.

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